ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid/ El Mundo.
Los servicios de inteligencia españoles tienen monopolizadas prácticamente las indagaciones relativas al brazo político de la banda terrorista ETA y a su entorno más controvertido. Así, es frecuente encontrar a miembros de los servicios de información de las Fuerzas de Seguridad del Estado que constatan que les resulta imposible, por ejemplo, realizar intervenciones telefónicas justificadas a los miembros de la Mesa Nacional de Batasuna, incluso cuando llevan pocas horas en libertad provisional, después de una detención o de un periodo de estancia en prisión, porque el CNI se les ha adelantado. Ese modo de funcionamiento permite que el Gobierno controle de forma más directa la información más sensible y pueda administrarla.
La intervención del CNI en las operaciones contra ETA ha sido permanente e intensa. La mayor parte de las ocasiones ha estado circunscrita a operaciones especiales; más pegada a operativos concretos en el tiempo en el que el ex director Alberto Saiz se empeñaba en tener controlada hasta la última intervención -método de trabajo que le ocasionó numerosos roces y tensiones con los suyos y con los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado-, y siempre compatible e incluso complementaria con los trabajos realizados por la Policía y la Guardia Civil.
Importantes operaciones contra la banda terrorista realizadas en los últimos meses tienen su origen en el trabajo realizado por los servicios de inteligencia que, como recaban información pero no tienen carácter ejecutivo, emplean como instrumento operativo a las Fuerzas de Seguridad del Estado. No han sido pocas las ocasiones en las que, ante un proceso de ilegalización de un partido heredero de Batasuna, la Policía o la Guardia Civil han aportado ante el juez las pruebas obtenidas por los agentes del CNI. O directamente han rematado una operación cuyo trabajo de campo ha sido realizado por el Centro.
Sin ir más lejos, las investigaciones que acabaron con varios miembros del colectivo de abogados en prisión, letrados de ETA como Arantza Zulueta o Jon Enparantza, fueron realizadas en su mayor parte por los agentes de inteligencia, pero la operación fue ejecutada por la Guardia Civil que, al realizar los diferentes registros en despachos y domicilios, supo exactamente en qué lugares encontrar las importantes pruebas y documentos que los investigados ocultaban gracias al trabajo previo realizado. De lo contrario, hubiese sido mucho más difícil hallar datos en lugares tan improbables como el secador de manos del aseo de uno de los despachos.
Sin embargo, también desde hace meses, se viene produciéndo una situación con escasos precedentes y cuyo resultado es bastante evidente. Desde que se produjeron las detenciones del denominado proceso Bateragune en la sede del sindicato LAB de San Sebastián, en otoño de 2009, detenciones que afectaron a Arnaldo Otegi, a Rafael Díez Usabiaga y la mayor parte del cuadro dirigente en la clandestinidad de Batasuna, no ha vuelto a producirse una operación contra la Mesa Nacional de la formación ilegalizada.
Y no es que sus miembros se hayan estado quietos precisamente: han reivindicado la izquierda abertzale como plataforma política y social; tras esas siglas se han asociado con Eusko Alkartasuna para presentarse de forma conjunta a unas elecciones; han creado un foro soberanista junto con éste partido, Alternatiba y otras formaciones; han anunciado la creación de un partido político; han convocado actos y manifestaciones; han logrado revitalizar, en definitiva, al brazo político de ETA sin encontrar ningún tipo de obstáculo.
En las anteriores ocasiones, el seguimiento, las investigaciones realizadas sobre los líderes de la izquierda abertzale, proporcionaban a las Fuerzas de Seguridad datos sobre sus miembros, sobre cuáles iban a ser sus movimientos, sus planes, sus pretensiones. De ese modo -aunque los servicios de inteligencia siempre han tenido prioridad sobre los principales dirigentes, como Arnaldo Otegi-, la Policía y la Guardia Civil tenían más facilidad para obtener datos con los que desarticular las sucesivas Mesas Nacionales de Batasuna (caso de la operación efectuada en la localidad de Segura en 2008), o de conocer, en determinados aspectos, la mera estrategia de ETA y de la izquierda abertzale. En estos momentos, ni Policía ni Guardia Civil tienen acceso general a esos datos que son recopilados por los agentes del Centro de Inteligencia.
Fuentes del Ejecutivo aseguraban a principios de otoño que el proceso de Bateragune, del que el juez Garzón escribió que sus integrantes pretendían revitalizar Batasuna a las órdenes de ETA y en el que quedó probado que Otegi vulneró su libertad provisional en varias ocasiones para reunirse en Francia con miembros de ETA, tenía una entidad muy relativa dado que afectaba a miembros de la izquierda abertzale que habían experimentado un distanciamiento de la banda que les había llevado a convencerse del desarrollo de las vías exclusivamente políticas, sin capacidad de obtener nada a cambio.
El Gobierno, de hecho, está en la estrategia de permitir que los miembros de la izquierda aberztale, que han llegado a ese punto por pura supervivencia, tengan capacidad de maniobra para que sean ellos quienes, dada la debilidad de ETA y su entorno, neutralicen a la banda terrorista.
No en vano, en los últimos meses han sido muchas las operaciones contra el sector más duro de ETA, contra el colectivo de abogados, contra Ekin -el guardián de la ortodoxia-, contra los etarras en Francia, contra los comandos en España, contra los miembros de Segi -las juventudes de la organización-. Y pocas o ninguna las iniciativas policiales que han dejado en evidencia los movimientos de la izquierda abertzale.
De hecho, si para ilegalizar la nueva formación que Batasuna piensa registrar a finales de este mes no fuese suficiente con la resistencia de quienes la auspician a condenar la violencia, lo más probable es que las pruebas más enjundiosas o menos accesibles haya que ir a buscarlas al CNI. Una iniciativa que depende del Gobierno.
Eso es la demostración palpable, de que lo quiere manejar todo, y usa los medios públicos para interés partidista, si no, a cuento de que hace lo que hace..
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