Contrata por 68.000 euros a Marc Muller Stuart para que tumbe la doctrina Parot en el Tribunal de Estrasburgo
Inés
del Río es una de las etarras más sanguinarias de la historia de la
organización terrorista. Pese a ello, la nueva marca de la izquierda
abertzale -Sortu-, se está encargando de pagar la minuta del nuevo
despacho de abogados que lleva la defensa de la terrorista, condenada a
más de 3.000 años de prisión. Según han explicado a este periódico
fuentes de la lucha antiterrorista, Sortu ha contratado por 60.000
libras (más de 68.000 euros) al abogado estrella escocés Marc Muller
Stuart para tratar de tumbar la doctrina Parot.
Con ello, Sortu ha dejado en evidencia su vínculo con ETA, pese a intentar por todos los medios que no se le asocie directamente con la estructura de la banda.
Según explicaron las fuentes citadas, la terrorista, con el visto bueno del habitual equipo de abogados del colectivo de presos de ETA, ha contratado los servicios de un bufete escocés especializado en pleitear con el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Su nada barata minuta, que se acerca a los 70.000 euros, será costeada por Sortu. Este despacho de juristas ha sido fichado por la izquierda abertzale para que trate de sacar adelante una sentencia europea que tumbe definitivamente la doctrina Parot, la interpretación más rigurosa de la aplicación de los beneficios penitenciarios a los delincuentes más peligrosos, no sólo a los etarras sino a cualquier preso que esté cumpliendo pena por delitos especialmente duros: terroristas de ETA, asesinos múltiples, violadores en serie...
Inés del Río Prada llevó a Estrasburgo la doctrina Parot, al entender que no se le podía aplicar a ella con carácter retroactivo. Inicialmente, Europa, en una primera sentencia ahora recurrida por el Gobierno, le dio la razón. Deberá ser a partir del próximo día 20 cuando la Gran Sala comience a resolver el recurso del Ejecutivo, que entiende que no hay retroactividad porque la doctrina Parot no es una ley sino una interpretación que cada país tiene derecho a hacer de cómo se aplica la política penitenciaria y el cumplimiento de las penas, nada que ver con la retroactividad de una ley.
Sortu se ha hecho cargo de la factura de la etarra. Ha contratado al bufete liderado por Mark Muller Stuart, que pertenece a Beyond Borders y tiene sede en Edimburgo (Escocia). Se autodefine como una organización sin ánimo de lucro dedicada a facilitar el diálogo y el intercambio cultural entre pequeñas nacionales.
Según explicaron estas mismas fuentes, la contratación de este despacho ha sido impulsada por la izquierda abertzale pero previamente fue consultada con el colectivo de abogados de ETA, que dio el visto bueno. Miembros de este colectivo han participado en las reuniones previas de coordinación, celebradas en Londres.
Los conocedores de los laberintos y estrategias de la izquierda abertzale interpretan esta contratación en el marco de una estrategia técnica y política. En primer lugar, el dominio del idioma por parte de este gabinete, considerado fundamental para que no haya malas interpretaciones en las traducciones. Pero también destacan la relación de Mark Muller con otros actores internacionales de derechos humanos sobre los que la izquierda abertzale quiere influir; es decir, que lo ficha también para que les vaya abriendo puertas y aumentando el lobby de presión europeo con el que lograr que el tribunal acabe con la doctrina Parot.
Sortu ha sufragado directamente los gastos de este equipo jurídico escocés, además de haber impulsado su contratación. En los conceptos que incluye la minuta de 60.000 libras esterlinas que cobra el bufete está la representación jurídica ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las reuniones previas con los abogados de ETA y con la izquierda abertzale para preparar el caso, convertirse en enlace con otros actores internacionales como la International Comision of Jurist o el Relator Especial para la protección de los Derechos Humanos en la lucha contra el terrorismo, y también la atención a los medios de comunicación en todos los asuntos jurídicos relacionados con el caso.
Los analistas de la lucha antiterrorista consultados por este periódico entienden que la implicación directa de Sortu en la defensa de presos de ETA se une a otras iniciativas políticas y ejecutivas que viene realizando para reafirmar su carácter de izquierda abertzale clásica. Entre ellas recuerdan estas fuentes el simbólico envío de sus ponencias al colectivo de presos de ETA. Las fuentes consultadas por EL MUNDO recuerdan que este bufete contratado ahora por Sortu ha participado en diversos litigios en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos relacionados con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), considerado por la Unión Europea como una organización terrorista.
El más mediático de ellos fue el caso de Abdullah Ocalan contra Turquía. Desde 2005 es senior advisor en el Centre for Humanitarian Dialogue de Ginebra. Está considerado un experto en mediación internacional y resolución de conflictos, ha participado en numerosos foros internacionales sobre este campo, en muchos de ellos coincidiendo con Brian Currin, el también mediador contratado por la izquierda abertzale a raíz del alto el fuego permanente emprendido por ETA.
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el videoanálisis de Fernando Lázaro
LEYRE IGLESIAS BILBAO
12/03/2013 ESPAÑA
Inés
del Río es una de las etarras más sanguinarias de la historia de la
organización terrorista. Pese a ello, la nueva marca de la izquierda
abertzale -Sortu-, se está encargando de pagar la minuta del nuevo
despacho de abogados que lleva la defensa de la terrorista, condenada a
más de 3.000 años de prisión. Según han explicado a este periódico
fuentes de la lucha antiterrorista, Sortu ha contratado por 60.000
libras (más de 68.000 euros) al abogado estrella escocés Marc Muller
Stuart para tratar de tumbar la doctrina Parot.Con ello, Sortu ha dejado en evidencia su vínculo con ETA, pese a intentar por todos los medios que no se le asocie directamente con la estructura de la banda.
Según explicaron las fuentes citadas, la terrorista, con el visto bueno del habitual equipo de abogados del colectivo de presos de ETA, ha contratado los servicios de un bufete escocés especializado en pleitear con el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Su nada barata minuta, que se acerca a los 70.000 euros, será costeada por Sortu. Este despacho de juristas ha sido fichado por la izquierda abertzale para que trate de sacar adelante una sentencia europea que tumbe definitivamente la doctrina Parot, la interpretación más rigurosa de la aplicación de los beneficios penitenciarios a los delincuentes más peligrosos, no sólo a los etarras sino a cualquier preso que esté cumpliendo pena por delitos especialmente duros: terroristas de ETA, asesinos múltiples, violadores en serie...
Inés del Río Prada llevó a Estrasburgo la doctrina Parot, al entender que no se le podía aplicar a ella con carácter retroactivo. Inicialmente, Europa, en una primera sentencia ahora recurrida por el Gobierno, le dio la razón. Deberá ser a partir del próximo día 20 cuando la Gran Sala comience a resolver el recurso del Ejecutivo, que entiende que no hay retroactividad porque la doctrina Parot no es una ley sino una interpretación que cada país tiene derecho a hacer de cómo se aplica la política penitenciaria y el cumplimiento de las penas, nada que ver con la retroactividad de una ley.
Sortu se ha hecho cargo de la factura de la etarra. Ha contratado al bufete liderado por Mark Muller Stuart, que pertenece a Beyond Borders y tiene sede en Edimburgo (Escocia). Se autodefine como una organización sin ánimo de lucro dedicada a facilitar el diálogo y el intercambio cultural entre pequeñas nacionales.
Según explicaron estas mismas fuentes, la contratación de este despacho ha sido impulsada por la izquierda abertzale pero previamente fue consultada con el colectivo de abogados de ETA, que dio el visto bueno. Miembros de este colectivo han participado en las reuniones previas de coordinación, celebradas en Londres.
Los conocedores de los laberintos y estrategias de la izquierda abertzale interpretan esta contratación en el marco de una estrategia técnica y política. En primer lugar, el dominio del idioma por parte de este gabinete, considerado fundamental para que no haya malas interpretaciones en las traducciones. Pero también destacan la relación de Mark Muller con otros actores internacionales de derechos humanos sobre los que la izquierda abertzale quiere influir; es decir, que lo ficha también para que les vaya abriendo puertas y aumentando el lobby de presión europeo con el que lograr que el tribunal acabe con la doctrina Parot.
Sortu ha sufragado directamente los gastos de este equipo jurídico escocés, además de haber impulsado su contratación. En los conceptos que incluye la minuta de 60.000 libras esterlinas que cobra el bufete está la representación jurídica ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las reuniones previas con los abogados de ETA y con la izquierda abertzale para preparar el caso, convertirse en enlace con otros actores internacionales como la International Comision of Jurist o el Relator Especial para la protección de los Derechos Humanos en la lucha contra el terrorismo, y también la atención a los medios de comunicación en todos los asuntos jurídicos relacionados con el caso.
Los analistas de la lucha antiterrorista consultados por este periódico entienden que la implicación directa de Sortu en la defensa de presos de ETA se une a otras iniciativas políticas y ejecutivas que viene realizando para reafirmar su carácter de izquierda abertzale clásica. Entre ellas recuerdan estas fuentes el simbólico envío de sus ponencias al colectivo de presos de ETA. Las fuentes consultadas por EL MUNDO recuerdan que este bufete contratado ahora por Sortu ha participado en diversos litigios en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos relacionados con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), considerado por la Unión Europea como una organización terrorista.
El más mediático de ellos fue el caso de Abdullah Ocalan contra Turquía. Desde 2005 es senior advisor en el Centre for Humanitarian Dialogue de Ginebra. Está considerado un experto en mediación internacional y resolución de conflictos, ha participado en numerosos foros internacionales sobre este campo, en muchos de ellos coincidiendo con Brian Currin, el también mediador contratado por la izquierda abertzale a raíz del alto el fuego permanente emprendido por ETA.
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el videoanálisis de Fernando Lázaro
Las titulaciones de etarras, a juicio
Los profesores imputados se escudan en que «era un acto reglado» para deportados
El rector de la UPV, Iñaki Goirizelaia (izda), y su antecesor, Juan Ignacio Pérez, flanquean a los dos imputados. / EFE
Era cosa conocida en sus pasillos y despachos que la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) estaba matriculando y concediendo títulos a miembros de ETA deportados, como Ángel Lete Echániz -matriculado desde la República Dominicana- y Belén González Peñalva -desde Cabo Verde-, que como tales no podían acogerse al sistema de alumnos especiales acordado con la UNED e Instituciones Penitenciarias para atender a los reclusos en España.
Pero nadie hizo nada por cambiarlo. Así se desprendió ayer de la primera sesión del juicio contra los profesores Xabier Aierdi y Enrique Antolín, para quienes la Fiscalía pide ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación.
Los dos imputados dijeron que sólo obedecían una encomienda de sus superiores y que los criterios de matriculación dependían del rectorado; la Fiscalía sostiene que el vicedecano de la facultad de Ciencias Sociales (Antolín) y el tutor de los dos etarras (Aierdi) los «incluyeron y mantuvieron» en este sistema pese a que «no reunían los requisitos» y «sin la autorización de los máximos responsables» de la UPV, «Pello Salaburu [rector] y Manuel Montero [decano y después rector]».
«Era un acto reglado, me guste o no me guste», se defendió Antolín, que coincidió con Aierdi en que Montero conocía la situación. De hecho, Aierdi señaló que «todos los profesores y todas las estructuras de la facultad, y todas las estructuras de la Universidad» sabían que entre los alumnos especiales figuraban los deportados, aunque no aparecían distinguidos en las listas.
Montero era el testigo de mayor rango, junto a su predecesor Salaburu, que no asistió. Al contrario que los imputados, afirmó que él «ignoraba que hubiera deportados» en la lista, que «nunca» supo nada y que se habría «opuesto» a ello «por irregular». Se escudó en que la práctica venía de una etapa «muy anterior» a la suya y en que no recibió la «denuncia» que hizo un grupo de profesores sobre estas irregularidades.
Uno de sus autores, el decano en su etapa como rector, José Manuel Susperregui, se reafirmó en que él sí se quejó. «Fue una época muy dura y había presiones sobre profesores que abandonaron la propia UPV. Era una situación muy complicada porque teníamos un peligro y miedo», declaró.
El administrativo que tramitaba el papeleo entre la Universidad y los deportados aportó algunos detalles sobre cómo se hacían las cosas. En el caso de Lete, la UPV encargó al «cónsul honorario» de España en Senegal que recibiera el material para el etarra y actuara como «maestro». Según añadió, de González se encargaba «un profesor de Santo Domingo».
Era cosa conocida en sus pasillos y despachos que la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) estaba matriculando y concediendo títulos a miembros de ETA deportados, como Ángel Lete Echániz -matriculado desde la República Dominicana- y Belén González Peñalva -desde Cabo Verde-, que como tales no podían acogerse al sistema de alumnos especiales acordado con la UNED e Instituciones Penitenciarias para atender a los reclusos en España.
Pero nadie hizo nada por cambiarlo. Así se desprendió ayer de la primera sesión del juicio contra los profesores Xabier Aierdi y Enrique Antolín, para quienes la Fiscalía pide ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación.
Los dos imputados dijeron que sólo obedecían una encomienda de sus superiores y que los criterios de matriculación dependían del rectorado; la Fiscalía sostiene que el vicedecano de la facultad de Ciencias Sociales (Antolín) y el tutor de los dos etarras (Aierdi) los «incluyeron y mantuvieron» en este sistema pese a que «no reunían los requisitos» y «sin la autorización de los máximos responsables» de la UPV, «Pello Salaburu [rector] y Manuel Montero [decano y después rector]».
«Era un acto reglado, me guste o no me guste», se defendió Antolín, que coincidió con Aierdi en que Montero conocía la situación. De hecho, Aierdi señaló que «todos los profesores y todas las estructuras de la facultad, y todas las estructuras de la Universidad» sabían que entre los alumnos especiales figuraban los deportados, aunque no aparecían distinguidos en las listas.
Montero era el testigo de mayor rango, junto a su predecesor Salaburu, que no asistió. Al contrario que los imputados, afirmó que él «ignoraba que hubiera deportados» en la lista, que «nunca» supo nada y que se habría «opuesto» a ello «por irregular». Se escudó en que la práctica venía de una etapa «muy anterior» a la suya y en que no recibió la «denuncia» que hizo un grupo de profesores sobre estas irregularidades.
Uno de sus autores, el decano en su etapa como rector, José Manuel Susperregui, se reafirmó en que él sí se quejó. «Fue una época muy dura y había presiones sobre profesores que abandonaron la propia UPV. Era una situación muy complicada porque teníamos un peligro y miedo», declaró.
El administrativo que tramitaba el papeleo entre la Universidad y los deportados aportó algunos detalles sobre cómo se hacían las cosas. En el caso de Lete, la UPV encargó al «cónsul honorario» de España en Senegal que recibiera el material para el etarra y actuara como «maestro». Según añadió, de González se encargaba «un profesor de Santo Domingo».
Otro elemento más, para ilegalizarlos.
ResponderEliminarPero claro, el desgobierno con las orejeras puestas, no lo verá.
Pronto veremos a más etarras sueltos por las calles.