MANUEL SÁNCHEZ / Madrid/ El Mundo
La gota que ha colmado el vaso es que el ahora vicepresidente tercero del Gobierno valenciano acuse al Gobierno de una posible financiación de ETA durante la tregua de 2006, lo que se vincula a lo acontecido en el caso Faisán.
La portavoz del Comité Electoral del PSOE, Elena Valenciano, salió ayer al paso de estas acusaciones afirmando que no se le ocurre «mayor deslealtad ni mayor chaladura que la insidia lanzada por Cotino». Y añadió: «Es absolutamente intolerable que una persona que fue director general de la Policía durante la tregua del 98 al 99 pueda lanzar insidias como las que ha lanzado. La pregunta es: ¿está Mariano Rajoy de acuerdo con el señor Juan Cotino?».
Pero, más allá de la respuesta política, el malestar en el partido y en el Gobierno alcanza a todos los niveles y no son pocos los dirigentes socialistas que están elevando sus voces para decir, lisa y llanamente, que «hasta aquí hemos llegado», y que se debe frenar este acoso. Entre ellos hay destacados dirigentes del Partido Socialista de Euskadi (PSE).
Es cierto que en el PSOE se distingue entre estas opiniones y la posición de Mariano Rajoy, y se valora que está en otra postura el PP del País Vasco, pero se ha pedido al más alto nivel que hay que exigir a los populares que corten estas acusaciones o habrá que dar otro tipo de respuesta política, según las fuentes consultadas.
Valenciano lo expresó así: «El Pacto Antiterrorista goza de buena salud, pero Mariano Rajoy debe clarificar su posición y debe decir al mayororejismo rampante que hay en el PP que se calle».
Declaraciones parecidas hicieron Ramón Jáuregui y Gaspar Zarrías, elevando el tono del malestar que existe en el Gobierno y en el PSOE contra el ex director de la Policía.
Sin embargo, Cotino insistió ayer en su denuncia e instó a fiscales y a jueces a aclarar si en el caso Faisán se estaba negociando con dinero para pagar a ETA durante la tregua.
Fuentes consultadas no descartan contactos discretos a alto nivel para apaciguar la polémica, ante el riesgo de que definitivamente estalle.
JUSTINO SINOVA
La segunda marca de ETA
Los informes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional sobre el supuesto partido político Sortu son concluyentes y a partir de ellos nadie debería albergar dudas sobre su pertenencia al mundo etarra. Sortu es «continuación» de Batasuna, dicen los informes, lo que significa que se trata de una artimaña de los terroristas para aprovecharse de las ventajas que la democracia ofrece a las personas e instituciones legales (adjetivo que en el lenguaje de la gente de bien, no en el terrorista, denota a quienes cumplen la ley, no a quienes abusan de ella).
La verdad es que el simulacro etarra es muy burdo y hay que estar muy ciego para no verlo: en su promoción participan miembros reconocidos de Batasuna/ETA (Batasuna es ETA, tiene sentenciado el Tribunal Supremo) como Rufino Etxeberria, Iñigo Iruin, Joseba Permach, Rafael Diez Usabiaga, sacado de la cárcel por el juez Baltasar Garzón para que cuidara de su madre y a quien los informes citan y no precisamente por sus actividades filiales; a la vista de todos, los promotores enviaron a obvios hombres de paja a presentar los papeles; hicieron una condena genérica de todas las violencias futuras y eludieron la de la violencia etarra… Todo esto hace evidente que, como dijo ayer el ministro Ramón Jáuregui, Sortu carece de «la credibilidad suficiente» para ser legalizado.
Es tan burdo el montaje que tiene toda la pinta de un señuelo para distraer la atención. Mientras la invalidación de Sortu ocupa las diligencias de ministerios, jueces y policías, los etarras y sus adeptos van horadando butrones fuera de los focos mediáticos para invadir las instituciones de la democracia con nuevos disfraces y solícitos gregarios. Las propias Fuerzas de Seguridad ya advierten del acuerdo entre Batasuna y Eusko Alkartasuna, que puede ser uno de los coladeros. Como en las contaminaciones etarras la capacidad de sorpresa ha sido colmada con creces, nadie pone el grito en el cielo por que el partido fundado por Carlos Garaicoechea tras una escisión del PNV pueda ser utilizado como estribo, pero no es inoportuno apelar a la conciencia del veterano político aunque los documentos y las estrategias del partido no impulsan la esperanza: el domingo se manifestará a favor de la legalización del montaje etarra y viene calentando motores con la descalificación de la Ley de Partidos, a la que define como «un disparate jurídico», nada menos.
Pero vayamos a lo práctico y esperemos que el Ministerio del Interior muestre tanta diligencia con la segunda marca etarra -y con todas las que inventen- como con Sortu, contra la que se puso en guardia desde el primer momento. Sortu tiene los días contados, aunque la última palabra corresponderá a los jueces en el supergarantista sistema español, pero el peligro de la oculta maniobra etarra es incuestionable. Ya vivimos en las anteriores elecciones algo parecido con el manejo terrorista de la firma ANV para entrar en algunos ayuntamientos con la inhibición de la Fiscalía. Todos sabemos que lograron colarse con abstenciones bochornosas que dañaron la democracia. Parece que ahora es menos probable el mismo escenario, pero, ¡qué lástima!, nadie está dispuesto a asegurar que los etarras fracasarán en su intento de allanar las instituciones y disponer, en consecuencia, de asistencias de dinero público, que es lo primero que buscan. Esperemos, por lo menos, que nadie les facilite la incursión, ni siquiera mirando para otro lado.
Si Cotino dice, hay que aplicar el dicho: cuando el río suena, agua lleva.
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