El fiscal pide cárcel para un confidente del 11-M

La Fiscalía de Asturias pide dos años y medio de prisión para el confidente asturiano en la trama del 11-M Francisco Javier Lavandera, por declararse insolvente y no abonar a una abogada 445 euros, pese a haber recibido 15.600 euros por la publicación del libro A tumba abierta (La Esfera de los Libros).

Durante la investigación del 11-M salió a la luz que, casi tres años antes de la matanza, Lavandera había advertido a las Fuerzas de Seguridad de que la trama asturiana que fue condenada en el juicio ofrecía grandes cantidades de explosivos. Y que, por entonces, Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro buscaban a alguien que supiera montar «bombas con móviles». La ocultación de la cinta en la que quedaron recogidas las revelaciones provocó destituciones en la Guardia Civil del Principado.

Según el relato fiscal recogido por Europa Press, la letrada presentó la demanda contra el acusado en enero de 2006 por los honorarios no percibidos tanto por la procuradora (102,89 euros), como por ella (342,98 euros). Por su parte, el procesado recibió en mayo, junio y julio de ese mismo año las cantidades de 6.300, 3.000 y 6.300 euros, respectivamente, en virtud del contrato de A tumba abierta. Por este motivo, con fecha 30 de noviembre de 2006 se dictó el embargo de los derechos de autor.

El fiscal mantiene que el imputado, pese a conocer el embargo, dispuso del dinero sin llegar abonar la deuda a la abogada, quien le había adelantado el dinero a la procuradora. Lavandera está acusado de un delito de insolvencia punible. Además de los dos años y medio de cárcel, la Fiscalía le solicita el pago de una multa de 4.320 euros y de una indemnización a la perjudicada de 445,87 euros. Esta previsto que el juicio se celebre hoy en el Penal número 2 de Gijón.

Amenazas

Tras la revelación de que había advertido inútilmente a las Fuerzas de Seguridad de las andanzas de Trashorras y Toro, Lavandera denunció que había empezado a sufrir presiones de todo tipo, y llegó a sospechar del que el fallecimiento de su mujer -ahogada en una playa de Gijón- no había sido un simple accidente. Lavandera, citado a declarar por el juez Juan del Olmo y declarado durante un tiempo testigo protegido, denunció llamadas amenazantes y disparos intimidatorios, entre otras cosas.

Durante el juicio por la operación Pípol, la que debería haber servido para desmantelar la red que luego participó en el 11-M, Lavandera ratificó en su declaración que Toro le dijo que podía conseguir «hasta 1.000 kilos de dinamita a la semana» y que no le creyó hasta que, en verano de 2001, le mostró en el maletero de un coche «más de 100 cartuchos de Goma 2, que podrían ser unos 40 o 50 kilos». «Al ver el contenido del maletero me quedé frío y lo denuncié ese día a la Policía Nacional, donde no me hicieron ningún caso», declaró Lavandera. Explicó que decidió trasladar su denuncia a la Guardia Civil tras no tener eco en la Policía Nacional. Finalmente, sus palabras fueron grabadas por el agente de Información de la Guardia Civil, Jesús Campillo. Igual que Lavandera, Campillo acabó denunciando que tenía «miedo» tanto de los delincuentes a los que había descubierto como de los policías que, a su juicio, formaba parte de la misma trama.