Subraya que los informes de la forense y del hospital no son coincidentes tal y como requiere el Código Penal
Añade que al no estar el etarra en situación terminal, el arrepentimiento es una condición «imprescindible»
Acusa al juez Castro de mala fe por acudir al Hospital Donostia sin avisar y ocultarleuno de los informes médicos
Añade que al no estar el etarra en situación terminal, el arrepentimiento es una condición «imprescindible»
Acusa al juez Castro de mala fe por acudir al Hospital Donostia sin avisar y ocultarleuno de los informes médicos
.
Hoy era el día en el que el etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga podía
quedar en libertad provisional, pero no lo será porque la Fiscalía
recurrió ayer el auto del juez Central de Vigilancia Penitenciaria, José
Luis de Castro, al que reprueba tanto sus argumentos jurídicos como su
comportamiento en la excarcelación del secuestrador de Ortega Lara.Antes incluso de pedir que se revoque la decisión por no cumplirse los requisitos de la libertad condicional, el fiscal mantiene que la Audiencia Nacional debería declarar nulo el auto, ya que el juez lo dictó tras ocultarle un informe médico clave y su desplazamiento al Hospital Donostia. Lo sucedido, dice el durísimo recurso de 28 páginas, es «difícilmente compatible con las reglas de la buena fe y la lealtad procesal».
La primera reclamación de nulidad por la «singular e inusual» actuación del magistrado se centra en el informe de diagnóstico realizado por el hospital el día 22 de agosto, «que se encontraba a disposición del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria» pero del que el Ministerio Público sólo tuvo noticia cuando leyó el auto de libertad una semana más tarde. Tampoco dispuso de él la forense de la Audiencia, por lo que ni uno ni otra pudieron «valorar su contenido y su incidencia en la resolución final del expediente».
«Nos encontramos ante una actuación judicial que supone una quiebra de los principios de audiencia y contradicción, más propia del proceso penal inquisitivo», dice en su escrito el fiscal Pedro Rubira.
El segundo motivo se nulidad se centra en que el juez tampoco informó al fiscal de su desplazamiento al hospital hasta el día siguiente de que éste se produjera. Esa falta de notificación es, dice, «de suma gravedad», ya que afecta a «aspectos sustantivos de la concesión de la libertad condicional», puesto que la base de la resolución del juez fue la documentación médica que examinó allí.
El juez alegó en su auto que el Código Civil le autoriza a practicar «diligencias finales» como la del viaje. El fiscal reconoce que sí, pero precisa que el código le obliga a dar oportunidad a las partes de responder al resultado de esas diligencias.
Por todo lo anterior, la Fiscalía concluye que De Castro «ha actuado vulnerando garantías esenciales del procedimiento que han causado indefensión, generando una quiebra efectiva en el derecho a la tutela judicial efectiva».
Si la Sala de lo Penal estimara la nulidad, lo previsible sería que el fiscal y la forense recibieran copia del nuevo informe médico y presentaran sus nuevos escritos actualizados para que, entonces sí, el juez resolviera de manera válida.
Tras zanjar el aspecto de la nulidad, el recurso se centra en atacar los argumentos para la libertad condicional esgrimidos por el juez, al que atribuye algunas «confusiones conceptuales».
En particular, el Ministerio Público afirma que, al no tratarse de un enfermo terminal, no cabe aplicarle el artículo 92.3 del Código Penal, el único que exonera a un preso etarra del requisito de arrepentimiento.
Para haber aplicado ese supuesto, explica, habría sido necesario contar con dos informes coincidentes: el de la forense -que niega expresamente el estado terminal- y el de los servicios médicos de Prisiones. Y no vale con uno solo de los dos: «Nótese que el legislador utilizó la conjunción copulativa 'y' para evitar una libertad condicional en caso de informes contradictorios», subraya el fiscal.
«En síntesis, el órgano judicial, al apartarse del informe del forense, ha vulnerado de lleno el artículo citado, en cuanto ha concedido la libertad condicional sin disponer de dos informes coincidentes, tal y como establece la norma penal».
El Ministerio Público prosigue explicando que la ley, la jurisprudencia y el propio De Castro en casos anteriores indican que a los internos «muy graves con padecimientos incurables» que no estén terminales no se les exime de tener un «pronóstico favorable» de reinserción, según el artículo 92.1. Y eso, para los terroristas, se traduce en el arrepentimiento. Se trata, dice el fiscal, un requisito «imprescindible» para quien no está terminal. Una interpretación distinta queda «muy distante de las previsiones contenidas en el Código Penal».
Cerrada, pues, la vía de la libertad condicional, el escrito defiende que, «a la vista de los informes médicos, lo aconsejable era la concesión del tercer grado». Explica que se trata de un régimen abierto que permite el tratamiento en el hospital si es necesario y que, si el enfermo mejora, puede revocarse, a diferencia de la libertad condicional.
Antes de concluir, la Fiscalía que dirige Javier Zaragoza aprovecha para explicar cuál ha sido su postura en el caso Bolinaga: «El Ministerio Público no cuestiona que el penado padezca una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, ni que el afectado deba ser sometido a tratamiento radioterápico y/o quirúrgico en un centro hospitalario cuando sea necesario, ni pretende el reingreso del penado a un centro penitenciario si ello puede dificultar la administración de los tratamientos prescritos, ni trata de impedir que deba concedérsele la libertad condicional si se objetiva que la situación de tercer grado representa un peligro inminente o patente para su vida, pero no puede estar de acuerdo con su concesión al amparo del art. 92.1 prescindiendo del pronóstico favorable de reinserción».
>Videoanálisis de Casimiro García-Abadillo.
Pide que resuelva el Pleno
«Teniendo en cuenta la importancia y complejidad de las cuestiones que
se suscitan, la repercusión que puede tener para otros casos similares
que se puedan plantear y la necesidad de establecer criterios jurídicos
uniformes en esta materia, sería conveniente [...] que el recurso fuera
avocado para su resolución al Pleno de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional». Así concluye el escrito del fiscal, partidario de
que sean todos los jueces de la Sala los que se pronuncien sobre el
'caso Bolinaga'. Todos los recursos de Vigilancia Penitenciaria son
resueltos por los cinco magistrados de la Sección Primera, encabezada
por el presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska. Pero
la ley permite que resuelva el Pleno cuando «lo estime necesario» el
presidente «o la mayoría» de los magistrados. Cuando se postuló a
presidente, Marlaska explicó al CGPJ que quería potenciar la actuación
del Pleno, aunque posteriormente renunció a avocar personalmente. Tras
esa autoexclusión, la vía que queda abierta es la de la mayoría: si
consultados los 19 magistrados, una decena de ellos lo respalda, será el
Pleno quien resuelva el recurso de Bolinaga. Si no, seguirá en manos de
la Sección Primera, hasta ahora proclive a ratificar los criterios de
Prisiones
Aguirre hace público el «descontento» por Bolinaga
El PP compensa la polémica sobre el preso etarra con la asistencia de Rajoy a un homenaje a Miguel Ángel Blanco
La polémica sobre el tercer grado concedido a Bolinaga sumó ayer un
último capítulo con la declaración de Esperanza Aguirre, quien
preguntada por el posible coste electoral de esta decisión del Gobierno
en su propio electorado, afirmó primero: «No lo puedo decir». Para a
continuación constatar públicamente lo que hasta ahora era un secreto a
voces: «Pero sí que hay mucho descontento entre el electorado del PP por
este tema». Y aún subrayó: «Pero mucho».
Hasta ese momento, ningún dirigente había divulgado el malestar existente entre los votantes del PP. Sólo anteayer, dos diputadas se atrevieron a hacerlo a puerta cerrada, en la reunión del Grupo Popular del Congreso.
Las palabras de la presidenta regional se producían en la rueda de prensa posterior al comité de dirección del PP de Madrid, y fueron mal recibidas unas plantas más arriba, en el mismo edificio de la calle Génova de Madrid, donde trabaja la dirección nacional del partido, que veía frustrado, un día más, su empeño en «zanjar» la polémica.
Un empeño también baldío en un día en que se conocía el recurso del fiscal y en que el propio PP, en respuesta a la demanda de información hecha la víspera por sus parlamentarias, remitió a los diputados un resumen sobre el mismo.
Por otra parte, tampoco Jaime Mayor se mantuvo ayer callado. En esRadio, el ex ministro del Interior replicó a la acusación de su compañero de filas, Borja Sémper, sobre que sus críticas a la política penitenciaria benefician al PNV. Mayor, en contradicción con el análisis de su propio partido, argumentó que el PNV «no tiene nada que ganar» en estas elecciones, y que son el PSOE y Bildu quienes «pondrán el cazo», «a costa de la nación española».
Ni Aguirre ni Mayor se sintieron concernidos por los públicos emplazamientos de dirigentes como Alfonso Alonso o Antonio Basagoiti a pasar página, en tanto ninguno de ellos recibió, al parecer, llamadas personales al efecto.
En todo caso, Aguirre solventó el resto de las preguntas de la prensa con palabras repetidas sobre que «todos» en el PP creen en la legalidad de la decisión de Interior, aunque «algunos», como ella misma, no lo habrían hecho. Incluso elogió el debate del pasado comité ejecutivo nacional como «enriquecedor».
En cuanto a Mayor, que ayer viajó fuera de España, fuentes cercanas aseguraron que, precisamente para no abundar en el caso Bolinaga, había declinado varias entrevistas en prensa y televisión, pero que a lo que no va a renunciar es a hablar, como siempre ha hecho, del «proceso».
Entretanto, Rajoy no desaprovechará los focos del macrohomenaje a Miguel Ángel Blanco para neutralizar, o al menos, para compensar ante su electorado los dubitativos pasos de Interior en el caso Bolinaga.
El presidente del Gobierno tiene previsto acudir al acto central del 15 aniversario del asesinato del ex concejal popular, que se celebrará en Bilbao el 18 o 19 de septiembre, para escenificar su apoyo al colectivo de víctimas del terrorismo y reconciliarse con esos votantes que no entienden los últimos pasos del Ministerio del Interior y que podrían fluctuar hacia UPyD.
A pesar de que su asistencia ya estaba prevista desde el pasado mes de julio, tal y como adelantó EL MUNDO, su presencia cobra ahora una especial relevancia después del incendio interno. Al acto, al que también asistirán el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se espera también al ex presidente del Gobierno, José María Aznar. Además, contará con la imagen destacada de la hermana del edil asesinado, la hoy popular Mari Mar Blanco, a la que el equipo de Basagoiti ha convertido en su estandarte ante las víctimas
CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO
06/09/2012 ESPAÑA
MADRID 06/09/2012 ESPAÑA
La polémica sobre el tercer grado concedido a Bolinaga sumó ayer un
último capítulo con la declaración de Esperanza Aguirre, quien
preguntada por el posible coste electoral de esta decisión del Gobierno
en su propio electorado, afirmó primero: «No lo puedo decir». Para a
continuación constatar públicamente lo que hasta ahora era un secreto a
voces: «Pero sí que hay mucho descontento entre el electorado del PP por
este tema». Y aún subrayó: «Pero mucho».Hasta ese momento, ningún dirigente había divulgado el malestar existente entre los votantes del PP. Sólo anteayer, dos diputadas se atrevieron a hacerlo a puerta cerrada, en la reunión del Grupo Popular del Congreso.
Las palabras de la presidenta regional se producían en la rueda de prensa posterior al comité de dirección del PP de Madrid, y fueron mal recibidas unas plantas más arriba, en el mismo edificio de la calle Génova de Madrid, donde trabaja la dirección nacional del partido, que veía frustrado, un día más, su empeño en «zanjar» la polémica.
Un empeño también baldío en un día en que se conocía el recurso del fiscal y en que el propio PP, en respuesta a la demanda de información hecha la víspera por sus parlamentarias, remitió a los diputados un resumen sobre el mismo.
Por otra parte, tampoco Jaime Mayor se mantuvo ayer callado. En esRadio, el ex ministro del Interior replicó a la acusación de su compañero de filas, Borja Sémper, sobre que sus críticas a la política penitenciaria benefician al PNV. Mayor, en contradicción con el análisis de su propio partido, argumentó que el PNV «no tiene nada que ganar» en estas elecciones, y que son el PSOE y Bildu quienes «pondrán el cazo», «a costa de la nación española».
Ni Aguirre ni Mayor se sintieron concernidos por los públicos emplazamientos de dirigentes como Alfonso Alonso o Antonio Basagoiti a pasar página, en tanto ninguno de ellos recibió, al parecer, llamadas personales al efecto.
En todo caso, Aguirre solventó el resto de las preguntas de la prensa con palabras repetidas sobre que «todos» en el PP creen en la legalidad de la decisión de Interior, aunque «algunos», como ella misma, no lo habrían hecho. Incluso elogió el debate del pasado comité ejecutivo nacional como «enriquecedor».
En cuanto a Mayor, que ayer viajó fuera de España, fuentes cercanas aseguraron que, precisamente para no abundar en el caso Bolinaga, había declinado varias entrevistas en prensa y televisión, pero que a lo que no va a renunciar es a hablar, como siempre ha hecho, del «proceso».
Entretanto, Rajoy no desaprovechará los focos del macrohomenaje a Miguel Ángel Blanco para neutralizar, o al menos, para compensar ante su electorado los dubitativos pasos de Interior en el caso Bolinaga.
El presidente del Gobierno tiene previsto acudir al acto central del 15 aniversario del asesinato del ex concejal popular, que se celebrará en Bilbao el 18 o 19 de septiembre, para escenificar su apoyo al colectivo de víctimas del terrorismo y reconciliarse con esos votantes que no entienden los últimos pasos del Ministerio del Interior y que podrían fluctuar hacia UPyD.
A pesar de que su asistencia ya estaba prevista desde el pasado mes de julio, tal y como adelantó EL MUNDO, su presencia cobra ahora una especial relevancia después del incendio interno. Al acto, al que también asistirán el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se espera también al ex presidente del Gobierno, José María Aznar. Además, contará con la imagen destacada de la hermana del edil asesinado, la hoy popular Mari Mar Blanco, a la que el equipo de Basagoiti ha convertido en su estandarte ante las víctimas
Un recurso demoledor
El recurso presentado ayer por la Fiscalía contra la decisión del juez
José Luis de Castro de conceder la libertad condicional al etarra
Uribetxeberria Bolinaga va a echar leña al fuego de la polémica interna
en el seno del PP.
Es verdad que lo que recurre la Fiscalía es una decisión judicial y no
política, como sí lo fue la concesión del tercer grado por parte de
Instituciones Penitenciarias. Pero los argumentos que maneja el
Ministerio Público son la base en la que se asienta el repudio de la AVT
y de la mayoría de los militantes del PP para rechazar una medida de
gracia que afecta al cruel carcelero de Ortega Lara.
El Gobierno ha intentado esta semana apagar el incendio político que ha generado por el caso Bolinaga con la intervención del ministro del Interior en el seno de la dirección del PP el pasado lunes y con la del portavoz Alfonso Alonso, un día después, en el Grupo Parlamentario. Pero la llamada al cierre de filas no ha servido de mucho: ayer Esperanza Aguirre y Jaime Mayor Oreja se reafirmaron públicamente en sus posiciones.
Jorge Fernández defendió la legalidad de la concesión del tercer grado y se apoyó en los precedentes con otros etarras.
El Gobierno ha intentado esta semana apagar el incendio político que ha generado por el caso Bolinaga con la intervención del ministro del Interior en el seno de la dirección del PP el pasado lunes y con la del portavoz Alfonso Alonso, un día después, en el Grupo Parlamentario. Pero la llamada al cierre de filas no ha servido de mucho: ayer Esperanza Aguirre y Jaime Mayor Oreja se reafirmaron públicamente en sus posiciones.
Jorge Fernández defendió la legalidad de la concesión del tercer grado y se apoyó en los precedentes con otros etarras.
Pero la cuestión no es si es legal o no la decisión de Instituciones
Penitenciarias, que, por supuesto, lo es; sino si es adecuada a la luz
de la trayectoria y el comportamiento del etarra en cuestión. Ésa es la
clave.
Por eso, el escrito de la Fiscalía, que sí cuestiona (con razones bien fundamentadas) la legalidad de la decisión del juez Castro de otorgar la libertad condicional al condenado por secuestro y varios asesinatos, va a proporcionar motivos de calado a los que no comparten la decisión adoptada por Interior.
El recurso de la Fiscalía cuestiona que Uribetxeberria esté en fase terminal y, para ello, se basa en el informe de la Forense de la Audiencia. Esa duda sobre la inminencia de la muerte del etarra deriva en la necesidad del arrepentimiento para la concesión de la libertad condicional.
Por eso, el escrito de la Fiscalía, que sí cuestiona (con razones bien fundamentadas) la legalidad de la decisión del juez Castro de otorgar la libertad condicional al condenado por secuestro y varios asesinatos, va a proporcionar motivos de calado a los que no comparten la decisión adoptada por Interior.
El recurso de la Fiscalía cuestiona que Uribetxeberria esté en fase terminal y, para ello, se basa en el informe de la Forense de la Audiencia. Esa duda sobre la inminencia de la muerte del etarra deriva en la necesidad del arrepentimiento para la concesión de la libertad condicional.
Éso es lo que escandaliza no sólo a los votantes del PP, sino a la mayoría de los ciudadanos.
Para dar una idea de quién es el preso al que el Gobierno concedió el tercer grado y el juez acordó su libertad condicional, he aquí lo que dice el escrito de la Fiscalía: «Así, en la propuesta de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Álava se destacan como factores de inadaptación la no asunción de la responsabilidad delictiva, la ausencia de voluntad para asumir la responsabilidad civil impuesta y la falta de percepción del daño causado por el delito, signos inequívocos de una absoluta falta de arrepentimiento por parte del penado en cuestión».
Para dar una idea de quién es el preso al que el Gobierno concedió el tercer grado y el juez acordó su libertad condicional, he aquí lo que dice el escrito de la Fiscalía: «Así, en la propuesta de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Álava se destacan como factores de inadaptación la no asunción de la responsabilidad delictiva, la ausencia de voluntad para asumir la responsabilidad civil impuesta y la falta de percepción del daño causado por el delito, signos inequívocos de una absoluta falta de arrepentimiento por parte del penado en cuestión».
Seguramente, si Uribetxeberria Bolinaga hubiera pedido perdón y se
hubiera desligado formalmente de ETA, no habría ningún debate sobre el
tercer grado, y tampoco sobre su libertad condicional. Claro que en ese
caso tampoco sería un héroe para Bildu/Batasuna.
Pues muy bien por el fiscal, seguro que le meten un crujido, tiempo al tiempo. Esto demuestra una vez más, que el gobierno actúa políticamente, no como nos han hecho creer lo contrario a la legalidad. Con lo prepotentes que son estos peperos, estarán echando humo por las orejas...
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