Ruiz-Gallardón llevará este mes al Consejo de Ministros el Estatuto de la Víctima
.
A partir de este mes, los jueces tendrán que oír a las víctimas antes
de conceder un cambio de grado penitenciario, excarcelar o incluso
indultar al recluso que las dañó. Su testimonio, la opinión que les
merezca el beneficio que se estudia para el preso, no será vinculante
para el juez, pero sí preceptivo. Y este cambio histórico en la
legislación española no se reducirá al universo del terrorismo, sino que
abarcará otros tipos de delito, como podrían ser las agresiones
sexuales, la violencia sobre los menores o los asesinatos comunes y no
vinculados a la acción de ETA.«De forma inminente, vamos a presentar el Estatuto de la Víctima para dar a las víctimas derechos que en estos momentos no tienen. Vamos a modificar la ley para que la víctima sea necesariamente oída por el juez», ha asegurado a EL MUNDO el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Tal «inminencia» significa que casi con toda seguridad esa reforma será aprobada por el Consejo de Ministros en un par de semanas, según fuentes del propio Ministerio, que ultima durante estos días un borrador.
El cambio legislativo puede condicionar las decisiones judiciales en función de la receptividad que cada magistrado muestre ante los testimonios de las víctimas, todo un mundo nuevo en el panorama penal español. El ejemplo más mediático y reciente tiene apenas unas semanas de vida: si la reforma que Ruiz-Gallardón está a punto de estrenar hubiera llegado en septiembre, los jueces que excarcelaron a Josu Uribetxeberria Bolinaga tendrían que haber escuchado a las familias de sus tres asesinados y al propio José Antonio Ortega Lara, a quien el etarra mantuvo encerrado en un zulo durante 532 días. Y quizá entonces la decisión hubiera sido otra. O no.
Lo central es que los jueces deberán oír los argumentos -o las emociones- de las víctimas una vez condenado su agresor, algo que no ocurre en el escenario legal patrio. Hasta ahora, esas víctimas intervienen antes o durante el proceso que juzga al imputado, pero una vez condenado éste, se esfuman de escena.
«En la legislación actual, la víctima desaparece del procedimiento en el momento en que se produce la condena. Nosotros vamos a seguir amparando a la víctima después, durante el cumplimiento de la condena, a efectos de responsabilidades civiles, para que ella manifieste sus criterios sobre la modificación de situaciones penitenciarias. La víctima va a estar mucho más presente y con muchos más derechos en la nueva regulación española», sostiene el ministro.
El asunto está en la cabeza de Ruiz-Gallardón desde el mismísimo día en que tomó posesión del cargo. El 22 de diciembre de 2011, pocos minutos después de que el socialista Francisco Caamaño le traspasara la cartera de Justicia, el ex alcalde de Madrid se comprometió públicamente a elaborar un Estatuto de la Víctima. No avanzó muchos detalles, pero sí dijo que en el texto se explicitarían las indemnizaciones y se establecería una tipología de víctimas. Pero no le puso fecha.
Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, el ministro admitió que éstas tendrían un capítulo especial y singular dentro del Estatuto. Además de su parecer a la hora de los permisos o los cambios de grado, Ruiz-Gallardón dijo que las víctimas de ETA podrán ser oídas incluso ante la posibilidad de acercamientos de presos al País Vasco.
Así, el Estatuto indicará que los jueces deberán comunicar a las víctimas el planteamiento de esa aproximación geográfica y escuchar su opinión antes de decidir.
Tras la reunión de Ruiz-Gallardón con Pedraza se especuló con que el Estatuto estaría listo antes del verano. De hecho se llegó a hablar de junio. Sin embargo, el Ministerio no ha cerrado el texto de la reforma, que finalmente irá al Consejo de Ministros este mes, poniendo así en marcha el proceso de aprobación.
La idea de Ruiz-Gallardón no tiene antecedentes en la legislación española. Ni europea. Lo más cercano es la decisión marco tomada por el Consejo de Europa el 15 de marzo de 2001 relativa al Estatuto de la Víctima en el proceso penal. Aunque aquel documento no hablaba de consulta alguna a la víctima, sí la mencionaba una vez condenado su agresor. En el artículo 4, la UE sostenía que los Estados miembros deberían garantizar que en el momento de la puesta en libertad de la persona condenada «se pueda decidir, al menos en el caso de que pueda existir un riesgo, informar de ello a la víctima». No era una consulta preceptiva. Sólo una mera información.
Pero eso ni siquiera se cumplió. Ocho años después, en una comunicación de 2009, la Comisión fue clara: «Ningún Estado miembro ha traspuesto la decisión marco en un único acto legislativo nacional».
Meses después, tras una reunión con la presidenta de la Asociación Víctimas del
A partir de este mes, los jueces tendrán que oír a las víctimas antes de conceder un cambio de grado penitenciario, excarcelar o incluso indultar al recluso que las dañó. Su testimonio, la opinión que les merezca el beneficio que se estudia para el preso, no será vinculante para el juez, pero sí preceptivo. Y este cambio histórico en la legislación española no se reducirá al universo del terrorismo, sino que abarcará otros tipos de delito, como podrían ser las agresiones sexuales, la violencia sobre los menores o los asesinatos comunes y no vinculados a la acción de ETA.
«De forma inminente, vamos a presentar el Estatuto de la Víctima para dar a las víctimas derechos que en estos momentos no tienen. Vamos a modificar la ley para que la víctima sea necesariamente oída por el juez», ha asegurado a EL MUNDO el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Tal «inminencia» significa que casi con toda seguridad esa reforma será aprobada por el Consejo de Ministros en un par de semanas, según fuentes del propio Ministerio, que ultima durante estos días un borrador.
El cambio legislativo puede condicionar las decisiones judiciales en función de la receptividad que cada magistrado muestre ante los testimonios de las víctimas, todo un mundo nuevo en el panorama penal español. El ejemplo más mediático y reciente tiene apenas unas semanas de vida: si la reforma que Ruiz-Gallardón está a punto de estrenar hubiera llegado en septiembre, los jueces que excarcelaron a Josu Uribetxeberria Bolinaga tendrían que haber escuchado a las familias de sus tres asesinados y al propio José Antonio Ortega Lara, a quien el etarra mantuvo encerrado en un zulo durante 532 días. Y quizá entonces la decisión hubiera sido otra. O no.
Lo central es que los jueces deberán oír los argumentos -o las emociones- de las víctimas una vez condenado su agresor, algo que no ocurre en el escenario legal patrio. Hasta ahora, esas víctimas intervienen antes o durante el proceso que juzga al imputado, pero una vez condenado éste, se esfuman de escena.
«En la legislación actual, la víctima desaparece del procedimiento en el momento en que se produce la condena. Nosotros vamos a seguir amparando a la víctima después, durante el cumplimiento de la condena, a efectos de responsabilidades civiles, para que ella manifieste sus criterios sobre la modificación de situaciones penitenciarias. La víctima va a estar mucho más presente y con muchos más derechos en la nueva regulación española», sostiene el ministro.
El asunto está en la cabeza de Ruiz-Gallardón desde el mismísimo día en que tomó posesión del cargo. El 22 de diciembre de 2011, pocos minutos después de que el socialista Francisco Caamaño le traspasara la cartera de Justicia, el ex alcalde de Madrid se comprometió públicamente a elaborar un Estatuto de la Víctima. No avanzó muchos detalles, pero sí dijo que en el texto se explicitarían las indemnizaciones y se establecería una tipología de víctimas. Pero no le puso fecha.
Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, el ministro admitió que éstas tendrían un capítulo especial y singular dentro del Estatuto. Además de su parecer a la hora de los permisos o los cambios de grado, Ruiz-Gallardón dijo que las víctimas de ETA podrán ser oídas incluso ante la posibilidad de acercamientos de presos al País Vasco.
Así, el Estatuto indicará que los jueces deberán comunicar a las víctimas el planteamiento de esa aproximación geográfica y escuchar su opinión antes de decidir.
Tras la reunión de Ruiz-Gallardón con Pedraza se especuló con que el Estatuto estaría listo antes del verano. De hecho se llegó a hablar de junio. Sin embargo, el Ministerio no ha cerrado el texto de la reforma, que finalmente irá al Consejo de Ministros este mes, poniendo así en marcha el proceso de aprobación.
La idea de Ruiz-Gallardón no tiene antecedentes en la legislación española. Ni europea. Lo más cercano es la decisión marco tomada por el Consejo de Europa el 15 de marzo de 2001 relativa al Estatuto de la Víctima en el proceso penal. Aunque aquel documento no hablaba de consulta alguna a la víctima, sí la mencionaba una vez condenado su agresor. En el artículo 4, la UE sostenía que los Estados miembros deberían garantizar que en el momento de la puesta en libertad de la persona condenada «se pueda decidir, al menos en el caso de que pueda existir un riesgo, informar de ello a la víctima». No era una consulta preceptiva. Sólo una mera información.
Pero eso ni siquiera se cumplió. Ocho años después, en una comunicación de 2009, la Comisión fue clara: «Ningún Estado miembro ha traspuesto la decisión marco en un único acto legislativo nacional».
Meses después, tras una reunión con la presidenta de la Asociación Víctimas del
La ofensa del lenguaje continúa
La Fundación de Víctimas del Terrorismo denuncia que medios y políticos
'abertzales' siguen hablando de «presos políticos vascos» sin que la
Justicia intervenga
La Fundación de Víctimas del Terrorismo ha denunciado la frecuencia con la que el entorno abertzale sigue refiriéndose a los presos de ETA como «presos políticos vascos», sin que los tribunales tomen cartas en el asunto. La revista de esta institución ha realizado una encuesta entre los responsables de las diferentes asociaciones, que concluyen que tal expresión supone «una ofensa» para las víctimas y un «enaltecimiento de la figura de los terroristas».
La Fundación sostiene, por ejemplo, que el diario Gara ha utilizado más de 200 veces en los últimos seis meses la frase «presos políticos» para referirse a los etarras y que tanto el diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano, como el alcalde de San Sebastián, Juan Carlos Izaguirre, se refieren habitualmente a ellos como si estuvieran en prisión por expresar ideas políticas. La revista recoge intervenciones públicas de ambos suficientemente explícitas.
La Fundación considera que el uso de ese tipo de expresiones constituye una «manipulación perversa de la realidad», que suele ser apoyada con «la simbología, las pancartas y los gritos vertidos en el transcurso de las manifestaciones» que piden el acercamiento «como paso previo a una excarcelación infame».
Según la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, la intención de los términos es «justificar sus crímenes como si fuesen algo inevitable, consecuencia de un conflicto político imaginario». Francisco Zaragoza Lluch, de la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo, sostiene que «es una ofensa en doble sentido porque ahora están obteniendo beneficios mientras sus víctimas siguen sin ver atendidas sus demandas».
La portavocía de Covite alerta de que tal calificación «exime enteramente de gravedad penal a los crímenes de ETA y hace que sean considerados como un ejercicio de libertad de pensamiento, una expresión de la legítima dialéctica política». Para Cristina Cuesta, de la Fundación Miguel Ángel Blanco, «es pura propaganda terrorista». Y como tal debe ser tratada. Según Pedraza, la Audiencia Nacional ya ha argumentado que la fórmula «preso político vasco» constituye una expresión enaltecedora del terrorismo.
La Fundación de Víctimas del Terrorismo ha denunciado la frecuencia con la que el entorno abertzale sigue refiriéndose a los presos de ETA como «presos políticos vascos», sin que los tribunales tomen cartas en el asunto. La revista de esta institución ha realizado una encuesta entre los responsables de las diferentes asociaciones, que concluyen que tal expresión supone «una ofensa» para las víctimas y un «enaltecimiento de la figura de los terroristas».
La Fundación sostiene, por ejemplo, que el diario Gara ha utilizado más de 200 veces en los últimos seis meses la frase «presos políticos» para referirse a los etarras y que tanto el diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano, como el alcalde de San Sebastián, Juan Carlos Izaguirre, se refieren habitualmente a ellos como si estuvieran en prisión por expresar ideas políticas. La revista recoge intervenciones públicas de ambos suficientemente explícitas.
La Fundación considera que el uso de ese tipo de expresiones constituye una «manipulación perversa de la realidad», que suele ser apoyada con «la simbología, las pancartas y los gritos vertidos en el transcurso de las manifestaciones» que piden el acercamiento «como paso previo a una excarcelación infame».
Según la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, la intención de los términos es «justificar sus crímenes como si fuesen algo inevitable, consecuencia de un conflicto político imaginario». Francisco Zaragoza Lluch, de la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo, sostiene que «es una ofensa en doble sentido porque ahora están obteniendo beneficios mientras sus víctimas siguen sin ver atendidas sus demandas».
La portavocía de Covite alerta de que tal calificación «exime enteramente de gravedad penal a los crímenes de ETA y hace que sean considerados como un ejercicio de libertad de pensamiento, una expresión de la legítima dialéctica política». Para Cristina Cuesta, de la Fundación Miguel Ángel Blanco, «es pura propaganda terrorista». Y como tal debe ser tratada. Según Pedraza, la Audiencia Nacional ya ha argumentado que la fórmula «preso político vasco» constituye una expresión enaltecedora del terrorismo.
A buenas horas, mangas verdes...,. Esto no deja de ser una cortina de humo, para ver como si hicieran algo a favor de las víctimas, cuando lo que están haciendo de verdad, es seguir la hoja de ruta de zetaparo con los asesinos.
ResponderEliminarPorca misera de gobiernos.