. La organización terrorista ETA tiene unos 750 miembros dispersos por varios países. La gran mayoría de ellos son huidos y hay un grupo, mucho más reducido, de deportados (etarras extraditados en su mayor parte por Francia en la época en la que el país vecino no quería entregarlos a la Justicia española). La cifra, revelada por Batasuna, es el doble de la que estima el Gobierno.
De los 750, aproximadamente la mitad, unos 350, tiene causas pendientes y el resto es autor de delitos que han prescrito o huyeron porque, según dicen, no estaban seguros de si se les iba a acusar de algún hecho delictivo.
Son cifras incluidas en las estimaciones de la izquierda abertzale que, en principio, duplicarían los cálculos realizados por el Ministerio del Interior y cuya actualización debería ser tenida en cuenta a la hora de desarrollar el plan de regreso y reinserción de etarras concebido por el Gobierno para que se reduzca al mínimo la posibilidad de que algunos crímenes queden impunes.
Hace ya casi una década, la izquierda abertzale realizó un recuento de los etarras que se encontraban por uno u otro motivo en el extranjero.
Algunos de los dirigentes de Batasuna repasaron, pueblo por pueblo y barrio por barrio, los simpatizantes que estaban huidos y les confirieron una localización. Varios fueron detenidos por las Fuerzas de Seguridad desde entonces, pero un número similar ha decidido ausentarse y otros han permanecido en sus escondrijos en condiciones dispares. Según fuentes de la izquierda abertzale, la cantidad final resulta ser más del doble de los 300 huidos calibrados por Interior y supera todavía más las cuentas de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia.
«Busca y captura»
La asociación liderada por Daniel Portero afirma que hay unos 141 con orden de busca y captura dictada por la Audiencia Nacional y otros 43 sobre los que no pesa ningún requerimiento judicial.
La mayor parte de los huidos, unos 500, se encontraría en Francia, y el resto estaría en Sudamérica, excepto cuatro de ellos, que se encuentran en Cabo Verde.
El asunto de los deportados y de los huidos es, junto con los presos, los que la banda terrorista denomina «cuestiones técnicas» y la forma de solucionar su situación fue abordada por el Gobierno anterior y por la izquierda abertzale.
En el caso de los presos, socialistas y radicales acordaron la ejecución de una salida escalonada por la que iban a ir alcanzando la libertad; primero los reclusos enfermos, luego los que hubiesen cumplido las tres cuartas partes de la condena y, finalmente, con el tiempo, aquéllos que únicamente pudieran salir con la concesión de algún indulto o algún tipo de medida de gracia. Este problema fue abordado de forma expresa en la anterior negociación del Gobierno de Rodríguez Zapatero con los enviados de la organización terrorista. El nombre de Uribetxeberria Bolinaga se puso encima de la mesa entonces como uno de los reclusos que tenía que salir y también entonces, en 2006, la anulación de la doctrina Parot, por parte del Tribunal Constitucional. La solución para los presos también fue abordada poco antes de las elecciones generales en las reuniones mantenidas entre los dirigentes del PSE y los de la izquierda abertzale.
Para el problema de los huidos y deportados también intentó buscarse una solución, y de ahí el empeño del lehendakari Patxi López por crear una oficina cuya finalidad era la de tramitar el regreso de aquellos etarras que quisieran volver. El Ejecutivo vasco se puso en contacto con un grupo de terroristas residentes en varios países que habían mostrado su interés en acogerse al procedimiento. Se trataba de dejar en libertad a los que no tuvieran causas pendientes y de ingresar en la vía Nanclares a quienes sí las tuvieran con el estímulo de obtener más cantidad de permisos o la aplicación del artículo 100.2, que les permitiría la aplicación efectiva de una situación prácticamente de libertad.
En este contexto, Gara adelantó anoche los extractos de un libro-entrevista en el que Arnaldo Otegi habla desde la prisión de Logroño, donde cumple condena. Bajo el título de El tiempo de las luces -que se publicará el próximo día 28-, Otegi, en nombre de todos los portavoces de Batasuna, pide «sinceras disculpas» a «las familias de las víctimas de las acciones armadas de ETA» si su acción política ha añadido más dolor a su tragedia.
La AVT, «vigilante» para que la reforma penal no beneficie a los terroristas
Califica como «un paso» la aprobación en España de la cadena perpetua revisable
Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) valoró ayer positivamente la propuesta del Gobierno de implantar la prisión perpetua revisable, aunque advirtió de que permanecerán «vigilantes» para que la norma no incluya ninguna «fisura» que beneficie a los condenados por terrorismo.
«Va a ser un camino largo y vamos a estar vigilantes», apuntó en declaraciones a Efe uno de los portavoces de la entidad, Miguel Folguera. El anteproyecto de la ley de reforma del Código Penal, que incluye por primera vez en la historia de la democracia la cadena perpetua revisable, fue presentada el viernes en el Consejo de Ministros por el responsable de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
La pena máxima, que sería aplicada a terroristas, genocidas y grandes asesinos, sería revisable entre los 25 y 35 años de cumplimiento efecto.
Folguera aseguró que la propuesta «es un paso», aunque agregó que la «lucha» será «larga» para evitar «fisuras», como que las penas sean revisadas nunca antes «de los 40 años» de condena.
«No nos gusta el nombre. Tendría que ser cadena perpetua revisable, no prisión», afirmó. Folguera se refirió también al caso del etarra Bolinaga, excarcelado el pasado 30 de agosto por su enfermedad, y afirmó que, aunque la decisión fue tomada con «arreglo a la ley», existían otras posibilidades.
Especialmente crítico se mostró con el hecho de que el recurso contra la excarcelación del preso etarra vaya a ser juzgado por cinco magistrados de la Audiencia Nacional y no por la totalidad del pleno.
Por su parte, Juan José Cortés, el padre de la niña Mari Luz, asesinada en Huelva en 2008, se congratuló ayer del anuncio de la instauración en España de la cadena perpetua revisable y entendió que «ha merecido la pena todo el esfuerzo» que hizo
A. E. MADRID
16/09/2012 ESPAÑA
Algunos responsables de Interior han estado solicitando información a la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre la situación de los etarras huidos o deportados y han pedido datos sobre los terroristas que se encuentran en Venezuela o Cabo Verde, lugar este último donde hay cuatro terroristas, tres de ellos con delitos todavía por prescribir.
Se trataría de dejarlos en libertad si no tienen causas pendientes o de incorporarlos, al igual que tenía previsto el Gobierno vasco, a la vía Nanclares o, más actualmente, aplicarles el plan de reinserción hecho público por el Ejecutivo que tanta polémica desencadenó. El regreso de los deportados y huidos ha sido un asunto recurrente a lo largo de la democracia. Se hizo al principio, tras la amnistía, con la disolución de ETA político-militar, o en la tregua de 1998, cuando el secretario de Estado de Interior del Gobierno de Aznar, Ricardo Martí Fluxá, activó un procedimiento parecido en las embajadas e intentó realizar un recuento similar.
Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) valoró ayer positivamente la propuesta del Gobierno de implantar la prisión perpetua revisable, aunque advirtió de que permanecerán «vigilantes» para que la norma no incluya ninguna «fisura» que beneficie a los condenados por terrorismo.
«Va a ser un camino largo y vamos a estar vigilantes», apuntó en declaraciones a Efe uno de los portavoces de la entidad, Miguel Folguera. El anteproyecto de la ley de reforma del Código Penal, que incluye por primera vez en la historia de la democracia la cadena perpetua revisable, fue presentada el viernes en el Consejo de Ministros por el responsable de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
La pena máxima, que sería aplicada a terroristas, genocidas y grandes asesinos, sería revisable entre los 25 y 35 años de cumplimiento efecto.
Folguera aseguró que la propuesta «es un paso», aunque agregó que la «lucha» será «larga» para evitar «fisuras», como que las penas sean revisadas nunca antes «de los 40 años» de condena.
«No nos gusta el nombre. Tendría que ser cadena perpetua revisable, no prisión», afirmó. Folguera se refirió también al caso del etarra Bolinaga, excarcelado el pasado 30 de agosto por su enfermedad, y afirmó que, aunque la decisión fue tomada con «arreglo a la ley», existían otras posibilidades.
Especialmente crítico se mostró con el hecho de que el recurso contra la excarcelación del preso etarra vaya a ser juzgado por cinco magistrados de la Audiencia Nacional y no por la totalidad del pleno.
Por su parte, Juan José Cortés, el padre de la niña Mari Luz, asesinada en Huelva en 2008, se congratuló ayer del anuncio de la instauración en España de la cadena perpetua revisable y entendió que «ha merecido la pena todo el esfuerzo» que hizo
La organización les pide que se trasladen al sur de Francia
En los últimos meses, la organización terrorista ha ido pidiendo a los etarras que no tengan causas pendientes o cuyos delitos hayan prescrito que se trasladen al sur de Francia, donde el llamado comité de refugiados los tiene localizados. Las Fuerzas de Seguridad no descartan que intenten escenificar su presencia en Francia y rentabilizar su regreso, como han hecho en otras épocas. En una decisión sin precedentes, algunos terroristas como Elena Bárcena, con un historial sangriento pero con las causas prescritas, han solicitado sus pasaportes en las distintas embajadas para trasladarse al sur de Francia, les han sido concedidos y ése es el lugar en el que se encuentran.Algunos responsables de Interior han estado solicitando información a la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre la situación de los etarras huidos o deportados y han pedido datos sobre los terroristas que se encuentran en Venezuela o Cabo Verde, lugar este último donde hay cuatro terroristas, tres de ellos con delitos todavía por prescribir.
Se trataría de dejarlos en libertad si no tienen causas pendientes o de incorporarlos, al igual que tenía previsto el Gobierno vasco, a la vía Nanclares o, más actualmente, aplicarles el plan de reinserción hecho público por el Ejecutivo que tanta polémica desencadenó. El regreso de los deportados y huidos ha sido un asunto recurrente a lo largo de la democracia. Se hizo al principio, tras la amnistía, con la disolución de ETA político-militar, o en la tregua de 1998, cuando el secretario de Estado de Interior del Gobierno de Aznar, Ricardo Martí Fluxá, activó un procedimiento parecido en las embajadas e intentó realizar un recuento similar.
Con eso de las elecciones en las vascongadas, hay prisa por traer a los etarras y colocarlos. Lo tiene fácil el desgobierno, los mete al paro a cobrar, y los demás en los ayuntamientos y diputaciones, y todo arreglado. Aiba la ostia tu..., como si no hubiera pasado nada en estos casi 40 años de terror.
ResponderEliminarBueno, con Mariasno el Corto se pueden volver tranquilamente a España. No sólo no se les aplicará ningún procedimiento penal, sinoq ue además se les dará una paga a perpetuidad y se les nombrará hijos predilectos de sus respectivos pueblos donde podrán limpiarse tranquilamente el culo con la bandera española, quitada de los consistorios para pasársela tranquilamente por el forro de los ovoides junto con la ley de banderas.
ResponderEliminarMariasno, eres más traidor que zETAparo, que ya es decir.
Un saludazo.