Nadie puede servir de vientre de alquiler de ETA

ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid

LA MANIFESTACIÓN prevista ayer en Bilbao en la que los miembros de la ilegalizada Batasuna pretendían exhibir su fuerza después del último comunicado de ETA se quedó finalmente en el intento de protesta aislada de unos pocos centenares de personas que fueron dispersados por la Ertzaintza después de que la Audiencia dictara su prohibición por segunda vez. Tras ver anulada la convocatoria de la plataforma Adierazi EH -que los jueces consideran sucesora de Batasuna-, varios militantes de Eusko Alkartasuna acudieron en auxilio de los proetarras y solicitaron permiso para otra manifestación el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar y con idéntico lema. El juez Ismael Moreno, a petición de la Fiscalía, la prohibió en un auto muy bien fundamentado jurídicamente en el que consideró que la iniciativa de los miembros de EA -un partido sin tacha de ilicitud- constituía un «fraude de ley» porque su único objetivo era eludir «el cumplimiento de una resolución judicial» anterior. Esta convocatoria, explica el auto, tenía la misma finalidad que el convocado por la plataforma sucesora de Batasuna, por lo que había «fundados indicios» de que serviría para «apoyar la estrategia y justificar las acciones de ETA».

La doctrina constitucional citada por el juez en su resolución acerca de cuándo y cómo es posible limitar derechos y libertades es contundente, por lo que carecen de sentido las protestas del PNV, EA y Aralar que ayer consideraron la prohibición como un atropello a los derechos garantizados por la Constitución. Si un partido legal como EA, o el PNV, hubiera convocado una manifestación cualquier día de la semana para pedir, por ejemplo, la legalización de Batasuna, nada habría que objetar. Pero es que, como subraya el juez, los proetarras «intercambiaron los papeles» con militantes de «formaciones legales para eludir la prohibición» del acto de Adierazi EH.

Como expresivamente dijo en su día el presidente del Congreso, José Bono, la justicia no ha hecho más que impedir que EA sirva de «vientre de alquiler a los terroristas y sus cómplices» para volver a las instituciones. Máxime teniendo en cuenta que los dirigentes de la ilegalizada Batasuna están intentando por todos los medios presentarse a las próximas elecciones municipales sin desligarse de la disciplina de la banda terrorista. Según publica hoy este periódico, Batasuna está consultando con ETA los estatutos de una nueva lista blanca con la que se pretende burlar al Estado de Derecho y concurrir a las próximas elecciones municipales. Lo cual quiere decir que a pesar de los comunicados en los que la denominada izquierda abertzale intenta desmarcarse de la banda, la tutela de los terroristas sobre su brazo político sigue intacta. Hay que recordar que Otegi y Díez Usabiaga ingresaron en prisión precisamente por viajar a Francia para consultar con ETA la creación de un frente independentista en el que se incluiría a sectores del PNV, EA y el sindicalismo abertzale. Tanto la respuesta del Gobierno al último comunicado de la banda como de los jueces a los intentos de los radicales de burlar las leyes indican que el Estado de Derecho no permitirá ni que Batasuna sirva de vientre de alquiler de ETA, ni que EA haga lo propio con Batasuna.