MANUEL MARRACO / Madrid/El Mundo
La primera de todas, que se notificara a los 13 imputados el contenido de la querella admitida a trámite por la Audiencia Nacional. La lista incluía a Hosni Benslimane, el general responsable de la Gendarmería que estuvo el martes en Madrid como parte de la comitiva marroquí recibida por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Tras la reunión, Rubalcaba afirmó que su homólogo marroquí, Taieb Cherkaui, le había dado una explicación «detallada y minuciosa» sobre el asalto al campamento saharaui y la muerte de Baby Hamday Buyema, de nacionalidad española, así como que existía «un compromiso de investigar». «La Fiscalía [marroquí] ha abierto una investigación y nos darán el resultado de esa investigación, además de admitir toda la colaboración que queramos proporcionarle, porque, al fin y al cabo, es un ciudadano español», dijo el vicepresidente primero del Gobierno en la rueda de prensa del martes.
La súbita voluntad de colaboración de Marruecos contrasta con el silencio sobre la querella por genocidio. A los imputados por la Audiencia Nacional se les atribuyen numerosas muertes de saharauis que, como Hamday, tenían DNI español. Por ejemplo, la de Mohamed Salem Hamdi, de la que Garzón responsabiliza expresamente al imputado Benslimane. Según los querellantes, «Mohamed Salem Hamdi fue secuestrado por la Gendarmería marroquí en febrero de 1976 en Smara, y fue conducido directamente al cuartel militar en la misma ciudad, y según testimonio de los que fueron detenidos con él y posteriormente liberados, fue trasladado a un lugar desconocido, y desde entonces se desconoce su paradero».
El caso es que, años después, el general marroquí no ha recibido copia de la querella (lo que deberían haber gestionado las autoridades judiciales de Marruecos después de la comisión rogatoria internacional emitida por España). Ésa es la diligencia que probablemente habría ordenado el martes la Audiencia Nacional si hubiera sabido que el imputado por genocidio estaba en la sede de Interior, a muy pocos metros del tribunal.
Además de no notificar la querella, Marruecos tampoco ha respondido a la petición de la Audiencia Nacional de que «informe sobre si los hechos que se recogen en la querella fueron o están siendo investigados y cuál fue el resultado de la investigación».
Ni ha aclarado «si existe o ha existido procedimiento penal contra los querellados por estos hechos en Marruecos».
Ni ha enviado «los datos que consten a nivel oficial sobre la identidad de las víctimas y lugar de inhumación», como reclamaba el Juzgado Central de Instrucción número 5, ahora dirigido por el magistrado Pablo Ruz.
La falta de colaboración marroquí ha contribuido a que la investigación haya avanzado poco. Tampoco ha ayudado, aunque por razones opuestas, la actitud de las autoridades argelinas, que acogen a los dirigentes del Polisario y dan cobijo en su territorio a buena parte de la población saharaui.
Entre las declaraciones reclamadas por los querellantes y que el juez consideró «necesarias para el establecimiento de los hechos», se encontraban las de 13 testigos que residen en campos de refugiados de Tinduf, en territorio argelino. En febrero de 2009, la Audiencia Nacional libró una comisión rogatoria a Argelia para practicar los interrogatorios. La respuesta fue que la solicitud de colaboración judicial debía dirigirse a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
España no reconoce oficialmente a la RASD, lo que imposibilita remitirle una comisión rogatoria. Un segundo intento, a primeros de este año, de lograr que Argelia se aviniese a aceptar la comisión rogatoria recibió la misma respuesta negativa.
La última posibilidad abierta en la causa, propuesta por la Fiscalía, es la de que los testigos se desplacen a España para el interrogatorio. En ese caso, el problema serían sus dificultades económicas. La solución podría ser que -puesto que la testifical está respaldada por el Ministerio Público- la Justicia española corriera con los gastos de desplazamiento, tal y como ocurrió recientemente en la investigación sobre Guatemala.
Mientras tanto, la segunda querella por delitos contra la comunidad internacional contra altos cargos marroquíes está a la espera del parecer de la Fiscalía. La conexión del caso con España es evidente, por lo que el Ministerio Público deberá pronunciarse sobre si los hechos descritos son delitos de jurisdicción universal y sobre si la investigación anunciada por Marruecos es suficiente para cerrar el paso, al menos de momento, a la Justicia española.
Vaya tema más farragoso, pero el gobierno lo saltará como si fuera un gamo.
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