- MANUEL MARRACO MADRID
- 16/07/2013 PORTADA/El Mundo
Confiesa al juez Ruz que durante dos décadas mantuvo una contabilidad B en el PP y que pagó sobresueldos a la cúpula del partido / Aporta documentos para avalar sus acusaciones
Los papeles de Bárcenas dieron ayer paso a las pruebas de Bárcenas. Ya no se
trata de meros documentos atribuidos a él: son, según su propia declaración,
anotaciones de su puño y letra elaboradas durante las dos décadas en las que
ejerció como gerente o tesorero del Partido Popular. En esos documentos
aportados al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz quedó reflejada la
contabilidad B de la formación, tanto la financiación irregular a través de
donaciones de empresarios de la construcción como los pagos regulares de
sobresueldos a la cúpula del partido. En las más de cuatro horas de declaración,
Luis Bárcenas sostuvo la veracidad de todos los apuntes y aseguró que los
sucesivos presidentes, secretarios y vicesecretarios del PP estuvieron al tanto
de que se llevaba una contabilidad paralela. La de ayer fue la décima declaración de Bárcenas ante la Justicia desde que estalló el caso Gürtel. Ocho de ellas fueron para responder por los supuestos pagos de la trama y sus cuentas en Suiza, pero hasta ahora sólo una vez había comparecido para responder por las cuentas del partido. En esa ocasión se negó a declarar, y añadió que nunca más lo haría. Ayer, sin embargo, cumpliendo el 19º día de prisión, decidió hacerlo, y hacerlo pertrechado de decenas de documentos y un pendrive con las cuentas opacas del partido.
NUEVOS DOCUMENTOS. La comparecencia de Bárcenas, acordada de manera
fulminante la semana pasada tras las revelaciones de este diario, comenzó con la
entrega al juzgado de abundante documentación. Parte estaba contenida en una
memoria digital portátil que Bárcenas, antes de abandonar Génova, copió de uno
de los ordenadores que había empleado en su etapa de tesorero. Fue uno de los
ordenadores que el PP no le permitió retirar de la sede central cuando estalló
el conflicto laboral. Ese pendrive incluye las anotaciones de los cuatro años
que hasta ahora le faltaban total o parcialmente al juzgado (1993 a 1996), cuyo
contenido de ingresos y gastos sigue el patrón del resto de ejercicios. Según
fuentes jurídicas, el ex tesorero ha entregado a Ruz toda la contabilidad que
elaboró hasta marzo de 2010. Bárcenas también aportó decenas de documentos
originales de ingresos bancarios en cuentas del partido. DONACIONES DE EMPRESARIOS.En un extenso interrogatorio, el juez Pablo Ruz fue preguntando al imputado por cada apunte contable que consta en la contabilidad B reconocida como suya. Los confirmó todos. En el apartado de ingresos, Bárcenas explicó que los grandes empresarios de la construcción cuyos nombres aparecen en los papeles se presentaban personalmente en la sede de la calle Génova tras haber contactado con el presidente o secretario general del partido. El dinero se ingresaba en la caja fuerte de la sede central y la operación se remataba con una comida con Lapuerta o Bárcenas.
Lo que no hizo el ex tesorero fue vincular esas entregas de los empresarios a la adjudicación de obras o contratas, ni señalar a los funcionarios a los que iban dirigidas las cantidades, precisiones necesarias para establecer la comisión de delitos de cohecho o de tráfico de influencias. Las entregas no eran finalistas, insistió Bárcenas, sino que los empresarios buscaban apoyar al partido. Los pagos, que se hacían en billetes de 500 euros, superaban las cuantías máximas legales y en la inmensa mayoría de los casos los efectuaban empresarios que contrataban con la Administración y que, por lo tanto, tenían vetadas por ley las donaciones.
200.000 A CASTILLA-LA MANCHA. El relato más completo de Bárcenas fue el relativo a una entrega de 200.000 euros por parte de la constructora Sacyr para ayudar al PP castellano-manchego en 2007. Por entonces ya estaba al frente del PP regional María Dolores de Cospedal, a la que Bárcenas tiene como furibunda enemiga. A preguntas de la defensa del ex presidente de Sacyr Luis del Rivero, Bárcenas no afirmó tajantemente que el pago tuviera como contraprestación la adjudicación del servicio de limpiezas de Toledo para una filial de Sacyr (más información en página 6).
SOBRESUELDOS. Bárcenas dijo al juez que los recibieron todos los miembros de la cúpula del partido. El encargado de hacer las entregas de los sobresueldos era el tesorero –es decir, Álvaro Lapuerta–, y cuando éste se retiró, él mismo. Bárcenas explicó que en dos ocasiones, en 2009 y 2010, entregó en mano sobres con dinero a Mariano Rajoy y a María Dolores de Cospedal. En uno de los episodios, la sede central recibió del PP de Pontevedra 50.000 euros como devolución de un préstamo. Según el relato de Bárcenas, 25.000 fueron para Rajoy, entregados en la calle Génova, y 25.000 para la secretaria general, entregados en el Senado.
La otra entrega se sitúa en el momento en el que Bárcenas abandona su despacho de tesorero. Entonces le quedaban en la caja fuerte dedicada a la contabilidad B algo más de 40.000 euros. Él quería dejarlo todo saldado, así que preparó sendas entregas de 20.000 euros para Rajoy y Cospedal, dejando solo unos miles de euros de remanente. Como en el resto de los casos, Bárcenas dijo no conservar ningún recibí de los sobresueldos.
En cuanto a los posibles pagos al ex presidente José María Aznar, Bárcenas lo incluyó de manera genérica entre los receptores –por su cargo en el partido– pero no lo mencionó expresamente. Cuando se le preguntó por la identidad tras las siglas «JM» que aparecen en los papeles junto a salidas de dinero, explicó que no lo recordaba bien y que podía tratarse de Jaime Mayor Oreja.
Entre los sobresueldos que sí precisó están los del Federico Trillo. Según Bárcenas, Trillo no quiso perder ingresos cuando pasó de del cargo de presidente del Congreso, magníficamente remunerado, al de ministro de Defensa. El PP acabó pagándole la diferencia de sueldos.
TRAJES A RAJOY. Además de los sobresueldos, entre los múltiples usos del dinero opaco guardado en la caja fuerte estuvo el de adecentar el ropero del hoy presidente del Gobierno, un imperativo según sus asesores de imagen. La contabilidad refleja apuntes como «Trajes Mariano» o «Corbatas presidente» y similares por valor de algo más de 30.000 euros. Según Bárcenas, llevó a Rajoy al sastre que él mismo usaba.
GENERALES DE 2011. Bárcenas describió un episodio particularmente reciente del que ya había informado este diario. Según su relato, antes de las elecciones generales de 2011 el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, contactó con Lapuerta, con el que tiene una amistad personal, para entregar 300.000 euros al partido, precisando que deseaba que Rajoy estuviera al tanto de la entrega. Lapuerta se lo transmitió al presidente del partido, que ordenó que se le remitiera al tesorero, entonces ya Juan Manuel Romay Beccaria. Bárcenas dijo al juez que, aunque él no participó en la entrega, llamadas posteriores sobre el asunto le hacen pensar que ésta se produjo. En su declaración en la Audiencia Nacional, Villar Mir negó haber hecho donaciones de ese tipo al PP.
TODO CONFIRMADO. En su larguísima declaración, Bárcenas confirmó todas las informaciones publicadas por EL MUNDO en los últimos días, incluyendo sus negociaciones con dirigentes del partido sobre su futuro, el cruce de mensajes con Rajoy a través del móvil y las amenazas recibidas en prisión para que no hiciera lo que hizo ayer.
>Veael videoanálisis de Manuel Marraco.
Confirma al juez Ruz haber recibido «presiones» del PP
Interpretó así la visita de dos letrados cuyos nombres no facilitó
El ex tesorero del PP confirmó ayer durante su comparecencia ante el juez Ruz
que dos letrados –cuya identidad no facilitó por indicación de su defensa– le
visitaron en prisión para transmitirle mensajes que él entendió que procedían
del PP y que consideró una «presión» para que guardara silencio.
Bárcenas fue preguntado por esas visitas por la acusación popular que ejercen
Los Verdes y por su propio abogado, Javier Gómez de Liaño. Al contestar a éste
desveló otras maniobras supuestamente procedentes del Partido Popular y que se
habrían producido tras la publicación por El país de las fotocopias con la
contabilidad B.
Bárcenas se refirió a una reunión a la que habrían asistido un abogado y Ana
Gutiérrez (a ella sí la identificó), esposa del ex diputado Jesús Merino,
también imputado en el caso Gürtel . Durante el encuentro se le «sugirió» hacer
una modificación de esas fotocopias y él trasladó la idea a su defensor, Alfonso
Trallero, que dijo que era «una barbaridad».
También aseguró que en otra ocasión se le hizo el ofrecimiento de 500.000
euros en dinero negro como indemnización por su despido como empleado del PP a
cambio de que retirara la demanda que ha presentado contra Alberto Durán, asesor
jurídico del PP, y contra el propio partido.
Respecto a las visitas al centro penitenciario, señaló que uno de los
letrados le dijo que la Audiencia Nacional podría decretar la nulidad del
procedimiento en septiembre u octubre próximos; le recordó los casos de Mario
Conde y Luis Roldán y le manifestó que, si hablaba, su mujer podría acabar
también en la cárcel. No afirmó que el letrado le hubiera asegurado que el
ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, va a ser destituido.
Según Bárcenas, esta entrevista se celebró después de que el subdirector de
la prisión le avisara de que este letrado quería verle, lo que le extrañó.
La segunda visita estuvo protagonizada por otro letrado que le habría
ofrecido «quedarse con el 25 por 100» del dinero descubierto a Luis Bárcenas en
el extranjero. El ex tesorero, según declaró ayer, le contestó que no renunciaba
al 100 por 100 de su fortuna porque es de procedencia legal.
El abogado Miguel Durán, defensor del número dos de la trama Gürtel, Pablo
Crespo, negó ayer en un comunicado haber transmitido a Bárcenas un «supuesto
mensaje» en nombre de Mariano Rajoy, con el que asegura que no habla desde «hace
más de dos años», informa Efe. Durán mantiene que fue a ver a Bárcenas a
petición de éste y de su familia con la única intención de «prestarle apoyo
profesional y humanitario».
Por su parte, Javier Iglesias, abogado de Álvaro Lapuerta (antecesor de
Bárcenas como tesorero del PP), negó «rotundamente» haber visitado a Bárcenas
«en nombre del Partido Popular» o haberle transmitido «mensaje alguno» de esa
formación. Añadió que en sus reuniones con Bárcenas no ha existido «conflicto
procesal o profesional alguno» y señaló que se ha regido «siempre con el más
estricto rigor profesional y deontológico».
El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, también manifestó
que es «radicalmente falso» que su partido haya enviado mensajes a Bárcenas a
través de abogados.
Apaños y montajes
El ex tesorero, quintaesencia de Génova desde los tiempos de Aznar, asume que el partido se financió irregularmente durante años y que una parte del dinero que entregaban los empresarios en el despacho de Álvaro Lapuerta, con él como testigo y fedatario, iba después a engrosar los bolsillos de los máximos dirigentes del partido (en B, por supuesto).
Ahora le toca a Ruz investigar cuánto de cierto hay en todo ello, incluida la acusación a María Dolores de Cospedal de ser la muñidora de la única comisión finalista (pagada por Luis del Rivero) que dice recordar. Ella misma lo negó ayer con rotundidad.
Pero, en definitiva, la bomba Bárcenas ha estallado y su onda expansiva ha llegado con toda su capacidad destructiva hasta La Moncloa.
Si el presidente del Gobierno quiere que los ciudadanos sigan pensando que es una persona digna de ocupar ese cargo, no puede ampararse en el silencio (o las preguntas pactadas). Tiene que dar explicaciones en el Congreso.
La estrategia respecto a Bárcenas por parte del Gobierno y del PP ha sido torpe desde que se conoció su implicación en el caso Gürtel. Entonces tenían que haberse cortado de raíz las relaciones, en lugar de ofrecerle acomodo en Génova, sueldo y secretaria. Por no hablar de los contactos personales del presidente, que ahora le dejan en muy mal lugar.
La razón de la torpeza fue pensar que se podía llegar a un apaño. Bárcenas ha declarado que, a primeros del mes de febrero (tras la publicaciones de las fotocopias de sus papeles en El País), mantuvo una reunión con Javier Iglesias, abogado de Álvaro Lapuerta, en la que estuvo presente Ana Gutiérrez (esposa del imputado Jesús Merino). Según esta versión, Iglesias le ofreció a Bárcenas la reescritura de sus papeles. Es decir, mantener algunas cosas y quitar otras, con el fin de desacreditar al periódico y acusarle de haber urdido un montaje. Por su parte, Iglesias, que admite la reunión, afirma que el que propuso el corta y pega fue el propio Bárcenas.
Ese mismo día por la tarde se volvieron a reunir en el despacho del abogado del ex tesorero del PP Alfonso Trallero. Éste se negó a la chapuza y argumentó que era muy peligroso hacerlo, como demostró, dijo, «la carta falsa de los Albertos».
Durante esos días, recordarán, en el PP se manejó la hipótesis del montaje. Si Bárcenas hubiera seguido adelante, esa tesis habría sido corroborada por los hechos (naturalmente, manipulados).
Ni el PP ni el Gobierno valoraron en su justa medida las repercusiones del caso. Pensaron que el tiempo acabaría por desactivarlo.
Pero Bárcenas subió el tono de su enfrentamiento con el partido. Demandó al abogado del PP, Alberto Durán, y llevó al partido ante la jurisdicción laboral por un supuesto «despido improcedente» (recordemos que estuvo cobrando sueldo y que incluso el PP pagó sus cuotas a la seguridad social durante más de dos años).
Fue –de nuevo, según Bárcenas– el propio Iglesias el que le propuso ya en el mes de marzo la retirada de las denuncias a cambio de 500.000 euros, a modo de compensación.
Según esa versión, Iglesias (que también es abogado de Alfonso García Pozuelo) coordinaba la defensa de los empresarios implicados en el pago de donaciones ilegales al PP.
La estrategia era negarlo todo. Si, por su parte, Bárcenas se mantenía firme en no reconocer la autoría de la contabilidad B, el asunto acabaría por archivarse.
Pero, en esto, llegó la cárcel y Bárcenas ha terminado contando todo lo que sabe (ya veremos si todo lo que dice es cierto). El PP y el Gobierno no pueden seguir insistiendo en el error. Recuperar la confianza requiere una rectificación.
Bárcenas prueba la financiación ilegal del PP
Entrega a Ruz un recibí de la presunta comisión de 200.000 euros pagada al partido en Castilla-La Mancha / Aporta un documento de los cobros de Rajoy, Cascos, Rato y Trillo
El PP de Castilla-La Mancha habría percibido una comisión de 200.000 euros
por la adjudicación de una contrata en la ciudad de Toledo en 2007, siendo ya
presidenta regional Cospedal, tal y como atestigua el «recibí» que Bárcenas
entregó ayer al magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y que EL MUNDO
reproduce a la derecha de estas líneas. El ex tesorero puso en manos de Ruz éste y otros cientos de elementos probatorios de la financiación ilegal del partido que sostiene al Gobierno –este periódico ha podido acceder a cinco de ellos–. El recibí está firmado de su puño y letra por José Ángel Cañas Cañada, entonces y ahora gerente del PP en la comunidad castellano-manchega.
«He recibido de Luis Bárcenas con fecha 12/02/2007 #100.000#(cien mil euros) y con fecha 28/3/2007#100.000#cien mil euros). Madrid, 28 de marzo de 2007. Firmado: José A. Cañas Cañada», reza el documento.
Al pie del recibí figura otra anotación manuscrita: «Luis del R. / Manuel Manrique», que se referiría al empresario y constructor Luis del Rivero, entonces presidente del conglomerado de la construcción y los servicios Sacyr, y a su sucesor, que en aquel momento era el consejero delegado.
¿Y por qué aparecen con letra de Bárcenas los nombres de Del Rivero y Manrique? Pues porque estos 200.000 euros de mordida los habría abonado Sufisa, una de las filiales de Sacyr, a cambio de la concesión de una contrata de recogida de basuras en el Ayuntamiento de la capital castellano-manchega, gobernado por el también popular José Manuel Molina.
La adjudicación a Sufisa por parte del Consistorio que presidía Molina se formalizó el 15 de enero de 2007. No era precisamente un contrato menor, sino la concesión de las basuras por un periodo de 14 años y un presupuesto total que finalmente superó los 100 millones de euros. Es decir, a razón de casi ocho millones anuales.
El Ayuntamiento de Toledo decidió agraciar a Sacyr-Sufisa, al concluir la Mesa de Contratación que la oferta que pusieron encima de la mesa era «la más competitiva». Pero el análisis de las ofertas no lo efectuaron los técnicos municipales, a los que se puenteó, sino una miniempresa externa contratada ad hoc por el equipo de gobierno de José Manuel Molina.
José Ángel Cañas Cañada es una persona de la más absoluta confianza de la dirigente castellanomanchega. De hecho, aterrizó en enero de 2007, siete meses después de que María Dolores de Cospedal sustituyera a Molina al frente del PP regional. Cañas continúa siendo el hombre que maneja las cuentas de la formación de centroderecha en la comunidad. Fuentes solventes aseguran que su poder orgánico es «total». «Todo el mundo sabe que es el hombre de María Dolores en el partido, su extensión, su delegado con mando en plaza. Nadie le discute nada porque saben que toserle a él es toser a la presidenta», relata muy gráficamente uno de los gerifaltes de la dirección castellano-manchega, antaño crítico, hoy cospedalista.
Este recibí confirma lo manifestado por el protagonista a Pedro J. Ramírez, relato recogido en su carta del domingo 7 titulada Cuatro horas con Bárcenas. En esta conversación, el ex tesorero rememoró la frase que pronunció en una cita con Rajoy y Arenas, cuando salió a relucir el nombre de la secretaria general, de cuyo trato se queja amargamente. «La única irregularidad que yo he cometido en estos años, en esta casa, ha sido por esta señora», enfatizó en voz alta en presencia del presidente del Gobierno, del vicesecretario general y también de su esposa, Rosalía.
«Ante el estupor de Arenas y Rajoy, Bárcenas describió entonces el cobro de una comisión de 200.000 euros por encargo del PP de Castilla-La Mancha a cambio de una adjudicación de una contrata municipal en Toledo a una empresa de construcción y servicios, cuyo polémico presidente aparece en la lista de donantes del partido», escribía Pedro J. Ramírez. El siguiente párrafo es expresivo: «Cuando Bárcenas les mostró documentos acreditativos de la operación, Rajoy se echó las manos a la cabeza y –siempre según los recuerdos del ex tesorero– exclamó: ‘¡Por Dios, Luis, cómo puedes tener estos papeles!’».
La aludida, María Dolores de Cospedal, desmintió ayer la versión de Bárcenas basándose en tres contraargumentos: «Esos 200.000 euros es dinero que Bárcenas dio al PP de Castilla La Mancha para la campaña de 2007, como hizo con los otros gerentes regionales. Además, todo el mundo sabe que mi relación con Molina no es precisamente buena. Y, por si fuera poco, creo que todo el mundo entenderá que nadie es tan tonto como para firmar que ha recibido una comisión ilegal. Bárcenas engañó a Cañas diciéndole ‘firma esto’ y el chaval lo firmó».
Entre la documentación facilitada ayer al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz hay también un tarjetón redactado a ambos lados por Bárcenas. Es más, el nombre del ex tesorero figura en el anverso.
En la cara A se puede leer textualmente, en una caligrafía fácilmente legible, varias cosas: «Semestre Mariano [Rajoy]: 12.620 euros/pagado. Semestre Rodrigo [Rato]: 13.700 euros. Semestre Paco [Álvarez-Cascos]: 19.350 euros». A continuación aparecen sumadas las tres cantidades, que hacen un total de 46.150 euros.
Un poco más abajo figura otra nota: «Pte. Federico [Trillo] 2001: 19.470, anotar pagado». Nuevamente, vuelve a sumar esta cifra a las tres anteriores y sintetiza: «Total: 65.623 euros».
En la cara B aparecen precisados los pagos satisfechos a Trillo en 2000 y 2001, entonces ministro. Hay que recordar que tanto éste como Rajoy, Rato y Cascos eran en aquellos momentos miembros del Ejecutivo de Aznar. En consecuencia, no podían recibir un solo euro que no fuera el correspondiente a su sueldo como ministro, so pena de vulnerar la Ley de Incompatibilidades.
Esta norma de 1995 establece que si un ministro cobra un salario público o privado que no sea el propio del cargo, incurrirá en una infracción muy grave, grave o leve.
Entre los cientos de documentos hay otro mucho más antiguo, de 1990 concretamente, que es perfecto reflejo de cómo se engrasaba económicamente en aquella época el rebautizado partido, que unos meses antes había pasado de llamarse Alianza Popular a adquirir su actual denominación. Se trata de un cheque «al portador» expedido por Ginés Navarro, que era una de las constructoras más potentes de España. La cantidad es elevadísima, teniendo en cuenta que hablamos de hace casi 23 años: «Diez millones de pesetas». O, lo que es lo mismo, 60.000 euros al cambio.
El cuarto elemento probatorio es un recibí suscrito en 1992 por el entonces todopoderoso director de Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez. Un total de 175.000 pesetas que, según él, iba a entregar a la presentadora de televisión Isabel Tenaille.
Torres-Dulce niega que la F iscalía esté «presionada»
Imparcial e independiente antes, ahora y en el futuro. Así es, según aseveró
ayer rotundo el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, la actuación de
la Fiscalía. Es decir, tal y como se encargó de manifestar el jefe de los
fiscales, «ni nos hemos encontrado ni nos vamos a encontrar en ningún momento
presionados por ninguno de los partícipes en el proceso [del caso Bárcenas], ni
mucho menos por cualquier medio de comunicación». En referencia a EL MUNDO,
aseguró que lo único que hace es «ejercer su derecho a la información».
Unas presiones que se intuían a la luz de la oferta que los abogados Javier Iglesias y Miguel Durán habrían transmitido a Luis Bárcenas a cambio de su silencio: la caída de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia para poder controlar mejor a la Fiscalía. Sin embargo, Torres-Dulce aseguró que tanto desde dicho Ministerio como desde Presidencia del Gobierno, lo que siempre le han pedido es «trabajar con la más completa y absoluta autonomía e independencia de la política del Ejecutivo».
Por eso, lo único que espera es que las últimas informaciones sobre pactos y conversaciones «se vuelquen de manera procesal, porque nosotros vivimos de los procesos, no fuera de ellos».
El nombre de Mariano Rajoy también salió a la palestra. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el presidente fuese llamado a declarar, Torres-Dulce dijo que esa decisión corresponde a los fiscales «atendiendo objetivos realistas dentro del proceso» porque, apostilló, la Fiscalía «sólo estudia posibilidades de hechos delictivos, y actitudes de ámbito moral o político quedan fuera de nuestro campo».
Una relación fluida
El fiscal general reconoció que tiene una «comunicación fluida con el ministro de Justicia», pero negó que hablen del proceso abierto contra Bárcenas ni de ningún otro porque «la competencia del Gobierno es la política, y la de la Fiscalía, hacer su trabajo con imparcialidad».
Antes de participar en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Torres-Dulce negó la capacidad de cualquier ejecutivo para dominar a la Fiscalía por el mero hecho de cambiar al titular de Justicia, como parece desprenderse de la reunión de Bárcenas con los abogados de Álvaro Lapuerta y Pablo Crespo. Así, aseguró que esa era una pregunta «constitucionalmente improcedente porque, si eso se hiciese así, se estaría cometiendo un delito».
Mariano Rajoy lo niega todo pero ni argumenta ni explica. La palabra de un
presidente debe servir sin más, máxime cuando se posee mayoría absoluta en el
Parlamento y el líder se identifica con la «estabilidad» y el futuro del país.
El presidente descarta así cualquier posibilidad de comparecer en sede parlamentaria para dar respuesta a las graves revelaciones de Luis Bárcenas y, por supuesto, no ha considerado ni por un momento que deba dimitir.
Ayer, en su declaración ante los medios, forzada por la presencia en Moncloa del primer ministro polaco, Donald Tusk, se limitó a la afirmación solemne de que «el Estado de Derecho no se somete a chantaje», que él velará porque en el curso del proceso sobre el caso Bárcenas las instituciones «actúen con independencia y sujeción exclusiva a la Constitución y a las leyes» y, por último, rechazó frontalmente la posibilidad de presentar la dimisión, como le reclaman los grupos de la oposición.
«Yo», aseguró Rajoy, «le voy a dar la garantía a los españoles de que aquí hay un Gobierno estable y que va a cumplir con su obligación; si otros quieren jugar a otras cosas por unas u otras razones, ésa es su responsabilidad».
Con estas palabras, el presidente daba respuesta a la posibilidad de que finalmente el PSOE, acompañado por otros grupos, decida presentar contra él una moción de censura. «Voy a defender la estabilidad política y voy a cumplir el mandato que me han dado los españoles», recalcó, antes de añadir que no «consentirá» que los dos pilares más importantes de la política española –el programa de reformas para superar la crisis y la estabilidad– «sufran daño».
En definitiva, el presidente vino a identificarse como el garante de ambos
objetivos y, en consecuencia, cualquier acusación contra él implica un ataque a
los mismos.
La intervención de Rajoy coincidió en el tiempo con el tramo final de la declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz del hombre al que él elevó al cargo de tesorero del PP, Luis Bárcenas.
No hubo en sus palabras atisbo alguno de explicación que contrarrestara las graves revelaciones que hizo el ex tesorero a EL MUNDO unos días antes de ingresar en la prisión de Soto del Real y que ayer mismo ratificó y amplió ante la Justicia.
En su opinión, tal y como ya habían transmitido días antes portavoces autorizados de La Moncloa, Mariano Rajoy considera que ya dio todas las explicaciones oportunas cuando pronunció un discurso el pasado 3 de febrero ante la dirección de su partido y que, incluso, las amplió cuando las fuerzas parlamentarias de oposición sacaron a relucir el escándalo de corrupción que afecta a su partido durante el Debate sobre el estado de la Nación.
«Un presidente del Gobierno», señaló ayer Rajoy, «no puede estar saliendo cada día al paso de todas y cada una de las insinuaciones, rumores o informaciones interesadas de todo tipo que se vayan publicando». Él cree que no tiene sentido pedirle eso a un jefe de Gobierno y por eso da por zanjada cualquier posibilidad de acudir a la Cámara para someterse a las preguntas y al debate con el resto de los grupos.
«No voy a entrar en detalles ni a polemizar con nadie. Siempre que tenga algo que decir lo diré. Cuando considere que tenga algo que decir, lo diré exactamente igual que hoy», aseguró, pese a que, en realidad, ayer no dijo prácticamente nada.
Incluso cuando se refirió al cruce de mensajes telefónicos que durante meses mantuvo con Bárcenas –ya imputado y sobre el que recaían graves sospechas–, en los que le daba ánimos, le pedía resistir y le enviaba abrazos, el presidente optó por la versión que se cocinó en Moncloa a lo largo del domingo.
A saber: lo único que demuestran los citados SMS divulgados por este periódico es que él no cedió a ninguna presión. «No ha habido ni va a haber», dijo, «ninguna presión a la Justicia, ni a la administración tributaria, ni a la Policía Judicial ni a ningún otro escalón administrativo».
Y la mejor prueba de ello es, en su opinión, que las personas encargadas de dilucidar sobre el caso de supuesta financiación irregular del PP y sus ramificaciones–fiscales, juez, policías y personal de la administración tributaria– son las mismas que había antes de que el Partido Popular ganara las elecciones. «Esto es una democracia seria», reiteró, «y las instituciones no se someten al chantaje. A las pruebas me remito».
No hubo excusas ni digresiones. Ni se perdió en críticas al PSOE, como hizo
por la mañana Carlos Floriano, ni omitió referencias explícitas a Luis Bárcenas,
como Mariano Rajoy. María Dolores de Cospedal compareció ayer ante la prensa
–ante la que abrió un amplio turno de preguntas– con el único objeto de
desmentir las acusaciones del ex tesorero del partido y de acusarle de
calumniador: «Son calumnias y mentiras», afirmó.
Y las dos cosas las hizo con vehemencia. Si bien no aportó ningún dato que contradijera las nuevas aportaciones del declarante, Cospedal se mostró tajante al negar que hubiera recibido dinero en sobres, de su mano y en su propio despacho. «Nunca», enfatizó. Tildó de «rotundamente falsa» la comisión presuntamente cobrada por el PP de Castilla-La Mancha a cambio de un contrato del Ayuntamiento de Toledo, y dio «cero credibilidad» a la donación de 300.000 euros al PP por parte del empresario Juan Miguel Villar Mir, para la campaña electoral de 2011.
Tan vehemente se mostró Cospedal –que también negó «presiones» a Bárcenas a través de sus abogados–, que llegó a pedir al juez Ruz que se decida a citarla como testigo, tal como pidió el fiscal. «Me daría pie a desmentir estas calumnias en sede judicial», afirmó, tras admitir que no le había gustado, en su momento, que el Ministerio Público se hubiera olvidado de anteriores secretarios generales, como Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas o Ángel Acebes: «Permítame que esos pensamientos se quedan para mí», dijo.
En el mismo contexto de firmeza, la secretaria explicó que si no se querella ahora contra Bárcenas o no amplía su demanda civil contra él, tal como hizo días atrás, es porque jurídicamente no es factible, dado que sus declaraciones se han realizado en sede judicial. Pero sí se reservó ejercer futuras acciones.
Sobre el recibí entregado por Bárcenas al juez firmado por el gerente del partido en Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas, la presidenta del PP regional –que, según subrayó, sólo llevaba «seis meses» al frente– señaló que el «documento» sólo se refería a la percepción de la «asignación» por la campaña electoral, de la que «Bárcenas», como tesorero, «era responsable». «De ninguna manera indica una comisión previa supuestamente cobrada por el entonces alcalde para que éste se la diera a Bárcenas, y éste, al gerente regional, para que financiara la campaña, porque es una historia disparatada y mentirosa. Y además de mentira, es una gran ignorancia», afirmó
Preguntada por si reconocía la presunta entrega de 300.000 euros al PP por parte del empresario Juan Antonio Villar Mir (OHL) al PP en la campaña de 2001 –sobre la que no había hecho expresa mención–, Cospedal fue algo menos rotunda. Eso sí, le concedió «cero credibilidad».
De manera muy significada, la autora de la frase «que cada palo aguante su vela» no sólo puso ayer la mano en el fuego por sí misma y por el presidente del Gobierno, sino también por todos los dirigentes del partido en relación con los sobresueldos, que ayer confirmó Bárcenas. «Todos nuestros ingresos están declarados y justificados debidamente», dijo, si bien admitió que el partido no tiene intención de hacer públicas las declaraciones de la renta reunidas en los últimos meses, «hasta que se llegue a un acuerdo con el PSOE». Cospedal tampoco vio la necesidad de que Rajoy comparezca en el Parlamento, y se negó por dos veces a pedir perdón en nombre del partido por la confianza depositada en su ex tesorero.
Unas presiones que se intuían a la luz de la oferta que los abogados Javier Iglesias y Miguel Durán habrían transmitido a Luis Bárcenas a cambio de su silencio: la caída de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia para poder controlar mejor a la Fiscalía. Sin embargo, Torres-Dulce aseguró que tanto desde dicho Ministerio como desde Presidencia del Gobierno, lo que siempre le han pedido es «trabajar con la más completa y absoluta autonomía e independencia de la política del Ejecutivo».
Por eso, lo único que espera es que las últimas informaciones sobre pactos y conversaciones «se vuelquen de manera procesal, porque nosotros vivimos de los procesos, no fuera de ellos».
El nombre de Mariano Rajoy también salió a la palestra. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el presidente fuese llamado a declarar, Torres-Dulce dijo que esa decisión corresponde a los fiscales «atendiendo objetivos realistas dentro del proceso» porque, apostilló, la Fiscalía «sólo estudia posibilidades de hechos delictivos, y actitudes de ámbito moral o político quedan fuera de nuestro campo».
Una relación fluida
El fiscal general reconoció que tiene una «comunicación fluida con el ministro de Justicia», pero negó que hablen del proceso abierto contra Bárcenas ni de ningún otro porque «la competencia del Gobierno es la política, y la de la Fiscalía, hacer su trabajo con imparcialidad».
Antes de participar en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Torres-Dulce negó la capacidad de cualquier ejecutivo para dominar a la Fiscalía por el mero hecho de cambiar al titular de Justicia, como parece desprenderse de la reunión de Bárcenas con los abogados de Álvaro Lapuerta y Pablo Crespo. Así, aseguró que esa era una pregunta «constitucionalmente improcedente porque, si eso se hiciese así, se estaría cometiendo un delito».
El presidente lo niega todo y se identifica con la ‘estabilidad’
Cospedal: ‘Son mentiras y calumnias’El presidente descarta así cualquier posibilidad de comparecer en sede parlamentaria para dar respuesta a las graves revelaciones de Luis Bárcenas y, por supuesto, no ha considerado ni por un momento que deba dimitir.
Ayer, en su declaración ante los medios, forzada por la presencia en Moncloa del primer ministro polaco, Donald Tusk, se limitó a la afirmación solemne de que «el Estado de Derecho no se somete a chantaje», que él velará porque en el curso del proceso sobre el caso Bárcenas las instituciones «actúen con independencia y sujeción exclusiva a la Constitución y a las leyes» y, por último, rechazó frontalmente la posibilidad de presentar la dimisión, como le reclaman los grupos de la oposición.
«Yo», aseguró Rajoy, «le voy a dar la garantía a los españoles de que aquí hay un Gobierno estable y que va a cumplir con su obligación; si otros quieren jugar a otras cosas por unas u otras razones, ésa es su responsabilidad».
Con estas palabras, el presidente daba respuesta a la posibilidad de que finalmente el PSOE, acompañado por otros grupos, decida presentar contra él una moción de censura. «Voy a defender la estabilidad política y voy a cumplir el mandato que me han dado los españoles», recalcó, antes de añadir que no «consentirá» que los dos pilares más importantes de la política española –el programa de reformas para superar la crisis y la estabilidad– «sufran daño».
En definitiva, el presidente vino a identificarse como el garante de ambos
objetivos y, en consecuencia, cualquier acusación contra él implica un ataque a
los mismos. La intervención de Rajoy coincidió en el tiempo con el tramo final de la declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz del hombre al que él elevó al cargo de tesorero del PP, Luis Bárcenas.
No hubo en sus palabras atisbo alguno de explicación que contrarrestara las graves revelaciones que hizo el ex tesorero a EL MUNDO unos días antes de ingresar en la prisión de Soto del Real y que ayer mismo ratificó y amplió ante la Justicia.
En su opinión, tal y como ya habían transmitido días antes portavoces autorizados de La Moncloa, Mariano Rajoy considera que ya dio todas las explicaciones oportunas cuando pronunció un discurso el pasado 3 de febrero ante la dirección de su partido y que, incluso, las amplió cuando las fuerzas parlamentarias de oposición sacaron a relucir el escándalo de corrupción que afecta a su partido durante el Debate sobre el estado de la Nación.
«Un presidente del Gobierno», señaló ayer Rajoy, «no puede estar saliendo cada día al paso de todas y cada una de las insinuaciones, rumores o informaciones interesadas de todo tipo que se vayan publicando». Él cree que no tiene sentido pedirle eso a un jefe de Gobierno y por eso da por zanjada cualquier posibilidad de acudir a la Cámara para someterse a las preguntas y al debate con el resto de los grupos.
«No voy a entrar en detalles ni a polemizar con nadie. Siempre que tenga algo que decir lo diré. Cuando considere que tenga algo que decir, lo diré exactamente igual que hoy», aseguró, pese a que, en realidad, ayer no dijo prácticamente nada.
Incluso cuando se refirió al cruce de mensajes telefónicos que durante meses mantuvo con Bárcenas –ya imputado y sobre el que recaían graves sospechas–, en los que le daba ánimos, le pedía resistir y le enviaba abrazos, el presidente optó por la versión que se cocinó en Moncloa a lo largo del domingo.
A saber: lo único que demuestran los citados SMS divulgados por este periódico es que él no cedió a ninguna presión. «No ha habido ni va a haber», dijo, «ninguna presión a la Justicia, ni a la administración tributaria, ni a la Policía Judicial ni a ningún otro escalón administrativo».
Y la mejor prueba de ello es, en su opinión, que las personas encargadas de dilucidar sobre el caso de supuesta financiación irregular del PP y sus ramificaciones–fiscales, juez, policías y personal de la administración tributaria– son las mismas que había antes de que el Partido Popular ganara las elecciones. «Esto es una democracia seria», reiteró, «y las instituciones no se someten al chantaje. A las pruebas me remito».
Cospedal se revuelve contra las «calumnias»
Pide al juez que la cite para desmentirlas en sede judicial y se reserva querellarseY las dos cosas las hizo con vehemencia. Si bien no aportó ningún dato que contradijera las nuevas aportaciones del declarante, Cospedal se mostró tajante al negar que hubiera recibido dinero en sobres, de su mano y en su propio despacho. «Nunca», enfatizó. Tildó de «rotundamente falsa» la comisión presuntamente cobrada por el PP de Castilla-La Mancha a cambio de un contrato del Ayuntamiento de Toledo, y dio «cero credibilidad» a la donación de 300.000 euros al PP por parte del empresario Juan Miguel Villar Mir, para la campaña electoral de 2011.
Tan vehemente se mostró Cospedal –que también negó «presiones» a Bárcenas a través de sus abogados–, que llegó a pedir al juez Ruz que se decida a citarla como testigo, tal como pidió el fiscal. «Me daría pie a desmentir estas calumnias en sede judicial», afirmó, tras admitir que no le había gustado, en su momento, que el Ministerio Público se hubiera olvidado de anteriores secretarios generales, como Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas o Ángel Acebes: «Permítame que esos pensamientos se quedan para mí», dijo.
En el mismo contexto de firmeza, la secretaria explicó que si no se querella ahora contra Bárcenas o no amplía su demanda civil contra él, tal como hizo días atrás, es porque jurídicamente no es factible, dado que sus declaraciones se han realizado en sede judicial. Pero sí se reservó ejercer futuras acciones.
Sobre el recibí entregado por Bárcenas al juez firmado por el gerente del partido en Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas, la presidenta del PP regional –que, según subrayó, sólo llevaba «seis meses» al frente– señaló que el «documento» sólo se refería a la percepción de la «asignación» por la campaña electoral, de la que «Bárcenas», como tesorero, «era responsable». «De ninguna manera indica una comisión previa supuestamente cobrada por el entonces alcalde para que éste se la diera a Bárcenas, y éste, al gerente regional, para que financiara la campaña, porque es una historia disparatada y mentirosa. Y además de mentira, es una gran ignorancia», afirmó
Preguntada por si reconocía la presunta entrega de 300.000 euros al PP por parte del empresario Juan Antonio Villar Mir (OHL) al PP en la campaña de 2001 –sobre la que no había hecho expresa mención–, Cospedal fue algo menos rotunda. Eso sí, le concedió «cero credibilidad».
De manera muy significada, la autora de la frase «que cada palo aguante su vela» no sólo puso ayer la mano en el fuego por sí misma y por el presidente del Gobierno, sino también por todos los dirigentes del partido en relación con los sobresueldos, que ayer confirmó Bárcenas. «Todos nuestros ingresos están declarados y justificados debidamente», dijo, si bien admitió que el partido no tiene intención de hacer públicas las declaraciones de la renta reunidas en los últimos meses, «hasta que se llegue a un acuerdo con el PSOE». Cospedal tampoco vio la necesidad de que Rajoy comparezca en el Parlamento, y se negó por dos veces a pedir perdón en nombre del partido por la confianza depositada en su ex tesorero.
Rubalcaba no logra una fórmula de acción conjunta de la oposición
Unos piden moción de censura, otros elecciones y el resto sólo explicaciones
a Rajoy
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha contactado con
los grupos parlamentarios más importantes del Congreso para intentar buscar una
acción conjunta de la oposición, bien para pedir la dimisión del presidente del
Gobierno por el escándalo del caso Bárcenas, bien para conseguir que comparezca
y dé explicaciones en la Cámara Baja.
Fue un primer encuentro exploratorio que Rubalcaba lideró personalmente con los portavoces de CiU, PNV, IU y UPyD, mientras que la portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, negoció con el resto del Grupo Mixto.
Sin embargo, Rubalcaba no explicitó qué postura quería el PSOE defender en esta iniciativa política, por lo que encontró respuestas muy diversas.
Se encontró con grupos que querían la moción de censura ya; otros que optan por una petición inmediata de elecciones anticipadas, y por último con los nacionalistas, más proclives a hacer un frente común sólo para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparezca en el Pleno del Congreso y dé explicaciones sobre este caso.
Fuentes de la dirección del PSOE indicaron a EL MUNDO que los contactos se reanudarán hoy, y que se está buscando una fórmula intermedia y rápida para dar respuesta política a la actitud del Gobierno del Partido Popular, dejándose otras iniciativas para cuando empiece en septiembre el próximo periodo de sesiones.
La portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, que ha mantenido varios contactos con Rubalcaba, insistió ayer en su oferta a toda la oposición de presentar una moción de censura para la que sólo son necesarios 35 diputados, como ya detalló el sábado desde las páginas de EL MUNDO.
La moción serviría para obligar a Rajoy a dar explicaciones en el Congreso sobre el caso Bárcenas–que Díez llamó el caso Rajoy–, y ese sería su «único objetivo», ya que la mayoría absoluta del PP tumbará cualquier candidato alternativo de la oposición.
La investigación judicial en marcha sobre los papeles de Bárcenas y las últimas revelaciones de este diario han provocado «la peor crisis de la democracia española», según sentenció ayer Rosa Díez en rueda de prensa en el Congreso.
La líder de UPyD acusó al presidente de haber asestado «un golpe a la democracia desde dentro» por mantener un «silencio cómplice» y negarse a comparecer ante las Cortes para dar explicaciones de un caso que está «agravando la profunda crisis de las instituciones».
«En España hemos sufrido golpes desde fuera, pero esto es un golpe desde dentro a la democracia, porque el Gobierno y el PP tienen secuestrado al Parlamento y no le permiten controlar al Ejecutivo. ¿Se puede hacer un chantaje mayor que impedir al Parlamento que haga su función?», se preguntó.
El líder de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, convocó por su parte y celebró ayer una Comisión Ejecutiva Federal extraordinaria por este caso. En un receso del cónclave, Lara anunció que su formación convocará en los próximos días en toda España movilizaciones ciudadanas de protesta por la actitud del presidente del Gobierno en el caso Bárcenas, que incluirán también «algún tipo de protesta institucional».
«Queremos hacer presión en la calle ante este ataque al Estado de Derecho», avanzó Lara.
El también presidente del grupo parlamentario La Izquierda Plural explicó que, además de las movilizaciones ciudadanas –que convocará junto a los sindicatos y el tejido social–, su intención es protagonizar algún tipo de acción institucional de protesta «porque no nos vamos a quedar callados ante el secuestro de la soberanía nacional», dijo, según informa Efe.
Desde CiU y el PNV la respuesta al caso está siendo mucho más tibia. Ambos grupos parlamentarios anunciaron ayer que tienen previsto registrar hoy en el Congreso una nueva solicitud de comparecencia de Rajoy.
Desde ERC fueron más duros. Su portavoz, Anna Simó, exigió la dimisión «en bloque» del Gobierno y que se anticipen las elecciones. «Mientras seamos españoles, aquí se tiene que ser absolutamente beligerante contra la corrupción», aseguró en Barcelona.
>‘Indignación pero nada de urnas’. Videoanálisis de Alberto Prieto.
Lo peor de Bárcenas es Rajoy y lo peor de Rajoy es Artur Mas dándole consejos
o Rubalcaba pidiendo su dimisión. Lo peor de todos ellos soy yo, que no tengo
por qué molestarme en cumplir la ley si quien me fuerza a hacerlo es el primero
que se la salta. Lo peor es el círculo vicioso de la mentira y de la deslealtad,
el fracaso de la política y de la democracia, el desprestigio de la idea del
bien común, el hoyo que le han hecho cavar a la libertad antes de meterla allí
para asesinarla y enterrarla.
Lo peor de cualquier escándalo de corrupción no son los billetes de 500 ni el sobre marrón, sino el próximo escándalo que vendrá, la sensación de vacío moral y el absoluto descrédito de la clase política en su totalidad, cuando es evidente, de un lado, que no todos los políticos han robado y, del otro, que necesitamos a los políticos para conservar la democracia y fortalecer la libertad.
Rubalcaba, Rajoy o Mas, entre otros tantos, pertenecen a una generación de políticos manchados por la corrupción directa o indirectamente. Ninguno de ellos puede alegar que no sabe cómo se pagó su última campaña electoral, porque ninguno de ellos es tan imbécil. Claro que lo saben, y claro que saben también que si intentan tomar medidas valientes y arriesgadas fenecerán en manos de los que conocen sus miserias y les podrán chantajear.
Los políticos no tienen que ser virtuosos por una cuestión estrictamente ética o estética, sino porque las tramas te debilitan y cuando estás en el ajo vives más pendiente de protegerte y de disimular que de servir a los ciudadanos y entregarte sin límite ni hipoteca a este empeño fundamental. Los políticos tienen que ser virtuosos porque siempre hay quien sabe hacer negocio con tu necesidad.
Rubalcaba, Mas y Rajoy saben que no tienen la camisa limpia porque han ordenado o tolerado prácticas en su partido que no sólo son irregulares, sino muy probablemente delictivas. Lo saben ellos, lo saben sus cuadros, lo saben los chantajistas profesionales y lo sabe cualquiera que siga con un poco de interés la actualidad política. Si de verdad fueran valientes, si de verdad fueran generosos, si de verdad tuvieran la mitad del sentido de Estado del que presumen se marcharían y se llevarían con ellos a sus respectivas manzanas podridas, de las que ellos mejor que nadie conocen los rostros y los nombres.
El PP, con mayoría absoluta, podría investir sin problema a un presidente nuevo. El PSOE, que se desmorona en las encuestas, tendría la ocasión de acabar con las tinieblas de su pasado y con su personaje más siniestro. A los convergentes tampoco les vendría mal que Mas lo dejara, porque si no lo hace van a tener que echarle el año que viene. A él y a su tropa de ineptos.
Los tres son perfectamente prescindibles y ninguno de ellos está aguantando para defender nada que vaya más allá de sus ansias y vanidades, y del afán de retener el poder. Han sido mediocres y están manchados. La mentira sistemática ha sido su estrategia y la incompetencia, su característica. Es muy pobre su bagaje.
Los tres son unos fracasados y caerán con deshonor. El mayor servicio que nos podrían prestar es marcharse. Y callarse. Y no volver nunca más. Que les olvidemos es lo mejor que les podría pasar.
Moncloa
Rompe el turno de la prensa para incluir una cuestión precocinada
Esto no había sucedido nunca. Ni con Felipe González acorralado por el caso de los GAL o el escándalo Filesa; ni con José María Aznar atenazado por Gescartera o la Guerra de Irak; ni con José Luis Rodríguez Zapatero azuzado por las negociaciones con ETA.
En el Palacio de la Moncloa, los periodistas siempre han preguntado libremente, sin consignas ni sugerencias, acordando ellos mismos el contenido de las cuestiones y las personas –dos como máximo por imposición gubernamental cuando se recibe la visita de un mandatario extranjero– que en cada ocasión ejercen como portavoces de todos ellos. Así han sido las cosas siempre, durante años... hasta el día de ayer.
No era una rueda de prensa fácil para Rajoy, empeñado en evitar cualquier mención al ex tesorero del PP Luis Bárcenas. Pero como el protocolo manda, la comparecencia ante la prensa con su homólogo polaco, Donald Tusk, era obligada.
La prensa, reunida en corrillos, había decidido las preguntas que quería plantear al presidente. En esta ocasión, no hubo dudas. Todo el interés se concentraba en Bárcenas. Se acordó que los medios que formularían las cuestiones serían EL MUNDO y la agencia Efe.
Los interrogantes incluidos en la primera pregunta –que debía ser formulada por quien escribe– se referían a los pasos que pretende dar el Gobierno para hacer frente a la situación de desconcierto político que se ha generado tras las revelaciones del ex tesorero; a la posibilidad de dimisión del presidente del Gobierno; al trato amistoso que mantuvo con Bárcenas antes y después de que se descubrieran sus cuentas suizas, y a la sospecha de que con el mismo se intentara comprar su silencio.
No hubo posibilidad de formularla. Rompiendo el protocolo establecido desde hace años, el propio Rajoy optó por dar la palabra a otro periodista, representante de ABC, que leyó una pregunta plana dictada previamente por su director, Bieito Rubido, tal y como él mismo argumentó después ante sus compañeros.
La cuestión precocinada fue como un colchón sobre el que el presidente se tumbó cómodamente para leer una declaración que traía preparada y que le permitía sortear cualquier arista peligrosa.
Igualmente, ayer por la mañana, el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, evitó la pregunta de otra periodista de EL MUNDO. Sólo la secretaria general, Dolores de Cospedal, ya por la tarde, admitió una amplia ronda de preguntas de los medios de comunicación, incluido este periódico.
Ni siquiera el escándalo suscitado con el caso Bárcenas ha logrado que CiU se
aparte de su único objetivo para esta legislatura: la celebración de un
referéndum de autodeterminación. Ayer, el alcalde de Barcelona, Xavier Trias,
ejerció de portavoz de la formación nacionalista y afirmó que sólo se
plantearían apoyar una moción de censura contra Mariano Rajoy si el promotor de
esa iniciativa acepta que se convoque una consulta soberanista en Cataluña.
Trias dijo que, de hecho, CiU ya ha recibido llamadas de otros partidos tanteando a la federación en cuanto a la posibilidad de plantear una moción de censura en el Congreso de los Diputados. «La presente quien la presente debe saber que queremos que [la moción] vaya ligada al derecho a poder hacer esta consulta. Si la alternativa a Rajoy no está de acuerdo con el derecho a decidir no daremos apoyo», dijo ayer tras la ejecutiva nacionalista.
En cualquier caso, Trias insistió en lo que dijeron ayer tanto Artur Mas como Josep Antoni Duran Lleida: «Queremos que Rajoy se explique porque no podemos juzgar sólo por lo que leemos en los medios».
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha contactado con
los grupos parlamentarios más importantes del Congreso para intentar buscar una
acción conjunta de la oposición, bien para pedir la dimisión del presidente del
Gobierno por el escándalo del caso Bárcenas, bien para conseguir que comparezca
y dé explicaciones en la Cámara Baja. Fue un primer encuentro exploratorio que Rubalcaba lideró personalmente con los portavoces de CiU, PNV, IU y UPyD, mientras que la portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, negoció con el resto del Grupo Mixto.
Sin embargo, Rubalcaba no explicitó qué postura quería el PSOE defender en esta iniciativa política, por lo que encontró respuestas muy diversas.
Se encontró con grupos que querían la moción de censura ya; otros que optan por una petición inmediata de elecciones anticipadas, y por último con los nacionalistas, más proclives a hacer un frente común sólo para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparezca en el Pleno del Congreso y dé explicaciones sobre este caso.
Fuentes de la dirección del PSOE indicaron a EL MUNDO que los contactos se reanudarán hoy, y que se está buscando una fórmula intermedia y rápida para dar respuesta política a la actitud del Gobierno del Partido Popular, dejándose otras iniciativas para cuando empiece en septiembre el próximo periodo de sesiones.
La portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, que ha mantenido varios contactos con Rubalcaba, insistió ayer en su oferta a toda la oposición de presentar una moción de censura para la que sólo son necesarios 35 diputados, como ya detalló el sábado desde las páginas de EL MUNDO.
La moción serviría para obligar a Rajoy a dar explicaciones en el Congreso sobre el caso Bárcenas–que Díez llamó el caso Rajoy–, y ese sería su «único objetivo», ya que la mayoría absoluta del PP tumbará cualquier candidato alternativo de la oposición.
La investigación judicial en marcha sobre los papeles de Bárcenas y las últimas revelaciones de este diario han provocado «la peor crisis de la democracia española», según sentenció ayer Rosa Díez en rueda de prensa en el Congreso.
La líder de UPyD acusó al presidente de haber asestado «un golpe a la democracia desde dentro» por mantener un «silencio cómplice» y negarse a comparecer ante las Cortes para dar explicaciones de un caso que está «agravando la profunda crisis de las instituciones».
«En España hemos sufrido golpes desde fuera, pero esto es un golpe desde dentro a la democracia, porque el Gobierno y el PP tienen secuestrado al Parlamento y no le permiten controlar al Ejecutivo. ¿Se puede hacer un chantaje mayor que impedir al Parlamento que haga su función?», se preguntó.
El líder de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, convocó por su parte y celebró ayer una Comisión Ejecutiva Federal extraordinaria por este caso. En un receso del cónclave, Lara anunció que su formación convocará en los próximos días en toda España movilizaciones ciudadanas de protesta por la actitud del presidente del Gobierno en el caso Bárcenas, que incluirán también «algún tipo de protesta institucional».
«Queremos hacer presión en la calle ante este ataque al Estado de Derecho», avanzó Lara.
El también presidente del grupo parlamentario La Izquierda Plural explicó que, además de las movilizaciones ciudadanas –que convocará junto a los sindicatos y el tejido social–, su intención es protagonizar algún tipo de acción institucional de protesta «porque no nos vamos a quedar callados ante el secuestro de la soberanía nacional», dijo, según informa Efe.
Desde CiU y el PNV la respuesta al caso está siendo mucho más tibia. Ambos grupos parlamentarios anunciaron ayer que tienen previsto registrar hoy en el Congreso una nueva solicitud de comparecencia de Rajoy.
Desde ERC fueron más duros. Su portavoz, Anna Simó, exigió la dimisión «en bloque» del Gobierno y que se anticipen las elecciones. «Mientras seamos españoles, aquí se tiene que ser absolutamente beligerante contra la corrupción», aseguró en Barcelona.
>‘Indignación pero nada de urnas’. Videoanálisis de Alberto Prieto.
Lo peor soy yo
Lo peor de cualquier escándalo de corrupción no son los billetes de 500 ni el sobre marrón, sino el próximo escándalo que vendrá, la sensación de vacío moral y el absoluto descrédito de la clase política en su totalidad, cuando es evidente, de un lado, que no todos los políticos han robado y, del otro, que necesitamos a los políticos para conservar la democracia y fortalecer la libertad.
Rubalcaba, Rajoy o Mas, entre otros tantos, pertenecen a una generación de políticos manchados por la corrupción directa o indirectamente. Ninguno de ellos puede alegar que no sabe cómo se pagó su última campaña electoral, porque ninguno de ellos es tan imbécil. Claro que lo saben, y claro que saben también que si intentan tomar medidas valientes y arriesgadas fenecerán en manos de los que conocen sus miserias y les podrán chantajear.
Los políticos no tienen que ser virtuosos por una cuestión estrictamente ética o estética, sino porque las tramas te debilitan y cuando estás en el ajo vives más pendiente de protegerte y de disimular que de servir a los ciudadanos y entregarte sin límite ni hipoteca a este empeño fundamental. Los políticos tienen que ser virtuosos porque siempre hay quien sabe hacer negocio con tu necesidad.
Rubalcaba, Mas y Rajoy saben que no tienen la camisa limpia porque han ordenado o tolerado prácticas en su partido que no sólo son irregulares, sino muy probablemente delictivas. Lo saben ellos, lo saben sus cuadros, lo saben los chantajistas profesionales y lo sabe cualquiera que siga con un poco de interés la actualidad política. Si de verdad fueran valientes, si de verdad fueran generosos, si de verdad tuvieran la mitad del sentido de Estado del que presumen se marcharían y se llevarían con ellos a sus respectivas manzanas podridas, de las que ellos mejor que nadie conocen los rostros y los nombres.
El PP, con mayoría absoluta, podría investir sin problema a un presidente nuevo. El PSOE, que se desmorona en las encuestas, tendría la ocasión de acabar con las tinieblas de su pasado y con su personaje más siniestro. A los convergentes tampoco les vendría mal que Mas lo dejara, porque si no lo hace van a tener que echarle el año que viene. A él y a su tropa de ineptos.
Los tres son perfectamente prescindibles y ninguno de ellos está aguantando para defender nada que vaya más allá de sus ansias y vanidades, y del afán de retener el poder. Han sido mediocres y están manchados. La mentira sistemática ha sido su estrategia y la incompetencia, su característica. Es muy pobre su bagaje.
Los tres son unos fracasados y caerán con deshonor. El mayor servicio que nos podrían prestar es marcharse. Y callarse. Y no volver nunca más. Que les olvidemos es lo mejor que les podría pasar.
Moncloa amaña con ‘ABC’ las preguntas a Rajoy
sobre Bárcenas (Desdeña a El Mundo y da la palabra al ABC)
Rompe el turno de la prensa para incluir una cuestión precocinadaEsto no había sucedido nunca. Ni con Felipe González acorralado por el caso de los GAL o el escándalo Filesa; ni con José María Aznar atenazado por Gescartera o la Guerra de Irak; ni con José Luis Rodríguez Zapatero azuzado por las negociaciones con ETA.
En el Palacio de la Moncloa, los periodistas siempre han preguntado libremente, sin consignas ni sugerencias, acordando ellos mismos el contenido de las cuestiones y las personas –dos como máximo por imposición gubernamental cuando se recibe la visita de un mandatario extranjero– que en cada ocasión ejercen como portavoces de todos ellos. Así han sido las cosas siempre, durante años... hasta el día de ayer.
No era una rueda de prensa fácil para Rajoy, empeñado en evitar cualquier mención al ex tesorero del PP Luis Bárcenas. Pero como el protocolo manda, la comparecencia ante la prensa con su homólogo polaco, Donald Tusk, era obligada.
La prensa, reunida en corrillos, había decidido las preguntas que quería plantear al presidente. En esta ocasión, no hubo dudas. Todo el interés se concentraba en Bárcenas. Se acordó que los medios que formularían las cuestiones serían EL MUNDO y la agencia Efe.
Los interrogantes incluidos en la primera pregunta –que debía ser formulada por quien escribe– se referían a los pasos que pretende dar el Gobierno para hacer frente a la situación de desconcierto político que se ha generado tras las revelaciones del ex tesorero; a la posibilidad de dimisión del presidente del Gobierno; al trato amistoso que mantuvo con Bárcenas antes y después de que se descubrieran sus cuentas suizas, y a la sospecha de que con el mismo se intentara comprar su silencio.
No hubo posibilidad de formularla. Rompiendo el protocolo establecido desde hace años, el propio Rajoy optó por dar la palabra a otro periodista, representante de ABC, que leyó una pregunta plana dictada previamente por su director, Bieito Rubido, tal y como él mismo argumentó después ante sus compañeros.
La cuestión precocinada fue como un colchón sobre el que el presidente se tumbó cómodamente para leer una declaración que traía preparada y que le permitía sortear cualquier arista peligrosa.
Igualmente, ayer por la mañana, el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, evitó la pregunta de otra periodista de EL MUNDO. Sólo la secretaria general, Dolores de Cospedal, ya por la tarde, admitió una amplia ronda de preguntas de los medios de comunicación, incluido este periódico.
CiU apoyaría una moción a cambio del la consulta independentista
Ni siquiera el escándalo suscitado con el caso Bárcenas ha logrado que CiU se
aparte de su único objetivo para esta legislatura: la celebración de un
referéndum de autodeterminación. Ayer, el alcalde de Barcelona, Xavier Trias,
ejerció de portavoz de la formación nacionalista y afirmó que sólo se
plantearían apoyar una moción de censura contra Mariano Rajoy si el promotor de
esa iniciativa acepta que se convoque una consulta soberanista en Cataluña. Trias dijo que, de hecho, CiU ya ha recibido llamadas de otros partidos tanteando a la federación en cuanto a la posibilidad de plantear una moción de censura en el Congreso de los Diputados. «La presente quien la presente debe saber que queremos que [la moción] vaya ligada al derecho a poder hacer esta consulta. Si la alternativa a Rajoy no está de acuerdo con el derecho a decidir no daremos apoyo», dijo ayer tras la ejecutiva nacionalista.
En cualquier caso, Trias insistió en lo que dijeron ayer tanto Artur Mas como Josep Antoni Duran Lleida: «Queremos que Rajoy se explique porque no podemos juzgar sólo por lo que leemos en los medios».
Esto es lo que da de sí el bipartidismo, paro, separatismos, odio a lo que huela a España y su bandera, y mafia, mucha mafia.
ResponderEliminarEspaña va bien.