A FONDO
CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO /El Mundo
El esperado comunicado de ETA, en el que algunos habían depositado injustificadas esperanzas, es, fundamentalmente, un movimiento táctico destinado a facilitar la incorporación de Batasuna a las instituciones.
ETA no sólo no renuncia a seguir ejerciendo un papel tutelar de «esfuerzo y lucha» para implantar sus tesis sobre Euskal Herria, sino que impone condiciones políticas (la llamada territorialidad y el derecho de autodeterminación) para declarar un «alto el fuego permanente y de carácter general que puede ser verificado por la comunidad internacional».
A saber, que emplaza a los partidos vascos a una «negociación» con el objetivo de lograr sus viejas reivindicaciones y exige a las autoridades de España y Francia que «cesen sus medidas represivas».
En resumen: yo (ETA) dejo de matar y de extorsionar (eso es lo que la izquierda abertzale interpreta que quiere decir «general») a cambio de que los partidos vascos negocien lo que yo quiero, y a condición de que las policías española y francesa dejen de detener a mis militantes.
Pues bien, a esto le llamó ayer Batasuna «paso histórico».
El Gobierno ha valorado el gesto, aunque lo considera insuficiente. «El camino aún es muy largo porque sólo vale el fin definitivo de la banda», sentenció Zapatero. «No habrá ninguna condición que aceptemos».
La Policía es mucho más escéptica que el Gobierno. Cree que hay elementos para pensar que el comunicado ni siquiera representa la opinión de todos los pesos pesados de la banda. El hecho de que el hombre que leyó el mensaje sea David Pla, un terrorista sin galones, abona esa tesis. Fuentes solventes indican que la declaración es fruto de un pacto endeble entre los partidarios de la tregua, encabezados por 'Ternera', y el ala más dura de la organización. Un paso con marcha atrás.
¿Qué opina Batasuna? Para la izquierda abertzale, el comunicado es un éxito sin precedentes, que demuestra que tiene ahora más poder que los que manejan las pistolas. Dicen sus portavoces que es la prueba de que estamos en un proceso sin retorno y de que es probable que ETA tenga que hacer otro comunicado en los próximos meses anunciando su disolución.
La cuestión ahora es saber qué hará el Gobierno, es decir, la Fiscalía, cuando Batasuna presente a finales de este mes sus estatutos para la legalización con el objetivo de presentarse a las elecciones de mayo.
¿Se van a extremar las precauciones, o bien las togas de los fiscales tendrán que volverse a manchar con el polvo del camino, como ya dijo Conde-Pumpido en la anterior tregua?
El obstáculo que, en todo caso, debería saltar Batasuna para tener credenciales democráticas es la condena explícita a ETA.
La Fiscalía y el Gobierno no deben conformarse con una condena genérica de la violencia.
Mientras tanto, las Fuerzas de Seguridad deben seguir haciendo su trabajo: detener a los delincuentes.
Y, muy importante: que este nuevo reto de ETA no sirva para romper el Pacto Antiterrorista, clave para su derrota.
No hay mucho más. Para la interpretación sólo hay que responder a una cuestión: Quid prodest?
Lo dicho, una engañufa para cada uno conseguir sus objetivos, unos votos, para seguir en la poltrona engañando, otros colarse en las instituciones, y otros para ganar tiempo y reabastecerse, por si salen las cosas mal.
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