Junto a Zouhier estaban acusados otros tres individuos, todos implicados también en los atentados de Madrid. Entre ellos, el ex cuñado de Emilio Suárez Trashorras, Antonio Toro.
En tono irónico, Zouhier dijo que agradecía esta acusación por tráfico de drogas -que, según la Fiscalía, se remonta a las fechas anteriores y posteriores a los atentados-, «porque eso demuestra que yo estaba a otra cosa y no traficando con explosivos, como se me ha condenado».
El proceso de Avilés se inició tras las declaraciones que realizaron Toro y Zouhier en el sumario y en el juicio del 11-M, en las que aseguraron que en las fechas del atentado traficaban con hachís.
Ayer, ante la juez, no sólo negaron los hechos, sino que argumentaron que, cuando hicieron esas afirmaciones, fue con la intención de evitar que se les condenase por algo más grave, como el tráfico de explosivos o la muerte de 192 personas. «Después de cinco días de interrogatorios de la Policía y sabiendo lo que estaba en juego, les dije lo que querían para que me dejaran en paz. No les valía que les dijera la verdad, que habíamos ido a Madrid de fiesta o a trabajar», manifestó Toro ayer.
Según el escrito del fiscal, el asturiano y Zouhier se conocieron en la cárcel de Villabona en 2001. A través del confidente de la UCO, Toro adquiría la droga en Madrid a Lofti Sbai, también acusado y el único que se encuentra actualmente en libertad. En los primeros meses de 2004, compraron dos partidas de hachís de 20 y 15 kilos cada una.
El 10 de marzo, Toro bajó a la capital con Ricardo G. S., también acusado, y regresaron el día de los atentados para volver el 13 a Madrid a pagar la droga. Según las estimaciones realizadas por la Fiscalía asturiana, el valor de cada kilogramo de hachís era de 1.275 euros, según los precios de aquella época, por lo que el total de la mercancía podría haber adquirido en el mercado un valor cercano a los 45.000 euros.
El fiscal pide para los cuatro acusados penas que van desde los tres años y medio a los cuatro años de cárcel y una multa para cada uno de 45.000 euros. Además, solicita también la accesoria legal de inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante la condena y el pago de las costas del juicio. Para las defensas, que piden la libre absolución, no hay pruebas: «La droga nunca fue hallada ni acreditada», dicen, y, según el letrado de Zouhier, Antonio Alberca, «la única prueba son unas confesiones obtenidas ante el miedo» y «no se acreditan fechas ni lugares exactos».
«No sé cómo se puede sostener una condena sin la intervención de la droga», manifestó el letrado de Toro, José Ángel Granda.
Los cuatro abogados coincidieron en señalar que el juzgado de Avilés no era el competente, porque la droga había sido adquirida en Madrid, aunque tuviera Asturias como destino, y porque, además, fue un juzgado de la capital el que inició la investigación.
Durante la sesión, la actitud de Zouhier, que no paró de hablar, fue recriminada hasta en tres ocasiones por la juez, que incluso estuvo a punto de expulsarle de la sala. En su derecho a la última palabra, Zouhier le llegó a decir: «Si tuviera que vender hachís no a usted, sino a sus hijos, para salvarlos de una muerte como la del 11-M, lo haría».
Tanto Zouhier como Toro se encuentran cumpliendo condena. A Zouhier le quedan cuatro años de los 10 a los que fue condenado por el 11-M y Toro suma a los cuatro años de los atentados la condena que cumple por tráfico de drogas en el marco de la operación Pípol, desarrollada en Gijón en 2001.
Vaya fiasco de justicia, y eso que hablan de la independencia del poder judicial. Pues si no hay pruebas, no hay delito.
ResponderEliminarNo nos merecemos un gobierno que nos mienta (palabras dichas por rubalcaba).