DAVID VIGARIO / Mérida / El Mundo
Corresponsal
Estas obras han sido adjudicadas en la mayoría de los concursos de forma presuntamente ilegal y siete de estos expedientes acaban de ser remitidos ahora a la sección de enjuiciamiento del Tribunal al detectarse «que no son coherentes con el precio de economía que debe regir la gestión de los fondos públicos».
Entre ellas está la rehabilitación de la antigua Casa Grande de Cáceres, que presenta múltiples indicios de ilegalidades por parte de la empresa Arquitectura y Construcción de Extremadura (Arcoex, S. L.)
Ésta es la sociedad donde figura como apoderado y socio Antonio Olivenza Pozas, ex director general de Migraciones de la Consejería de Bienestar Social, ex diputado nacional y ex senador. Un departamento del que fue titular la consejera Leonor Flores. Esta empresa ha recibido jugosos contratos de la administración autonómica de manera continuada tras incorporarse Olivenza primero como apoderado, el 8 de octubre de 2007, y luego como consejero.
Esta empresa, a la que el 21 de junio de 2010 se incorporó también como socio y miembro del Consejo de Administración Federico Suárez (ex presidente de la Asamblea de Extremadura, ex senador y ex presidente del PSOE extremeño hasta el verano de 2008) ha ganado concursos públicos, algunos por la vía de urgencia, por más de nueve millones de euros solo en los últimos cuatro años. Se de la circunstancia de que Federico Suárez es el marido de la consejera que nombró a Olivenza como alto cargo de la Junta.
El problema es que puede haberse incumplido de forma manifiesta el artículo 6 de la Ley de Incompatibilidades Autonómica 5 / 1985, que prohíbe tajantemente a los ex altos cargos licitar o recibir adjudicaciones en los dos años siguientes, como mínimo, a su cese en la administración.
Sin embargo, Arcoex, con sede en Plasencia (Cáceres), recibió cinco grandes adjudicaciones de la Junta por un importe de 2.433.996,09 euros desde que Olivenza dejó su puesto político, entre el 20 de julio de 2007 y los dos años siguientes.
Incluso, una de estas contrataciones durante el periodo prohibido, realizada el 7 de febrero de 2006, fue además adjudicada de forma directa por la misma persona que le nombró para el cargo, la ex consejera Leonor Flores, que luego sería también consejera de Cultura y Turismo en esta legislatura, hasta que presentó su renuncia el pasado 27 de mayo alegando una enfermedad.
Pasado este periodo, la empresa ha seguido recibiendo múltiples adjudicaciones. En concreto, desde que el ex alto cargo de la Junta ocupara su puesto en el Ejecutivo socialista hasta 2010, la sociedad se ha beneficiado de 22 grandes obras, por un importe de 9.371.279 euros.
La primera adjudicación supuestamente irregular a Arcoex se produjo el 16 de octubre de 2007, tan solo ocho días después de que Antonio Olivenza fuera nombrado miembro del Consejo de Administración de la empresa, como figura en el Registro Mercantil.
Así, se le adjudicaron las obras de reforma de aseos, carpintería y cerramiento en el colegio público Batalla de Pavía de Torrejoncillo, por un importe de 150.000 euros.
Las siguientes fueron el centro de transformación para el cine-teatro de Arroyo de la Luz, por 70.308,63 euros, la adecuación para la Escuela Regional de Teatro y Danza en Cáceres por 1.554.183,30 euros, las reformas en el colegio rural Tajo-Sever en Carbajo por 117.940,51 euros y las obras del colegio público El Brocense de Brozas, por 551.063,57 euros. Ésta fue la última dentro de ese periodo, el 19 de mayo.
De hecho, habría una sexta adjudicación, el día 20 de julio de 2009 que cumple los dos años, cuando Arcoex recibió 160.209,87 euros para la construcción de los vestuarios y la urbanización del instituto de Educación Secundaria (IES) Gabriel y Galán de Plasencia.
Siguen las corruptelas políticas, esto es un pozo sin fondo. Así nos luce el pelo, quien debe de respetar la ley no lo hace, y encima nos la exige a los demás, esto es un diparate.
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