El policía que investigó el 'caso Faisán' tendrá que declarar en la Audiencia

El policía que investigó el 'caso Faisán' tendrá que declarar en la Audiencia

Joaquín Manso | Fernando Lázaro | Madrid
Actualizado lunes 15/02/2010 19:00 horas

La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez Baltasar Garzón que reactive la investigación del chivatazo a ETA y practique una serie de diligencias que pidieron las acusaciones particulares y a las que el magistrado se había negado.

Entre las pruebas que deberá realizar el magistrado está solicitar a Francia el tráfico de las llamadas que efectuó uno de los presuntos responsables del aparato de extorsión de la banda, Joseba Elosúa, y que se tome declaración a tres policías que participaron en el operativo en el que se le detuvo.

Asimismo, la sala, en un auto que ha redactado el magistrado Enrique López, ordena que se le reclame a Francia el contenido de los pinchazos telefónicos que se le realizaron a José Luis Cau Aldanur, otro de los responsables del aparato de extorsión de la banda, para averiguar con quién entabló contactos.

La sala considera que los hechos son constitutivos de un delito de revelación de secreto y a su vez de colaboración con banda armada, "hechos que de ser realizados por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado adquieren una gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo en España".

Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -Ángel Hurtado, Julio de Diego y del ponente, el citado López- tomaron esta decisión después de estimar los recursos interpuestos por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y por Dignidad y Justicia contra el rechazo de Garzón a practicar las nuevas diligencias que habían solicitado.

En concreto, Garzón rechazó un total de 32 diligencias de prueba solicitadas por las acusaciones. Entre ellas destaca la negativa del magistrado a solicitar a la Dirección General de la Guardia Civil un informe alternativo al presentado por la Policía Nacional alegando que "los funcionarios asignados a esta investigación ya han realizado una actuación exhaustiva difícilmente superable".

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó el pasado 5 de octubre el sobreseimiento provisional de la causa al considerar que no existen datos para determinar quiénes fueron los autores de la supuesta delación. En la causa están imputados el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, un responsable policial del País Vasco y un inspector de Vitoria.