La juez, la fiscal e Interior ahogan el 'caso Zougam'

• JOAQUÍN MANSO MADRID 21/10/2012 ESPAÑA/El Mundo

El juzgado rechaza citar a las imputadas y el Ministerio se niega a dar documentación

La juez, la Fiscalía, el Ministerio del Interior y el Consulado de Rumanía están conduciendo hacia un callejón sin salida el procedimiento por posible falso testimonio contra Jamal Zougam en el juicio del 11-M. Y sin practicar la más mínima diligencia, en contra de lo que ordenó la Audiencia Provincial en un contundente auto de junio en el que apreció «apariencia de delito» en la conducta de las dos rumanas testigos protegidos que determinaron su condena y ordenó investigar si mintieron.

Pues bien, la juez Belén Sánchez y la fiscal Rosa Mayoral prescinden del criterio del tribunal y rechazan citar a C-65 y J-70, ya formalmente imputadas, y a suprimirles la condición de testigos protegidas hasta que el Ministerio del Interior les envíe la documentación que confirme las circunstancias que fueron publicadas en una serie de reportajes de este diario. Pero ocurre que el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz se niega a entregar los expedientes que se le han solicitado si previamente no se les indica el nombre de las dos afectadas cuya identidad la juez mantiene en secreto.

Es decir: si no hay nombres no habrá documentos pero no habrá nombres hasta que haya documentos.

En concreto, la fiscal -que ya se opuso a la admisión de la querella tras retenerla sin aparente motivo durante dos meses cuando sabía que el plazo de prescripción estaba a punto de cumplirse- argumenta en un escrito de septiembre que «es prematuro especialmente la toma de declaración de las querelladas hasta tanto [sic] no se examine la documentación requerida y con ello se verifique con suficiencia la realidad del hecho punible».

Y también razona que «no procede suprimir la condición de testigos protegidos de las querelladas hasta tanto [sic] del resultado de la investigación no resulten datos que impliquen una inequívoca imputación formal como autoras del hecho punible y excluyan el archivo de la causa».

La Audiencia de Madrid ya verificó en junio la suficiencia del hecho punible, ordenó la imputación formal de las querelladas y excluyó el archivo de la causa. Es más, ordenó practicar «cuantas diligencias de prueba fueran necesarias para investigar» si las dos rumanas «pudieron confabularse con la finalidad de alcanzar ciertos beneficios personales y económicos, faltando a la verdad en las manifestaciones que realizaron en la vista del juicio oral».

Y todo ello, decía la Audiencia, porque la querella de los abogados Eduardo García Peña y Francisco Andújar relata «nuevas revelaciones que no pudieron ser tenidas en cuenta» por el tribunal del 11-M y aporta «indicios que bien pudieran avalar razonablemente la verosimilitud de la apariencia delictiva de la conducta» de las testigos, cuya defensa ejerce el ex colaborador terrorista Gonzalo Boye. Es decir, que «los hechos contenidos en la querella, de ser ciertos, pudieran ser constitutivos de un delito de falso testimonio».

Tanto la Dirección General de Apoyo a las Víctimas como la Delegación del Gobierno de Madrid, dependientes de Interior, se han negado en sendas resoluciones de junio y julio a entregar los documentos que se le piden, pese a que en ambos casos se les especificó el número de expediente. Antes y después de las últimas elecciones, el PP se comprometió a colaborar con la Justicia.

La solicitud pretende confirmar la que la testigo J-70 no se decidió a declarar contra Zougam hasta 11 meses después del atentado y sólo cuando el Ministerio le cerró las puertas a las indemnizaciones y a los papeles tras rechazarla como víctima, ya que sus técnicos no la creyeron cuando dijo que fue herida en los trenes. Tras testificar, terminó cobrando 48.000 euros.