Los médicos rechazaron a J-70 como víctima porque no estaba «acreditada» ni
su lesión ni su presencia en los trenes
La testigo de nacionalidad rumana identificada como J-70, que fue clave para
determinar la condena de Jamal Zougam como único autor material del 11-M, había
sido calificada como víctima «bastante dudosa» por los médicos del Ministerio
del Interior, que acabaron rechazándola y cerrándole las puertas a las
indemnizaciones y a la regularización. El departamento que dirige Jorge
Fernández ha remitido al juzgado su expediente completo, en el que se confirman
y amplían todos los extremos publicados por este periódico, que eran
desconocidos para el tribunal del 11-M cuando valoró su fiabilidad. Precisamente
hoy, J-70 y su compañera C-65 comparecen como imputadas por falso testimonio.
La documentación enviada por Interior a petición de los abogados Eduardo
García Peña y Francisco Andújar revela que J-70 recibió por correo certificado
en su domicilio la notificación de la negativa el 27 de enero de 2005. Sólo 11
días después, el 7 de febrero, acudió a la Audiencia Nacional y afirmó que había
visto a un terrorista en el tren –lo que nunca antes había dicho en múltiples
trámites ante la Policía y otras instituciones, e incluso una abogada– y que
sería capaz de reconocerlo aunque hubieran pasado casi 11 meses desde el
atentado. Culpó a Zougam, fue incluida por los forenses en el listado de
víctimas y recibió una compensación de 48.000 euros.
El testimonio de J-70 fue clave, porque sirvió para corroborar el de la amiga
con la que asegura que viajaba en el tren de Santa Eugenia, la testigo C-65, que
había acudido a denunciar al marroquí mucho antes: el 1 de abril de 2004. En esa
declaración policial, C-65 no dijo que fuese acompañada por J-70, como tampoco
lo dijo después, el 20 de mayo de 2004, ante el juez instructor del 11-M, Juan
del Olmo.
Zougam, la única persona a la que el tribunal halló culpable de colocar las
bombas del 11-M, fue condenado a 40 años efectivos de cárcel bajo la única
prueba de cargo, según admite el Supremo, del testimonio de dos personas que
aseguran haberle visto con una mochila en el tren de Santa Eugenia: las testigos
C-65 y J-70 (que en el juicio sí dijeron que iban juntas, en el quinto vagón).
La Audiencia también consideró testigo de cargo a R-10 (un hombre, también
rumano, que ni siquiera compareció en el juicio), pero el Supremo rebajó su
importancia.
En la primera comparecencia de J-70 en la Audiencia Nacional, que se produjo
el 7 de febrero de 2005 ante el secretario judicial en la Oficina de Víctimas,
la testigo aseguró que el terrorista «llevaba gafas y una gorra», circunstancias
de las que nada había dicho su amiga C-65 en sus declaraciones anteriores.
Dos abogados defensores intentaron durante el juicio del 11-M preguntar a
J-70 acerca de su tardanza en declarar, lo que fue impedido por el presidente
del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, con el argumento de que «está en el
sumario» que «esta testigo no aparece hasta que la reconocen en la Oficina de
Víctimas».
En realidad, había estado lejos de permanecer pasiva durante los 11 meses que
transcurren desde el atentado hasta que acude a la Audiencia Nacional. Antes al
contrario, pocos días después del 11-M ya solicitó en la Delegación del Gobierno
sendos permisos de residencia y de trabajo provisionales, al amparo del decreto
extraordinario del Ejecutivo de Aznar para inmigrantes irregulares que fuesen
víctimas del atentado.
Después, según el expediente del Ministerio del Interior, el 20 de julio de
2004 se desplazó personalmente a la sede de la Dirección General de la Policía
para reclamar una indemnización y la regularización (o, en su caso, la
nacionalidad). Aportó un parte médico fechado el 12 de marzo de 2004 y un
justificante de ausencia en sus tareas de limpieza desde el 11 al 31 de marzo,
firmado por la persona a la que prestaba ese servicio.
Pocos días después, una abogada de Madrid presentó en el sumario del 11-M un
escrito firmado por J-70 en el que solicitaba personarse como perjudicada.
El 3 de agosto de 2004, los médicos que instruían ese expediente en el
Ministerio del Interior emitieron un dictamen en el que consideraron «bastante
dudosa la necesaria relación causal entre el atentado y las lesiones que
manifiesta padecer la interesada». En septiembre, la testigo fue examinada por
el Equipo de Valoración de Incapacidades que concluyó, nuevamente, que «no ha
quedado acreditado el nexo causal entre las lesiones y los hechos de naturaleza
terrorista».
En esa situación, el jefe de la unidad instructora decidió el 27 de octubre
ofrecer a J-70 la posibilidad de realizar alegaciones. La testigo lo hizo días
después y entregó la misma documentación, además de una fotografía tomada en la
estación de Santa Eugenia en la mañana del 11-M en la que ella asegura que puede
vérsele junto a su amiga, la testigo C-65. Esa instantánea también obra en poder
de este diario.
La propuesta de resolución que emitieron los técnicos fue exactamente la
misma. El 24 de enero de 2005, la subsecretaria del Interior, Soledad López,
resolvió finalmente que «no ha quedado acreditada ni la existencia de lesión
indemnizable al amparo de la normativa expuesta, ni la necesaria relación de
causalidad con el hecho terrorista cometido el día 11 de marzo de 2004». El 27
de enero, J-70 recibió la notificación por correo certificado.
Lo relevante, más allá de su consideración inatacable como víctima de los
atentados que después de declarar contra Zougam sí consideraron probada los
forenses de la Audiencia Nacional, es que durante todos los trámites expresados,
la mayoría llevada a cabo personalmente, la testigo nunca dijo que hubiese visto
a un terrorista en el tren. Según explicó ella misma a este diario, no lo hizo
porque «tenía miedo». Once días después de ser rechazada como víctima, se
decidió sin embargo a testificar.
La defensa del marroquí no tuvo acceso durante la instrucción y el juicio del
11-M a esta información. El Tribunal Supremo admitió en su sentencia que habría
sido relevante conocer por qué tardó 11 meses en declarar por primera vez: «En
lo que se refiere a la testigo J-70, es cierto que la tardanza en comparecer a
declarar, sin que su existencia se hubiera puesto de manifiesto por la otra
testigo cuando, según declaran, viajaban juntas, puede introducir ciertas dudas
acerca de las razones de su pasividad inicial, y de su presencia y actividad
testifical posterior. Es forzoso reconocer que puede responder a razones
perfectamente comprensibles. [...]. Para concluir que la conducta de la testigo
no admite explicación razonable, es preciso, siendo posible, habérsela
requerido, y que la que aporta no pueda admitirse desde perspectivas de
racionalidad».
Sin embargo, sí que se le requirió esa explicación durante el juicio, en dos
ocasiones, y en ambas el presidente del tribunal impidió su respuesta.
Haber si se hace justicia de una vez, aunque no me fío de que así sea, ya que la justicia en España ni está ni se le espera..., de momento.
ResponderEliminarQue mueran policías en situaciones trampa, me gusta tan poco como que estos asesinen a un inocente !!
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