- ÁNGELES ESCRIVÁ MADRID
- 22/05/2013 PORTADA/El Mundo
Ayete será escenario de nuevo de u acto en el que cuatro relatoras
internacionales harán públicas 12 recomendaciones realizadas al Gobierno y a
ETA. La izquierda abertzale ha dado el visto bueno. Sobresale una: se
recomendará a los presos que rechacen la violencia y que reconozcan el daño
causado.A pesar de lo llamativo de la fórmula (y a la espera de conocer los términos del rechazo a la violencia) ésta no cumple las exigencias establecidas por la ley para la mejora de las condiciones penitenciarias. Pero es un modo de utilizar la internacionalidad para que los presos se planteen dar un paso y para que, sobre todo, el Gobierno modifique su actitud respecto a ETA y, en concreto, su política penitenciaria si no quiere ser tachado de inmovilista.
En principio se pensó que la escenificación, la próxima semana, iba a estar a cargo del ex presidente Jimmy Carter; después, se especuló con Bertie Ahern, ex primer ministro de la República de Irlanda y firmante de la Declaración de Ayete del 18 de octubre de 2011, anterior al anuncio del cese definitivo; pero, finalmente serán cuatro miembros de instituciones internacionales, desconocidos, los que expongan las recomendaciones.
El documento es el resultado de las reflexiones de un foro social coordinado por Lokarri –la misma plataforma encargada de la logística de la Conferencia de Ayete– , activo en el País Vasco durante marzo y abril y en el que, una vez más, se han abordado las denominadas consecuencias del conflicto, es decir, la política penitenciaria que debería adoptar el Gobierno y, por parte de ETA, el desarme y el desmantelamiento de sus estructuras o su disolución. El PNV y la izquierda abertzale han sido consultados y los muñidores de un texto que se considera de consenso sostienen que no se habría hecho público si alguna de esas dos partes no hubiese mostrado su acuerdo. El lehendakari Urkullu y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, estarían al cabo de la calle y, por parte de los abertzales, habría sido Rufi Etxeberria quien diera su consentimiento.
En las conclusiones también se impele a la banda a la entrega de sus armas pero se le recuerda al Gobierno que, para que esta actividad esté plenamente controlada, ha de estar «monitoreada» por agentes internacionales o por un tercer protagonista cuyas características no son detalladas. Tampoco es explícito el documento sobre si el Gobierno debe reunirse con ETA directamente o no para llegar a acuerdos sobre esta cuestión, una condición que la banda ha exigido en todos sus comunicados, que el Ejecutivo no está dispuesto a cumplir y que la izquierda abertzale no cree posible mientras el PP esté en el Gobierno.
El texto es el desarrollo, de algún modo, de las conclusiones de Ayete, cuya segunda parte fue fallida hace unos meses porque el lehendakari advirtió a Jonathan Powell de que, tras la primera, todos los asuntos se iban a decidir en el Parlamento.
En aquella ocasión, hace poco más de año y medio, el primero de los cinco puntos firmados instaban a que ETA, tras una declaración de cese definitivo, solicitara un «dialogo con los gobiernos de España y Francia para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto» y «se adoptaran pasos para avanzar en la reconciliación, reconocer el dolor causado, reconocer a todas la víctimas y ayudar a sanar las ideas». Esa primera Conferencia se llevó a cabo después de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero diese a entender que la izquierda abertzale iba a ser legalizada –cosa que ocurrió– y que se iba a dar una salida escalonada a los presos de ETA.
Muchos de los reclusos entendieron que esa solución escalonada se iba a producir de inmediato; tanto que algunos expresaron su seguridad de que antes de la manifestación de febrero de 2012 podrían estar en la calle.
Nada de eso se produjo. ETA aseguró entonces que la amnistía era irrenunciable, exigió hablar con el Gobierno de Rajoy y hubo tensión en las cárceles. La posición del Gobierno negándose a efectuar cualquier movimiento en la política penitenciaria –al margen de la vía Nanclares– hasta que ETA no se disuelva hizo que la izquierda abertzale constatase que tenía un problema y buscó salidas para solucionarlo.
Hace más de un año que los dirigentes radicales aseguraban estar convencidos de que el debate interno que se estaba produciendo en las cárceles acabaría con los presos dando algún paso, asumiendo una fórmula comúnmente pactada, con el visto bueno de ETA, que sería pronunciada por cada uno individualmente en la que reconocerían el dolor causado. Pretendían que esto facilitara la salida de un centenar de ellos, los que han cumplido tres cuartas partes de la condena. Sin embargo, los reclusos se han venido negando, del mismo modo que la dirección de la banda se negó a desarmarse en Oslo ante los verificadores internacionales porque, según sus comunicados, todavía pretende negociar estos asuntos sólo con el Gobierno.
Pero la izquierda abertzale sigue intentándolo porque necesita resolver el problema de los presos, que implica momentos de tensión interna, porque quiere dar una salida airosa a la banda y porque es un modo de presionar al Ejecutivo.
Una vez estas recomendaciones se hagan públicas, la idea es que algunas personalidades vascas sean sus depositarias y que las partes invocadas respondan.
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de A. Escrivá.
¿Reparación de daños?
Es el juego de siempre; oiremos las voces más indesmayables del proceso, algo se mueve ahí dentro, a ver si el Gobierno mueve ficha, etcétera. Esto de la ficha, por cierto, es una banalización. Mueve pieza, deberían decir, para dotar al asunto de la solemnidad y el prestigio del ajedrez. La ficha es más propia de juegos pueblerinos o familiares: el dominó, las damas o el parchís, un suponer.
Se trata de que el Gobierno asuma como propio un problema que es de los presos y de la izquierda abertzale. Antes desarrollaron la misma martingala con la legalización de Batasuna, que parecía un problema de la sociedad española, de los partidos, de los gobiernos de Madrid y Vitoria. De todos menos de quienes querían volver a gozar de la legalidad. Luego pasa lo que pasa, que legalizados sus tres comandos institucionales gracias al Constitucional –Bildu (comando Donosti); EH Bildu (comando Gasteiz) y Amaiur (comando Madrid)–, los batasunos consideran que el Gobierno se ha salido con la suya y ahora le «toca mover ficha» a él.
O sea, que si el Ejecutivo no mueve, suya será la culpa de que la paz no sea tan definitiva como nos la habíamos imaginado. Si es ETA la que no se da a razones, esto avalará la independencia de criterio de la izquierda abertzale y su intención real de resolver el problema. Son los mismos que movilizaron a la tropa de Ondarroa contra la detención de una colaboradora del terrorismo y allí estuvo la portavoz Mintegi para dificultar en lo posible la tarea policial. La izquierda abertzale quiere que ETA reconozca el daño injusto causado, pero no que sus autores paguen por ello, ni condenar sus acciones.
Se juzgaba ayer en la Audiencia Nacional a los asesinos de la última víctima del terrorismo asesinada en el País Vasco: el inspector Eduardo Puelles, el 19 de junio de 2009. No había en aquel trío de idiotas morales que ocupaba el banquillo un cargo de conciencia. No reconocieron ante el tribunal el daño causado. Ni al propio tribunal, aunque el tribunal, en rigor, tampoco lo necesitaba. Tiene las pruebas.
No acabo de ver qué necesidad hay de que esos tres presuntos asesinos se dirijan a la viuda de Puelles, Francisca Hernández, a sus hijos y a su hermano Josu, para reconocer que les han causado un daño. Si lo sabrán ellos. Por otra parte, y en buena lógica, el reconocimiento de un daño, se supone que injustamente causado, debe llevar aparejado un propósito de restitución y el único que cabe, dada la irreversibilidad del mal causado, es la mínima capacidad de retribución de la Justicia y que cumplan íntegras las penas que se les impongan, como decía ayer Josu Puelles.
No había en aquel trío de idiotas morales que ocupaba el
banquillo un cargo de conciencia
‘Aquí los derechos sólo los tienen los asesinos’
La viuda de Puelles declara en el juicio por el asesinato del policía con una
bomba lapa
Los tres etarras acusados de matar al policía Eduardo Puelles se sentaron ayer en el banquillo de la Audiencia Nacional. Se negaron a responder al tribunal y se limitaron a escuchar a las acusaciones, a la docena de policías y guardias civiles que testificaron y, al final, a la mujer a la que la mañana del 19 de junio de 2009 dejaron viuda. «Él bajó a las nueve menos cinco o así, y lo que tardó en llegar. De repente oí la explosión; enseguida me di cuenta de que era él». Paqui Hernández recordó así el momento en el que una bomba lapa del comandoOtazua hizo explosión cuando el inspector de Policía movió su vehículo, aparcado en un descampado de Arrigorriaga (Vizcaya).
Al otro lado del cristal blindado, Iñigo Zapirain, Beatriz Etxebarria y Daniel Pastor, que habían pasado la mañana charlando, recibieron las palabras de la viuda con cara de circunstancias. Sólo cuando ella parecía haber acabado, Pastor se giró para reanudar la conversación. Pero ni lo hizo con mucho entusiasmo ni a Zapirain ni a Etxebarria pareció apetecerles, así que el gesto quedó a medias y ellos, callados.
Paqui Hernández no comenzó su declaración con lágrimas, sino con una risa triste a la pregunta de si el atentado había cambiado su vida. «Mi vida cambió totalmente. Mi vida no es vida. Tenía una vida normal como todo ser humano. Siempre se habla de derechos humanos, pero aquí los derechos sólo los tienen los asesinos», dijo, sin dirigir su queja a ningún caso concreto. Por ejemplo, al reciente permiso de salida al etarra Valentín Lasarte.
Por ese atentado, la fiscal Ana Noé pide 45 años de prisión para cada acusado por los delitos de asesinato y estragos, así como una indemnización de medio millón de euros para la familia. Junto al Ministerio Público, también acusa la familia de Puelles, la AVT y el Sindicato Profesional de Policía, que elevan las cuantías de las indemnizaciones.
Los etarras, ya condenados en firme como miembros de ETA, alegan torturas tras su arresto y han presentado al tribunal el reciente informe del Consejo de Europa que recoge las sospechas de malos tratos en España. En contestación, el Ministerio Público ha aportado la respuesta del Gobierno a ese informe y los archivos de las denuncias de torturas.
Un elemento clave para la acusación es la confesión de Zapirain tras su arresto en 2011, que incriminaba a todo el comando y que resulta especialmente valiosa porque se produjoante el juez. Además, en su domicilio los artificieros hallaron material suficiente «para construir varios artefactos completos» como el empleado con Puelles.
Según los investigadores, la elección de Puelles como objetivo se decantó por un golpe de suerte para el comando. Tenían anotadas numerosas matrículas de policías, y durante un encuentro del comando a Pastor le pareció reconocer una de ellas junto a unos bloques de viviendas. Era la de Puelles. Tras meses de vigilancia, una noche colocaron una bomba lapa que no llegó a estallar. Retiraron el artefacto y colocaron uno de otro tipo en su lugar. Lo hicieron Zapirain y Pastor mientras Etxebarria vigilaba. A la mañana siguiente sí funcionó.
Los tres etarras acusados de matar al policía Eduardo Puelles se sentaron ayer en el banquillo de la Audiencia Nacional. Se negaron a responder al tribunal y se limitaron a escuchar a las acusaciones, a la docena de policías y guardias civiles que testificaron y, al final, a la mujer a la que la mañana del 19 de junio de 2009 dejaron viuda. «Él bajó a las nueve menos cinco o así, y lo que tardó en llegar. De repente oí la explosión; enseguida me di cuenta de que era él». Paqui Hernández recordó así el momento en el que una bomba lapa del comandoOtazua hizo explosión cuando el inspector de Policía movió su vehículo, aparcado en un descampado de Arrigorriaga (Vizcaya).
Al otro lado del cristal blindado, Iñigo Zapirain, Beatriz Etxebarria y Daniel Pastor, que habían pasado la mañana charlando, recibieron las palabras de la viuda con cara de circunstancias. Sólo cuando ella parecía haber acabado, Pastor se giró para reanudar la conversación. Pero ni lo hizo con mucho entusiasmo ni a Zapirain ni a Etxebarria pareció apetecerles, así que el gesto quedó a medias y ellos, callados.
Paqui Hernández no comenzó su declaración con lágrimas, sino con una risa triste a la pregunta de si el atentado había cambiado su vida. «Mi vida cambió totalmente. Mi vida no es vida. Tenía una vida normal como todo ser humano. Siempre se habla de derechos humanos, pero aquí los derechos sólo los tienen los asesinos», dijo, sin dirigir su queja a ningún caso concreto. Por ejemplo, al reciente permiso de salida al etarra Valentín Lasarte.
Por ese atentado, la fiscal Ana Noé pide 45 años de prisión para cada acusado por los delitos de asesinato y estragos, así como una indemnización de medio millón de euros para la familia. Junto al Ministerio Público, también acusa la familia de Puelles, la AVT y el Sindicato Profesional de Policía, que elevan las cuantías de las indemnizaciones.
Los etarras, ya condenados en firme como miembros de ETA, alegan torturas tras su arresto y han presentado al tribunal el reciente informe del Consejo de Europa que recoge las sospechas de malos tratos en España. En contestación, el Ministerio Público ha aportado la respuesta del Gobierno a ese informe y los archivos de las denuncias de torturas.
Un elemento clave para la acusación es la confesión de Zapirain tras su arresto en 2011, que incriminaba a todo el comando y que resulta especialmente valiosa porque se produjoante el juez. Además, en su domicilio los artificieros hallaron material suficiente «para construir varios artefactos completos» como el empleado con Puelles.
Según los investigadores, la elección de Puelles como objetivo se decantó por un golpe de suerte para el comando. Tenían anotadas numerosas matrículas de policías, y durante un encuentro del comando a Pastor le pareció reconocer una de ellas junto a unos bloques de viviendas. Era la de Puelles. Tras meses de vigilancia, una noche colocaron una bomba lapa que no llegó a estallar. Retiraron el artefacto y colocaron uno de otro tipo en su lugar. Lo hicieron Zapirain y Pastor mientras Etxebarria vigilaba. A la mañana siguiente sí funcionó.
Los batasunaris, parece que han cogido apego a la mamandurria, y ahora les piden a los asesinos esto. Todo es una farsa como siempre, pero la mamandurria se lo exige.
ResponderEliminarEl desgobierno debería de darles más caña y no ceder un ápice, pero como siguen la hoja de ruta del zetaparo, pues veremos haber que más privilegios les concede.