Prisiones niega la versión de Garzón sobre las escuchas

MARÍA PERAL / Madrid

Se pudo evitar espiar a los defensores porque la grabación se hacía manualmente

Instituciones Penitenciarias ha informado al Tribunal Supremo de que el sistema de grabación en el locutorio de la cárcel de Soto del Real, donde fueron escuchadas las comunicaciones de los imputados del caso Gürtel con sus abogados, «se activa manualmente».

La respuesta de Instituciones Penitenciarias al magistrado de la Sala Penal del Supremo Alberto Jorge pone en entredicho la explicación que Baltasar Garzón dio sobre las escuchas a los abogados que defienden a Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, principales imputados en la red de corrupción conocida como Gürtel y privados de libertad desde el 6 de febrero de 2009.

Jorge instruye una causa en la que se investiga si Garzón incurrió en delitos de escuchas ilegales y prevaricación por haber autorizado y prorrogado la interceptación de las comunicaciones que mantuvieran en la prisión de Soto del Real los citados imputados con sus defensores.

El 19 de febrero de 2009, Garzón ordenó la intervención de las comunicaciones de Correa, Crespo y Sánchez «con los letrados que se encuentran personados en la causa u otros que mantengan entrevistas con ellos», es decir, con todos los abogados que visitasen a los imputados, incluidos sus defensores.

El juez, la Fiscalía y la Policía pudieron acceder así a las conversaciones en las que Correa, Crespo y Sánchez pusieron al corriente del caso a los letrados José Antonio Choclán, Gonzalo Rodríguez Mourullo, Pablo Rodríguez Mourullo y Juan Ignacio Vergara. Ni Choclán ni Rodríguez Mourullo conocían anteriormente a sus clientes, cuyas confidencias fueron espiadas precisamente durante los primeros meses de encarcelamiento, incluidos los momentos en los que preparaban con los defensores sus comparecencias judiciales.

Pese al carácter indiscriminado con el que ordenó las escuchas, Garzón sostuvo durante su declaración ante el instructor del Supremo que su objetivo «no era investigar a los defensores» sino que el auto se refería a otros letrados que podían estar implicados en la estructura empresarial de Correa. «En ningún momento era mi intención investigar o escuchar a los abogados Choclán y Rodríguez Mourullo ni limitar el derecho de defensa», dijo Garzón en el Supremo el pasado 10 de mayo.

Esta versión llevó a los defensores a pedir la práctica de varias diligencias, entre ellas que Instituciones Penitenciarias certificara cómo se efectúa materialmente la interceptación y si previamente a cada entrevista se procede a identificar, por parte de los funcionarios encargados de los locutorios, a los letrados comunicantes.

La respuesta de Instituciones Penitenciarias llegó al Supremo el pasado julio. Precisa que la interceptación se realizó utilizando el sistema de grabación de la prisión de Soto del Real, denominado Marathon Evolution. Es la primera rectificación a Garzón, que cuando fue preguntado por el instructor si conocía la forma concreta en que se instrumentalizaron las escuchas respondió que fue con el sistema Sitel. Un error llamativo si se tiene en cuenta que Garzón había asegurado que aplicó un control riguroso a las escuchas.

Instituciones Penitenciarias describe el funcionamiento del sistema Marathon Evolution y afirma que «la activación de la grabación se realiza manualmente por el funcionario, así como la finalización de la misma». Es decir, el funcionario tiene que apretar la tecla de grabación cada vez que acude a comunicar alguien afectado por la medida judicial de intervención. También indica que previamente a cada comunicación entre abogado e interno se procede a identificar al letrado.

A la vista de estos datos, los defensores espiados concluyen que «si verdaderamente la intención de Garzón hubiera sido no escucharnos, se hubiera podido evitar fácilmente: bastaba no apretar un botón». «Se nos quiso grabar deliberadamente, conociendo nuestra condición de defensores y a sabiendas de que nada había contra nosotros», afirman.