Los corrompidos sindicatos verticales dice, que llevarán el recorte salarial ante el juez

SALVADOR SOSTRES
A la izquierda le acaba siempre emergiendo el instinto de quemar iglesias. Como un tic. Ese anticlericalismo a lo Alfonso Guerra. Con la crisis le ha vuelto a surgir y ayer EL MUNDO publicaba que voces dentro del PSOE reclaman recortes para la Iglesia como una de las medidas anticrisis. Voces que el martes fueron las más aplaudidas en la reunión interna del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.
Aún queda gente que cuando habla de esta institución ve a Franco resucitado y a todos los fantasmas de aquel tiempo. Y es incapaz de separar la anécdota de la categoría. Lo pasajero de lo inmarcesible. Claro, al no ser católicos, tienen dificultades en ello. Por muchos fantasmas que alguien quiera ver, y a pesar de los errores del pasado, la Iglesia católica es la primera ONG del mundo en general y también de España.
Cuando se habla de recortarle o de retirarle algún presupuesto a la Iglesia no se está hablando de retirarle financiación a una secta para que no pueda imprimir panfletos de captación. Estamos hablando de negar servicios sociales a la gente más necesitada, a la gente que no pude ni acceder a los servicios sociales que proporciona el Estado.
En las plazas mayores de los pueblos suele haber tres sedes: la del Ayuntamiento, la del sindicato y la iglesia. Cuando hay crisis, especialmente una aguda y compleja como la presente, la gente no acude ni a la puerta del Ayuntamiento ni del sindicato y todas las colas se forman frente a la iglesia, que es la que acaba arreglando el problema, o como mínimo haciéndolo más llevadero.
El dinero mejor invertido del mundo es aquel que a través de curas y monjas, y misioneros y misioneras, llega con total eficacia y sin ningún desvío a los más desfavorecidos. Ningún Estado ni organización gubernamental o no gubernamental ha sido jamás capaz de extender una idea del bien y su materialización de un modo tan generoso y resolutivo.
Con la Iglesia católica, la izquierda tiene el problema del franquismo, pero también otro problema mucho más inconfesable: la envidia. Mientras que los discursos izquierdistas son todos demagogia pura sobre los pobres y sus necesidades, pero luego, a la hora de hacer, hacen muy poco o no hacen nada, y aquellas sociedades gobernadas por la izquierda son siempre las más devastadas; la Iglesia, en cambio, practica la caridad que predica, y con muy pocos recursos es capaz de una caridad casi infinita.
La Iglesia, como toda organización humana, es imperfecta. Cometió errores en el pasado y los cometerá en el futuro. Errores que siempre hay quien estará dispuesto a exagerar porque lo más fácil -y cobarde- es atacar a quien no puede defenderse. Pero en ninguna otra mano como la de un cura o una monja tu dinero estará tan a salvo de ninguna corrupción, ni tan cerca de ser la voluntad cumplida de la Tierra, que da sus frutos para todos.
BEGOÑA P. RAMÍREZ / Madrid
Los sindicatos denunciarán que vulnera la Constitución y la Ley de Presupuestos
UGT da por segura la demanda y CCOO y CSI-CSIF comenzarán a estudiarla en cuanto conozcan los detalles del recorte salarial a los empleados públicos que el Consejo de Ministros aprueba hoy. Los sindicatos lucharán también en los tribunales contra el incumplimiento por parte del Gobierno del acuerdo de septiembre que reconocía a los funcionarios un aumento salarial del 0,3% este año.
Según explicó el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, aún no está claro si la demanda se presentará ante la Audiencia Nacional o ante el Tribunal Supremo. En el segundo caso, si los abogados de los sindicatos aducen que se han vulnerado derechos fundamentales, el proceso será mucho más rápido.
Lacuerda considera que el recorte salarial viola el capítulo primero de los Presupuestos del Estado, que define qué es el sector público, y la misma Constitución, que no admite la retroactividad de las medidas. A su juicio, no hay ni un solo elemento legal que permita «discriminar» a los empleados de las administraciones de los trabajadores de las empresas públicas, a quienes el Gobierno no aplicará la rebaja salarial.
El pasado lunes, los presidentes de Renfe y Adif propusieron a UGT y CCOO una rebaja salarial «voluntaria» del 5% «para solidarizarse con el esfuerzo» de los funcionarios, informa Europa Press. Ambos sindicatos rechazaron la oferta. «Aparece la mala conciencia», asegura Julio Lacuerda. CSIF recuerda que sólo mediante la negociación es legal modificar los convenios colectivos.
Otro argumento adicional a favor de la demanda judicial, según UGT, es que el acuerdo de septiembre prevé su propia suspensión bajo circunstancias excepcionales. «Pero el Gobierno no lo suspende, sino que elimina derechos consolidados», explica Lacuerda, «cuando la no retroactividad es un principio básico del Derecho».
Por su parte, responsables de CSIF y CCOO se remitieron a la reunión de hoy de la Mesa de la Función Pública, en la que serán informados de los detalles del decreto-ley, para anunciar posibles actuaciones judiciales.
Existe un precedente: CCOO recurrió ante la Audiencia Nacional la congelación salarial de los funcionarios decretada en 1997 por el Gobierno de José María Aznar. El tribunal dio la razón al sindicato y el Ejecutivo recurrió ante el Supremo, que en 2002 anuló la primera sentencia. CCOO acudió entonces al Constitucional, que falló en 2005 en su contra, y después al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que resolvió en el mismo sentido en 2008.