Los máximos dirigentes de la banda transmitieron a Batasuna, antes de
anunciar el cese de la violencia, que no darían más pasos sin
contrapartidas
En
la primera quincena de agosto del año pasado, tres miembros de Batasuna
se desplazaron hasta el sur de Francia para reunirse con tres
dirigentes del llamado aparato político de ETA, David Pla, Izaskun
Lesaka (la voz femenina que lee los comunicados de la banda) y Xabier
Goienetxea, un tipo aplicado que había sido designado para hacer las
funciones de secretario y levantar acta.
El encuentro fue lo suficientemente prolongado como para que los terroristas comunicaran a su brazo político -desesperado por poder regresar a las instituciones de forma plena- que, efectivamente, habían adoptado la decisión de anunciar un «cese definitivo de las acciones armadas», pero que ésta iba a ser la última decisión adoptada de forma unilateral y que las siguientes sólo podrían producirse tras una negociación con el Gobierno.
Los dirigentes de la banda reconocieron que la determinación había sido adoptada con discrepancias, que era mayoritaria pero no unánime y que una de las terroristas con más peso -si es que alguien lo tenía a esas alturas-, Iratxe Sorzabal, había manifestado su oposición.
Eludiendo la evidencia de que había sido derrotada, esta etarra prefería combinar la estrategia de la «acumulación de fuerzas» con la de la «lucha armada», es decir, el pacto con EA y Aralar con los asesinatos.
Sorzabal es la pareja de uno de los etarras más fundamentalistas de la última época, Karrera Sarobe, Ata, con quien tiene un hijo, y eso en otros momentos hubiese sido un enorme problema, pero hace un año ya no lo era porque Ata, considerado el último jefe con liderazgo interno, llevaba meses en prisión.
Los etarras advirtieron entonces a los miembros de Batasuna de algo más, de que esa iba a ser, efectivamente, la última decisión que iba a ser adoptada de forma unilateral. El resto, «el reconocimiento del dolor causado», una eventual entrega de las armas y el futuro anuncio de disolución o más precisamente de su desmantelamiento (dado que ETA ha manifestado su intención de convertirse en una corriente interna de la izquierda abertzale), solamente se iban a producir si el Gobierno se sienta a negociar con la organización la salida de los presos, el regreso de los huidos y las denominadas «consecuencias del conflicto».
Durante las semanas siguientes, la izquierda abertzale se dedicó a preparar la escenificación de Ayete, la conferencia internacional destinada a amortiguar la sensación de derrota operativa que podía dar una decisión así. Sus dirigentes ya se habían estado reuniendo con los representantes de todos los partidos excepto el PP y habían adquirido la aquiescencia de las personalidades internacionales encabezadas por el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan. El Gobierno facilitó el encuentro y el líder de la oposición fue informado de ello. Y la reunión parió un texto en el que se pedía a la banda el cese definitivo y se interpelaba a los gobiernos a responder en consecuencia poniendo en marcha un acuerdo entre partidos y una solución para los presos.
No se sabía cuánto tiempo iba a pasar entre este acto de blanqueo y el anuncio, pero ETA auguró inmediatez y, efectivamente, tres días después, el 20 de octubre, tres encapuchados tardaron dos minutos y 33 segundos en dar carpetazo a los atentados, después de asesinar a 857 personas. El Ejecutivo supo con más de un día de antelación la hora en la que se iba a realizar la comparecencia y el contenido del texto en su totalidad.
Ha transcurrido exactamente un año y dos son las sensaciones que prevalecen en la sociedad vasca. Una es el alivio, la alegría indisimulada y comprensible con la que, sobre todo los amenazados por ETA, viven el día a día.
La otra es la rapidez con la que se ha querido pasar página. Parece que los atentados son una pesadilla de otra época, tan inexplicable y tan intensa que parece necesario solaparla. Ahora mismo en el País Vasco es política y socialmente incorrecto cuestionar el modo como se ha llegado a esta situación, y cualquiera que arme un discurso crítico en este sentido o incluso contra la izquierda aberztale es orillado con desdén. Sin embargo, lo cierto es que una de las consecuencias de tanta rapidez es la profunda injusticia que ésta entraña.
El cese definitivo se produjo gracias a la puesta en marcha de una política sin precedentes, que en la última época logró que en dos años fuesen detenidos cinco números uno de la banda. Si en 2002 había 517 etarras incorporados y 514 en prisión, en 2012 quedan 50 en libertad y 800 recluidos. Y gracias a la aplicación de la Ley de Partidos que dejó a la izquierda abertzale tan arrinconada que se vio obligada a reaccionar para sobrevivir.
Sin embargo, hay una parte, la deslegitimación de la violencia, que 12 meses después es extremadamente deficiente. Durante esta campaña, la candidata de EH-Bildu, Laura Mintegi, ha realizado un discurso en el que se ha erigido en defensora de los trabajadores y de la igualdad social sin que el resto de los candidatos le insistiera en que tiene un pasado que hace ofensivo su borrón y cuenta nueva. Adoptan esta actitud -según cual sea su posicionamiento en esta campaña de perfil bajo en la que lo fundamental parece haber sido no espantar a nadie- porque o temen que use el victimismo para obtener más votos o quieren poner en valor que los demócratas han conseguido la libertad o para que no se les acuse de no haberse incorporado al «nuevo tiempo».
En esas condiciones, mañana la izquierda abertzale obtendrá un buen número de escaños y pocos consideran condición sine qua non para legitimarla políticamente la condena de ETA que Mintegi se ha negado expresamente a realizar.
Un año después, ETA espera que el Gobierno se avenga a resolver las cuestiones técnicas. Y EH-Bildu confía en la posición del PNV, que ya ha dicho que recuperará el contenido de las reuniones de Loyola, donde se habló de articular un sistema consensuado entre partidos para activar el derecho a decidir con un sistema de doble llave y con una consulta posterior en el País Vasco. No se plantea ya como una cuestión de contenido, sino de administración de tiempos.
FERNANDO LÁZARO ESPAÑA
En
la primera quincena de agosto del año pasado, tres miembros de Batasuna
se desplazaron hasta el sur de Francia para reunirse con tres
dirigentes del llamado aparato político de ETA, David Pla, Izaskun
Lesaka (la voz femenina que lee los comunicados de la banda) y Xabier
Goienetxea, un tipo aplicado que había sido designado para hacer las
funciones de secretario y levantar acta. El encuentro fue lo suficientemente prolongado como para que los terroristas comunicaran a su brazo político -desesperado por poder regresar a las instituciones de forma plena- que, efectivamente, habían adoptado la decisión de anunciar un «cese definitivo de las acciones armadas», pero que ésta iba a ser la última decisión adoptada de forma unilateral y que las siguientes sólo podrían producirse tras una negociación con el Gobierno.
Los dirigentes de la banda reconocieron que la determinación había sido adoptada con discrepancias, que era mayoritaria pero no unánime y que una de las terroristas con más peso -si es que alguien lo tenía a esas alturas-, Iratxe Sorzabal, había manifestado su oposición.
Eludiendo la evidencia de que había sido derrotada, esta etarra prefería combinar la estrategia de la «acumulación de fuerzas» con la de la «lucha armada», es decir, el pacto con EA y Aralar con los asesinatos.
Sorzabal es la pareja de uno de los etarras más fundamentalistas de la última época, Karrera Sarobe, Ata, con quien tiene un hijo, y eso en otros momentos hubiese sido un enorme problema, pero hace un año ya no lo era porque Ata, considerado el último jefe con liderazgo interno, llevaba meses en prisión.
Los etarras advirtieron entonces a los miembros de Batasuna de algo más, de que esa iba a ser, efectivamente, la última decisión que iba a ser adoptada de forma unilateral. El resto, «el reconocimiento del dolor causado», una eventual entrega de las armas y el futuro anuncio de disolución o más precisamente de su desmantelamiento (dado que ETA ha manifestado su intención de convertirse en una corriente interna de la izquierda abertzale), solamente se iban a producir si el Gobierno se sienta a negociar con la organización la salida de los presos, el regreso de los huidos y las denominadas «consecuencias del conflicto».
Durante las semanas siguientes, la izquierda abertzale se dedicó a preparar la escenificación de Ayete, la conferencia internacional destinada a amortiguar la sensación de derrota operativa que podía dar una decisión así. Sus dirigentes ya se habían estado reuniendo con los representantes de todos los partidos excepto el PP y habían adquirido la aquiescencia de las personalidades internacionales encabezadas por el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan. El Gobierno facilitó el encuentro y el líder de la oposición fue informado de ello. Y la reunión parió un texto en el que se pedía a la banda el cese definitivo y se interpelaba a los gobiernos a responder en consecuencia poniendo en marcha un acuerdo entre partidos y una solución para los presos.
No se sabía cuánto tiempo iba a pasar entre este acto de blanqueo y el anuncio, pero ETA auguró inmediatez y, efectivamente, tres días después, el 20 de octubre, tres encapuchados tardaron dos minutos y 33 segundos en dar carpetazo a los atentados, después de asesinar a 857 personas. El Ejecutivo supo con más de un día de antelación la hora en la que se iba a realizar la comparecencia y el contenido del texto en su totalidad.
Ha transcurrido exactamente un año y dos son las sensaciones que prevalecen en la sociedad vasca. Una es el alivio, la alegría indisimulada y comprensible con la que, sobre todo los amenazados por ETA, viven el día a día.
La otra es la rapidez con la que se ha querido pasar página. Parece que los atentados son una pesadilla de otra época, tan inexplicable y tan intensa que parece necesario solaparla. Ahora mismo en el País Vasco es política y socialmente incorrecto cuestionar el modo como se ha llegado a esta situación, y cualquiera que arme un discurso crítico en este sentido o incluso contra la izquierda aberztale es orillado con desdén. Sin embargo, lo cierto es que una de las consecuencias de tanta rapidez es la profunda injusticia que ésta entraña.
El cese definitivo se produjo gracias a la puesta en marcha de una política sin precedentes, que en la última época logró que en dos años fuesen detenidos cinco números uno de la banda. Si en 2002 había 517 etarras incorporados y 514 en prisión, en 2012 quedan 50 en libertad y 800 recluidos. Y gracias a la aplicación de la Ley de Partidos que dejó a la izquierda abertzale tan arrinconada que se vio obligada a reaccionar para sobrevivir.
Sin embargo, hay una parte, la deslegitimación de la violencia, que 12 meses después es extremadamente deficiente. Durante esta campaña, la candidata de EH-Bildu, Laura Mintegi, ha realizado un discurso en el que se ha erigido en defensora de los trabajadores y de la igualdad social sin que el resto de los candidatos le insistiera en que tiene un pasado que hace ofensivo su borrón y cuenta nueva. Adoptan esta actitud -según cual sea su posicionamiento en esta campaña de perfil bajo en la que lo fundamental parece haber sido no espantar a nadie- porque o temen que use el victimismo para obtener más votos o quieren poner en valor que los demócratas han conseguido la libertad o para que no se les acuse de no haberse incorporado al «nuevo tiempo».
En esas condiciones, mañana la izquierda abertzale obtendrá un buen número de escaños y pocos consideran condición sine qua non para legitimarla políticamente la condena de ETA que Mintegi se ha negado expresamente a realizar.
Un año después, ETA espera que el Gobierno se avenga a resolver las cuestiones técnicas. Y EH-Bildu confía en la posición del PNV, que ya ha dicho que recuperará el contenido de las reuniones de Loyola, donde se habló de articular un sistema consensuado entre partidos para activar el derecho a decidir con un sistema de doble llave y con una consulta posterior en el País Vasco. No se plantea ya como una cuestión de contenido, sino de administración de tiempos.
La banda defiende su legado
Quiere que se respete su legado. Dice que reflexionar sobre la utilidad de sus asesinatos tiene importancia «ya que está en juego la capitalización en el futuro de los logros conseguidos» y quiere «poner al servicio del proceso el capital político histórico acumulado».
El aniversario ha cogido a ETA debatiendo sobre su futuro y
realizando aportaciones a un «Informe básico» que serán votadas a final de año.
El documento, publicado por Vasco Press, da por supuesta la continuación del
cese definitivo, pero prevé la continuidad de ETA , incluso aunque se
materialice su esquema y los presos queden en libertad. Según esto, no se
desarrollará «estructura alguna dirigida a llevar a cabo ninguna actividad
armada», pero se pondrán los medios (mediante una oficina) «para proveer» a ETA
«de los recursos necesarios a distintos niveles para cumplir con las funciones
que le corresponden a lo largo del proceso y garantizar su funcionamiento».
Reconoce a la izquierda 'abertzale' «la jefatura política», pero ofrecerá sus
aportaciones «si lo viera necesario, también a la base social». Señala que su
Delegación para negociaciones hablará de presos y huidos, del desarme y del
desmantelamiento de la estructura armada, y de la retirada de las fuerzas
policiales
El alcalde que homenajea a etarras
La Policía denuncia al regidor de Bildu en Villava por ensalzar al asesino de
los Becerril
A los que sostienen que detrás de Bildu están ETA y sus herederos, el comportamiento de muchos dirigentes de la izquierda abertzale les avala. En esta ocasión, se trata del actual alcalde de la localidad navarra de Villava, Pedro Gastearena.
El pasado 6 de octubre, y organizado por asociaciones de la izquierda abertzale, se celebró un homenaje a un grupo de presos de ETA, algunos con delitos de sangre. Entre ellos estaba uno de los asesinos de Alberto Jiménez Becerril y de su esposa, María Ascensión. El ayuntamiento, gobernado por Bildu, no organizó el evento, pero tampoco hizo nada por evitarlo pese a los indicios de que se trataba de un claro acto de enaltecimiento del terrorismo.
Pese a no organizarlo, su máximo representante, el alcalde, estuvo presente, y en primera línea, durante la celebración de este homenaje. Diferentes páginas web de la izquierda abertzale recogen imágenes donde aparece el primer edil participando activamente en el acto.
Incluso, en la web del ayuntamiento responde por escrito a un vecino que le preguntó, molesto, si estuvo en el homenaje y en calidad de qué: «Participé en el acto que se celebró en las txoznas en el que se pedía respeto a los derechos de l@s pres@s y sus familiares. Lo hice a título personal». El vecino le recriminaba que, como alcalde, representa a todos los ciudadanos de Villava y no sólo a los que apoyan a ETA y a sus familiares.
La participación de este alcalde de Bildu en el homenaje a presos de ETA ha llegado a la Audiencia Nacional. La Policía Nacional ha remitido un informe al entender que allí pudo cometerse un delito de enaltecimiento del terrorismo en el que habría participado el propio alcalde de Villava. A esta denuncia se ha sumado la Unión del Pueblo Navarro (UPN).
Entre los etarras que fueron homenajeados se encontraba Txetxu Barrios, miembro de ETA condenado por el asesinato del concejal del PP Alberto Jiménez Becerril y su esposa, María Ascensión García Ortiz, en Sevilla el 30 de enero de 1998. Es también el autor del atentado con coche bomba en el que fue asesinado el peluquero de la base aérea de Granada Domingo Puente Merín. Cumple asimismo pena por depósito de armas y tenencia de explosivos; por la colocación de varias bombas en tendidos eléctricos y en el trayecto del AVE, y por su participación en un intento de atentado contra la comandancia de la Guardia Civl en Granada en 1998.
También fue homenajeado Mikel Almandoz Erviti, detenido en 2003 en Francia junto a la cúpula de ETA que formaban Gorka Palacios Aldaiz (jefe de los comandos de ETA); Iñigo Vallejo y su lugarteniente, Juan Luis Rubenach (responsables de adiestramiento de los comandos).
También había fotografías de María Lizarraga, detenida en 2008 en Francia y condenada por pertenencia a grupo terrorista y tenencia ilícita de armas de fuego y de explosivos. Mikel Oroz, otro de los homenajeados, fue detenido en Francia en 2011. Se le consideraba responsable de la falsificación de documentos y matrículas. Javier Osés, alias Jotas, fue capturado en Francia en junio de 2012, junto a Ugaitz Errazkin, presunto asesino de Isaías Carrasco e Ignacio Uría.
A los que sostienen que detrás de Bildu están ETA y sus herederos, el comportamiento de muchos dirigentes de la izquierda abertzale les avala. En esta ocasión, se trata del actual alcalde de la localidad navarra de Villava, Pedro Gastearena.
El pasado 6 de octubre, y organizado por asociaciones de la izquierda abertzale, se celebró un homenaje a un grupo de presos de ETA, algunos con delitos de sangre. Entre ellos estaba uno de los asesinos de Alberto Jiménez Becerril y de su esposa, María Ascensión. El ayuntamiento, gobernado por Bildu, no organizó el evento, pero tampoco hizo nada por evitarlo pese a los indicios de que se trataba de un claro acto de enaltecimiento del terrorismo.
Pese a no organizarlo, su máximo representante, el alcalde, estuvo presente, y en primera línea, durante la celebración de este homenaje. Diferentes páginas web de la izquierda abertzale recogen imágenes donde aparece el primer edil participando activamente en el acto.
Incluso, en la web del ayuntamiento responde por escrito a un vecino que le preguntó, molesto, si estuvo en el homenaje y en calidad de qué: «Participé en el acto que se celebró en las txoznas en el que se pedía respeto a los derechos de l@s pres@s y sus familiares. Lo hice a título personal». El vecino le recriminaba que, como alcalde, representa a todos los ciudadanos de Villava y no sólo a los que apoyan a ETA y a sus familiares.
La participación de este alcalde de Bildu en el homenaje a presos de ETA ha llegado a la Audiencia Nacional. La Policía Nacional ha remitido un informe al entender que allí pudo cometerse un delito de enaltecimiento del terrorismo en el que habría participado el propio alcalde de Villava. A esta denuncia se ha sumado la Unión del Pueblo Navarro (UPN).
Entre los etarras que fueron homenajeados se encontraba Txetxu Barrios, miembro de ETA condenado por el asesinato del concejal del PP Alberto Jiménez Becerril y su esposa, María Ascensión García Ortiz, en Sevilla el 30 de enero de 1998. Es también el autor del atentado con coche bomba en el que fue asesinado el peluquero de la base aérea de Granada Domingo Puente Merín. Cumple asimismo pena por depósito de armas y tenencia de explosivos; por la colocación de varias bombas en tendidos eléctricos y en el trayecto del AVE, y por su participación en un intento de atentado contra la comandancia de la Guardia Civl en Granada en 1998.
También fue homenajeado Mikel Almandoz Erviti, detenido en 2003 en Francia junto a la cúpula de ETA que formaban Gorka Palacios Aldaiz (jefe de los comandos de ETA); Iñigo Vallejo y su lugarteniente, Juan Luis Rubenach (responsables de adiestramiento de los comandos).
También había fotografías de María Lizarraga, detenida en 2008 en Francia y condenada por pertenencia a grupo terrorista y tenencia ilícita de armas de fuego y de explosivos. Mikel Oroz, otro de los homenajeados, fue detenido en Francia en 2011. Se le consideraba responsable de la falsificación de documentos y matrículas. Javier Osés, alias Jotas, fue capturado en Francia en junio de 2012, junto a Ugaitz Errazkin, presunto asesino de Isaías Carrasco e Ignacio Uría.
Los asesinos, a vuelta con la canción de los pactos con el gobierno. Otro pacto quieren hacer??, no les vale con el que ya tienen??. Porca misera del gobierno y de los que consienten todo esto, entre ellos nos encontramos todos, osea el pueblo español.
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