A. SALVADOR / S. TORRES / Sevilla /El mundo
El consejero de Empleo, Manuel Recio, ofreció ayer el dato en el Parlamento andaluz, donde compareció a petición propia para informar de los resultados de la investigación interna puesta en marcha por su departamento a raíz del escándalo de las falsas prejubilaciones. En una semana, el número de irregularidades reconocidas se ha duplicado.
Recio detalló que 59 de las 146 irregularidades reconocidas corresponden a personas que cobran pese a no haber trabajado nunca en las empresas beneficiarias de las ayudas sociolaborales. Estos intrusos habrían sido incluidos al formalizarse las pólizas con las compañías aseguradoras, por lo que no aparecen en los listados presentados ante la autoridad laboral para su autorización.
En los otros 87 concurren «discordancias administrativas», según el consejero de Empleo. Serían los casos de personas en cuyas vidas laborales no figura el nombre de la empresa a la que se aprobó el ERE, pero tendrían vinculación al formar parte del mismo grupo empresarial.
Los funcionarios que llevan a cabo la investigación también incluyen en este grupo a aquellos trabajadores cuya incorporación a la empresa tuvo lugar en fecha cercana a la presentación del ERE. Será la juez quien determine si en estos casos concurre alguna ilegalidad.
Hasta la fecha, Empleo ha revisado las pólizas de 5.273 trabajadores de los 5.563 asociados a los 68 ERE que la Junta aún paga al no haber alcanzado sus beneficiarios la jubilación. Falta revisar otros 290, el 5%.
En un intento de minimizar el escándalo, Recio subrayó que los intrusos sólo representan el 1,12% de las pólizas individuales incentivadas en la última década. A ese dato se agarró también el PSOE-A, que, por boca de su número dos, Susana Díaz, criticó la «alarma social» que ha pretendido crear el PP en este asunto. La proporción se desboca si se toma como base el número de ERE vivos en los que se han constatado irregularidades: ha habido fraude en 32 de los 64 expedientes ya revisados.
Recio eludió ayer precisar si hay otros cargos o dirigentes socialistas, cuyos nombres no hayan trascendido hasta ahora, en las nuevas irregularidades detectadas. El diputado del PP Antonio Sanz le pidió que se dejara de «porcentajes» porque «con un solo fraude tienen todas las responsabilidades». «Ya deberían haberse producido dimisiones y no ha dimitido nadie», recalcó. Tanto el PP como Izquierda Unida volvieron a solicitar la creación de una comisión de investigación, que veta el PSOE de forma sistemática.
Pedro Vaquero, diputado de IU-CA, acusó a la Junta de intentar crear un «cortafuego» en la figura del ex director general de Trabajo Javier Guerrero para no asumir responsabilidades políticas, cuando tras su salida se siguieron tramitando ERE con intrusos. «¿Los ex consejeros no son responsables de lo que allí pasó?», se preguntó.
2,4 millones a Dhul
Por otro lado, según pudo confirmar EL MUNDO en distintas fuentes, un hijo de José María Ruiz-Mateos cobró 2,4 millones de euros del fondo de reptiles. El ex director general de Trabajo Javier Guerrero autorizó la apertura de una póliza de rentas por casi 2,4 millones de euros a nombre de Álvaro Ruiz-Mateos, que recibió el dinero en 2005.
Empleo justificó la concesión de esa ayuda directa a Ruiz-Mateos por la «ampliación del Expediente de Regulación de Empleo de Dhul del año 2002», que habría obligado a esta empresa de Nueva Rumasa a pedir un préstamo a Caja Rural de Granada. El objetivo de la ayuda sería, según ha podido conocer este periódico, sufragar ese préstamo.
Nueva Rumasa confirmó ayer la veracidad de todos esos datos y sólo precisó que Álvaro Ruiz-Mateos aparece en la póliza como «administrador de Dhul» y no a título personal.
Siguen las corruptelas en el cortijo de andalucía, por parte de los de la casta.
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