ETA certificó en junio de 2006 el cobro de los 54.000 que la redada abortada el 4 de mayo en el Faisán iba a impedir
La huella del chivatazo es un sobre dirigido a dos empresarios navarros que incluye un recibí de ETA fechado en junio de 2006. Incluye tres sellos de la organización terrorista y el código alfanumérico con el que la banda identifica cada proceso de extorsión.
Los agentes antiterroristas franceses lo encontraron encima de unas cintas de música, detrás de la televisión, en el pequeño apartamento de Bayona de José Antonio Cau Aldanur. Se trata del supuesto miembro de la red de extorsión con el que el dueño del bar Faisán, Joseba Elosua, se puso en contacto precipitadamente el 4 de mayo de 2006 tras recibir el chivatazo. Cau explicó a los agentes que alguien había deslizado el sobre por debajo de su puerta unos días antes.
Como habían hecho tantas veces, el plan inicial era que Cau se desplazara al bar Faisán de Irún para recibir de Elosua lo que en las conversaciones intervenidas llamaban «nueve botellas de vino». Se estaban refiriendo a los nueve millones de pesetas (54.000 euros) que la banda había obtenido de una extorsión y que los responsables de la operación Urogallo pensaban interceptar. Pero Elosua fue advertido de la operación y cambió de planes. Fue él quien cruzó la frontera para reunirse con Cau y transmitirle el soplo: si se presentaba en el Faisán para recoger el dinero ambos serían detenidos.
Un mes y medio más tarde ambos fueron arrestados, pero ya no había rastro del dinero. Fue el propio informe policial definitivo el que desmintió las tesis propagadas por el ex ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba y su entorno de que, en realidad, el chivatazo no estropeó nada porque las detenciones acabaron produciéndose.
«Se
permitió que los 54.000 euros [...] se allegaran finalmente al aparato
financiero de la organización terrorista en el curso de los 45 días que
transcurrieron hasta su detención. [...] Se impidió su aprehensión y con
ello se favoreció que ETA dispusiera de esos fondos para seguir
coadyuvando a financiar su actividad terrorista», dice el informe. El propio fiscal del caso recuerda en su escrito de acusación contra dos mandos policiales que, efectivamente, fueron detenidos «todos» los integrantes de la red de extorsión, «pero sin que se encontrase una sola carta de extorsión en ninguno de los registros, ni los 54.000 euros».
La recepción del dinero es el ejemplo más claro de beneficio a la banda, pero no el más relevante. Los investigadores enumeran otra media docena de ventajas que el soplo supuso para ETA, alguna de ellas de «mucha mayor trascendencia» para la lucha antiterrorista. «La filtración provocó que los miembros de la red de extorsión dispusieran de tiempo suficiente para poner a salvo de la acción policial y judicial los medios y recursos utilizados en su procedimiento de extorsión, y lo más grave, pudieron sustraer al conocimiento de los servicios policiales antiterroristas datos esenciales sobre la estructura, composición, procedimientos operativos y responsables del aparato financiero de ETA en esos momentos».
Esos datos esenciales que nunca se encontraron habrían servido hoy para reforzar la inminente acusación contra la trama de extorsión etarra, cuya investigación, al igual que la del chivatazo, acaba de concluirse. En ese sumario llegaron a estar procesados por colaboración terrorista los dos empresarios a quienes ETA confirmó la recepción de los 54.000 euros. Se trata de José Javier Azpiroz Noain y Juan María Saralegui Caballero, propietarios de la constructora Azysa. La Fiscalía actuó contra ellos al estimar que el pago había sido voluntario, pero el juez Baltasar Garzón acabó archivando la causa al considerar que habían actuado por miedo a represalias de la banda.
«Hay responsable político»
Madrid
Según avanza la investigación del supuesto chivatazo policial a miembros de ETA en 2006, el conocido como ‘caso Faisán’, es «evidente que hay un responsable político». Así lo defendió ayer el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso.
Después de que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ordenase a la Fiscalía de la Audiencia Nacional incluir el delito de colaboración con organización terrorista a los dos policías imputados en el caso, Alonso remarcó que espera que haya alguna «respuesta política» a medida que se vayan conociendo «novedades» sobre el juicio en marcha.
«Es un asunto judicializado y, según avanza, es evidente que siempre hay un responsable político de las cosas que ocurren o que han ocurrido en el pasado, y en la medida en que se conozcan novedades tendremos que esperar respuestas políticas», insistió Alonso.
F. L. MADRID
24/04/2013 ESPAÑA
Según avanza la investigación del supuesto chivatazo policial a miembros de ETA en 2006, el conocido como ‘caso Faisán’, es «evidente que hay un responsable político». Así lo defendió ayer el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso.
Después de que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ordenase a la Fiscalía de la Audiencia Nacional incluir el delito de colaboración con organización terrorista a los dos policías imputados en el caso, Alonso remarcó que espera que haya alguna «respuesta política» a medida que se vayan conociendo «novedades» sobre el juicio en marcha.
«Es un asunto judicializado y, según avanza, es evidente que siempre hay un responsable político de las cosas que ocurren o que han ocurrido en el pasado, y en la medida en que se conozcan novedades tendremos que esperar respuestas políticas», insistió Alonso.
Así ocurrió todo en el Faisán
EL MUNDO accede a las recreaciones policiales y al vídeo grabado por los investigadores
La Policía, siguiendo instrucciones del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, elaboró unas recreaciones, una realidad virtual sobre aquel 4 de mayo de 2006 en el que agentes de policía protagonizaron el chivatazo de la vergüenza a ETA. Se reproduce cómo uno de ellos entró en el bar Faisán y le entregó un móvil a su dueño, Joseba Elosua, presunto responsable de la trama de extorsión.
El chivatazo está ya en la antesala del juicio. Los policías Pamies y Ballesteros se tendrán que sentar en el banquillo acusados de haber avisado a ETA de una operación contra su aparato de extorsión mientras el Ejecutivo de Zapatero estaba negociando con los terroristas. De hecho, el fiscal, finalmente y siguiendo órdenes del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha acusado a ambos mandos policiales de colaborar con ETA. Ante la confusión de datos, el juez encargó a especialistas de la Policía que llevaran a cabo una simulación virtual de cómo se había producido el chivatazo. Los especialistas de la Comisaría General de Policía Científica elaboraron dos archivos informáticos en los que se recrean los momentos clave en los que se produjo el chivatazo.
En el primero, se observa una figura que se acerca a un vecino y pregunta por la vivienda de Joseba Elosua, en Irún. Al no dar con él, se monta en su vehículo y se desplaza desde el domicilio hasta el mismo bar Faisán, ya cerca de la frontera con Francia. La recreación del traslado está en tiempo real, con el fin de cotejar las horas que pusieron en los informes policiales como claves de la delación a ETA. En el siguiente archivo remitido al juez ya se acota la actuación a las 11.00 horas del 4 de mayo, en los alrededores del bar Faisán. La Policía concreta que uno de sus agentes entra en el bar, pregunta por Elosua y habla con él. El agente saca su teléfono móvil y hace una llamada. Saluda a alguien al otro lado de la línea y le pasa el teléfono a Elosua tras anunciarle de que le querían hablar.
Es en ese momento cuando se presume que el dueño del bar, uno de los responsables de la red de extorsión de ETA, recibe la información de que va a ser detenido cuando cruce la frontera con dinero procedente de empresarios vascos y navarros. No es el único archivo al que ha accedido EL MUNDO. La Policía tenía un puesto de vídeovigilancia frente al bar. En ese vídeo, se observa la llegada al bar de Elosua sobre las 11.01 horas. Poco después, a las 11.14, llega Ballesteros. La última imagen es de las 11.29, momento en que el policía abandona la zona. Entre las 11.14 y las 11.29 se perpetró el chivatazo de la vergüenza.
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt los vídeos de la Policía y el análisis de Fernando Lázaro.
VICTORIA PREGO
24/04/2013
ESPAÑA
Se hizo en cumplimiento de órdenes superiores. Ése es el argumento
supremo al que se recurre, con la pretensión de que sea irrebatible y
pueda justificar cualquier desmán, como si el autor de la fechoría
tuviera la obligación de no tener cerebro en el momento de actuar.
Y así es como nos encontramos con que personas acreditadas en su lucha contra el terrorismo, cuya vida profesional ha estado dedicada a derrotar a los asesinos y que han logrados éxitos decisivos en esa dirección, acaban participando en una de las operaciones más dañinas que se conocen en el esfuerzo por lograr la victoria de la democracia sobre ETA.
Porque el efecto de aquel soplo a los etarras fue devastador para ese esfuerzo. No es sólo que los terroristas recibieran el dinero de la extorsión, cosa que ya sabíamos pero que hoy nos grita su existencia desde la página de al lado. Es que los miembros de la red de chantaje, que podían haber sido destrozados de un mazazo en la operación, pudieron escabullirse y llevarse con ellos pruebas, listas, sellos y nombres de víctimas y de verdugos.
Lo sucedido fue de una gravedad extraordinaria y contra la dimensión de ese delito no pueden ni los currículos más impecables. Los tribunales no están para valorar la trayectoria de quienes lo perpetraron, sino de juzgar y castigar aquellos hechos. Son dimensiones del todo incompatibles.
Y aquí es donde entra la mipe concepción del cumplimento de las órdenes de un superior, cuya más sangrienta y esperpéntica versión hemos visto en este mismo periódico hace muy pocos días en boca del asesino de Brouard: lo mató porque su compadre había recibido órdenes superiores.
Cuando conozcamos la sentencia sobre este caso únicamente podremos valorar la pena que van a pagar sus autores inmediatos, pero la responsabilidad de lo ocurrido es incomparablemente mayor y más imborrable para quienes decidieron una estrategia política cuyos demoledores efectos conocían perfectamente y, conociéndolos, dieron la orden. Para ellos no habrá pena. Sólo para quienes practicaron como miopes el perverso principio de la obediencia ciega.
La Policía, siguiendo instrucciones del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, elaboró unas recreaciones, una realidad virtual sobre aquel 4 de mayo de 2006 en el que agentes de policía protagonizaron el chivatazo de la vergüenza a ETA. Se reproduce cómo uno de ellos entró en el bar Faisán y le entregó un móvil a su dueño, Joseba Elosua, presunto responsable de la trama de extorsión.
El chivatazo está ya en la antesala del juicio. Los policías Pamies y Ballesteros se tendrán que sentar en el banquillo acusados de haber avisado a ETA de una operación contra su aparato de extorsión mientras el Ejecutivo de Zapatero estaba negociando con los terroristas. De hecho, el fiscal, finalmente y siguiendo órdenes del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha acusado a ambos mandos policiales de colaborar con ETA. Ante la confusión de datos, el juez encargó a especialistas de la Policía que llevaran a cabo una simulación virtual de cómo se había producido el chivatazo. Los especialistas de la Comisaría General de Policía Científica elaboraron dos archivos informáticos en los que se recrean los momentos clave en los que se produjo el chivatazo.
En el primero, se observa una figura que se acerca a un vecino y pregunta por la vivienda de Joseba Elosua, en Irún. Al no dar con él, se monta en su vehículo y se desplaza desde el domicilio hasta el mismo bar Faisán, ya cerca de la frontera con Francia. La recreación del traslado está en tiempo real, con el fin de cotejar las horas que pusieron en los informes policiales como claves de la delación a ETA. En el siguiente archivo remitido al juez ya se acota la actuación a las 11.00 horas del 4 de mayo, en los alrededores del bar Faisán. La Policía concreta que uno de sus agentes entra en el bar, pregunta por Elosua y habla con él. El agente saca su teléfono móvil y hace una llamada. Saluda a alguien al otro lado de la línea y le pasa el teléfono a Elosua tras anunciarle de que le querían hablar.
Es en ese momento cuando se presume que el dueño del bar, uno de los responsables de la red de extorsión de ETA, recibe la información de que va a ser detenido cuando cruce la frontera con dinero procedente de empresarios vascos y navarros. No es el único archivo al que ha accedido EL MUNDO. La Policía tenía un puesto de vídeovigilancia frente al bar. En ese vídeo, se observa la llegada al bar de Elosua sobre las 11.01 horas. Poco después, a las 11.14, llega Ballesteros. La última imagen es de las 11.29, momento en que el policía abandona la zona. Entre las 11.14 y las 11.29 se perpetró el chivatazo de la vergüenza.
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt los vídeos de la Policía y el análisis de Fernando Lázaro.
Obediencia miope
Y así es como nos encontramos con que personas acreditadas en su lucha contra el terrorismo, cuya vida profesional ha estado dedicada a derrotar a los asesinos y que han logrados éxitos decisivos en esa dirección, acaban participando en una de las operaciones más dañinas que se conocen en el esfuerzo por lograr la victoria de la democracia sobre ETA.
Porque el efecto de aquel soplo a los etarras fue devastador para ese esfuerzo. No es sólo que los terroristas recibieran el dinero de la extorsión, cosa que ya sabíamos pero que hoy nos grita su existencia desde la página de al lado. Es que los miembros de la red de chantaje, que podían haber sido destrozados de un mazazo en la operación, pudieron escabullirse y llevarse con ellos pruebas, listas, sellos y nombres de víctimas y de verdugos.
Lo sucedido fue de una gravedad extraordinaria y contra la dimensión de ese delito no pueden ni los currículos más impecables. Los tribunales no están para valorar la trayectoria de quienes lo perpetraron, sino de juzgar y castigar aquellos hechos. Son dimensiones del todo incompatibles.
Y aquí es donde entra la mipe concepción del cumplimento de las órdenes de un superior, cuya más sangrienta y esperpéntica versión hemos visto en este mismo periódico hace muy pocos días en boca del asesino de Brouard: lo mató porque su compadre había recibido órdenes superiores.
Cuando conozcamos la sentencia sobre este caso únicamente podremos valorar la pena que van a pagar sus autores inmediatos, pero la responsabilidad de lo ocurrido es incomparablemente mayor y más imborrable para quienes decidieron una estrategia política cuyos demoledores efectos conocían perfectamente y, conociéndolos, dieron la orden. Para ellos no habrá pena. Sólo para quienes practicaron como miopes el perverso principio de la obediencia ciega.
Que paguen el químico y sus mariachis, y los de la kgb por ambición, embajadas, ascensos y otras plebendas, también.
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