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10 de Mayo de 2010 - 13:29:15 - Luis del Pino

Publica hoy Manuel Marraco una crónica en El Mundo en la que narra los intentos de obstrucción del Ministerio de Interior (Rubalcaba el 13/3/2004: "España se merece un Gobierno que no mienta, que diga toda la verdad") en la querella presentada por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M contra el ex-jefe de los Tedax, Sánchez Manzano, y su jefa de laboratorio.

Había solicitado la jueza, a petición de la acusación, una copia del protocolo de actuación de los Tedax, con el fin de verificar documentalmente dos aspectos: si existía obligación legal de custodiar las muestras de los trenes por parte de los Tedax y si la competencia para el análisis de esas muestras correspondía al laboratorio de la Policía Científica.

Obviamente, la respuesta a ambas preguntas es sí, pero se trataba de acreditar documentalmente lo que el mero sentido común y las declaraciones de diversos testigos durante el juicio del 11-M indican.

El Ministerio de Interior respondió a esa petición de la jueza diciendo que los protocolos de actuación de los Tedax son secretos. La acusación reformuló su petición pidiendo que se entregara exclusivamente la parte de los protocolos de actuación referida a las cuestiones que se querían responder. Y el Ministerio de Interior volvió a responder refugiándose en el secreto.

La acusación ha formulado por tercera vez su petición, solicitando que el Ministerio confirme entonces, simplemente, si los Tedax tenían o no obligación de custodiar las muestras y si el análisis le correspondía o no a la Policía Científica, sin necesidad de entregar los protocolos de actuación en sí. El Ministerio aún no ha respondido a esa tercera petición.

El episodio tiene una lectura obvia ("El Ministerio dirigido por el señor Rubalcaba obstaculiza los intentos de aclarar qué fue lo que sucedió el 11-M") y dos lecturas menos obvias.

La primera tiene que ver con la conocida frase de Marshall McLuhan, "el medio es el mensaje", por cuanto lo que ese episodio le transmite a la opinión pública es que esos mismos que tanto han descalificado a quienes investigábamos el 11-M no tienen ahora más escapatoria que jugar a la dilación para evitar que la Justicia pueda ir avalando lo que en su día hemos publicado. El sólo hecho de que se transmita ese mensaje a la opinión pública es más demoledor para la mentira oficial del 11-M que cien noticias.

La segunda lectura es menos alentadora, por cuanto el episodio pone de manifiesto que en el tema del 11-M no estamos en una lucha argumental, dado que no hay argumentos que aportar que justifiquen, por ejemplo, la destrucción de las muestras de los trenes. Ni siquiera estamos tampoco en una lucha jurídica, puesto que el Ministerio de Interior desobedece, refugiándose en el secreto, la petición de una jueza para entregar la documentación que se necesita para seguir ahondando en la trama de manipulación que rodeó a los atentados del 11-M.

Pero entonces, si los argumentos no sirven y tampoco la Justicia tiene la capacidad de romper el muro de cómplice silencio tendido por el Ministerio que Rubalcaba dirige, quiere decir que sólo podría avanzarse a buen ritmo en las investigaciones del 11-M después de la sustitución de nuestros actuales gobernantes por otros que no estuvieran dispuestos (o no se atrevieran) a negarle a la Justicia los datos que se le les soliciten.

Lo cual enlaza con otra cuestión relacionada con la presente coyuntura política y económica: el adelanto o no de las próximas elecciones generales. Porque, al margen de las lecturas políticas o económicas que un adelanto electoral pudiera tener, hay mucha gente que no tiene otro remedio, en estos momentos, que preguntarse qué pasa con el 11-M en caso de que las elecciones se adelanten. Y que está moviendo ficha en previsión de los distintos escenarios posibles.