MARISA CRUZ / Madrid
Y no sólo. El vicepresidente, Alfredo Pérez Rubalcaba, se refirió incluso a los graves acontecimientos que se están registrando desde el pasado lunes en territorio saharaui como «sucesos en Marruecos» después de que Zapatero esgrimiera razones de Estado para justificar la falta de firmeza ante Rabat.
El Ejecutivo proporcionó ayer variadas excusas para no llegar al extremo de condenar el asalto y la destrucción, ordenada por Marruecos, del campamento de protesta saharaui de Gdeim Izik, la posterior ocupación y cierre de la ciudad de El Aaiún por las fuerzas de seguridad y las agresiones y detenciones a periodistas españoles.
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Así se escudó, primero, en la defensa de los intereses nacionales que «tienen que ponerse por delante» de cualquier otra consideración, según el presidente; y después, en la falta de información fiable y en los datos confusos y no contrastados sobre el número de muertos, heridos y detenidos que llegan de El Aaiún, según la ministra de Asuntos Exteriores.
Trinidad Jiménez afirmó que el Gobierno no se quiere «apresurar» y se encuentra «a la espera» de que algún organismo internacional, institución o Gobierno ofrezca un balance de lo ocurrido: «Ninguno lo ha hecho», recalcó, después de insistir en que «para condenar habría que tener un conocimiento completo de cuáles han sido los hechos que se han producido».
No obstante, la ministra ha reconocido no saber si finalmente será posible acceder a «datos que sean fiables», sobre todo porque el régimen marroquí ha impuesto un cerco férreo en torno a la capital del Sáhara para impedir que la prensa pueda narrar lo que allí sucede.
La propia Jiménez asegura haber llevado a cabo intensas gestiones para conseguir que Rabat permita y facilite el trabajo de los informadores, pero hasta el momento su capacidad para convencer a Rabat ha sido nula. Las noticias que llegan del Sáhara proceden de fuentes del Polisario, de miembros de asociaciones afines a la causa saharaui o de alguno de los españoles que residen en la capital de la antigua colonia. Ayer, las autoridades marroquíes expulsaron del Sáhara a tres periodistas de la Cadena Ser, tras detenerlos durante varias horas, retiraron la acreditación al corresponsal del diario ABC e impidieron el vuelo a El Aaiún a varios informadores más, entre ellos el enviado especial de EL MUNDO.
Tampoco, y pese a que la ministra ha afirmado mantener un contacto continuo con las autoridades del país vecino, se ha logrado una explicación clara de la muerte del ciudadano español Babi Hamadi Buyema durante los enfrentamientos de El Aaiún, ni razón alguna que justificara la violencia contra el campamento de civiles saharauis.
Al menos así se desprende de sus propias palabras cuando ayer se le preguntó sobre el contenido de sus conversaciones con el Gobierno marroquí. «Ellos alegan sus razones y nosotros trasladamos nuestros planteamientos. Lo que cuenta es la capacidad que tenemos para mantener la interlocución». Sin más.
Jiménez aseguró, en todo caso, que su ministerio se mantiene pendiente de la situación en la que se encuentran los españoles en la ciudad saharaui y aseguró estar haciendo gestiones para conseguir la salida de la misma de los tres cooperantes que se encontraban en el campamento cuando éste fue asaltado.
El próximo martes, será el vicepresidente Rubalcaba quien tenga la oportunidad de pedir explicaciones e instar a la contención cuando reciba en Madrid al ministro del Interior marroquí, Taieb Cherkaui.
Anoche, al cierre de esta edición, el ex ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, se reunió en Tánger con el jefe de la diplomacia alauí, Taib Fasi Fihri. Pese a producirse en plena crisis por la represión en el Sáhara, la agenda del encuentro se centraba en la celebración de la próxima cumbre de la Unión por el Mediterráneo, según fuentes consultadas por Europa Press.
Ayer, durante la rueda de prensa que siguió al Consejo de Ministros, Trinidad Jiménez se atuvo al argumento que proporcionó el presidente del Gobierno desde Seúl para explicar la postura española en relación con los «hechos muy graves» que se están produciendo en el Sáhara. Zapatero afirmó que la actitud española es «responsable, sensata y la prudente para la solución del conflicto y también para los intereses de España que es», añadió, «lo que el Gobierno tiene que poner por delante», y Jiménez le secundó: «Las relaciones con Marruecos son esenciales; son política de Estado».
Se trata de defender por encima de todo intereses que afectan a la seguridad, a la política de inmigración y a la economía. «Marruecos es un socio clave», reiteró Jiménez.
La ministra no obstante, negó tajantemente que el miedo a posibles represalias de Marruecos en alguno de estos tres terrenos sea lo que impide al Ejecutivo desplegar una mayor contundencia ante Rabat.
En cualquier caso, la titular de Exteriores sí quiso recalcar de nuevo que el conflicto del Sáhara «no es de carácter bilateral entre España y Marruecos, sino de alcance internacional». Y es en ese ámbito donde el Gobierno asegura trabajar para lograr una «solución justa, duradera, aceptable por ambas partes y que respete el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui».
El deseo de alejar completamente el contencioso del Sáhara del terreno bilateral es probablemente el que provoca los lapsus de los miembros del Gobierno cuando se refieren al asunto.
Así, si el pasado miércoles el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, llegó a referirse en sede parlamentaria a la capacidad que tiene Marruecos para impedir la entrada en El Aaiún por tratarse de una facultad que forma parte del «núcleo duro de la soberanía nacional», ayer, el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, aludió a lo ocurrido en el Sáhara como los «sucesos» acaecidos «en Marruecos».
La confusión acerca del estatus de la antigua colonia española y de la posición de Marruecos y de la propia España en relación con ella es lo que ha inducido al PP a reclamar una explicación en el Congreso a la ministra de Exteriores.
La ONU no reconoce la soberanía de Marruecos sobre el territorio del Sáhara ni tampoco el título de potencia administradora del mismo. El reino alauí ocupó el territorio tras el abandono de España en febrero de 1976. Los llamados Acuerdos de Madrid suscritos por España, Mauritania y Marruecos no se ajustan a la legalidad internacional tal y como ha manifestado la propia ONU y el Tribunal de La Haya porque España no podía «unilateralmente» ni ceder la soberanía ni la condición de potencia administradora. De hecho, Marruecos no figura como tal en la lista de territorios no autónomos de la ONU.
Pese a ello, lo cierto es que el país vecino actúa como administrador de facto desde la retirada de Mauritania en 1979 y la concertación del acuerdo mauritano-saharaui del 19 de agosto de ese mismo año. La doctrina política española nunca ha reconocido la soberanía ni derecho alguno de Marruecos sobre el Sáhara.
Vaya país este, "sucesos en marruecos", de risa vamos.
ResponderEliminarNo nos merecemos un gogierno que nos mienta (palabras dichas por rubalcaba).