martes, 1 de febrero de 2011

Zapatero propone a una transexual la Dirección General de Asuntos Religiosos



Alerta Digital.

¿Un paso más en la estrategia gubernativa de provocación a la Conferencia Episcopal Española? El presidente José Luis Rodríguez Zapatero va más allá en sus pretensiones de hacer de la ideología de género uno de los principales distintivos de su gobierno. En este caso, la ideología de género embutida en arcoiris.

Según fuentes cercanas al jefe del ejecutivo, Zapatero mantuvo el pasado día 20 de enero una reunión con Carla Antonelli, histórica activista transexual y “zapaterista” confesa, a la que propuso la Dirección General de Asuntos Religiosos dependiente del Ministerio de Justicia.

Según las mismas fuentes, la intención de Zapatero es profundizar en el “pluralismo religioso”, así como potenciar “el papel de los líderes religiosos en la promoción de una cultura de paz”, para lo que cree que la transexual es la persona ideal para seguir desarrollando su “enfoque pedagógico” de la cuestión religiosa cuyos resultados, sin embargo, ha cubierto las estadísticas de fracaso escolar, absentismo moral, divisiones sociales, suicidios juveniles, drogadicción, desestructuración familiar y violencia doméstica.

Al parecer Carla Antonelli pidió tiempo al presidente para estudiar su propuesta, si bien habría declarado sentirse “ilusionada” por el ofrecimiento.

Carla Antonelli ha defendido reiteradamente la alianza de civilizaciones, uno de los pilares del pensamiento político zapaterista, y cree que debe continuar siendo “un foro donde asuntos que pueden generar divisiones sean tratados con un espíritu constructivo y permitan superar conceptos como el de la división islam-occidente que no siguen líneas geográficas o religiosas”.

Sorprendentemente, no se le conocen declaraciones acerca de la persecución a muerte que sufren los transexuales en decenas de países islámicos.

Trabajó en el programa socialista que instauró el matrimonio homosexual

Carla Antonelli, nacida hombre en Tenerife hace 47 años, entró a formar parte activa en el PSOE en 1.997, año en la que fue nombrada coordinadora del áera transexual del grupo federal socialista. Trabajó en el programa electoral donde se incluyó el matrimonio homosexual y la Ley de Violencia de Género para las personas transexuales. Además, colaboró en le redacción de la norma que posibilitaba a las mujeres transexuales ingresar en los módulos femeninos, sin necesidad de una cirugía de reasignación de sexo.

En el año 2004 el PSOE gana las elecciones y el Congreso aprueba el matrimonio homosexual, pero la Ley para transexuales se retrasaba una y otra vez, y cuando se vio peligrar su salida, amenazó a su Gobierno con iniciar una huelga de hambre junto a presidentas de otros colectivos si el Consejo de Ministros no aprobaba el trámite de dicha normativa. Esta cuestión tuvo una repercusión mediática nacional e internacional, al final el Gobierno después de diversas reuniones se comprometió de forma pública a tramitar la Ley. Cosa que se hizo realidad el 1 de marzo del año 2007. Esta cuestión le costó su actividad política, renunció a su puesto cuando la Ley de Transexuales fue aprobada, firmada por el presidente del Gobierno y el Rey de España el 17 de marzo del 2007.

El 1 de julio de ese año anuncia que dejara su cargo por “motivos laborales”, ya que comenzaba a grabar una serie de televisión de Antena 3. Sigue apoyando al Partido Socialista en todas las elecciones.

Fue Portavoz de Área Transexual de la Federación Esatatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de España y portavoz para los medios de comunicación del Colectivo Transexualia de Madrid.

Entre los premios obtenidos destaca el Baeza 2009 a “La visibilidad”, recibido junto al Juez Grande Marlaska y el concejal Pedro Zerolo.

¿Sobrevivirá España a esta gentuza?: Uno de los teléfonos del chivatazo a ETA pertenece al ‘número dos’ de Rubalcaba


Rubalcaba

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho.

Alerta Digital.

El juez Pablo Ruz cierra el cerco en torno al Ministerio del Interior a cuenta de la investigación sobre el chivatazo policial al aparato de extorsión de ETA el 4 de mayo de 2006. Y apunta directamente a la mano derecha de Alfredo Pérez Rubalcaba, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho.

El magistrado ha ordenado a Interior que revele quiénes usaban los dos móviles y el fijo, todos registrados a nombre de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, a los que llamaron en 17 ocasiones los dos principales imputados del caso, el exdirector de la Policía Víctor García Hidalgo y el jefe superior en Euskadi, Enrique Pamiés. Ese tráfico de llamadas tuvo lugar antes, durante y después del soplo a los terroristas. Y uno de los móviles es de Camacho.

El móvil 68674XXXX (en el auto hecho público hoy por Ruz figura completo y sin censura) es usado desde hace años por el secretario de Estado de Seguridad. Ese número está en posesión de los más altos responsables de las fuerzas de seguridad y de un grupo reducido de periodistas, además de familiares y otros allegados, según explicaron fuentes de la investigación.

El exdirector llamó a ese número dos veces horas antes del chivatazo, otras dos el día del soplo y cinco en septiembre de 2006, cuando comenzó la investigación. Responsables de Interior consultados sobre la aparición del número de Camacho en la investigación prefirieron guardar silencio.

El fijo corresponde a una centralita del Ministerio del Interior sita en la subsede del departamento en la calle madrileña de Amador de los Ríos, justo a las espaldas del edificio central del departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba. Esta contingencia, anticipan fuentes judiciales, hará imposible conocer a quien llamaron los dos imputados por la delación al aparato de extorsión terrorista.

Un cruce de llamadas relaciona al número 2 de Interior con el chivatazo a ETA


EL JUEZ PIDE A INTERIOR QUE IDENTIFIQUE UN MÓVIL QUE UTILIZA ANTONIO CAMACHO


Un cruce de llamadas relaciona al número 2 de Interior con el chivatazo a ETA

El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho

Carlos Fonseca.- 01/02/2011 (22:41h) / El Confidencial

El análisis del cruce de llamadas registradas el día del chivatazo a ETA (4 de mayo de 2006) y la noche anterior al mismo, cuando se planificó desde Madrid, ha desvelado la existencia de varios contactos entre Antonio Camacho, secretario de Estado de Seguridad, y el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, imputado en la causa. Los informes elaborados en su día por el equipo policial encargado de la investigación omitieron las llamadas entre ambos altos cargos.

El móvil del número 2 de Interior, el 686749XXX, está titularizado a nombre de la Subsecretaría del ministerio, razón por la que el juez Pablo Ruz pidió ayer al ministerio que identifique a su usuario, que no es otro que el número 2 del departamento. Tan pronto como el departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba facilite esta información el magistrado decidirá si llama a declarar a Antonio Camacho. El juez Ruz reclama tal ministerio que identifique también al usuario del 629408XXX, que registró un intenso tráfico de llamadas con el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies. Como en el caso del móvil de Antonio Camacho, también está titularizado a nombre de la Subsecretaría de Interior. Un tercer teléfono que el juez considera de interés, el 915371000, también a nombre de la subsecretaría, corresponde a la centralita del ministerio.

Los policías que fueron encargados de la investigación llegaron a la conclusión de que el inspector José María Ballesteros entró en el bar Faisán, sede de una red de extorsión de ETA, y entregó a Joseba Elosua, su propietario, un teléfono móvil a través del cual Enrique Pamies le alertó de la operación policial en marcha. Pamies, a su vez, seguía instrucciones de Víctor García Hidalgo. Esta hipótesis se sustenta fundamentalmente en el cruce de llamadas entre ellos y ha sido suficiente para imputarlos, aunque está por ver si el juez Ruz las considera una prueba suficiente para su procesamiento.

El descubrimiento, ahora, de que mientras se producían las comunicaciones entre los tres imputados, uno de ellos (García Hidalgo) habló en varias ocasiones con Antonio Camacho es un elemento nuevo. Estas llamadas figuran en varios anexos incorporados al sumario a los que ha tenido acceso este diario.

Las llamadas sospechosas

La secuencia de llamadas entre ambos altos cargos es la siguiente: La noche del 3 de mayo, cuando los responsables de la investigación en torno al Faisán informaron a sus superiores de que al día siguiente iban a poner en marcha la operación contra la trama de extorsión de ETA con la detención, entre otros, del dirigente del PNV Gorka Aguirre por mediar en el pago de un chantaje, Víctor García Hidalgo telefoneó a Enrique Pamies a las 22 horas y hablaron durante 28 minutos. Poco después, a las 22:43 horas, ambos altos cargos volvieron a charlar por espacio de siete minutos. La siguiente llamada de García Hidalgo fue a Antonio Camacho, exactamente a las 22:50 horas, con quien conversó dos minutos, y repitió la llamada dos minutos más tarde, con una duración de 21 segundos. Por último, a las 23:20 horas, Enrique Pamies telefoneó a García Hidalgo y hablaron 10,43 minutos. Las comunicaciones entre los tres altos cargos se suspendieron hasta la mañana del 4 de mayo.

El día del chivatazo Víctor García Hidalgo se puso en contacto con Enrique Pamies a las 8:43 horas por espacio de 45 segundos. A las 9,47 horas fue Antonio Camacho quien llamó a García Hidalgo y hablaron durante 3 minutos y 33 segundos. A las 11:06 figura una llamada de 4 segundos de García Hidalgo a Camacho. A esa hora tenía lugar en el Ministerio del Interior la toma de posesión de Joan Mesquida como nuevo director general de la Policía y de la Guardia Civil y es previsible, dada la brevedad, que saltase el buzón de voz.. El ‘chivatazo’ se produjo a las 11 horas y 23 minutos, según establecieron los investigadores.

Las comunicaciones entre Camacho y García Hidalgo no fueron incorporadas en su día a los informes de investigación elaborados por un equipo policial, al que el juez Ruz reclama ahora un informe ampliatorio en el que le explique “los motivos por los que fue descartada su inclusión en los anteriores Informes de Análisis como teléfonos de relevancia para la determinación de la autoría de los hechos investigados”. El magistrado dice en el auto dictado ayer que tan pronto como sean identificados los usuarios “y a la vista del informe ampliatorio que al respecto se emita por el equipo investigador (…) se dictará por este instructor el pronunciamiento oportuno respecto de la solicitud interesada de declaración testifical por parte de quienes resultaran identificados como tales usuarios”.

Un alto cargo de Interior consultado por este diario enmarcó las llamadas entre el número 2 del departamento y el director de la Policía en el tráfico diario e intenso entre dos responsables, y descartó que el magistrado pueda actuar contra Antonio Camacho por el simple hecho de haber conversado con García Hidalgo en día del chivatazo y la noche anterior al mismo sin conocer el contenido de lo hablado.

Teléfonos de seguridad

Camacho y García Hidalgo volvieron a intercambiar llamadas los días 8 y 14 de septiembre, y 17 de octubre. Una de esas comunicaciones, la registrada el 8 de septiembre a las 13:35 horas por espacio de 127 segundos, coincide con el cese de García Hidalgo y se hizo a través del teléfono 638234497, correspondiente a una tarjeta prepago de Movistar activada el 5 de septiembre (en aquella fecha no se requería la identificación del propietario). Ese mismo día se activaron otros dos teléfonos con tarjetas prepago que utilizaron Enrique Pamies (638324529) y una persona aún sin identificar, número 638328836. Esta persona tan solo utilizó este móvil para hablar con Pamies, concretamente en 58 ocasiones y casi 6 horas de conversación, y con García Hidalgo, solo dos llamadas. El tercer imputado, el inspector José María Ballesteros, disponía de otra tarjeta prepago, pero en su caso había sido activada el 31 de agosto anterior.

Los investigadores concluyeron en su momento que se trataba de tres teléfonos de seguridad que los imputados y una cuarta persona no identificada emplearon para proteger sus comunicaciones cuando sus teléfonos “oficiales” ya estaban “pinchados” por orden judicial. Cuando el juzgado detectó esta estrategia y autorizó la intervención de los móviles de seguridad los investigados limitaron las comunicaciones entre ellos, y de sus conversaciones no se obtuvo ningún dato incriminatorio.

Nuevos testigos

Como ampliación de las investigaciones, el juez ha llamado a declarar como testigos al comisario José C., responsable de la Unidad Central de Inteligencia (UCI), que tenía a sus órdenes a los encargados de la investigación sobre el Faisán y que en dos informes remitidos al juez tras conocerse la filtración señaló al inspector Carlos G. como posible autor de la misma. Pese a ello, no había sido citado hasta ahora. Carlos G. es el funcionario que dirigía la operación contra la red de extorsión de ETA y el responsable del equipo que investigó el chivatazo por orden del juez y acusó a los tres imputados en la causa. También tendrá que declarar el comisario provincial de San Sebastián y el jefe del Grupo VIII de la Brigada de Información de la misma.

Rosa Díez: "PP y PSOE son como la Visa y la Master, sirven para lo mismo"


pide "revisar" el sistema autonómico

La diputada de UPyD no ha rehuido ningún tema en la larga entrevista con Federico y sus colaboradores.

2011-02-01
LIBERTAD DIGITAL

Rosa Díez no rehuyó ninguna pregunta y además de aclarar su posición sobre la concentración de Voces contra el Terrorismo no dudó en hablar sin rodeos de todos los temas sobre los que fue cuestionada.

Sobre la sucesión de Zapatero, la parlamentaria de UPyD consideró que ni en el PSOE saben si el presidente del Gobierno se volverá a presentar o no. "Aunque para el común de los mortales es una caída sin pausa ni fondo, en su entorno siguen dando a vueltas a la posibilidad de remontar", sentenció.

La ex socialista aseguró además que "Zapatero es el tapado de Rubalcaba, y no al contrario" y añade que el ministro del Interior "es un mal candidato aunque es el general con el que muere la tropa". Además, indicó que el aparato del PSOE no tiene un "candidato alternativo claro". "Todos dejan heridas dentro, no quieren más sangrías como las de Trinidad Jiménez", afirmó.

La diputada de UPyD se refirió también a la posibilidad de que la situación electoral y la debacle socialista no beneficie su partido. Díez respondió que precisamente por la existencia de ese bipartidismo, "afán y polarización" nació su partido. Quieren acabar, explicó, con "eso de que los ciudadanos se vean abocados a votar entre lo que no les gusta y lo que les gusta menos todavía". "Al 50% que se queda en casa le gustaría poder elegir. Se trata de ir a la urna a gusto, no en negativo. Aspiro a sacar de casa a buena parte de los que se quedan porque están hasta las narices de los unos y de los otros", explicó.

También se refirió a las listas abiertas y la reforma electoral que propone su partido y que sistemáticamente rechazan las formaciones mayoritarias. Prometió que si algún día sus votos son "clave para que alguien sea presidente", esa será "la cuestión sobre la mesa". "Si está pervertido el sistema electoral se pervierte el sistema democrático", apuntó.

Lo mismo desea para el poder judicial. Rosa Díez explicó que a juicio de su partido hay que cambiar la Ley del CGPJ para "no esté compuesto por magistrados por cuotas". Lo mismo desea para la elección del Fiscal General del Estado. Mientras, lamentó, PP y PSOE "se conforman con esperar". "Los dos son en eso como la Visa y la Master, dos tarjetas que sirven para lo mismo".

En cuanto al sistema autonómico, dijo que ella no se "cargaría" las comunidades. Su partido, aclaró, defiende un modelo "descentralizado y federal" en el que cada región tenga las "mismas competencias" y éstas estén "cerradas". Insistió en que hay que revisarlo y que España lleva tres años "evitando este debate". La principal competencia que, a su juicio, debería recuperar el Estado es Educación. En su opinión, es "el ejemplo de una competencia que se debe recuperar" y será la segunda condición que le ponga a un partido para que obtenga su apoyo. Recordó que nuestro país está "a la cola" en materia educativo y que "cada informe que sale nos pone peor". El problema, insistió, es la existencia de "17 sistemas educativos".

Igualmente confirmó que no cambiaría la ley del matrimonio homosexual y que está en contra de la actual ley del aborto. "Va a traer más problemas que soluciones", dijo, para añadir que "la píldora del día después se ha convertido en un método abortivo por la forma en la que se reparte".

Ruz ordena identificar tres teléfonos de Interior vinculados con el chivatazo


desde los que se llamó a los responsables

El juez pide practicar nuevas pruebas solicitadas por las víctimas. Desde el Ministerio de Interior se habló con los presuntos responsables del soplo.

El magistrado Pablo Ruz. Archivo
2011-02-01
Libertad Digital
ÁNGELA MARTIALAY

En un auto hecho público este martes el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz considera "pertinente, necesario, útil y posible para los fines de la investigación" practicar ocho nuevas diligencias en el caso del chivatazo a la banda terrorista ETA. Algunas de estas pruebas fueron solicitadas por de la acusación popular –ejercida por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT)-; otras, por el Ministerio Fiscal –que tras cambiar de criterio pide ahora investigar los hechos- y, una última, por uno de los imputados en el soplo a la red extorsión, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies.

Entre todas ellas, quizá la más relevante por el calado político que conlleva es que el juez ordena identificar a los titulares de los tres números de teléfonos dependientes de la subsecretaría del Ministerio de Interior que en los momentos previos y posteriores a que se produjera el soplo en el bar Faisán de Irún mantuvieron constantes contactos con los presuntos responsables del delito.

Actualmente, en la causa están imputados el ex director general de Policía y dirigente del PSE en Álava Víctor García Hidalgo, un inspector de la Brigada de Información de Álava, José María Ballesteros y Pamies. Detrás del soplo, según el juez, podrían haberse cometido dos delitos: uno, de revelación de secretos por parte de un funcionario público y, otro de colaboración con banda armada. El primero de ellos está penado con hasta tres años de prisión, mientras que el segundo de ellos con un máximo de diez años de cárcel.

En la resolución judicial, Ruz accede este martes a que se identifique a los usuarios de los teléfonos dependientes del Ministerio que encabeza Alfredo Pérez Rubalcaba pero no a su citación en estos momentos, tal y como pedían las víctimas. Sin embargo, el magistrado no cierra la puerta a que los miembros de Interior sean citados cuando ya hayan sido identificados. "Una vez realizada dicha identificación se dictará por este instructor el pronunciamiento oportuno respecto de la solicitud interesada de declaración testifical por parte de quienes resultaran identificados como tales usuarios", subraya el juez en el auto.

Además, el magistrado que sustituye a Baltasar Garzón –quien tuvo paralizada la investigación de los hechos durante más de tres años- pide al equipo investigador del chivatazo, dirigido por Carlos G., un "informe ampliatorio" sobre el tráfico de llamadas que se produjo en torno al bar de Joseba Elosúa y reclama a sus miembros que las pongan en relación con su anterior informe, en el que no aparecían por carecer de "relevancia para la determinación de la autoría de los hechos investigados".

Testificales el próximo día 8

Asimismo, Pablo Ruz solicita a la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía que le explique si hay algún informe sobre la actuación llevada a cabo por los propios investigadores del escándalo que el juez califica como "hechos criminales graves" hasta en dos ocasiones en la citada resolución judicial.

Por otro lado, el juez también ordena la citación judicial en calidad de testigo del comisario jefe accidental de la Unidad Central de Inteligencia (UCI), que elaboró un informe en el que defendía que durante el 3 de mayo de 2006, el día anterior al chivatazo, Carlos G. "fue reticente en diversos momentos a la realización" de las detenciones contra el aparato de extorsión "argumentando que era una operación que conllevaba riesgos políticos, dado el momento de tregua de ETA, así como la presunta implicación de un miembro destacado del PNV, Gorka Aguirre". Este agente fue apartado posteriormente del caso por el Ministerio de Interior.

El instructor también acuerda citar a declarar el próximo lunes al jefe del Grupo VIII de la Brigada Provincial de San Sebastián, para que explique su participación en la operación policial contra el aparato de extorsión de ETA. Dos de sus subordinados declararon durante la instrucción que "conocía todas y cada una de las informaciones restringidas que se transmitieron" al propietario del bar 'Faisán'.

De la misma forma, Ruz solicita, a instancias de la AVT, que se cite ese mismo día al comisario provincial de San Sebastián, Fernando Amo García. Su nombre aparece en una conversación en la que el jefe superior de Policía en el País Vasco le indicaba al periodista de La Razón, Jesús María Zuloaga, que Amo le había pedido que le asignara unidades de intervención policial (UIP) porque, según decía, "los de Madrid iban a tirar, que será lo de Faisán".

Además, está previsto que el día 8 también comparezcan como testigos tanto Zuloaga como el inspector jefe de la Sección Operativa de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián y la jefa de la Sección de Análisis de este cuerpo. Con estas dos últimas declaraciones, el juez pretende aclarar las "contradicciones apreciadas" en sus diversos testimonios.

Diligencias rechazadas

Pero no todas las pruebas solicitadas han sido aceptadas por el instructor. Por el contrario, Ruz rechaza que se realice "un informe ampliatorio sobre los teléfonos prepago que efectuaron o recibieron llamadas en los alrededores del 'Faisán'", al considerar que "en el presente estadio" no es pertinente porque esta misma diligencia ha sido solicitada al Cuerpo Nacional de Policía.

El magistrado de la Audiencia Nacional tampoco acepta, como pedía la AVT, que se "identifique si hubo algún funcionario policial" que desde el 29 de abril hasta el 2 de mayo de 2006 "accediera a la base de datos del DNI para realizar consulta alguna relativa a Joseba Elosua o al vehículo Ford Focus de su propiedad". El juez entiende que esta diligencia "ya fue practicada en el pasado, habiéndose agotado ya dicha línea de investigación".

Sin lugar a dudas, estas medidas adoptadas por el sustituto de Garzón suponen un impulso a la investigación del chivatazo a ETA. Aparte de las citadas diligencias, el magistrado ya ordenó el pasado día 24 practicar otras muchas. En tanto, Ruz mantiene secretos nueve folios de la comisión rogatoria enviada por la juez antiterrorista de Francia, Laurence Le Vert que, según sus pesquisas, son fundamentales para el "total esclarecimiento" del caso.

Los falsos agentes sociales


1 de Febrero de 2011 - 20:30:41 - Luis del Pino / Libertad Digital

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha declarado que el acuerdo alcanzado con patronal y sindicatos para recortar las pensiones a los españoles tiene una importancia similar a los famosos Pactos de la Moncloa, que sirvieron en su día, al principio de la Transición, para garantizar un cierto clima de baja conflictividad laboral en momentos especialmente difíciles para España.

Me parece especialmente insultante esa comparación.

Cuando se alcanzaron los Pactos de la Moncloa, en España existía un auténtico movimiento sindical. Los sindicatos disponían de estructura, de afiliados, de capacidad de movilización y, sobre todo, de independencia. De hecho, fueron las fuerzas sindicales, y no los partidos políticos, los que llevaron la voz cantante en la oposición al franquismo y, llegada la democracia, gozaban por ello de predicamento y de legitimidad entre un importante sector de la opinión pública.

De ahí que tuviera sentido calificar a los sindicatos como "agente social", porque era cierto que representaban, en sentido estricto, los intereses de una parte no desdeñable de la opinión pública. Y de ahí que tuviera sentido negociar con ese "agente social", porque a través de ese "representante" se estaba negociando con todo ese sector de la opinión pública que se podía sentir identificado con, o defendido por, los sindicatos.

Con el correr del tiempo, ese movimiento sindical fue progresivamente descafeinado, domesticado y apesebrado, merced a una generosa y constante aportación de fondos públicos, que terminó transformando a los sindicalistas en funcionarios liberados; que convirtió las manifestaciones del 1 de mayo en liturgias caducas y forzadas y que hizo que el jersey de cuello vuelto de Marcelino Camacho se viera desplazado por las mariscadas pantagruélicas y los cruceros de lujo.

Como resultado, los sindicatos han perdido toda independencia frente al estado que les financia, y con ella todo el predicamento, toda la legitimidad y toda la capacidad de movilización. Lo único que mantienen es una buena estructura, pagada a escote por todos los españoles.

Los denominados sindicatos mayoritarios no representan ya a nadie. No son un "agente social", por cuanto sólo son portavoces de sus propios intereses, concretados en las subvenciones con cargo a los presupuestos públicos. Por tanto, cuando el Gobierno se sienta con ellos alrededor de una mesa, no está ya negociando con ningún sector de la sociedad.

Ayer, el Gobierno no ha pactado con ningún agente social la reforma de las pensiones. Con quien ha pactado esa reforma es, única y exclusivamente, consigo mismo. Porque los sindicatos no son otra cosa que un empleado a sueldo del Gobierno. Y la escenificación del "acuerdo" con los sindicatos no persigue otro objetivo que tratar de convencer a la opinión pública de que los recortes cuentan con el aval de los "representantes" de los trabajadores, cuando nada podría estar más lejos de la realidad.

Los trabajadores españoles no han avalado ayer ninguna reforma de las pensiones. Por la sencilla razón de que no cuentan, en estos momentos, con nadie que les represente y que pudiera "negociar" con el Gobierno en su nombre.

«No podemos competir con 17 miniestados»


LUIS ÁNGEL SANZ / Madrid/ El Mundo

Aznar insta a una «reforma profunda» e «inaplazable» del Estado autonómico

Zapatero embustero

El ex jefe del Ejecutivo de España y presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (Faes), José María Aznar, abogó ayer por tercera vez en pocas semanas por acometer una «reforma profunda» del Estado autonómico porque «España no puede competir ni en Europa, ni en el mundo» con «unas comunidades aspirando a convertirse en miniestados».

Aznar moderó ayer su discurso de hace unas semanas, cuando en León habló de una «España inviable» por culpa de las autonomías. En Madrid y ante de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, matizó sus palabras y las adecuó a las tesis que defiende Mariano Rajoy, que ahora no propone reformar la Constitución, ni que el Estado recupere competencias autonómicas.

Aznar consideró «inaplazable» acometer una «reforma profunda» del modelo territorial frente a Cospedal, que intervino antes que él y propuso «racionalizar» el modelo.

El ex presidente alegó tres razones para esta reforma urgente. La primera es «seguir formando parte del proyecto europeo» y no tener «dificultades crecientes para seguir anclados en el euro»; la segunda, «asegurar el futuro de nuestra sociedad del bienestar», porque son las comunidades las responsables de gestionar las principales políticas de bienestar, y la tercera, «hacer plenamente vigente la Constitución de 1978» y «preservar el derecho de la nación española a decidir su propio destino libremente».

Aznar y Cospedal presentaban el estudio de Faes Por un Estado autonómico racional y viable, que denuncia que las comunidades han creado 100 entes públicos en 18 meses y que han aumentado sus funcionarios un 29% en cuatro años.

Como señaló el ex presidente, «no podemos mostrarnos como un territorio fragmentado, enfrentado, inseguro y escasamente previsible». En definitiva, abogó por que España se convierta en un Estado capaz de asegurar las reglas del juego, las políticas de cohesión y «el acceso de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad a los servicios públicos».

Como «ejemplo a seguir» a la hora de reestructurar territorialmente España, Aznar citó a Alemania -que es un estado federal-, que hace unos años reformó su Constitución para que el Estado ganara competencias frente a las regiones «para evitar solapamientos, duplicidades y una fuerte sobrecarga de gasto público, es decir, de impuestos».

María Dolores de Cospedal precedió a Aznar en el uso de la palabra. La actual número dos del PP comenzó su alocución haciendo un encendido elogio del modelo autonómico -«uno de los pilares de la democracia»-, del que destacó, sin embargo, que ha sufrido un «deterioro» en los últimos años por culpa de «la dejación» y «la frivolidad» del Gobierno y de su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, lo que ha provocado, dijo, «tensiones políticas», «territoriales» y «un desbordamiento» del sistema y de sus supuestos de eficacia, eficiencia y racionalidad.

Por eso, se mostró partidaria de «una reforma racional» del mismo, recuperando la estabilidad presupuestaria y estableciendo techos de gasto y endeudamiento a las autonomías. Cospedal denunció que las comunidades «han confundido el lujo con la necesidad, lo prescindible con lo imprescindible» e indicó que no se pueden mantener «17 defensores del Pueblo, 17 tribunales de Cuentas, 17 organismos reguladores de la competencia, acompañados por coches oficiales, asesores...».

El acto que protagonizaron ayer Aznar y Cospedal, que no acostumbran a compartir escenario, contó con destacados dirigentes del PP, más de la etapa del ex presidente que de la actual. En un salón repleto -el secretario general de Faes, Jaime García-Legaz, señaló que hubo más de 500 personas- destacaron el presidente fundador del PP, Manuel Fraga, el vicepresidente de Madrid, Ignacio González, o ex ministros como Juan José Lucas.