Víctimas de los verdugos sin nombre de ETA

JUANFER FERNÁNDEZ / Vitoria/ El Mundo

Los investigadores policiales desconocen todavía el autor o los autores de al menos 80 asesinatos cometidos por la banda

José María Urquizu Goyogana pronosticó su propia muerte dos semanas antes de que ETA le cerrara los ojos con un tiro en la nuca. No quiso preocupar a su familia, sólo se lo dijo a una de sus hermanas. A escondidas se lo confió: «Noto cosas raras, que me siguen; sé que me van a matar pronto». Lo cuenta Javier Urquizu, hijo del teniente coronel del Ejército asesinado a sangre fría en la trastienda de la farmacia que la familia tenía en Durango (Vizcaya). De aquel 30 de septiembre de 1980 han pasado tres décadas. Los verdugos, como la víctima, se estancaron en el blanco y negro; forman parte de la larga lista de los asesinos sin nombre de la violencia etarra.

Las víctimas de ETA que aún no han logrado poner cara a los verdugos de sus familiares son al menos 80, según los datos que maneja la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Muchas familias de los caídos a causa del azote terrorista ya han abandonado la lucha. Cansados, sólo quieren olvidar. Otras, sin embargo, siguen ansiando justicia. Es el caso de los Urquizu Goyogana.

Una semana antes de que mataran a su padre, los fantasmas llamaron sin querer a la puerta de Javier. ETA disparó en la sien al capitán de la Policía Nacional Basilio Altuna, que cayó muerto en Vitoria. A día de hoy, tampoco se sabe quién apretó aquel gatillo. «Pensé: 'pobre familia'; y mira, siete días después mataron a mi padre», explica.

A José María Urquizu le tenían vigilado. Eligieron el día e incluso la hora para matarlo. «Sabían que mi tío [hermano de la víctima] no iba a estar en la farmacia porque era su cumpleaños», recalca Javier.

Entraron dos. Una mujer y un hombre que, sin vacilar, buscaron asesinar de la forma más cobarde. Pidieron a José María que analizara una muestra de sangre porque, adujeron, ella podría estar embarazada.

El farmacéutico, confiado, accedió. Etarras y víctima pasaron a una habitación aparte, al laboratorio. José María inclinó la cabeza buscando indicios de vida en su microscopio. La falsa madre y su acompañante esperaban el momento, como el animal que se relame ante una presa acorralada. Le descerrajaron un tiro en la nuca. Salieron corriendo. Un coche les esperaba con el motor en marcha en la calle. «Alguien tuvo que verles». Pero nadie habló.

A José María le habían ofrecido protección. La rechazó porque se sabía muerto. «Cuando van a por ti no hay nada que hacer; él decía que si lo iban a matar no quería que nadie muriese con él», argumenta su hijo. El farmacéutico cayó solo; pero Javier asegura que aquello se llevó por delante a su abuelo -«que duró muy poquito»- y a su madre -a la que «le mataron el corazón» y murió cuatro años después-.

Nadie pagó por tal barbarie. «No quiero homenajes, quiero justicia. No se habla de ello. No se hace nada, y eso es como una segunda agresión continuada contra nosotros», explica de forma atropellada Javier.

Un matiz: no ansía homenaje alguno que no sea «de corazón». Ahí va el suyo particular: «Voy a pedir un favor, yo no quiero salir en la foto. Te voy a mandar una de mis padres. Es la más bonita que tengo y me gustaría que la pusieseis. Es que en enero es su cumpleaños (el de José María). Que la gente sepa que no es un número, que tenía cara, sentimientos y proyectos».

Los años 80, los de plomo de la actividad de ETA, arrasaron con las ilusiones de más de 500 personas. De los más de 800 asesinatos perpetrados por la banda en toda su historia, 562 fueron cometidos entre 1978 y 1990. Las cifras impresionan, asustan, aterran. Pero más alarmante aún es el número de casos no resueltos.

Las conclusiones extraídas de una comisión de justicia creada en la última reunión de todas las asociaciones, colectivos y fundaciones de víctimas del terrorismo, celebrada el pasado 8 de marzo en Madrid, son reveladoras. Más de 200 asesinatos cometidos antes de los años 90 no tienen sentencia, ya sea porque se desconoce quiénes fueron los responsables o por otras razones. De entre ellos, el 50% ya ha prescrito o está a punto de hacerlo. Sólo hay víctimas. No hay nada más.

En aquel tiempo, los nombres y apellidos sólo eran para el cadáver. Quizá por ello, Antonio Gutiérrez Pizarro se sorprendió al leer los suyos en la prensa un día después de que ETA le tendiese una emboscada en San Sebastián. «Me dieron por muerto», asegura. Sobrevivió, pero su cuerpo se ha encargado de obligarle a saberse agradecido. El 23 de junio de 1983 sintió en sus propias carnes el primer atentado con coche bomba de la historia de ETA. Se le incrustaron en el cuerpo 27 trozos de tornillos a modo de recordatorio de una barbarie. En el 89, uno de ellos le salió de la espalda. «No sangré», matiza.

Ahora forma parte de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En la década de los 80, en cambio, todo era diferente. Su mujer y sus dos hijos, en Valencia. Él, gaditano y policía nacional, debía partir hacia San Sebastián para cumplir con dos meses de servicio en el País Vasco. El crío, de apenas cuatro años y dos meses, lo intuyó. Se lo dijo el 15 de junio: «Papá, no te vayas, quédate con nosotros».

Antonio partió. La tarea se antojaba sencilla. Él y otros cuatro agentes debían trasladar a dos etarras de la cárcel al juzgado. Tras el operativo, vuelta al parque móvil. La furgoneta, con cinco policías a bordo, entró en el paseo del Urumea, una calle estrecha y anexa al río. «Un camión se vino para atrás. Parecía una maniobra pero algo no iba bien. Eliodoro [Borraz] conducía y le dijimos: '¡Elio, date prisa, vete!'», recuerda. No hubo tiempo. En este instante ETA puso un punto y aparte en su vida.

Dos «canallas» que aparentaban pescar al otro lado del canal detonaron 25 kilos de goma 2 cargados en un Seat 127, uno de los dos coches aparcados a la altura de la furgoneta policial. En el otro había 25 kilos de tornillos y «pasadores oxidados de Renfe».

«Fue un infierno», un infierno presidido por fantasmas todavía anónimos que se llevó por delante la vida del agente Emilio José Cánovas López. «Intenté ayudarle. Me empecé a quitar tornillos del cuerpo. Recuerdo que no perdí el conocimiento hasta que me cubrió la sangre». Narra lo sucedido y se acuerda de la familia del compañero caído: «A su hijo le faltaba un mes para nacer».

Son las 12.15 horas y el reloj de Antonio marca las 14.22 horas. No está adelantado. Lleva 30 años de retraso. Sus agujas dejaron de latir cuando ETA quiso borrarle del mapa. Y desde entonces, desde ese punto y aparte, Antonio guarda como oro en paño una esquela atemporal que lleva su nombre. «Siempre que lo miro me acuerdo de aquello [...]. A veces me pregunto qué fue lo que pasó», apostilla.

El miedo, en ocasiones, dificulta la labor de los investigadores. Aquel modo de ser ya se respiraba cuando Antonio trabajaba en el País Vasco; cuando la Policía acostumbraba a saludar a los viandantes «sin despegar un labio del otro»; cuando aquel que ofrecía desinteresadamente «café y orujo» a los agentes, para que combatiesen mejor el frío en plena noche, «lo probaba antes para demostrar que no estaba envenenado».

Carlos Díaz Arcocha, jefe de la Ertzaintza, Vitoria, 1985. Francisco Caballar Muñoz, comandante del Ejército, Madrid, 1991. Eduardo Puelles, inspector de la Policía Nacional, Arrigorriaga (Vizcaya), 2009. Hay cadáver. También ciudad, fecha y hora. Asesinos, no. Sólo una causa que ejecuta por detrás o detona con metros de por medio.

Muchos de los crímenes sin firma que azotaron a las Fuerzas de Seguridad fueron perpetrados desde lejos, dificultando aún más las labores de investigación. Los verdugos sin nombre de ETA, no obstante, también actuaron contra amas de casa, panaderos, taxistas... E incluso vendedores de bicicletas. Y ahí no dudaron en mancharse las manos disparando a quemarropa.

Eugenio Olaciregui Borda fue asesinado el Día Mundial de la Paz en San Sebastián, cuando rozaba los 40 años. Su muerte aún sigue en el aire. No hallaron al ejecutor; tampoco el arma. Sólo la bala de nueve milímetros que le entró por la sien y le salió por la frente. Tenía dos niñas pequeñas.

Aquel 30 de enero de 1997 este vendedor de bicicletas no vio al pistolero que le esperaba para darle muerte en un rellano de escaleras cercano a su domicilio. Se le acercó a las 15.15 horas. Despacio, por detrás. Sacó el arma y disparó un único tiro a bocajarro en su cabeza.

Dos hermanos de Eugenio forman parte del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite. Este diario se puso en contacto con la familia, que decidió no hablar. Consuelo Ordóñez -hermana del dirigente vasco del PP asesinado por ETA en 1995, Gregorio Ordóñez- también pertenece a Covite y quiso explicar el porqué de ese silencio.

El asesinato de Eugenio, asegura Consuelo, se produjo por una serie encadenada de malentendidos en los que el etarra Valentín Lasarte -asesino de Gregorio Ordóñez- jugó un papel crucial.

Apenas unos meses antes de que a Eugenio le descerrajaran un tiro en la sien, Lasarte fue detenido en las inmediaciones del centro comercial en el que la víctima tenía su tienda de bicicletas. Alguien le delató.

Las crónicas de entonces aseguran que el coche de Lasarte, en el momento de su detención, cargaba con la bicicleta que el etarra le compró a Eugenio. Las mismas crónicas apuntaron entonces que el asesinato de un vendedor «apolítico» era producto de un error, de una confusión que había invitado a ETA a pensar en él como delator de Lasarte.

«La familia de Eugenio siempre ha salido en los medios para explicar que él no fue el que llamó a la Ertzaintza», explica Consuelo. Y es cierto. No tuvo nada que ver con aquello.

Años más tarde, una persona se le acercó a Consuelo en el ascensor. «Me dijo: 'Quiero que sepas que yo fui el que delató al asesino de tu hermano; estaba comprando en el centro comercial, le vi y llame a la Policía porque tenía cuentas pendientes con ellos [ETA]'». Eugenio Olaciregui Borda, apunta Consuelo, fue confundido con alguien que no era. Fue asesinado por un fantasma.

Días antes de que este diario conociera la historia del vendedor donostiarra, una portavoz del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, de forma inconsciente, dio una de las claves del calvario por el que pasan las familias que no pudieron poner cara a sus verdugos particulares.

- ¿Crees que querrán hablar con nosotros para denunciar que el asesinato quedó impune?

- Ha pasado mucho tiempo, ya están cansados.

El último caso en vías de solución: José Ramón Recalde

>José Ramón Recalde, ex consejero de Justicia y Educación del Gobierno vasco, sobrevivió en 2000 a un atentado en el que recibió un disparo en la boca. Diez años después, el pasado 13 de diciembre, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió al juez que reabriera la causa. Según sostiene el Ministerio Público, tras la detención el pasado 29 de septiembre de los presuntos etarras Xabier Atristain y Juan Carlos Besance, se dieron a conocer nuevos datos sobre el crimen, por lo que considera «procedente» reabrir la causa y dirigir el procesamiento contra Besance, el ex jefe militar de ETA Javier García Gaztelu, 'Txapote', y los terroristas Andoni Otegi y Óscar Zelarain. Así, detalla el escrito del fiscal, tras su arresto, Besance declaró ante la Guardia Civil que él, junto a Otegi y Zelarain, participaron en el intento de atentado de Recalde, para lo que 'Txapote' les facilitó informaciones, así como datos sobre otros dos objetivos más. Según señala el fiscal que manifestó Besance, fue Zelarain «el que le pegó un solo tiro en la cara» y dijo que al ser su primer atentado «se puso nervioso y se fue corriendo sin rematarle».