Interior indemniza con 120.000 a los agentes que fueron a prisión por hablar con EL MUNDO

FERNANDO LÁZARO / Madrid/ El Mundo

Interior ha indemnizado con 120.000 euros a los policías Celestino Rivera y Antonio Parrilla, a quienes el juez Del Olmo mantuvo 24 días en prisión bajo la única acusación de hablar con EL MUNDO.Sigue en página 6

Fueron detenidos y encarcelados. Fueron acusados de tráfico de explosivos y de revelación de secretos. Permanecieron 24 días en la prisión madrileña de Alcalá-Meco, desde el 1 de diciembre de 2006 hasta que un ciudadano anónimo pagó en Nochebuena su exorbitante fianza para que salieran en libertad.

Cuatro años después, el Ministerio del Interior admite que esto afectó, y de forma considerable, a los dos agentes. Porque, poco a poco, el montaje jurídico-policial-mediático que se armó desde el propio Departamento contra los funcionarios de Policía Antonio Jesús Parrilla y Celestino Rivera se está terminando de caer.

El ministerio dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba ha tenido que reconocer que el comportamiento de su Policía no se ajustó a criterios profesionales y ha aprobado elevadas indemnizaciones para estos funcionarios, que estuvieron en la cárcel y expedientados sin motivación suficiente.

Así, según consta en los escritos remitidos desde la Subdirección General de Recursos (área de indemnizaciones) del Ministerio, el Estado debe abonarles casi 60.000 euros a cada uno para resarcirles del trato que recibieron.

El texto es bastante claro. Admite que se pudo producir un «perjuicio del honor y reputación profesional, tanto por la instrucción del expediente como por la difusión mediática del hecho de la detención». Y cita dos sentencias del Tribunal Supremo -del 7 de febrero y de 24 de abril de 2007- «relativas a daños al honor producidos por la publicación en prensa de notas informativas de la Policía», para apoyar una indemnización de 40.000 euros por ese concepto.

Y establece otros 19.451 euros en concepto de «secuelas de síndrome depresivo postraumático y alteración de la personalidad». Así, el área técnica de Interior desacredita los informes internos de la Policía, en los que se defendía a capa y espada la actuación contra los agentes Parrilla y Rivera y defiende que ambos sean indemnizados.

No obstante, en su escrito descarta otra serie de peticiones por parte de los afectados. Entiende que «no ha sido acreditado en modo alguno y no se considera que realmente se haya producido en sentido técnico-jurídico lesión [de otros derechos fundamentales] susceptible de valoración económica». «Aunque la dificultad de acreditación de los datos de índole moral no excluye el reconocimiento de una indemnización, no toda alegación de daños morales merece el reconocimiento de una reparación económica, no basta una vaga y genérica invocación de aquéllos, es necesario probar que el hecho causante ha supuesto una lesión efectiva y no simplemente hipotética», añade.

Ambos agentes fueron detenidos el 1 de diciembre de 2006 por orden del juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo en una actuación llevada a cabo por las unidades de Asuntos Internos y de la Dirección Adjunta Operativa contra otro grupo de agentes que podría haber estado traficando con Goma Dos ECO en la zona de Vallecas (Madrid). Desde la Policía y el juzgado de la Audiencia Nacional que dirigía las pesquisas -entonces bajo mandato de Del Olmo- se mezclaron las acusaciones contra estos dos agentes y se lanzaron a los medios de comunicación datos con los que trataban de acusar a Parrilla y Rivera de estar implicados en esta trama de explosivos.

Finalmente, la acusación se centró en una cuestión de revelación de secretos, porque Asuntos Internos había detectado que ambos agentes habían tomado un café con un periodista de EL MUNDO. Y, con esa acusación, permanecieron 24 días en prisión. El juez fijó la fianza en 300.000 euros (muy superior a la que, por ejemplo, se pone a los miembros de Batasuna que están en libertad provisional). Fue satisfecha por aportaciones de particulares y por una gran donación de un ciudadano anónimo.

El caso arrancó el 1 de diciembre de 2006. Los dos agentes fueron encarcelados, pero, además, la Policía les abrió un expediente disciplinario, que mantuvo abierto hasta el 9 de marzo de 2010. Se da la circunstancia de que, el 26 de mayo de 2009, la Audiencia Provincial de Madrid dictó una sentencia que absolvía completamente a los dos agentes encausados. En dicho fallo, los magistrados lanzaron duras críticas tanto a las actuaciones policiales como a las judiciales.

Tras conocer esta sentencia, Parrilla y Rivera entendieron que debían ser indemnizados por la Policía. Y así lo exigieron por escrito. Reclamaron 300.000 euros cada uno a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, que en apenas nueve folios rebatió todos los argumentos de los reclamantes y defendió a capa y espada la actuación de la Policía. Y, además, mantuvo el expediente abierto cuando ya había una sentencia absolutoria. Pero el informe, remitido por la División de Personal, de la Unidad de Régimen Disciplinario, ha sido revocado, a su vez, por el Ministerio del Interior.