La Guardia Civil investiga las cuentas y sociedades de Garzón

MARÍA PERAL / Madrid

La Guardia Civil investigará por orden del Supremo «cuánto, cuándo, cómo y quién» pagó a Baltasar Garzón por sus actividades en la Universidad de Nueva York, financiadas por empresas y bancos que estaban, en algunos casos, afectados por procesos en manos del propio juez.

El magistrado del Alto Tribunal Manuel Marchena encomendó ayer a la Guardia Civil el análisis de las cuentas, declaraciones fiscales y sociedades de Garzón para elaborar un informe sobre el «origen, persona y entidad pagadora de todos los ingresos» que percibió en 2005 y 2006 que no se correspondan con su nómina de juez. Sigue en página 4

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Pese a que la Sala Penal del Supremo y el instructor, Manuel Marchena, llevan más de un año de pesquisas sobre los cobros de Baltasar Garzón en Nueva York, aún no ha sido posible conocer las cuantías exactas, fechas y procedencia de la «importante cantidad de dinero» percibida por el juez durante su estancia en la universidad neoyorquina entre marzo de 2005 y junio de 2006, cuando disfrutó de una llamada licencia de estudios que nunca antes y jamás después se ha concedido por el Consejo General del Poder Judicial a ningún otro magistrado.

La licencia, que permitía a Garzón seguir cobrando su nómina íntegra de juez (aunque sin ejercer funciones jurisdiccionales), fue utilizada para organizar y moderar unos coloquios -Diálogos Trasatlánticos- en el Centro Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York (UNY) y para dirigir un seminario sobre Terrorismo y Seguridad en el Centro de Derecho y Seguridad, integrado también en la UNY.

Tanto los Diálogos como el seminario fueron financiados por empresas y bancos españoles, que entregaron a la UNY una cuantía cercana al millón de euros.

La causa que tramita el Supremo trata de averiguar si el juez de la Audiencia Nacional incurrió en delitos de cohecho y prevaricación, ya que existen indicios de que él mismo solicitó el patrocinio a esas entidades, algunas de las cuales (como en el caso del Banco Santander y del BBVA) se vieron afectadas por procesos penales que dependían del propio Garzón.

Marchena afirma en una resolución dictada ayer que «el conocimiento exacto de las cantidades ingresadas en el patrimonio del imputado» es relevante para determinar si hubo o no delito.

Ese conocimiento, sin embargo, no ha sido factible por cuatro factores que el magistrado explica en su auto: las «inexactitudes y contradicciones» de Garzón, que nunca ha precisado lo que cobró; el «deliberado propósito de ocultación» de los datos por parte de la Universidad de Nueva York, pese a los reiterados requerimientos del Supremo; el hecho de que Garzón «ocultó» a las dos instituciones de las que cobró (el Consejo General del Poder Judicial y la UNY) la percepción de esa duplicidad de ingresos, lo que impide acceder a la información sobre sus ingresos a través del órgano de gobierno de los jueces y, finalmente, la circunstancia de que las entidades que patrocinaron las actividades del juez afirman que no fiscalizaron el empleo de las cantidades que entregaron.

Así las cosas, la investigación de las cuentas bancarias de Garzón se considera una medida «necesaria» para averiguar «todas las circunstancias que puedan influir en la calificación» de los hechos, como dice la ley procesal penal cuando se refiere a la fase de instrucción.

Garzón declaró en el Supremo como imputado el 15 de abril. Cuando se le preguntó cuál fue la cuantía de sus retribuciones en Nueva York contestó literalmente: «No puedo precisar la cuantía, aunque rondaría los 160.000 dólares».

En la misma declaración, Garzón negó que alguna entidad financiera o empresa aportara fondos para el pago de sus honorarios. Luego se conocieron sus cartas a los presidentes de Cepsa, Endesa, Telefónica y BBVA para que colaboraran en la financiación de sus actividades. Los patrocinios de esas entidades se enviaron al Centro de Derecho y Seguridad, encargado de abonar a Garzón su salario. «No son únicamente las imprecisiones observadas en la declaración del imputado», añade Marchena, «las que respaldan la pertinencia de una medida de investigación» como la acordada respecto a sus cuentas bancarias. Sucede también que la UNY se ha negado a proporcionar al Supremo los datos que se le han solicitado sobre los pagos de toda índole realizados a Garzón, importe, fecha y medio de abono. Y, además, las certificaciones procedentes de esa universidad se han revelado inexactas.

El 16 de diciembre de 2008, la UNY certificó que las retribuciones abonadas a Garzón por el Centro de Derecho y Seguridad fueron de un total de 160.333 dólares. Pero tres meses después la misma universidad emitió otro certificado en el que esa cantidad sufrió una reducción y quedó en 132.152 dólares.

De la misma manera, la UNY ha informado a última hora al Supremo de cuantías de patrocinios «en principio silenciadas» que «sirvieron para incrementar el patrimonio de las más estrechas colaboradoras del imputado», Laura Turégano y María del Mar Bernabé. «Es indispensable, pues, esclarecer si la manifiesta ocultación de cuantías y la rectificación de algunas de las partidas retributivas son tan sólo fruto del desgobierno contable de la Universidad de Nueva York o, por el contrario, han formado parte de una estrategia encaminada a camuflar parte de las ganancias obtenidas» por Garzón, señala la resolución dictada por Marchena.