Varapalo de la UE al canon digital

MARÍA RAMÍREZ / Bruselas

La Abogacía General lo rechaza porque supone considerar 'piratas' a todos los usuarios

Corresponsal

El Tribunal de Justicia de la UE, muy probablemente, dictará sentencia en los próximos meses contra el canon digital español, que grava a los fabricantes de CD, DVD, MP3 y otros equipos de reproducción «de forma indiscriminada», lo que es incompatible con la legislación europea, según la abogada general de la corte.

La Ley española de Propiedad Intelectual, que ha ampliado su ámbito desde 2003 e impone tasas en los aparatos e instrumentos de reproducción que pueden servir para hacer copias, no respeta el concepto de «compensación equitativa» definido en una directiva europea de 2001 sobre los derechos de autor ni el «justo equilibrio entre los afectados». La aplicación de un gravamen de este tipo «sólo estará justificada cuando presumiblemente los equipos, aparatos y materiales de reproducción vayan a ser destinados a realizar copia privada», según la Abogacía General, una figura que asesora a los magistrados y cuya opinión no es vinculante, pero determina casi todas las sentencias del alto tribunal en Luxemburgo.

El texto subraya insistentemente la ilegalidad en la raíz de la norma; es decir, el asumir qué hará el usuario. La ley española «no es compatible» con la directiva comunitaria porque supone «una recaudación indiscriminada» que no tiene en cuenta que «los aparatos en cuestión podrían adquirirse para finalidades distintas de la copia privada», y el canon, tal como lo plantea España, no estaría «legitimado» en cuanto «dejaría de existir una adecuada correspondencia entre la compensación equitativa y la limitación del derecho por copia privada que la justifica, dado que no puede presumirse que dichos equipos, aparatos y materiales se utilicen para la realización de copias privadas».

La opinión redactada por la alemana Verica Trstenjak es una respuesta a la Audiencia de Barcelona, que pidió ayuda para resolver un litigio entre la Sociedad General de Autores (SGAE) y Padawan, una empresa que vende reproductores digitales. El caso es tan relevante en Europa que varios gobiernos han presentado en Luxemburgo argumentos a favor y en contra de los aspectos del canon: el español, el británico, el francés y el griego.

Una de las cuestiones en las que insiste la jurista es que los Estados deben ser lo más concretos posible en su legislación sobre cánones especiales, argumento que apoya hasta el Gobierno francés, habitualmente en línea con España en la visión más amplia de los derechos de autor, contra la más restrictiva de Reino Unido.

Aún habrá que esperar meses, al menos, hasta que el Tribunal de Justicia se pronuncie con una sentencia, pero la primera indicación jurídica es lo suficientemente contundente para que la SGAE y sus homólogos en otros países se empiecen a preocupar. El canon digital es una de las grandes fuentes de financiación de la SGAE desde que en 2003 el Gobierno de Aznar amplió su aplicación a los CD y DVD y en 2006 el de José Luis Rodríguez Zapatero, a las grabadoras, los MP3, MP4 y teléfonos móviles capaces de almacenar o reproducir música.

La sentencia, además, sentará jurisprudencia comunitaria en un ámbito que está en pleno desarrollo y que afecta a un enfrentamiento histórico que sólo se ha agudizado con la tecnología.

La abogada general se remonta a la invención de la imprenta en 1450, que impulsó la difusión del conocimiento, pero también los conflictos sobre los derechos de autor. «El problema del control de las reproducciones de obras literarias y artísticas es tan antiguo como las propias técnicas de reproducción», dice la jurista, quien subraya en su texto el equilibrismo entre derechos a menudo contradictorios. «Recae en el legislador y en el juez la delicada tarea de hallar soluciones pertinentes para estos nuevos retos, soluciones que han de tener en cuenta, en igual medida, los intereses de los autores y de los usuarios», explica.

Pese a que insiste en el respeto a los autores, la abogada también recuerda un principio básico de Aristóteles: «Actúa injustamente quien reclama más de lo que le corresponde legalmente».