Pablo Ruz concluye la investigación y reclama al Ministerio Público que se pronuncie
Un año después de que el Pleno de la Audiencia Nacional lo dejara al borde del archivo, el caso Faisán vuelve a estar en pie. El juez Pablo Ruz acaba de dar por concluida la investigación y ha reclamado a la Fiscalía que se pronuncie sobre lo que quiere hacer con los tres imputados. Es decir, si cree que la causa debe cerrarse o considera que hay elementos suficientes para procesar al ex director de la Policía Víctor García Hidalgo, al ex jefe superior del País Vasco, Enrique Pamiés, y al inspector José María Ballesteros.
«Confiérase traslado al Ministerio Fiscal a fin de que emita informe sobre valoración de los indicios existentes respecto de las personas imputadas o, en su caso, interese las diligencias adicionales que estime pertinentes», dice el juez.
Hasta la fecha, la Fiscalía ha mantenido que procede actuar contra Pamiés y Ballesteros por revelación de secretos pero no procesarles por colaboración con organización terrorista, algo que sí contemplaba el juez. Sobre Hidalgo, ha considerado que no hay indicios suficientes en su contra. Ese criterio llevaría el caso a un juzgado del País Vasco.
Según la versión de los investigadores, el 4 de mayo de 2006, con Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior, Ballesteros se desplazó a Irún por orden de Pamiés para contactar con José María Elosúa, dueño del bar Faisán y pieza clave de la red de extorsión etarra. Cuando estuvo ante él, le pasó su teléfono para que, al otro lado de la línea, su superior le advirtiera de una inminente operación policial contra la trama. Pamiés e Hidalgo se habrían puesto de acuerdo la noche anterior para dar el soplo, que según los informes tuvo un móvil «político» relacionado con el proceso de paz.
El juez ha adoptado esta decisión tras cumplimentar la batería de diligencias con las que respondió a las dudas de la Sala de lo Penal sobre su investigación. En septiembre del año pasado, el Pleno de la Audiencia solventó su división sobre el asunto tirando por la vía de en medio. En lugar de cerrar el caso como pedían algunos o seguir adelante como querían otros, acordó revocar los tres procesamientos dictados por Ruz, dejando así el caso vivo, pero moribundo. La resolución achacaba al juez lagunas y contradicciones en la investigación, pero le dejaba abierta la posibilidad de completarla.
Tras unos meses digiriendo el varapalo, el juez volvió a la carga con una nueva batería de diligencias. La principal, pedir a la Guardia Civil que revisara todos los informes del equipo policial y diera su parecer. El resultado fue que la investigación había sido buena, que las objeciones de la Sala no se sostenían y que «la hipótesis más consistente» era que los autores del soplo fueran los imputados.
Además, pidió a la Policía que ampliara el análisis de llamadas telefónicas, la pieza clave de la investigación y único punto en el que la Guardia Civil había encontrado algún defecto a las pesquisas. Tras profundizar en otras 800 llamadas de la zona el día de los hechos, la Policía ratificó sus conclusiones iniciales.
El resto de diligencias había arrojado un resultado igualmente negativo para los imputados. Los nuevos informes han dejado las cosas en el lugar en el que estaban antes de que Ruz ordenara los procesamientos, aunque con algún matiz relevante. El último informe policial contenía una novedad en el rol de los acusados: afirmaba que Pamiés era consciente de la gravedad de la delación, mientras que Ballesteros no sabía en realidad que estaba participando en un soplo, porque no sabía qué era el Faisán ni conocía el mensaje que Pamiés quería trasladar a su dueño.
Un año después de que el Pleno de la Audiencia Nacional lo dejara al borde del archivo, el caso Faisán vuelve a estar en pie. El juez Pablo Ruz acaba de dar por concluida la investigación y ha reclamado a la Fiscalía que se pronuncie sobre lo que quiere hacer con los tres imputados. Es decir, si cree que la causa debe cerrarse o considera que hay elementos suficientes para procesar al ex director de la Policía Víctor García Hidalgo, al ex jefe superior del País Vasco, Enrique Pamiés, y al inspector José María Ballesteros.
«Confiérase traslado al Ministerio Fiscal a fin de que emita informe sobre valoración de los indicios existentes respecto de las personas imputadas o, en su caso, interese las diligencias adicionales que estime pertinentes», dice el juez.
Hasta la fecha, la Fiscalía ha mantenido que procede actuar contra Pamiés y Ballesteros por revelación de secretos pero no procesarles por colaboración con organización terrorista, algo que sí contemplaba el juez. Sobre Hidalgo, ha considerado que no hay indicios suficientes en su contra. Ese criterio llevaría el caso a un juzgado del País Vasco.
Según la versión de los investigadores, el 4 de mayo de 2006, con Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior, Ballesteros se desplazó a Irún por orden de Pamiés para contactar con José María Elosúa, dueño del bar Faisán y pieza clave de la red de extorsión etarra. Cuando estuvo ante él, le pasó su teléfono para que, al otro lado de la línea, su superior le advirtiera de una inminente operación policial contra la trama. Pamiés e Hidalgo se habrían puesto de acuerdo la noche anterior para dar el soplo, que según los informes tuvo un móvil «político» relacionado con el proceso de paz.
El juez ha adoptado esta decisión tras cumplimentar la batería de diligencias con las que respondió a las dudas de la Sala de lo Penal sobre su investigación. En septiembre del año pasado, el Pleno de la Audiencia solventó su división sobre el asunto tirando por la vía de en medio. En lugar de cerrar el caso como pedían algunos o seguir adelante como querían otros, acordó revocar los tres procesamientos dictados por Ruz, dejando así el caso vivo, pero moribundo. La resolución achacaba al juez lagunas y contradicciones en la investigación, pero le dejaba abierta la posibilidad de completarla.
Tras unos meses digiriendo el varapalo, el juez volvió a la carga con una nueva batería de diligencias. La principal, pedir a la Guardia Civil que revisara todos los informes del equipo policial y diera su parecer. El resultado fue que la investigación había sido buena, que las objeciones de la Sala no se sostenían y que «la hipótesis más consistente» era que los autores del soplo fueran los imputados.
Además, pidió a la Policía que ampliara el análisis de llamadas telefónicas, la pieza clave de la investigación y único punto en el que la Guardia Civil había encontrado algún defecto a las pesquisas. Tras profundizar en otras 800 llamadas de la zona el día de los hechos, la Policía ratificó sus conclusiones iniciales.
El resto de diligencias había arrojado un resultado igualmente negativo para los imputados. Los nuevos informes han dejado las cosas en el lugar en el que estaban antes de que Ruz ordenara los procesamientos, aunque con algún matiz relevante. El último informe policial contenía una novedad en el rol de los acusados: afirmaba que Pamiés era consciente de la gravedad de la delación, mientras que Ballesteros no sabía en realidad que estaba participando en un soplo, porque no sabía qué era el Faisán ni conocía el mensaje que Pamiés quería trasladar a su dueño.
Esto ya da asco y es vomitivo como se trata la justicia partidista. Si eres no pasa nada, y se echa tierra encima, y si no eres, pues a degüello con todos. Espero que la justicia divina, les pase factura a los implicados sean de donde sean.
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