CARLOS SEGOVIA / Madrid
20/07/2011/El Mundo
El nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha, que preside María Dolores de Cospedal, pidió ayer la inhabilitación política del anterior presidente, José María Barreda, y estudia acciones legales contra él por su anómala actuación presupuestaria.
El portavoz de la Junta, Leandro Esteban, afirmó ayer que el PSOE debería inhabilitar a Barreda para cualquier cargo público por «su nefasta acción de gobierno» y «apartarlo de cualquier responsabilidad política». En declaraciones a EL MUNDO, Esteban aseguró que la Junta espera «como primer paso» un informe de la Sindicatura de Cuentas de la región sobre la actuación presupuestaria de Barreda que ha dejado a Castilla-La Mancha «en situación ruinosa». «Después del informe del síndico no es descartable que emprendamos acciones legales contra el señor Barreda». En su opinión, el ex presidente autonómico socialista «ha mentido» y es «el verdadero protagonista de una situación desbocada y sin control».
La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, cuestionó en Radio Nacional estas cifras. «El informe que ha llegado a la secretaría de Estado de Hacienda no lleva la firma del interventor y eso es bastante serio», advirtió. La ministra se apoyó en esta carencia para decir que el supuesto déficit oculto pueden ser facturas «ya contabilizadas en el año anterior», y lamentó que De Cospedal no haya escuchado sus peticiones de prudencia en las conversaciones que han mantenido ambas en privado.
«Lo que ha dicho la señora Salgado son excusas de mal pagador», replicó en conversación con este diario Leandro Esteban. «El informe que hemos remitido a Hacienda está elaborado por la Intervención General y las direcciones generales de Política Financiera y Tesorería y la de Presupuestos y Fondos Comunitarios», declaró. Recoge que las facturas sin pagar a 30 de junio ascienden a 2.606 millones de euros, un 270% superiores a los 700 millones que Barreda dijo que dejaba pendientes.
El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Diego Valle, asistió ayer a una reunión de consejeros autonómicos del ramo con el coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro. Éste dio libertad a los reunidos para airear los agujeros que encuentren, incluidos los no destapados hasta ahora en empresas públicas autonómicas, aunque con la prudencia de que se trata de datos verificables. «Los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas deben difundir la situación real de cada comunidad autónoma», declaró el ex ministro de Hacienda a EL MUNDO.
Salgado tachó ayer de «irresponsables» las declaraciones de Montoro y del vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, por apuntar que la propia vicepresidenta puede tener «facturas ocultas en un cajón».
«¿Irresponsable yo? Yo ya conozco a los socialistas, nos dejaron en 1996 700.000 millones de pesetas, un 1% del PIB, en un cajón escondido. Ojalá nos dejen ahora lo que les dejamos nosotros a ellos en 2004».
Salgado afirmó que este tipo de declaraciones «hacen daño a España», porque pueden tener relevancia para los mercados financieros. La ministra llegó a decir de González Pons que «debería estar fuera de la política desde hace mucho tiempo».
El PP emitió ayer un comunicado tras el encuentro de ayer en el que los consejeros autonómicos «se comprometen con la reducción del déficit», critican «el incumplimiento» del Gobierno en el modelo de financiación y prometen «coordinarse» para compartir centrales de compra que ahorren gasto
SILVIA MORENO / Sevilla
20/07/2011
Las guarderías andaluzas, sin financiación
La falta de liquidez de la Junta de Andalucía está llevando a la asfixia financiera a las 1.055 guarderías concertadas por la Administración autonómica en las ocho provincias, que estos días están pasando verdaderos apuros para pagar las nóminas de sus más de 5.000 trabajadores, a los proveedores e incluso a Hacienda.
El millar de centros afectados ofrecieron plazas para 39.822 niños de cero a tres años en el pasado curso escolar, es decir, en torno al 50% del total de plazas ofertadas por la Consejería de Educación.
Aún no han cobrado el pasado mes de mayo y también tuvieron problemas para cobrar el mes de abril.
La Consejería de Educación indicó a EL MUNDO que la orden de pago se dio el pasado lunes y el dinero correspondiente al mes de mayo debe llegar a lo largo de esta semana.
Sin embargo, los responsables de los centros no se dan por satisfechos, ya que Educación les ha avanzado que esta semana van a recibir sólo una parte de la deuda que mantiene la Junta con ellos, pero no toda la cantidad pendiente «por la falta de liquidez» de la Administración.
Educación no quiso aclarar si tiene o no problemas de liquidez ni tampoco dar ningún detalle sobre estos retrasos en el pago a las guarderías concertadas.
«La situación es insostenible. Los centros de educación infantil son microempresas y por culpa de los retrasos de la Junta a la hora de pagarnos, muchas van a tener que cerrar porque la mayoría no tiene ni para pagar la nómina de los trabajadores», denunció el responsable de un centro que prefirió mantenerse en el anonimato por miedo a posibles represalias de la Junta.
Tan grave es la situación que están sufriendo las guarderías concertadas que han amenazado a la Junta con abrir los centros el próximo 1 de septiembre, pero no atender a los menores «porque no podemos hacer frente a los gastos», indicó la fuente.
A los retrasos actuales, se une que la cantidad máxima que paga la Junta por cada niño -278,88 euros- no se actualiza con el IPC desde 2009 y que el coste de cada plaza en un centro público ronda los 600 euros, según fuentes de las guarderías concertadas.
De hecho, el colectivo presentó una queja ante el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, el pasado mes de junio, en la que detallan la insuficiente financiación que reciben de la Administración y solicitan ser incluidas en la red de centros públicos, pues «aunque seamos centros privados nuestras plazas son totalmente públicas».
En efecto, la Junta obliga a las guarderías concertadas a ofrecer el cien por cien de las plazas como si fueran públicas. Si quedan vacantes, el centro no puede admitir a ningún niño que, por ejemplo, llegue a mitad de curso y sus padres quieran pagar la mensualidad de su bolsillo.
A estos problemas se une que a causa de la crisis y la situación de paro que sufren miles de familias, la demanda de guarderías ha bajado. Sólo en Almería, hubo mil solicitudes menos para el próximo curso escolar, en comparación con el anterior
