La Fiscalía certificó ayer que el caso Faisán se ha recuperado del embate que le dio el Pleno de la Audiencia Nacional cuando revocó el procesamiento de los tres imputados. Un año y un mes después de aquel auto, el fiscal insiste en un escrito dirigido al juez del caso que sí hay indicios para atribuir a dos mandos policiales el chivatazo a ETA, aunque no para seguir adelante contra su jefe político, el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo.
El fiscal afirma que la investigación complementaria llevada a cabo en el último año permite mantener que el ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y el hoy inspector jefe José María Ballesteros fueron autores del soplo, pero no que García Hidalgo estuviera implicado.
De este modo, la Fiscalía de la Audiencia señala a un autor material (Pamies) y a un autor por cooperación necesaria (Ballesteros), pero deja fuera al supuesto autor intelectual (García Hidalgo).
Lo relevante del escrito de ayer no es su conclusión, idéntica a la que presentó la Fiscalía hace un año, sino que el Ministerio Público la haya mantenido después del auto del Pleno, que dejó el caso moribundo al afirmar que no había indicios suficientes para procesar.
«Las diligencias practicadas han corroborado la verosimilitud de la imputación de Enrique Pamies y José María Ballesteros así como la consistencia incriminatoria de los indicios existentes contra ellos, superando los estándares mínimos de evidencia exigidos por la Sala», dice el fiscal Carlos Bautista. «Sin embargo», prosigue, «en relación a Víctor García Hidalgo, no puede llegarse a la misma conclusión, al no haberse aportado respecto a él diligencia alguna, concreta y específica, que vaya más allá de aquellas cuya suficiencia fue rechazada por la Sala». Es decir, que las cosas se han movido, a peor, para Pamies y Ballesteros, pero no hay datos nuevos sobre Hidalgo que permitan contradecir el parecer del Pleno.
Según los investigadores y el juez Pablo Ruz, poco antes del mediodía del 4 de mayo de 2006, con Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior, Ballesteros entregó al dueño del bar Faisán, Joseba Elosua, el teléfono desde el que Pamies le advirtió de una inminente operación policial contra la red de extorsión a la que pertenecía. El soplo habría sido acordado la noche anterior con García Hidalgo.
El escrito del fiscal es consecuencia del nefasto resultado que para las defensas de los policías han tenido las diligencias ordenadas por el juez el último año. Los sucesivos informes de la Policía, la Guardia Civil y peritos independientes han debilitado o descartado las tesis de los imputados, al tiempo que diluían las objeciones en las que el Pleno se apoyó para revocar los procesamientos.
La Fiscalía ha podido contar con media docena de elementos nuevos. El más relevante, un informe de la Guardia Civil que avala sin fisuras la investigación policial y concluye que la «hipótesis más consistente» es que el soplo lo dieran los dos policías (el informe no menciona a García Hidalgo).
También ha habido nuevas y relevantes declaraciones, en particular la del yerno de Elosua, que estuvo con el dueño del Faisán la mañana de los hechos. La cronología expuesta por Carmelo Luquín desmontó la tesis de las defensa de que el soplo lo había dado el propio equipo investigador del chivatazo.
Contra Ballesteros pesan, sobre todo, las imágenes que le muestran el día del soplo saliendo del bar Faisán instantes después de que concluyera lo que los investigadores señalan como la llamada del chivatazo: la que hizo a Pamies para ponerle en contacto con Elosua.
En cuanto a Hidalgo, el fiscal no ve elementos suficientes para que siga como imputado. Sí lo han hecho hasta ahora las acusaciones populares y el juez. Según consta en el sumario, la noche anterior al soplo Hidalgo y Pamies hablaron largamente y volvieron a contactar al día siguiente coincidiendo con momentos clave del soplo. En total, hablaron una decena de veces, algo que según el juez era extraordinario y suponía una «clara disfunción en el normal y habitual funcionamiento de la cadena jerárquica de mando». Además, Hidalgo y los otros dos imputados emplearon tarjetas prepago para hablar entre ellos cuando sospecharon que se les estaba investigando. El juez lo describe como «una medida de seguridad para garantizar la reserva de sus comunicaciones».
El escrito del fiscal responde a una petición expresa del juez para que valorara los nuevos indicios. Ahora Ruz deberá decidir si vuelve a procesar a los tres imputados. La inclusión de Hidalgo en un eventual auto de procesamiento devolvería al caso Faisán toda la carga política y lo relacionaría directamente con la negociación con ETA.
En el sumario consta que el número de teléfono de Hidalgo fue hallado en manos de un etarra detenido en Francia, que lo esgrimió como salvoconducto al tiempo que alegaba ser uno de los negociadores. Del lado del Gobierno, su enviado para negociar con la banda, el vocal del CGPJ José Manuel Gómez Benítez, dio a entender a sus interlocutores de ETA que el chivatazo había sido una decisión del Ejecutivo de Zapatero para no entorpecer el proceso de paz.
Ni palabra sobre la colaboración
La Fiscalía limita su escrito a valorar las suficiencia de los indicios,
sin rozar siquiera el peliagudo aspecto de la calificación jurídica de
los hechos. Se trata de un elemento clave del 'caso Faisán' que hasta la
fecha ha enfrentado a la Fiscalía y el juez. La Fiscalía que dirige
Javier Zaragoza ha venido manteniendo que el delito que se cometió fue
una revelación de secretos, menos grave y que implicaría el envío del
caso a un juzgado de Irún. Por contra, el juez Ruz procesó a los tres
imputados por colaboración con organización terrorista, lo que suponía
mantener el caso en la Audiencia. El Ministerio Público podría haber
metido en su escrito alguna referencia a la calificación jurídica, pero
no necesitaba hacerlo -el juez sólo le preguntó por los indicios- y no
lo ha hecho. Antes o después tendrá que afrontar el trámite y decidir si
se mantiene en su tesis pese a la recientísima sentencia del Supremo
que profundiza en el delito de colaboración y la refuta rotundamente.
Siguiendo el criterio de esa sentencia, el chivatazo fue un acto de
colaboración terrorista, al margen de la ideología o finalidad de sus
autores
Eso es, se sigue el patronaje del químico, para dejar a los políticos fuera de la infamia. Cuando a estas alturas, todo el munso sabe quien dió la orden, y que todos los demás cargos sean políticos o no, sabían todo. Por lo tanto, están todos implicados y no dejar a los de siempre enguarrados, ya que todos son culpables.
ResponderEliminarY así funciona la justicia en España, cómo una patética rueda desgastada que gira y gira y gira sin llegar a ningún lado. En cualquier otro país, un delito de colaboración con Banda Armada habría sido aclarado a la velocidad del rayo, pero esto es Es-pa-ña y supongo que nos lo tendremos merecido por algún extraño y oculto pecado que se nos niega reconocer.
ResponderEliminarUn saludazo.