CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / Madrid/ El Mundo
Trillo, a cuyo cargo confía Rajoy la personación del PP en la causa sobre el chivatazo a ETA, que instruye el juez Ruz en la Audiencia Nacional, no descartó, en absoluto, «pedir nuevas imputaciones» dentro de la jerarquía policial y de Interior. Aseguró estar a la espera de «una serie de pruebas decisivas» ya solicitadas y de conocer en «su extensión total» el contenido de la comisión rogatoria recién llegada de Francia.
Pero el dirigente popular dejó muy claro que «una cosa es la responsabilidad penal y otra la política». Y sobre ésta última, aún distinguió entre la de «mayor sanción», que equivaldría a la dimisión, y la de «menor», que es la que en su caso corresponde, y por la que Rubalcaba «debe someterse al Parlamento y dar explicaciones de una vez» sobre un asunto sobre cuyas consecuencias «aún no se sabe adónde alcanzarán». Trillo, que no tuvo remilgos en atacar al fiscal general del Estado por su «escandalosa» petición de archivo del caso, le concedió a Rubalcaba el beneficio de la duda y, a preguntas de la prensa, dijo que «en sus manos está» todavía el que, como dijo Gil Lázaro, el chivatazo a ETA sea su «tumba política».
Para tumba, a ojos de Trillo, la que pudieron prepararle Zapatero y Bono en su larga reunión de la víspera en el Congreso. «A quien tiene que preocuparle la reunión es a quien no estaba presente, Rubalcaba», dijo en el que fue su único mensaje envenenado al vicepresidente del Gobierno. En la cúpula del PP, desde hace pocos días y precisamente por su desgaste en el caso Faisán, empiezan a dar a Rubalcaba como amortizado en la sucesión de Zapatero.
Claro que el desmarque del coordinador de Justicia e Interior del PP encontró su justificación, dentro del partido, en su papel de interlocutor del propio ministro para la política antiterrorista. «No puede pedirle la dimisión por la mañana y ponerse a hablar con él por la tarde», decía un miembro de la dirección.
Lo cierto es que Trillo desempeñó ayer un papel más que conciliador con el Ejecutivo. Al día siguiente de conocerse el informe policial sobre Sortu, y a los pocos minutos de que el propio Rajoy lo saludara como una «noticia excelente», el coordinador popular de Interior dio un balance de confianza en favor de Rubalcaba: «No sé si me fío», empezó por contestar a una pregunta de la prensa, pero, a renglón seguido, calificó de «perfecta» su interlocución con Rubalcaba en lo que se refiere a la «fluidez de información sobre la detención de comandos»; de «aceptable» en lo que se refiere a la política procesal; y de «dificultosa» en lo que toca a la política penitenciaria.
Además, llegó a asegurar que el acuerdo PP-PSOE sobre la Ley Electoral blinda al Estado frente a otras vías de entrada de los abertzales en las instituciones: «Los planes B y C que tenga están legalmente previstos». Y, aún más, Trillo avaló a Rubalcaba frente a su compañero de filas, Jaime Mayor Oreja. «No sé si hay un proceso. Negociadores, haberlos, haylos. Pero negociación Gobierno-ETA no hay».
En lo que sí se mostró Trillo absolutamente distante con el Ejecutivo fue en materia judicial. Durante su conferencia le acusó de tener una «concepción instrumental e ideológica de la ley» en casos como el matrimonio gay, el aborto, la prohibición de los toros o el tabaco. Por su parte, prometió que el PP devolverá a los jueces la elección de 12 de los 20 miembros del Consejo; limitará a cinco años el mandato de los jueces de la Audiencia Nacional; y regulará las recusaciones para los magistrados que hayan estado en política.
Como responsable de la estrategia jurídica, Trillo aseguró que, como hizo con el canario José Manuel Soria, «el PP cree en la palabra y la inocencia de Camps, y será a él a quien le escucharemos en todo momento».
Haber si es verdad, y actúan con este tema, que es aparte de escandaloso, vomitivo.
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