ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid
Los protagonistas no llaman negociación a estos encuentros casuales sino que emplean otra terminología que, según sostienen, responde a otro esquema: se trata de que cada parte vaya haciendo lo que deba por su cuenta de forma unilateral.
El enfoque explicativo para esta situación es similar al empleado para definir los encuentros de los años 2002 a 2005 en el caserío Txillarre.Sigue en página 10
Aquellas reuniones en las que se gestó la hoja de ruta del último proceso tampoco eran definidas como prenegociaciones o negociaciones, sino como encuentros cordiales entre conocidos. Pero ante los muy suspicaces, los socialistas insisten: la diferencia está en la unilateralidad.
De modo que actualmente el esquema sería el siguiente: si la izquierda abertzale presenta unos estatutos impecables y ETA hace público un comunicado que sea aceptable, por su cuenta, los tribunales no tendrán más opción que aplicar la ley y legalizar Batasuna, se argumenta. De hecho, tal como publicó este periódico la semana pasada, según el Gobierno y según los asistentes a estas casuales reuniones, la banda terrorista está preparando un comunicado en el que aceptará, al menos, una parte de lo que le piden los mediadores internacionales de la Declaración de Bruselas, dirigidos por el abogado de Batasuna Brian Currin. Bien antes de Navidad, bien en el mes de enero, ETA introducirá en su comunicado los términos de la Declaración de Guernica en la que se exige a la banda la manifestación de su «voluntad para dejar definitivamente las armas».
Los firmantes de Guernica no le piden a la organización que se disuelva de manera inmediata o proclame el fin de la violencia de forma definitiva, sino que muestre su voluntad de hacerlo. Sin embargo, sí solicitan al Gobierno en la citada declaración -suscrita por la izquierda abertzale el pasado 26 de septiembre junto a Aralar y EA-, que derogue la Ley de Partidos, que acerque a los presos y que se emprenda la revisión de los procesos judiciales.
Frente a todas estas precisiones, hay otros miembros del PSOE, involucrados en una parte del anterior proceso, que no tienen inconveniente en llamar a las cosas de otro modo. Sostienen que lo que se está produciendo en este caso es, efectivamente, una negociación en la que los socialistas estarían dispuestos a proporcionar «un escenario en el que la izquierda abertzale se pueda presentar a las próximas elecciones» si ETA hace público un comunicado en el que se haga mención al acuerdo de Guernica, pero en el que también se introduzca una palabra significativa que, a menos que se produzcan cambios, es «inexorable».
No son los únicos movimientos que se están produciendo. Hay otro tipo de contactos pero, en cualquier caso, los encuentros con los dirigentes de Batasuna son conocidos detalladamente por la dirección del PSE y por el Gobierno. El lehendakari, Patxi López, desautorizó a Eguiguren cuando, en una carta publicada, solicitó al presidente vasco que liderase este proceso y habló de legalizaciones y de presos. Actualmente, al parecer, buena parte de los socialistas vascos admite los planteamientos de Eguiguren.
La dirección del PSE se resignaría a obviar los requisitos de la disolución inmediata de la banda o de la condena así expresada de sus atentados por parte de Batasuna porque está convencida en su mayor parte de que estamos ante una oportunidad histórica y de que es cierta, esta vez sí, la voluntad de la izquierda abertzale de alejarse de una ETA que perjudica sus pretensiones institucionales. A su entusiasmo añaden otro dato que puede tener interés: dicen manejar información procedente del entorno de ETA según la cual la dirección de la banda habría celebrado una reunión recientemente en la que sus dirigentes reconocieron por mayoría su mala situación y decidieron, por primera vez, plegarse a la estrategia de la izquierda abertzale y a las exigencias de sus bases, que no entendieron que la banda sabotease el anterior proceso.
El Ministerio del Interior, tal como informó este periódico la pasada semana, también baraja una información sobre divisiones en las altas esferas etarras procedente de los presos; de modo que el Gobierno se muestra convencido de que, hasta las elecciones, la izquierda abertzale presionará a ETA.
A la espera de que ese dato de la reunión se confirme y de saber cuál es su alcance -no todos los expertos antiterroristas han detectado este hecho-, surgen dos preguntas inevitables: ¿qué quieren la izquierda abertzale y ETA, si es que finalmente así lo hacen, a cambio de parar definitivamente o de manera inexorable?; y ¿cuál es la intervención y posición del Gobierno?
Las fuentes socialistas consultadas aseguran que la izquierda abertzale sólo quiere la legalización. Saben que, una vez estén en las instituciones, ya podrían plantear allí sus aspiraciones, tanto respecto a la apertura de un Proceso Democrático -como los radicales denominan a la existencia de una mesa multipartita en la que se llegue a acuerdos que el Estado debería asumir- como a la situación de los presos. En las instituciones ya serían los partidos los que respaldarían sus exigencias o no.
Ésa es la convicción de los socialistas aunque los últimos documentos incautados a ETA, y las entrevistas realizadas hace escasas jornadas a dirigentes de la izquierda abertzale como Arnaldo Otegi no coinciden, al menos hoy por hoy, con este planteamiento. De hecho, Otegi precisaba que exigir la desaparición definitiva de la violencia como condición para negociar cualquier cosa es sabotear el proceso a cuyo contenido no dice haber renunciado todavía.
Respecto al Gobierno, está al cabo de la calle y tiene su estrategia.
Ya comienza la bajada de calzones del pse, donde dije digo, digo diego. Por tanto, la reflexión es esta, SON TODOS IGUALES, anteponen el sillón a las víctimas.
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