Un desprestigio para el Tribunal de La Haya

DECÍA el genial Groucho Marx que jamás se haría socio de un club que admitiera gente como él. Garzón hará un flaco favor a la causa de la Justicia universal al entrar en nómina del Tribunal Penal Internacional (TPI), que sufrirá una grave merma de su prestigio si contrata a una persona con tres procedimientos abiertos en el Tribunal Supremo.

Una institución fundada por los Estados democráticos para acabar con la impunidad de los crímenes de los dictadores no puede emplear como consultor externo a un juez al que se le acusa de delitos tan graves como prevaricación, cohecho impropio y escuchas ilegales.

Según el fiscal Moreno Ocampo, íntimo amigo de Garzón, el TPI necesita su experiencia para ayudar a investigar crímenes como los cometidos en Darfur y el antiguo Congo. Pues bien, sería muy poco edificante para la imagen de la institución que Garzón tuviera que abandonar su trabajo en uno de esos países para sentarse en el banquillo, como muy probablemente va a suceder.

Si para el TPI contratar a Garzón es un descrédito, el trabajo en La Haya supone para el magistrado estrella la coartada perfecta para intentar eludir una suspensión temporal como juez, que se halla a punto de producirse. Luciano Varela está ultimando el auto por el que va a dictar apertura de juicio oral en el caso de las desapariciones del franquismo, lo que implicaría que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendría que apartarle de inmediato.

Lo que Garzón ha hecho es solicitar un permiso de siete meses por servicios especiales, que tiene que ser aprobado por el propio CGPJ y que exige también un informe positivo del Ministerio de Exteriores. De superar ambos requisitos, Garzón dejaría de ejercer como juez y, por tanto, teóricamente no podría ser suspendido de sus funciones, algo que quiere evitar a toda costa por la humillación que supondría. Pero no falta quien sostiene que el CGPJ podría incluso suspenderle de su condición de magistrado aun estando en situación de servicios especiales.

¿Debe concederle el Consejo ese status y permitirle abandonar su plaza en la Audiencia sin ser supendido? El tema es sin duda discutible y complejo. Por un lado, no parece que un contrato de asesoría externa pueda considerarse como un servicio especial. Otra cosa es que el TPI le hubiera ofrecido un puesto como magistrado, algo que no ha hecho. Y por otro lado, Garzón es el juez que ha disfrutado de más permisos en los últimos años.

Hay motivos para denegarle su petición, pero si el CGPJ decide aceptar que se vaya a La Haya para quitarse un problema y Exteriores informa favorablemente, nada cambiaría en la situación procesal de Garzón.

El juez de la Audiencia Nacional es un virtuoso a la hora de arrojar cortinas de humo y desviar el centro de atención de los debates. Sin ir más lejos, ayer presentó un insólito escrito en el Supremo en el que acusa al magistrado Martínez Arrieta de haber violado sus derechos al rechazar de plano la recusación de Luciano Varela.

Está claro que Garzón está prefabricando un motivo para recurrir al Constitucional -si le condenan- con el argumento de que el Supremo ha violado sus derechos. Pero también la maniobra está condenada al fracaso porque cada día resulta más evidente que Garzón recurre a sembrar de obstáculos los procedimientos, con tácticas puramente obstruccionistas, ante la falta de consistencia de sus posiciones de fondo.

Ninguna de sus argucias le va a servir porque esta vez la Justicia se ha puesto en marcha y ni siquiera los poderosos protectores de Garzón van a lograr paralizar su engranaje.