- JOAQUÍN MANSO MADRID
- 30/09/2013 PORTADA/El Mundo
La juez deberá averiguar si fueron ‘suministradas’ por Zougam como dice la sentencia de Bermúdez o vendidas en el mostrador como dijo su socio
La Sala considera que existe una ‘evidente relación’ entre este asunto y la
causa por falso testimonio contra las rumanas que reconocieron al condenado
Afirma que denegar esa prueba con ‘una fórmula estereotipada’, como hizo la instructora del caso, supone ‘vulnerar’ el derecho a defensa de Zougam
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado investigar si en efecto las
tarjetas utilizadas en las mochilas bomba del 11-M fueron «suministradas» al
grupo terrorista por Jamal Zougam, como se afirma en la sentencia por el
atentado, o si por el contrario fueron despachadas en el mostrador en una venta
ordinaria atendida por un empleado del locutorio del marroquí, que se dedicaba a
la distribución de todo tipo de productos de telefonía en el barrio de Lavapiés,
el de mayor presencia de musulmanes.
La decisión, que afecta al núcleo mismo del fundamento de la condena a Zougam como único autor vivo de los 191 asesinatos terroristas, fue adoptada la semana pasada por unanimidad de tres magistrados de la Sección Penal Cuarta por su «evidente relación» con la imputación por falso testimonio contra las dos ciudadanas rumanas que en el juicio aseguraron haber visto al marroquí en los trenes, determinando así una pena para él de 40.000 años de cárcel. Los dos pilares de la condena contra Zougam –los testigos, única «prueba de cargo», y las tarjetas– están ya de hecho abiertamente cuestionados por una autoridad judicial.
Las dos mujeres están citadas pasado mañana, miércoles, para declarar en el juzgado. En esa comparecencia, deberán aclarar las múltiples contradicciones y extrañas circunstancias que rodean su testimonio, puestas de manifiesto en 2011 tras una investigación de este diario –la Audiencia ordenó admitir la querella por esas «nuevas revelaciones que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento del enjuiciamiento del atentado del 11-M por el tribunal enjuiciador»– y confirmadas en buena parte durante la lentísima instrucción del procedimiento.
La resolución de la Audiencia de Madrid obliga al Juzgado de Instrucción número 39 de la capital, que dirige la juez Belén Sánchez, a citar como testigos al socio de Jamal Zougam y de su hermano en el locutorio de Lavapiés, Mohamed Bakkali, y a su empleado Abderrahim Zbakh, como habían pedido los abogados del marroquí y de su familia, Eduardo García Peña y Francisco Andújar.
El auto, que representa un severo reproche a la instrucción de la juez y a la actuación de la fiscal, considera que denegar esas pruebas «entraña la vulneración del derecho» de Jamal Zougam «a no sufrir indefensión». El tribunal amonesta a la instructora por haberlas rechazado con «una fórmula estereotipada», «sin expresar la razón de su falta de pertinencia» ni justificarlo «suficiente ni razonablemente», pese a su «evidente relación con el objeto de este proceso». En su recurso, los abogados del marroquí recordaban que la propia juez y la defensa de las rumanas imputadas centraron buena parte de su interrogatorio a Zougam en enero en la actividad de su locutorio.
Ni Bakkali ni Zbakh fueron llamados para comparecer en el juicio del 11-M. Del primero, sin embargo, consta una declaración referente a la venta de las tarjetas en el sumario que instruyó el juez Juan del Olmo, de la que no se hace ninguna mención en la sentencia que redactó el magistrado Javier Gómez Bermúdez.
Está en los folios 15.415 y siguientes de aquel procedimiento y tuvo lugar el 8 de junio de 2004, cuando Bakkali llevaba casi tres meses en prisión bajo la única acusación de ser socio de la tienda abierta al público de la que salieron las tarjetas del 11-M.
El socio de Zougam afirmó entonces ante Del Olmo que las tarjetas fueron despachadas en su presencia por Abderrahim Zbakh «unos 20 o 25 días antes del 11 de marzo de 2004» a «dos personas con acento de Tetuán». El instructor le mostró un anexo de fotografías entre las que reconoció como uno de los compradores a Jamal Ahmidan El Chino, jefe del grupo terrorista que atentó en los trenes.
En concreto, El Chino y su acompañante, según Bakkali, «compraron 10 tarjetas en la tienda por nueve euros cada una». «Al día siguiente, volvió a cambiar una de ellas porque no tenía saldo», abundó. Según dijo, eso mismo lo había manifestado ya ante la Policía cuando fue arrestado, pero entonces no pudo precisar de quién se trataba. Su letrada le llevó fotografías a la cárcel mes y medio después y así pudo identificar a El Chino.
En parecidos términos respondió en una entrevista que aceptó mantener con este diario y que se publicó el 16 de enero de 2012. En la misma, recordaba cómo su abogada le había aconsejado «que no dijese nada [ante Del Olmo]», que se iba «a arriesgar mucho porque El Chino era el autor de los atentados» y podían condenarle.
No fue así. Días más tarde de declarar ante el instructor, Bakkali fue excarcelado junto al hermano de Zougam, Mohamed Chaoui, a petición de la fiscal Olga Sánchez ante la «debilidad» de los indicios que pesaban contra ambos. Zbakh, que había sido detenido poco después del 11-M cuando se presentó voluntariamente en una comisaría, también lo fue, sin que la Policía ni el juez Del Olmo le tomasen declaración acerca de los extremos relatados por Bakkali. Del grupo de detenidos por su relación con las tarjetas en la víspera de las elecciones del 14 de marzo de 2004, sólo Zougam siguió en la cárcel, porque múltiples testigos lo situaban en los cuatro trenes a la vez después de que la Policía difundiera su imagen en los medios de comunicación.
Ni Bakkali, ni Zbakh, ni Chaoui fueron procesados. A ninguno se le encontró nunca algún vínculo con organizaciones islamistas y los tres cruzan asiduamente la frontera entre Marruecos y España sin ningún problema.
La sentencia de Bermúdez omite, sin embargo, cualquier referencia a esa declaración de Bakkali –probablemente, porque no fue ratificada en la vista oral al no haber sido citado– y afirma en el relato de hechos probados que la tarjeta que se encontró en la mochila de Vallecas «había sido suministrada» al grupo terrorista por Jamal Zougam.
La Audiencia de Madrid, en el auto de junio de 2012 en el que ordenó investigar si las testigos «pudieron confabularse con la finalidad de alcanzar ciertos beneficios personales y económicos faltando a la verdad en las manifestaciones que realizaron en la vista del juicio oral», ya advertía de que Zougam recibió «una pena de prisión de extrema gravedad con fundamento precisamente en las declaraciones que ahora se reputan falsas y cuya falsedad, de resultar acreditada, daría lugar a la revisión» de la condena. Esto es: avisaba de que ninguna sentencia es inatacable.
>Videoanálisis deJoaquín Manso.
Afirma que denegar esa prueba con ‘una fórmula estereotipada’, como hizo la instructora del caso, supone ‘vulnerar’ el derecho a defensa de Zougam
La decisión, que afecta al núcleo mismo del fundamento de la condena a Zougam como único autor vivo de los 191 asesinatos terroristas, fue adoptada la semana pasada por unanimidad de tres magistrados de la Sección Penal Cuarta por su «evidente relación» con la imputación por falso testimonio contra las dos ciudadanas rumanas que en el juicio aseguraron haber visto al marroquí en los trenes, determinando así una pena para él de 40.000 años de cárcel. Los dos pilares de la condena contra Zougam –los testigos, única «prueba de cargo», y las tarjetas– están ya de hecho abiertamente cuestionados por una autoridad judicial.
Las dos mujeres están citadas pasado mañana, miércoles, para declarar en el juzgado. En esa comparecencia, deberán aclarar las múltiples contradicciones y extrañas circunstancias que rodean su testimonio, puestas de manifiesto en 2011 tras una investigación de este diario –la Audiencia ordenó admitir la querella por esas «nuevas revelaciones que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento del enjuiciamiento del atentado del 11-M por el tribunal enjuiciador»– y confirmadas en buena parte durante la lentísima instrucción del procedimiento.
La resolución de la Audiencia de Madrid obliga al Juzgado de Instrucción número 39 de la capital, que dirige la juez Belén Sánchez, a citar como testigos al socio de Jamal Zougam y de su hermano en el locutorio de Lavapiés, Mohamed Bakkali, y a su empleado Abderrahim Zbakh, como habían pedido los abogados del marroquí y de su familia, Eduardo García Peña y Francisco Andújar.
El auto, que representa un severo reproche a la instrucción de la juez y a la actuación de la fiscal, considera que denegar esas pruebas «entraña la vulneración del derecho» de Jamal Zougam «a no sufrir indefensión». El tribunal amonesta a la instructora por haberlas rechazado con «una fórmula estereotipada», «sin expresar la razón de su falta de pertinencia» ni justificarlo «suficiente ni razonablemente», pese a su «evidente relación con el objeto de este proceso». En su recurso, los abogados del marroquí recordaban que la propia juez y la defensa de las rumanas imputadas centraron buena parte de su interrogatorio a Zougam en enero en la actividad de su locutorio.
Ni Bakkali ni Zbakh fueron llamados para comparecer en el juicio del 11-M. Del primero, sin embargo, consta una declaración referente a la venta de las tarjetas en el sumario que instruyó el juez Juan del Olmo, de la que no se hace ninguna mención en la sentencia que redactó el magistrado Javier Gómez Bermúdez.
Está en los folios 15.415 y siguientes de aquel procedimiento y tuvo lugar el 8 de junio de 2004, cuando Bakkali llevaba casi tres meses en prisión bajo la única acusación de ser socio de la tienda abierta al público de la que salieron las tarjetas del 11-M.
El socio de Zougam afirmó entonces ante Del Olmo que las tarjetas fueron despachadas en su presencia por Abderrahim Zbakh «unos 20 o 25 días antes del 11 de marzo de 2004» a «dos personas con acento de Tetuán». El instructor le mostró un anexo de fotografías entre las que reconoció como uno de los compradores a Jamal Ahmidan El Chino, jefe del grupo terrorista que atentó en los trenes.
En concreto, El Chino y su acompañante, según Bakkali, «compraron 10 tarjetas en la tienda por nueve euros cada una». «Al día siguiente, volvió a cambiar una de ellas porque no tenía saldo», abundó. Según dijo, eso mismo lo había manifestado ya ante la Policía cuando fue arrestado, pero entonces no pudo precisar de quién se trataba. Su letrada le llevó fotografías a la cárcel mes y medio después y así pudo identificar a El Chino.
En parecidos términos respondió en una entrevista que aceptó mantener con este diario y que se publicó el 16 de enero de 2012. En la misma, recordaba cómo su abogada le había aconsejado «que no dijese nada [ante Del Olmo]», que se iba «a arriesgar mucho porque El Chino era el autor de los atentados» y podían condenarle.
No fue así. Días más tarde de declarar ante el instructor, Bakkali fue excarcelado junto al hermano de Zougam, Mohamed Chaoui, a petición de la fiscal Olga Sánchez ante la «debilidad» de los indicios que pesaban contra ambos. Zbakh, que había sido detenido poco después del 11-M cuando se presentó voluntariamente en una comisaría, también lo fue, sin que la Policía ni el juez Del Olmo le tomasen declaración acerca de los extremos relatados por Bakkali. Del grupo de detenidos por su relación con las tarjetas en la víspera de las elecciones del 14 de marzo de 2004, sólo Zougam siguió en la cárcel, porque múltiples testigos lo situaban en los cuatro trenes a la vez después de que la Policía difundiera su imagen en los medios de comunicación.
Ni Bakkali, ni Zbakh, ni Chaoui fueron procesados. A ninguno se le encontró nunca algún vínculo con organizaciones islamistas y los tres cruzan asiduamente la frontera entre Marruecos y España sin ningún problema.
La sentencia de Bermúdez omite, sin embargo, cualquier referencia a esa declaración de Bakkali –probablemente, porque no fue ratificada en la vista oral al no haber sido citado– y afirma en el relato de hechos probados que la tarjeta que se encontró en la mochila de Vallecas «había sido suministrada» al grupo terrorista por Jamal Zougam.
La Audiencia de Madrid, en el auto de junio de 2012 en el que ordenó investigar si las testigos «pudieron confabularse con la finalidad de alcanzar ciertos beneficios personales y económicos faltando a la verdad en las manifestaciones que realizaron en la vista del juicio oral», ya advertía de que Zougam recibió «una pena de prisión de extrema gravedad con fundamento precisamente en las declaraciones que ahora se reputan falsas y cuya falsedad, de resultar acreditada, daría lugar a la revisión» de la condena. Esto es: avisaba de que ninguna sentencia es inatacable.
>Videoanálisis deJoaquín Manso.
La Fiscalía, en evidencia
JOAQUÍN MANSO / Madrid
La contundencia de la Audiencia deja en evidencia a la Fiscalía, que de manera reiterada ha visto cómo sus informes contrarios a avanzar en la investigación eran desatendidos. La Constitución atribuye al Ministerio Fiscal la promoción de «la acción de la Justicia en defensa de la legalidad». Pues bien, en los principales hitos del ‘caso Zougam’, la fiscal Rosa Mayoral ha defendido lo contrario de lo que la juez o, sobre todo, el tribunal han considerado que era la legalidad. Paradójicamente, el fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, preguntado en fechas recientes sobre esta causa, declaró que «nadie que haya mentido a la Justicia puede escapar incólume».
Al procedimiento ha llegado ya el expediente de ambos, remitido desde la
Audiencia Nacional, y en él se ponen de manifiesto circunstancias muy sugestivas
sobre el fondo de este asunto: el marido afirmó, en efecto, que iba junto a su
cuñado, del que dio su nombre y número de teléfono pero omitió, muy
llamativamente, su condición de familiar: se refirió a él como «un compañero
rumano» del que «no sabe dónde vive e ignora si resultó lesionado».
Aportó, asimismo, el nombre y los datos de otras tres personas que «sabe que
también resultaron afectadas por el atentado». Este diario ha identificado a dos
de ellas –no a la tercera, un tal «Vasile», sin más precisión– y resulta que las
dos se encuentran en el listado de personas que fueron expulsadas del sumario
del 11-M e imputadas por simulación de delito. Esto es: por mentir haciéndose
pasar por víctimas sin serlo.
Según su relato, habría sido capaz de salir ileso del vagón de Atocha en el
que fallecieron una treintena de personas y de llegar por su propio pie hasta su
domicilio.
La sentencia dictada por la Audiencia Nacional (31 de octubre de 2007) daba
por hecho que Zougam «suministró» la tarjeta que se encontró en la mochila de
Vallecas. Ésa era una de las pruebas aportadas por la Fiscalía para sostener que
Zougam fue uno de los autores materiales de la masacre.
Siempre he pensado que el hecho de que las tarjetas fueran vendidas en el
local de Zougam era más una prueba de su inocencia que de su culpabilidad. De
hecho, éste permaneció en la tienda como si tal cosa el día en que se publicó la
aparición de la mochila de Vallecas y los medios contaron con todo detalle la
relevancia de dicha tarjeta.
Probablemente, la sociedad española ha pasado ya página del horrible
atentado. El marroquí Jamal Zougam es el único condenado como autor material y,
en marzo de 2014, cuando se cumplan 10 años de la matanza, él estará a punto de
cumplir 10 años en prisión, en régimen de aislamiento.
Después de muchos años de investigación, no tengo prácticamente ninguna duda
de que sus autores (al menos, parte de ellos) fueron los llamados suicidas de
Leganés. Es decir, que el atentado (con colaboración o no) fue obra de un grupo
yihadista. Sin embargo, en paralelo, tengo casi la misma seguridad de que Zougam
no tuvo nada que ver con ese atentado.
Si admitimos que la sentencia, ratificada por el Tribunal Supremo, establece
la verdad judicial sobre los hechos, también hay que admitir que la aparición de
hechos nuevos puede, en nuestro sistema penal, hacer variar algunos aspectos
sustanciales de la misma. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Si respetamos la
sentencia, con la misma lógica, deberíamos admitir que esos hechos nuevos
podrían llevar a establecer la inocencia de Jamal Zougam.
Durante su estancia en prisión (en la práctica, su condena es de cadena
perpetua), Zougam ha estado sometido a un estrecho control por parte de
Instituciones Penitenciarias. Todas sus comunicaciones (en locutorio,
telefónicas o postales) han sido supervisadas por la Policía.
Pues bien, durante casi 10 años, Zougam ha mantenido en todas sus
conversaciones con abogados, familiares y amigos su versión sobre los hechos. Es
decir, que no tuvo nada que ver ni con el atentado ni con los terroristas que lo
cometieron.
Citaré algunos ejemplos: en una charla en el locutorio con su madre y sus
hermanos, mantenida el 19 marzo de 2006, Zougam afirma: «Nos han detenido para
demostrar [los policías] que han hecho su trabajo...». Posteriormente, en otra
conversación telefónica con su madre, fechada el 18 de mayo de 2007, dice,
cuando ésta le comenta que un funcionario le ha dicho que no es musulmán: «Claro
que soy musulmán. Se refiere a que no soy de aquella gente. Son tonterías. Lo he
hecho [se refiere a una huelga de hambre] porque soy inocente. Llevo tres años
en la cárcel por la cara. No he hecho nada. Estuve trabajando cuando me
detuvieron. Cuando los abogados les preguntan por qué me han detenido, no saben
qué contestar».
El 8 de mayo de 2009, en una encuentro mantenido en la cárcel con Hamid Hamdi
(representante de OMAP, Organización Marroquí de Ayuda a Presos), Zougam
manifiesta: «Quien trajo a los auténticos terroristas fue Kamal Ahbar [un
islamista que testificó en el juicio]. Los marroquíes que vivían en Santa
Coloma, esos se sabía que eran los que hicieron el 11-M...».
Después, en una carta dirigida el 24 de agosto de 2010 a Umar Abdullah (un
marroquí que vive en Londres y se dedica a ayudar a los presos), Zougam se queja
de no haber tenido «ayuda por parte de asociaciones o individuos, excepto los
familiares», e insiste en que a él se le ha utilizado «como un barato chivo
expiatorio de la forma más vil, cobarde e inhumana para mantener las mentiras
del 11-M».
En una carta al también preso por el 11-M Rafa Zouhier, enviada el 1 de enero
de 2013, Zougam reitera: «El 13 de marzo de 2004 irrumpieron en la tienda y nos
echaron en la cárcel con mi hermano y dos socios míos en la venta, con la
acusación de utilizar las tarjetas en las operaciones del 11-M en Madrid y
después que mis socios hayan admitido que son ellos los que vendieron las
tarjetas a personas desconocidas en aquel momento, y después de pasar tres meses
en la cárcel se les liberó y me quedé yo prisionero hasta ahora por culpa de lo
que dijeron las falsas testigos rumanas».
En estos casi 10 años de encarcelamiento en condiciones durísimas (que le han
llevado a hacer cinco huelgas de hambre), Zougam nunca ha admitido su
participación directa o indirecta en los atentados del 11-M.
Hasta cierto punto, habría sido lógico que un terrorista –en caso de que lo
fuera– condenado a cadena perpetua hubiera reconocido al menos a sus amigos o
correligionarios su participación en los hechos, o incluso, ante éstos, haber
presumido de ello.
Pero la Policía no ha podido constatar ningún contacto con ningún grupo o
individuo ligado a grupos yihadistas durante estos casi 10 años.
¿Es lógica esta coherencia en el mantenimiento de su inocencia? Expertos como
Fernando Reinares sostienen que «no hay un comportamiento tipo en los presos
yihadistas». Por su parte, Rocío Gómez Hermoso (psicólogo forense de los
juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Madrid) señala que la coherencia
«depende de la estructura psicológica de la persona; es un dato que hay que
tener en cuenta, pero que no nos debe llevar a conclusiones».
No podemos deducir que Zougam sea inocente por el hecho de que haya mantenido
su versión. Sin embargo, lo que sí se puede afirmar es que, durante 10 años, la
Policía no ha encontrado ningún indicio que corrobore la culpabilidad del
preso.
La contundencia de la Audiencia deja en evidencia a la Fiscalía, que de manera reiterada ha visto cómo sus informes contrarios a avanzar en la investigación eran desatendidos. La Constitución atribuye al Ministerio Fiscal la promoción de «la acción de la Justicia en defensa de la legalidad». Pues bien, en los principales hitos del ‘caso Zougam’, la fiscal Rosa Mayoral ha defendido lo contrario de lo que la juez o, sobre todo, el tribunal han considerado que era la legalidad. Paradójicamente, el fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, preguntado en fechas recientes sobre esta causa, declaró que «nadie que haya mentido a la Justicia puede escapar incólume».
El marido y el hermano de C-65 tendrán que declarar
LA Audiencia de Madrid ha ordenado asimismo a la juez que cite a declarar como
testigos al marido y al hermano de la testigo protegido C-65. El primero fue
aceptado como víctima de los atentados, por lo que cobró una indemnización
superior a los 30.000 euros y obtuvo la nacionalidad española. Afirmó en la
Audiencia Nacional que viajaba en un tren distinto al de su esposa junto a su
cuñado (hermano de la testigo), que también intentó hacerse con los mismos
privilegios pero, curiosamente, fue expulsado del procedimiento por no acreditar
su condición de afectado.
- CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO
- 30/09/2013
- ESPAÑA
Todo esto es indecente, indecente es que venga ahora la Cospedal a decir que se investigue, ahora que a pasado una década. Nos toman el pelo y encima se ríen de todos los españoles de bien.
ResponderEliminarPues claro que se debe de investigar, queremos saber la verdad, y que paguen los que tienen que pagar.
España no se merece un gobierno que nos mienta.