NO RESULTA nada extraño que Baltasar Garzón haya recusado al juez Luciano Varela que instruye la causa en la que se le acusa de prevaricación al investigar las desapariciones del franquismo. Cualquiera diría que se ha limitado a copiar el contenido de las numerosas recusaciones de las que ha sido objeto y que él mismo rechazaba a limine, sin tramitación alguna.
La última maniobra que se le ha ocurrido al juez de la Audiencia es presentar una recusación contra Varela ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la que le reprocha haber manifestado «interés indirecto en el procedimiento» y «parcialidad» en el proceso contra él.
Garzón basa su argumentación en que Varela ha ayudado a Manos Limpias y a Falange, que ejercen la acción popular, al rechazar sus escritos y exigirles una reformulación de los mismos, suprimiendo párrafos que no tienen nada que ver con el caso y descalificaciones personales.
Según la recusación, ello supone «indicar a las acusaciones lo que tienen que decir», lo que convierte al juez en «un asesor» y le hace perder «su posición imparcial de árbitro del procedimiento».
La argumentación de Garzón es una falacia y una indecencia. Y ello porque indicar a las acusaciones que eliminen consideraciones ofensivas, propagandísticas o innecesarias no supone asesorar ni tomar partido.Los jueces tienen la obligación de subsanar los errores que se produzcan en el procedimiento en base al principio de tutela judicial efectiva. Ello forma parte de la doctrina penal consolidada en nuestro país.
Varela se ha limitado a «impedir el uso espurio del proceso para fines que le son ajenos», como él mismo argumentaba al formular los requerimientos a Manos Limpias y Falange. Y ello porque una causa penal no es «un escenario para debates o actos propagandísticos que le son ajenos», en palabras del instructor.
La prueba más clara de que Garzón no tiene razón al acusar de parcialidad a Varela es que éste ha expulsado a Falange del proceso por no entregar a tiempo la nueva versión requerida.
En puridad, la recusación debería ser rechazada de plano por la Sala, ya que no hay ningún indicio de que exista «interés directo o indirecto» de Varela en la causa y, por tanto, es un fraude. Garzón pretende ganar tiempo para demorar el proceso y evitar su inminente suspensión cautelar y eso es lo que logrará si el Supremo decide abrir un procedimiento para decidir sobre la recusación.
Pero eso no es lo más grave. Lo peor es la campaña de descrédito de Garzón y sus amigos contra el magistrado Varela y el Tribunal Supremo, que ayer fueron acusados de «ensuciar» la memoria de las víctimas del franquismo por quienes se manifestaban a favor del juez encausado por partida triple. Una campaña que Rajoy calificó de «brutal» y probablemente se quedó corto.
Como siempre, extraordinario.
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