La Policía puede investigar sin orden judicial

MADRID

26/12/2012 ESPAÑA/El Mundo

COMUNICADO DEL SINDICATO UNIFICADO DE LA POLICÍA SUP

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) emitió un comunicado la Nochebuena pasada, para salir al paso de la campaña puesta en marcha por el diario El País, en la que el medio de Prisa cuestiona abiertamente que los agentes policiales se dediquen a investigar la presunta corrupción de los políticos catalanes. 

Éste es el contenido íntegro del comunicado del SUP hecho público, como respuesta a la serie de informaciones publicadas por dicho diario, donde aclara las labores de investigación que hace la Policía, siempre enmarcadas en el respeto a las leyes, y como una de sus funciones básicas para prevenir los delitos, los cometan quienes los comentan. 

«En relación con las noticias que aparecen hoy [por el lunes] en el diario El País manifestamos: 
a) La Policía puede llevar a cabo determinadas investigaciones sin previa autorización judicial. 
b) Así ha sido siempre, en todas las investigaciones, con todos los gobiernos, y no entendemos que ahora, por tratarse de responsables políticos, deban aplicarse criterios distintos y restrictivos, hasta el punto de hacer imposible el trabajo policial. 

c) Hace escasos meses, como respuesta a nuestra aportación de datos a la Fiscalía Anticorrupción para investigar el ático alquilado por el actual presidente de la Comunidad de Madrid en Marbella, la respuesta de la Fiscalía (está por escrito y se difundirá mañana -por ayer-) fue que no había indicios suficientes para llevar a cabo una investigación judicial, pero ello no impedía que pudieran llevarse a cabo las pesquisas policiales oportunas, que en caso de ser positivas se comunicarían a la autoridad judicial correspondiente. 

d) Desde hace ocho meses, la Dirección General de la Policía promueve campañas para que se formulen denuncias por Twitter de los puntos de venta de drogas; llegan miles, unas se investigan y otras no, pero ninguna de las que se investiga se comunica previamente al juez, sino que es a posteriori, una vez comprobado que existen algunos indicios objetivos suficientes de algún ilícito penal cuando se realiza la comunicación. 

e) El planteamiento del diario El País nos lleva a una doble vara de medir o a la absoluta ineficacia de la Policía; si cada gestión policial debe contar con autorización de un juez, el crecimiento de los delitos será insoportable; y si sólo hay que comunicar previamente al juez cuando se trata de investigar a políticos o personas importantes, hemos acabado con el Estado de Derecho. 
f) Respaldamos las gestiones que se estén llevando a cabo para conseguir testigos y pruebas de delitos graves, de corrupción, por muy importante que sean los políticos implicados y con independencia de la bandera a la que rindan honores. 

g) En España hay un grave problema de corrupción. La Policía debe investigar todo aquello que no vulnere derechos fundamentales ni la intimidad de un ciudadano, y debe hacerlo con independencia de que el presunto chorizo sea un ladronzuelo que ha robado una motocicleta o un banquero, político o empresario que ha robado millones de euros».  

¿Policía del 99%?

← Feliz Navidad del rey negro

Posted on diciembre 25, 2012 by 15mas1

Plaza Mayor de Madrid, Nochebuena de 2012. Dos de la madrugada. Me encuentro de vuelta a casa un dispositivo de Policía Nacional consistente en un coche patrulla y una furgoneta con las luces azules. Los policías andan dispersos por los soportales de la plaza donde duermen decenas de personas sin hogar cada noche.

Pienso que algo chungo pasa, para un dispositivo así, mediano, típico de redadas, incluidas las racistas a las que estamos habituados (si eso es posible) en la ciudad, o de reyertas. Pienso en realidad lo peor aún, un dispositivo de hostigamiento de personas sin hogar. He presenciado alguna escena terrible de este tipo. El hostigamiento policial a personas sin hogar, sistemático desde hace años en la capital lo suele llevar a cabo sin embargo, la policía municipal y en fechas previas a las elecciones. Lo saben bien las personas sin hogar y las organizaciones que trabajan con ellas.

Espero lo peor, activo la cámara del móvil y me acerco por detrás de una columna de los soportales para poder ver sin ser visto. Un agente joven con la tecnoindumentaria de los grupos que actúan en la noche madrileña, su pinganillo en la oreja, su chaleco y sus demás cachivaches, muy de acción, se aproxima a los cartones en los que duerme la gente. Los golpea. Lo que suponía…

“Buenas noches. ¿Quieren cena? Hola, buenas noches, ¿quieren algo de cenar? Tenemos de todo, empanada, pasteles…”

Se despierta un hombre, sonríe ante la noticia. Le pide empanada.

Increíble. Primera vez que lo veo. Ni siquiera las personas sin hogar que conozco, que no son pocas, jamás me habían hablado de esto. Miro a los demás policías. Hacen exactamente lo mismo.

Le pregunto al agente más cercano, muy joven, como todos, que qué hacen. Traerles comida, cena de Navidad. ¿Por qué? ¿Es normal, es algo que haga la policía nacional? No, lo hacemos los compañeros que juntamos comida y se la traemos a esta gente. Gracias. Sale pitando el dispositivo, a toda hostia, como si pasase algo. Les pregunto a algunos beneficiados del avituallamiento. ¿Qué quería la poli? Traía comida para cenar. ¿Quieres? Gracias. ¿Y por qué han salido corriendo? ¿Les habrán llamado? Sí, o irán por ahí a seguir repartiendo la comida, tenían mucha.

Sigo andando y vuelvo a encontrarme “el dispositivo” en la siguiente plaza. Bajan en varios viajes bandejas de comida y de postres con muy buena pinta al numeroso grupo de personas de la plaza de Jacinto Benavente. Pregunto a los policías si son los mismos que los de la Plaza Mayor. Afirmativo.

¿Cómo hacéis esto, es una iniciativa vuestra? Comemos muy rápido en la comisaría y sobra muchísima comida en un día como hoy y decidimos repartirla entre esta gente. ¿Lo hace siempre la policía, es una tradición, lo hacen todos? Que yo sepa no, lo hacemos nosotros, los compañeros, aunque en los pocos años que llevo en el cuerpo siempre lo hemos hecho. Lo hacemos algunos días especiales como este.

¿Quiénes sois? Un grupo, los que estamos en el FOCUS. ¿Por qué lo hacéis? ¿Cómo que por qué? Se queda unos segundos sin palabras… ¿Por qué lo haría usted? No sé, replico, se puede hacer por muchas cosas… Me interrumpe: por humanidad.

Sigo hablando con él y con el resto de los agentes de la furgoneta. Les confieso: las preguntas son para poder contar. Yo suelo estar en el otro lado, al otro lado de las vallas, en los desalojos, etc… Lo sé, me interrumpe uno, con ese punto retador propio de hombres jovencísimos de su edad, quizás propio de su propio oficio, quizás propio de su relación habitual con la gente en la difícil noche de las calles de Madrid.

Te conozco. Me asombro. ¿Entonces estoy fichado? Pues sí, nos estuviste preguntando, mucho, demasiado, hasta… (la irritación, interpreto por su cara). ¿Seguro que era yo?

Sí, en la plaza de Lavapies.

El agente me recuerda por mis preguntas, efectivamente insistentes, junto a mis amigos en una redada a todas luces ilegal y racista a un grupo de personas negras puestas contra la pared. Nos dijeron entonces que ellos no eran racistas, que habían llamado los vecinos porque estaban haciendo ruido con un balón.

Más tarde me alegraré de que ese policía se acuerde de mí, de entonces. Desde el fondo de la furgoneta me dicen, como si hubiera tocado un gatillo: nosotros estamos para ayudar a los ciudadanos. Sí, bueno, pero no es eso lo que suelo ver yo, desgraciadamente: 15M, rodea el Congreso, Asamblea de Madrid, hostias, detenciones… Ya pero es que hay unas leyes, dice otro. Les digo que uno puede desobedecer como hace tanta gente en sus trabajos, pero más allá, lo que veo yo son policías que actúan bastante libremente, como por ejemplo un grupo que va a hostigar a la gente de la calle o de un bar frente a la Asamblea de Madrid tras las protestas a favor de la sanidad pública.

Nosotros estamos para ayudar a la gente, repite otro tan joven como todos. El problema son los políticos y las órdenes de arriba. Coinciden todos. Las respuestas son automáticas. Explico que yo sólo quiero contar los detalles de lo de hoy, de lo que he visto, de las fotos que hecho y que les enseño. A ver si así contáis algo bueno sobre nosotros, dicen. En esto coinciden varios.

¿Dónde lo vas a poner? Lo escribiré y lo tuitearé, exactamente igual que contamos y tuiteamos lo que vemos de vosotros las otras veces.

A ver si es verdad.

Buenas noches.

Feliz Navidad, me dicen desde la furgoneta.

PD: Pienso en la imagen de enemigo  y en la policía y el 99%

El juez ve a 'Mikel Antza' como jefe de la trama de extorsión del bar Faisán

FERNANDO LÁZARO MADRID/El Mundo

19/12/2012 PORTADA

El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha abierto una pieza separada sobre la trama de extorsión de ETA que giraba sobre el bar Faisán. El instructor trata de averiguar si el que fuera número uno de la banda Mikel Albizu, Mikel Antza,  (Catalogado como “el cerebro de ETA”, fue el que diseñó la famosa Hoja de Ruta que asumió Zapatero y que aún sigue aplicando y defendiendo el PSOE, incluido el acuerdo del"derecho a decidir" que en estos momentos está reclamando PSC y apoyando el PSOE) que estaba también al frente de esta red. Este etarra está cumpliendo condena en Francia por pertenencia a organización terrorista y no tiene ninguna causa pendiente en España.

El magistrado quiere seguir tirando del hilo sobre la trama etarra encargada de la gestión y cobro del denominado impuesto revolucionario. Y ha puesto el punto de mira de sus pesquisas en quienes estaban al frente de la organización etarra en los duros años 90. Entiende que pueden ser éstos también los responsables de este engranaje de extorsión denominado Gezi. El juez quiere saber todo lo que concierne a la relación del entonces número uno de ETA Mikel Antza con esta red. El magistrado, que instruye el sumario matriz sobre esta red de extorsión, ha decidido ya dar por concluida la parte principal de las investigaciones, en la que aparece implicada una docena de miembros de ETA. 

Pero, además, y siguiendo las peticiones de la acusación popular representada por Dignidad y Justicia, ha decidido abrir una pieza separada. El objetivo de esa pieza separada es averiguar si Mikel Antza llegó a ser también el máximo responsable de una red de extorsión que estaba siendo dirigida, según los escritos del juez, por y María Soledad Iparraguirre, Anboto, la que fuera su mano derecha en la cúpula etarra. 

El ex número uno de la organización terrorista se encuentra cumpliendo condena en Francia por pertenencia a ETA, pero en España no tiene causas pendientes. Aunque le queda más de un lustro para finalizar su condena en el país vecino, Mikel Antza, el dirigente etarra que dio el visto bueno a los asesinatos de la década de los 90, quedará en libertad. En España no tiene nada pendiente, salvo que el juez Ruz, finalmente, logre demostrar que la red Gezi, que daba cobertura a toda la trama de extorsión etarra en el País Vasco y en Navarra, era controlada por Mikel Antza. 

La Asociación Dignidad y Justicia, presidida por Daniel Portero, presentó una petición al juez solicitando nuevas diligencias «a los efectos de evidenciar la labor de dirección del aparato de extorsión por parte de María Soledad Iparraguirre, Anboto, y Mikel Albisu, Mikel Antza». Esta trama de extorsión tenía su centro neurálgico en el bar Faisán de Irún, regentado por Joseba Elosua. 
En ese bar fue donde se produjo uno de los episodios más lamentables de la lucha contra el terrorismo. Durante el mandato de Alfredo Pérez Rubalcaba al frente del Ministerio del Interior, mandos policiales alertaron a Elosua de que había una operación contra él y contra todo el entramado de extorsión que controlaba. Se produjo el conocido como chivatazo del bar Faisán, que también ha sido investigado por el mismo magistrado, y que ha entrado ya en la última fase judicial, con dos mandos policiales (un comisario y un inspector) procesados. 

«Desde abril de 2004, la red de extorsión liderada por Gezi que actuaba en España operaba alrededor del bar Faisán, ubicado en Behobia, Irún, (Guipúzcoa) y regentado por Joseba Imanol Elosua y su familia, constituyendo el citado bar el centro neurálgico donde se recibían informaciones de naturaleza económica, se gestionaban los contactos con los empresarios extorsionados, la negociación posterior, la entrega de los recibos del pago e, incluso, la recepción del dinero y su posterior entrega a los miembros legales de Gezi, con mayor grado de jerarquía y de responsabilidad en el seno de la red investigada». 

Ahora, el juez, en el auto en el que deja la puerta abierta para investigar a los dirigentes etarras, explica cómo estaba desglosada en tres grupos la red Gezi: «Hay diversos imputados que pueden ser agrupados en tres apartados: A (grupo de liberados de ETA que componían Gezi), B (grupo identificado con concretos actos de extorsión y cobro del denominado 'impuesto revolucionario' llevados a cabo sobre diferentes empresarios en el periodo temporal objeto de investigación) y C (grupos cuyas acciones concretas objeto de imputación se encuentran relacionadas con la red de extorsión estructurada a partir de 2004 en torno al bar Faisán de Irún)», explica el juez. 
Ruz explica que sobre los integrantes en los grupos B y C, da por concluida la investigación judicial. Pero respecto a los integrantes del aparato A, abre una pieza separada. 

En este grupo, además de los dos dirigentes de ETA antes mencionados, el juez incluye, entre otros, a Zigor Merodio, Pedro Esquisabel, Iñaki Arietalianiz y Asier Mardones. 

Pero, además, abre otra pieza separada para investigar en concreto a Antza y a Anboto. Así, el juez pide a la Guardia Civil toda la documentación o información que obre en su poder en relación a la detención de ambos y su responsabilidad al frente del aparato de extorsión, «así como la identificación de las diligencias previas y el juzgado central de instrucción en el marco de las cuales se haya incorporado dicha información y documentación, elaborando al efecto el correspondiente informes sobre el desempeño de su función» en el citado entramado de extorsión

CENSURAN LA ACTITUD DEL PP/Libertad digital

UO renuncia al caso Faisán porque cree que no se quiere aclarar

J. ARIAS BORQUE GUIR A @ARIASBORQUE 2012-12-14

La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) ya no quiere continuar como acusación particular en la causa que se sigue desde hace años en la Audiencia Nacional por el chivatazo a ETA, una delación que en 2006evitó una operación policial contra la estructura de extorsión de la banda terrorista y que tenía como centro neurálgico el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa).

De haberse llevado a cabo el golpe el día señalado inicialmente, los agentes de la Policía Nacional habrían arrestado junto a algunos terroristas al por entonces dirigente del PNV Gorka Aguirre –fallecido en 2009–, un hecho que habría coincidido en el tiempo con el encuentro en La Moncloa entre José Luis Rodríguez Zapatero y Josu Jon Imaz –en aquel momento líder peneuvista–, en el que éste último dio al primero todo su apoyo a la negociación Gobierno-ETA.

La asociación profesional de agentes de la Benemérita, con representación en el Consejo de la Guardia Civil, considera que el hecho de que la Audiencia Nacional haya retirada la imputación del dirigente socialista y exdirector de la Policía Nacional, Víctor García Hidalgo, tiene como objetivo eliminar cualquier atisbo de causa política al chivatazo a ETA y dejar el mismo como una mera iniciativa de los dos mandos policiales –Enrique Pamiés y José María Ballesteros– que continúan imputados.

Censuran la actitud del PP

A esto, se une que UO tiene que compartir acusación con el Partido Popular –una decisión tomada por el juez Baltasar Garzón– y que, desde que esto es así, la formación política no ha permitido a la asociación solicitar las pruebas que hubiese considerado oportunas ni le ha facilitado las información que sería de prever en estas circunstancias. Es más, creen que el partido de Mariano Rajoy ha perdido el interés en encontrar a los instigadores políticos.

Estas dos últimas cuestiones han sido las que han llevado a la asociación a tener serías dudas sobre la intención real de la Justicia, el Gobierno y el PP de llegar investigar hasta el final este chivatazo a ETA para aclarar quién dio la orden de que se llevase a cabo la delación.

"La investigación ha quedado, en nuestra humilde opinión, hecha jirones, por lo que se vislumbra la imposibilidad de saber quien o quienes fueron los verdaderos artífices de una orden que va más allá de lo policial", consideran desde la asociación.

"No nos vamos a prestar al despropósito, a lo político, ni a la creencia de que unos compañeros de Cuerpo Nacional de Policía han decidido, por iniciativa propia, favorecer a una banda de asesinos y jugar con la seguridad de otros policías y ciudadanos inocentes. Eso, sencillamente, no hay quien se lo crea. La tentación de negociar obedece a un juego político, y el demiurgo de ese juego se encuentra detrás del cortafuegos procesal existente", añaden.

La Policía logra más datos de cuentas suizas de Pujol y Mas

ESTEBAN URREIZTIETA EDUARDO INDA MADRID/El Mundo

11/12/2012 PORTADA

Asuntos Internos concluye que los datos del escrito denominado borrador proceden de informes de la Udef y otros documentos policiales
Sostiene «que es práctica habitual en la Udef elaborar borradores donde se vuelcan los datos que llegan a conocimiento de sus integrantes»

Añade que «es difícil dirimir si los que niegan haberlo hecho lo hacen para eludir las consecuencias de verse acusados de la filtración»
Asegura que «a raíz de la polémica por la filtración se ha recibido información que podría remitirse pronto a la autoridad judicial»

Interior anunció ayer oficialmente que se han registrado avances en la investigación de las cuentas suizas de los dirigentes de CiU, recogidas en el borrador de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) publicado por EL MUNDO el 16 de noviembre. «La Policía ha recibido nueva información referida a las presuntas irregularidades contenidas en el informe policial publicado por EL MUNDO que acusaba al presidente catalán Artur Mas y Pujol de cobrar comisiones», afirmó el Ministerio para, acto seguido, reconocer que Asuntos Internos avala la veracidad del borrador de la Udef.

Interior reconoce públicamente que se ha registrado un avance en las pesquisas sobre el cobro de comisiones ilegales (el 4% de cada obra adjudicada) por parte de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través del Palau de la Música y el desvío de parte de estos fondos a cuentas que Jordi Pujol, Artur Mas y otros dirigentes de la formación poseerían en paraísos fiscales. El departamento que dirige Jorge Fernández Díaz comunicó oficialmente que la información recibida se está «comprobando» y «estudiando» para que, en caso de que sea pertinente, remitírsela a la autoridad judicial. Precisa que se trata de «datos relativos a los detallados en el borrador y las personas que figuraban en él», informa Europa Press citando fuentes del Ministerio.
Un portavoz autorizado añadió que «estos datos podrían esclarecer investigaciones judiciales en curso, por lo que se están haciendo las actuaciones pertinentes en las unidades policiales correspondientes».

Interior aprovechó también para hacer públicas sus conclusiones sobre la investigación abierta por Asuntos Internos para intentar de identificara las personas que facilitaron el borrador a EL MUNDO. La unidad, a las órdenes del comisario Marcelino Martín Blas-Aranda, admite textualmente, para empezar, que es «práctica habitual de la Udef la elaboración de escritos borradores».

«El citado borrador», agregan, «contiene datos que proceden del Informe de la Udef Central 38.020 que fue remitido al Juzgado 30 de Barcelona el 20 de abril, así como datos derivados de las conclusiones del Informe 49.212 de la Udef de 24 de mayo de 2012 y del informe pericial del administrador concursal nombrado por el Juzgado de lo Mercantil. Tales datos explicarían parcialmente el contenido de la información publicada, que podría tener como complemento otros informes judiciales en otros sumarios y otros documentos en fase de verificación».

Asuntos Internos también explica por qué el jefe de la Udef y sus subordinados niegan la autoría: «Es difícil dirimir si es porque nadie ha intervenido en su elaboración o, por el contrario, dada la notoriedad que su filtración ha despertado, eluden las consecuencias de verse acusados de ello». Hay que recordar que la revelación de secretos está castigada con hasta tres años de cárcel.
Asuntos Internos se lamenta de «la conducta lesiva» que supone «la filtración, ya que con la publicación de determinados datos se han puesto en grave riesgo las investigaciones policiales».

Conclusiones preliminares de Asuntos Internos sobre el borrador de la Udef

La Policía admite que «es práctica habitual» la elaboración de borradores
Explica que nadie puede asumir su autoría para no ser acusado de la filtración

CONCLUSIONES
PRELIMINARES
Primera.- Que el escrito denominado «borrador» contiene datos que proceden del informe de la Udef Central 38.020 que fue remitido al Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona el 20 de abril de 2012, así como datos derivados de las conclusiones finales del informe 49.212 de la Udef, de 24 de mayo de 2012, y del informe pericial del administrador concursal nombrado por el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona. Tales datos explicarían parcialmente el contenido de la información publicada por la prensa, que podría tener como complemento otros informes judicializados en otros sumarios y otros documentos, actualmente en fase de identificación.

Segunda.- Que es práctica habitual de la unidades policiales, al menos las encargadas de la investigación de Delincuencia Económica muy especializada como es la Udef (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) y, en general, las que afectan a materia de investigación referida a Policía Judicial, la elaboración de escritos borradores, donde se vuelcan los datos que de múltiples formas llegan a conocimiento de los integrantes de estos grupos policiales, si bien es cierto que sólo terminan finalmente judicializados si los jefes respectivos validan la realidad de dichas informaciones y las consideran consistentes para ponerlas a disposición de la autoridad judicial.

Tercera.- Que no obstante lo anterior, el resultado de la investigación practicada hasta la fecha con los funcionarios que componen los distintos grupos que, de una u otra manera, han tenido conocimiento de las informaciones que aparecen en el escrito borrador, todos y cada uno de ellos han negado su participación en el mismo, siendo por ahora difícil dirimir si tal negativa se debe a que realmente nadie ha intervenido en su elaboración o, por el contrario, dada la notoriedad que su filtración ha despertado, eluden las consecuencias de verse acusados de ello por parte de esta Unidad de Asuntos Internos.

Cuarta.- Que debe destacarse, asimismo, que a partir de la polémica suscitada con la publicación del citado borrador se ha recibido información referida a las presuntas irregularidades recogidas en el mismo que, por el momento, están siendo objeto de comprobación y estudio y que, en su caso, podrían remitirse a la autoridad judicial si aportaran información suficiente sobre el asunto. Esta información, una vez identificada su veracidad, podría aportar información esclarecedora a diferentes sumarios judiciales cuya información quedó reflejada en el borrador de referencia, si bien antes de poder ponerla a disposición de los titulares de los órganos jurisdiccionales que entienden en las diferentes causas se están realizando las oportunas comprobaciones por las unidades policiales competentes.

Esta Unidad de Asuntos Internos continúa la investigación con especial atención en lo referido a la lesiva conducta de filtración del borrador, ya que con la publicación de determinados datos se ha puesto en grave riesgo las investigaciones policiales, que en todo momento deben regirse por la discreción de las averiguaciones y por el rigor en la recogida de la información, al objeto de trasladarlo a disposición de la autoridad judicial. Con todo ello se trata de dirimir si tales filtraciones se debieron a negligencia inexcusable o por el contrario, las mismas se produjeron pese a haber adoptado todas las medidas que la ley prevé.

M. S. MADRID

11/12/2012 ESPAÑA

IU insta a la Fiscalía a investigar las cuentas en Suiza y paraísos fiscales

Cayo Lara destaca que Hacienda cifra el fraude empresarial en 44.000 millones de euros

El presidente del grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Cayo Lara, ha decidido pasar a la ofensiva contra el fraude, las cuentas en paraísos fiscales y la evasión de impuestos, por lo que ha enviado un escrito instando a la Fiscalía General del Estado a que realice una «investigación exhaustiva» sobre todo el fraude fiscal que se comete en España.

El líder de Izquierda Unida reclama que se investigue a cualquier empresa o particular que pueda «poseer cuentas opacas en paraísos fiscales o en Suiza para evadir impuestos o para ocultar presuntas actividades delictivas».

Para ello, pide en su escrito la designación de «un fiscal especial» para dirigir la investigación hasta el final y ejercitar las acciones penales que correspondan.

La petición se justifica porque, en opinión de este grupo parlamentario, hay varios hechos y datos que invitan claramente a la actuación de la Fiscalía.

En este sentido, apuntan la detención en España del ciudadano italofrancés Hervé Daniel Falciani por copiar y difundir listados de miles de evasores fiscales con cuentas en la oficina del HSBC Private Bank en Ginebra, donde trabajaba.

Cayo Lara recordó que los datos hechos públicos por Falciani sacaron a la luz unas 3.000 cuentas pertenecientes a 659 contribuyentes españoles y con cantidades no declaradas de más de 6.000 millones de euros.

Según se señala en el escrito, los datos revelados ya han sido utilizados en Francia, Estados Unidos o Reino Unido, entre otros países, lo que ha permitido «identificar a miles de evasores de impuestos».
También menciona el texto que en un informe de la Agencia Tributaria se señala que un 74% del fraude fiscal que cometen las empresas españolas suma un total de 44.000 millones de euros defraudados al fisco, pero denuncia que «la mayoría de las investigaciones se llevan a cabo sobre autónomos, profesionales liberales y trabajadores, cuyo fraude solamente representa el 8%».
De hecho, recordó también que el informe del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) «señala a las grandes fortunas y las grandes empresas como los responsables del 71,8% del total del fraude en España».

Cayo Lara recordó, además, que el Ministerio Fiscal tiene «la misión de promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interés público», e insistió en que «debe abrirse, con la mayor celeridad posible y empleando todos los recursos a su alcance, una investigación en profundidad de todas aquellas personas y sociedades mercantiles que pudieran poseer cuentas en paraísos fiscales».

Fuentes de Izquierda Unida indicaron a EL MUNDO que la coalición lleva trabajando y demandando esta actuación desde hace mucho tiempo, y que no va sólo dirigida a las cuentas que podrían tener la familia de Jordi Pujol y la de Artur Mas en entidades de Suiza.

«Queremos que se sepa todo, y ahora tenemos una oportunidad para poder conocerlo porque hay un listado que lo señala. Es el momento de que actúen las autoridades judiciales de forma clara y contundente», afirmó un portavoz de Izquierda Unida.

Previsiblemente, el escrito presentado por el grupo parlamentario de la Izquierda Plural a la Fiscalía irá acompañado de más iniciativas parlamentarias en este mismo ámbito y en los próximos meses, presionando al Gobierno para que actúe de forma decidida ante este masivo fraude.

J. M. ALONSO SAN SEBASTIÁN/El Mundo

10/12/2012 ESPAÑA

Sortu quiere 'enterrar' las pintadas

La izquierda 'abertzale' pretende imponer su relato tras medio siglo de terror y apuesta por renovar sus «modelos de propaganda» para persuadir a nuevos sectores

 

La «lucha por la libertad del pueblo vasco» que dice librar la izquierda abertzale se ha apoyado en el terrorismo de ETA y en la lucha ideológica en la calle a través de pancartas, carteles y pintadas amenazantes. La iconografía abertzale se ha apoderado con impunidad de muchos rincones del País Vasco para dar aire a sus mensajes hasta el punto de convertirse en otra arma eficaz. Pero esta seña de identidad puede tener los días contados, al menos como tradicionalmente ha sido concebida por el entorno radical, ya que Sortu considera que estas prácticas se «intuyen desfasadas» y apuesta por «renovar los modelos de propaganda» y adecuarlos «a la nueva realidad».

«Nuestra actividad propagandística (decoración de la calle, pintadas...) nos ha dado un estilo y personalidad propios», señala en uno de los apartados de su texto político que concluye que uno de sus «principales desafíos» será «analizar y renovar nuestros modelos de propaganda». Además, Sortu incluye que una de las cosas que define como «valor añadido» han sido las «pancartas, carteles, pintadas...» «Sortu deberá recuperar todas y cada una de esas prácticas que hoy en día se intuyen desfasadas y para ello deberá adecuarlas a la nueva realidad».

Hasta la fecha, las calles y plazas vascas mantienen una presencia notable de pintadas en las que predominan los mensajes de apoyo a los presos de ETA y la petición de su puesta en libertad. La decisión de «analizar en profundidad» y «renovar los modelos de transmisión de los mensajes» se recoge en la ponencia constituyente que la nueva marca de la antigua Batasuna debatirá en asambleas locales el sábado. Este análisis forma parte de la segunda fase de un proceso que debe determinar la línea política de esta formación tras su legalización.

Sortu es consciente de que las pancartas, carteles y pintadas representan las «señas de identidad» de su «personalidad comunicativa», pero no oculta que hay «una necesidad de renovar de raíz la comunicación».

Sortu apuesta por las redes sociales, donde «cada militante debe convertirse en agente de la lucha ideológica». «Quienes queremos transformar de raíz la situación tenemos mucho que ganar en ese nuevo terreno», resalta. No obstante, exhibe su «desconfianza» con «la revolución que viene de la red» debido «al control policial» y «las tendencias a la alienación que pueden generar».

La marca abertzale apuesta por «darle la vuelta» a la tendencia de años de «limitar la actividad comunicativa a la prensa», que «hasta ahora» ha sido su ámbito de trabajo «casi único y, muchas veces, sin demasiado éxito». A este respecto, puntualiza que «los poderes que controlan los medios de difusión se alinean frecuentemente» en su contra, lo que les ha «obligado a entrar en conflicto con ellos», con lo que se ha «empantanado» su política comunicativa. Por ello, argumenta que se debe dar «un salto cualitativo en otras herramientas» de comunicación.

Con una y otra fórmula, la consigna es clara: Sortu «tiene que elaborar el relato de las últimas décadas, el relato detallado de lo acontecido en Euskal Herria los últimos 50 años y además construir el discurso futuro». Batasuna confiere una especial relevancia a esta cuestión, ya que busca imponer en la sociedad vasca su verdad, la que justifica la sanguinaria historia de ETA por la consecución de la libertad del pueblo vasco.

Para ello, considera vital «atraer» a la generación joven que tiene una imagen «distorsionada» de la izquierda abertzale. Para captarla considera fundamental cambiar «esa falsa imagen» que han trasladado los medios de los abertzales como «un grupo humano negativo, problemático y destructivo». Por eso, pide mostrase «como un grupo positivo, eficaz, constructivo y agradable formado por personas». En ese camino, «comunicación y seducción van muy unidas».  . M. A. SAN SEBASTIÁN

10/12/2012 ESPAÑA                 

Usar el castellano y cuidar el modo de vestir

 

La apuesta en materia de comunicación que Sortu plantea en su ponencia política incide en la necesidad de no desterrar el castellano a la hora de difundir su mensaje, lo que va en contra de la excluyente política que está llevando a cabo la Diputación de Guipúzcoa de vetar este idioma en sus comparecencias públicas. La formación indica, incluso, que en el aspecto lingüístico «puede ser contraproducente o inadecuado dar la imagen de estar cerrando puertas». El borrador del documento que se someterá a debate en las asambleas locales el próximo sábado determina que «tan importante como el mensaje es en qué canal e idioma se transmite», por lo que apunta que hay que hacer «una profunda reflexión» en torno a las lenguas de uso. Aunque Sortu constata que hay que «dejar clara desde el comienzo la centralidad del euskera», entiende como «necesaria la utilización de diferentes idiomas» sobre la base de que «afuera hay muchas aliadas y colaboradores que pueden difundir el mensaje» de la izquierda 'abertzale'. El partido pide un «esfuerzo» para trasladar el mensaje a los «numerosos sectores sociales de 'Euskal Herria' que no dominan» el vasco. Esta situación, precisa, las exige «tener en cuenta la realidad lingüística de cada lugar y marcar criterios». Más allá del idioma, la ponencia incide en la adecuada vestimenta y el vocabulario que deben usar sus portavoces. Recalca que «la marca Sortu y la militancia» son «la primera referencia» que la sociedad tiene de ellos, de modo que «hay que cuidar cuestiones muy importantes como la actitud, el modo de vestir y el vocabulario»

 

El PNV no quiere uniformados en la jura de Guernica

El portavoz del PNV en este periodo previo a la investidura de Íñigo Urkullu, Koldo Mediavilla, confirmó ayer que los nacionalistas no desean que haya presencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército el próximo sábado en la Casa de Juntas de Guernica, el lugar donde tradicionalmente juran los lehendakaris y que supondrá el tercer acto en la designación de Urkullu tras los debates parlamentarios del miércoles y del jueves en Vitoria. 

Las propias Juntas Generales de Vizcaya, que ceden cada cuatro años este espacio al Parlamento vasco, aprobaron en junio de 2009 una resolución para impedir la presencia de «uniformados» -también de agentes de la Ertzaintza- en el salón de plenos, al considerarlo incompatible con el simbolismo para la paz que tiene Guernica.

La propuesta salió adelante con el apoyo del PNV, Aralar, EA y Alternatiba y con el rechazo del PP y el PSE-EE, que había invitado a mandos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil a la jura de Patxi López, «lo que generó una cierta controversia». No está confirmado aún si el Gobierno central, como es costumbre, enviará a algún representante a Guernica.

En una entrevista a la cadena Ser, Mediavilla afirmó también que el futuro lehendakari ha cerrado ya, «previsiblemente», la composición de su Gobierno, ya que tiene «plena dedicación a la elaboración de su equipo» y a confeccionar «la estructura» del nuevo equipo. A su juicio, Urkullu habrá «pulsado» a las mejores personas para ocupar las carteras que él determine.

La idea es que el nuevo Gobierno reduzca su número de consejeros, sea paritario -con el mismo número de hombres que de mujeres- y con independientes.

Fuentes del PNV indicaron a Efe que lo más probable es que el nuevo Ejecutivo esté compuesto por ocho consejerías, un número que permitirá cumplir las dos condiciones: una reducción apreciable de cargos y una división en cuatro hombres y cuatro mujeres.

Convocan un acto en la Plaza de Colón para defender la unidad de España

• FERNANDO LÁZARO MADRID 24/11/2012 ESPAÑA/El Mundo

Mayor Oreja, Ortega Lara, Leguina, Redondo, Boadella, Cantó y Castellano lo respaldan

Será en la Plaza de Colón. De nuevo este punto emblemático de la capital recibirá a los convocados que seguro que acudirán con la rojigualda. No será para celebrar nuevas victorias de la selección de fútbol. No. Será para defender la unidad de España. Así lo explicó ayer el promotor de la iniciativa, Santiago Abascal, presidente de la fundación Denaes (para la defensa de la nación española). Y la fecha elegida, el próximo 6 de diciembre.

Desde las filas de esta fundación se entiende que la situación a la que nos ha llevado el reto soberanista de CiU, de Artur Mas, reclama una respuesta clara, visual, de la sociedad civil, para que se vea que la ciudadanía aún cree en la actual configuración del Estado español. Y por ese motivo, se ha elegido el Día de la Constitución para celebrar esta iniciativa.

Denaes hizo público ayer un manifiesto, además de la convocatoria ciudadana, para defender la unidad de España frente a los «movimientos secesionistas» que atacan la legalidad constitucional.

El manifiesto «España somos todos» lleva la firma, entre otros, de los eurodiputados del Partido Popular Jaime Mayor Oreja y Carlos Iturgaiz; el ex presidente socialista de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina; el ex diputado de IU Pablo Castellano; el ex secretario general del PSE Nicolás Redondo; el dramaturgo Albert Boadella; el diputado y actor de UPyD Toni Cantó y el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, quien estuvo secuestrado por ETA durante más de 500 días, entre otros. Este último asistió al acto de presentación del documento, que también contó con el presidente de Denaes, Santiago Abascal, el de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, y el sociólogo Amando de Miguel.

Frente a lo que califican como un «clima de tensión e incertidumbre generado por algunos movimientos rupturistas», los convocantes de esta «movilización cívica» apelan a «la concordia y unión entre todos los españoles, independientemente de su ideología o lugar de origen».

Así, el manifiesto destaca que la unidad de España es la mejor garantía de su pluralidad interna y principio originario de las libertades que hoy se disfrutan.

«Es por eso que, incluso desde un punto de vista moral, la causa de la unidad es superior a la obsesión fragmentadora, como la solidaridad lo es sobre el egoísmo y el entendimiento sobre el conflicto», añade el manifiesto.

Además advierte de que el éxito de dichos movimientos secesionistas provocaría «necesariamente la fractura traumática de una realidad histórica y acarrearía nefastas e impredecibles consecuencias para todos los españoles».

Esos son los argumentos que han llevado a convocar lo que llama una gran movilización cívica, el próximo 6 de diciembre, día de la Constitución, en la plaza de Colón de Madrid.