FERNANDO LÁZARO / Madrid
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Un trato especial y una información centralizada. Las investigaciones policiales sobre «personas relevantes» y «altos cargos públicos» requieren instrucciones especiales. Y así las ha trasladado el Ministerio del Interior, dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba, a todas las jefaturas superiores de Policía.
El pasado 21 de mayo, el comisario general de Policía Judicial, Juan Antonio González, remitió un oficio de carácter reservado a todas las jefaturas superiores de España bajo el título: «Coordinación de investigaciones secretas de especial relevancia».
Las instrucciones emanan de la Comisaría General, donde está centralizada actualmente la parte más importante de las investigaciones en las que aparecen implicados cargos públicos. Entre ellas, todas las pesquisas sobre el denominado caso Gürtel, que afecta a un buen número de cargos del Partido Popular.
«Como bien se conoce, en el ámbito de la inteligencia del Cuerpo Nacional de Policía hay determinadas investigaciones en las que pueden aparecer implicadas personas de alta relevancia, altos cargos públicos, funcionarios policiales investigados y colaboradores policiales, cuyo tratamiento requiere un enfoque especializado para salvaguardar la eficacia de la propia investigación», advierte el documento.
Así, el comisario general de la Policía Judicial despacha dos folios en los que marca una serie de instrucciones sobre lo que deben hacer las jefaturas superiores cuando en sus pesquisas aparecen «personas de alta relevancia» y «altos cargos públicos», a fin de extremar el control policial sobre estos asuntos.
Hay que recordar que desde las filas del PP, las críticas a la gestión policial realizada por el responsable de la Comisaría General de Policía Judicial han sido constantes y muy duras. La oposición consideró que el Ministerio del Interior estaba realizando investigaciones políticas y que para ello utilizaba a la Policía Judicial.
En la instrucción, el comisario general insiste en que se requiere un «enfoque especializado» para facilitar «el curso del operativo policial».
El oficio, que obra en poder de este periódico, explica que estas pesquisas delicadas «pueden ser catalogadas como secretas por el titular de la Comisaría General de Policía Judicial, en virtud de una petición motivada del jefe de la unidad/brigada investigadora».
Esto supone, según explican los analistas, que si alguna jefatura investiga uno de estos temas espinosos y quiere avanzar con solvencia declarando secretas sus actuaciones y evitando interferencias de otras unidades o cuerpos policiales, debe pasar el filtro o el control del máximo responsable de la Policía Judicial.
Una vez obtenido su visto bueno, las pesquisas pasarán a ser tratadas «en las bases de datos de la Unidad Central de Inteligencia Criminal(UCIC), a efectos de facilitar la coordinación».
«Las investigaciones así catalogadas», añade la instrucción policial, «gozan de una protección especial y de un trato preferente en caso de producirse una coincidencia con una investigación policial de otra unidad del Cuerpo Nacional de Policía».
Para ratificar la importancia de la instrucción, el comisario general advierte de que «esa protección especial y preferente dispensada se desvanece cuando en la investigación aparecen otros cuerpos policiales». Advierte también de que ya en otras ocasiones esas interferencias entre cuerpos han producido «un perjuicio irreparable en el operativo y otras situaciones no deseables, incluso para los propios investigadores».
Estas situaciones se han producido pese a que, tras la llegada del PSOE al Gobierno y fruto del análisis policial sobre el 11-M, se llegó a la conclusión de que había que crear organismos de coordinación entre cuerpos policiales para evitar más episodios de desconexión.
Interior puso en marcha organismos tanto en materia de antiterrorismo como de lucha contra el crimen organizado para coordinar actuaciones entre Policía y Guardia Civil. Se trata del CNCA en el caso del terrorismo y del CICO en la lucha contra el narcotráfico.
Además el comisario ordena en el texto que cuando se reciba en la Comisaría General de Policía Judicial un escrito de cualquier «unidad/brigada de Policía Judicial solicitando la catalogación de secreta por aparecer de forma exclusiva alguna de las categorías de investigados arriba citados, y tras la conformidad del comisario general, la Unidad Central de Inteligencia Criminal (Sección de Coordinación) procederá a su trámite de catalogación, al tiempo que consultará a la unidad/brigada correspondiente la traslación de esta catalogación al CICO».
Es decir, todas las investigaciones que se desarrollen en cualquier provincia española por las unidades de ese territorio deberán ser objeto de información si versan sobre cargos públicos o personal de especial relevancia. Además, esas investigaciones quedarán catalogadas y registradas en la Comisaría General de Policía Judicial.
Esto supone que Madrid tendrá conocimiento de absolutamente todas las investigaciones que se estén realizando a nivel local, aunque los hechos o las personas investigadas estén actuando supuestamente de forma delictiva solo en ese ámbito territorial.
El comisario añade que una vez que se da el visto bueno a la petición de calificación de secreto, si se produce «alguna coincidencia con otra investigación de otro cuerpo policial, la unidad/brigada de la Policía Nacional sería alertada de forma exclusiva, pudiendo optar por contactar en la forma que más convenga a los intereses de la investigación».
De la instrucción se deduce que, principalmente, el motivo de cursarla a todas las jefaturas de Policía es evitar episodios de duplicidad de investigaciones en el propio seno del Cuerpo Nacional de Policía y blindar sus pesquisas ante la interferencia, casual o no, de otros cuerpos de la seguridad del Estado.
No obstante, los especialistas policiales consultados destacan que estas instrucciones sobre pesquisas a personalidades se produzcan cuando las polémicas políticas por investigaciones de la Comisaría General de Policía Judicial aún no se han calmado.
Recuerdan estas fuentes que, fundamentalmente, las actuaciones en el caso Gürtel, dirigidas por esta parte de la Policía Nacional fueron muy duramente criticadas por el PP. La parte más polémica de la investigación estuvo dirigida judicialmente por el juez Baltasar Garzón, suspendido actualmente.
Recuerdan también que uno de los tres procedimientos que tiene abiertos este magistrado está precisamente relacionado con su gestión en el caso GÜrtel: se investiga si las intervenciones telefónicas a los abogados de los acusados estaban dentro del marco legal.
Algunas fuentes apuntan la posibilidad de que esta instrucción pueda afectar al derecho al juez natural por parte de los investigados. Señalan que al trasladar datos sobre investigaciones de personas de «alta relevancia» a Madrid desde diferentes comunidades, se tenga la tentación de centralizarlas y llevarlas de forma sistemática ante la Audiencia Nacional. Esto podría provocar que el investigado perdiera su derecho a que las pesquisas judiciales estén dirigidas por un juez de la zona donde se ha cometido el delito.
Estamos apañaos, como funciona la kgb, esto es ya un fiasco, ni profesionales ni nada, un fiasco. Lo malo de esto, es que pone em juicio a toda la policía, y no es asi, hay policías buenos y malos en todas las partes, y lo que hay que hacer, es apartar a estos malos de la kgb.
ResponderEliminarNo queremos un gobierno que nos mienta (palabras dichas por rubalcaba).