El Gobierno noruego protegió a David Pla e Iratxe Sorzabal, que se entrevistaron con líderes 'abertzales' y 'Josu Ternera'
. Los jefes del aparato político de ETA, David Pla e Iratxe Sorzabal, han permanecido durante dos meses en Oslo a la espera de que el Gobierno del PP les diera una respuesta a la oferta de negociación que la organización terrorista incluyó en su comunicado de cese definitivo de la actividad armada. Durante su estancia allí han sido acompañados de manera sucesiva por otros etarras, entre los que destaca Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, que realizó al menos una visita de 24 horas.Según las fuentes consultadas, el Ejecutivo dirigido por Mariano Rajoy no ofreció ningún tipo de respuesta y los dirigentes de ETA regresaron a la clandestinidad en Francia. Otras fuentes indican, sin embargo, que Pla y Sorzabal no han abandonado suelo noruego.
La estancia de los terroristas en el citado país ha sido auspiciada por el Ministerio de Asuntos Exteriores noruego, que desde 2005 ha venido realizando un papel importante tanto en las negociaciones directas entre el Gobierno y ETA, primero, como en los contactos indirectos entre ambos, después. Además, el departamento gubernamental noruego ha prestado su infraestructura para que los mediadores internacionales que auspiciaron la declaración de Ayete en San Sebastián puedan mantenerse en contacto con miembros de la banda terrorista.
En ningún caso los etarras se han hecho cargo jamás de los gastos de todos estos movimientos o de su propia manutención. Ésa ha sido siempre una de las premisas impuestas por los terroristas para participar en cualquier tipo de contacto.
Gracias a la actitud del Gobierno noruego, y mientras los dirigentes del aparato político de la organización se encontraban en Oslo, varios representantes de los partidos que forman parte del denominado frente soberanista (Batasuna, EA, Alternatiba y Aralar) se han desplazado con frecuencia a esta capital europea. Entre ellos se encuentra un destacado dirigente de la izquierda abertzale con representación institucional.
Oslo fue ya en 2005 la ciudad en la que se llevó a cabo la segunda tanda de conversaciones entre el Gobierno socialista y ETA, después de que los representantes de ambas partes, Jesús Eguiguren y Josu Ternera, protagonizaran una primera fase en Ginebra en la que pactaron los contenidos del comunicado de la banda terrorista de marzo de 2006 y la declaración posterior, en junio, del presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Congreso.
Fue también en Oslo donde se desarrollaron los compromisos adquiridos por ambas partes -recogidos en 14 puntos y que fueron incumplidos en primer lugar por la banda terrorista- y donde Ternera y Eguiguren tuvieron un malentendido terminológico por el que, según el presidente de los socialistas vascos, «nos enemistamos para siempre, por decirlo de algún modo».
Cuando Juan Carlos Yurrebaso fue arrestado de camino a una de las reuniones entre el Ejecutivo y ETA, llevaba las tarjetas de un alto cargo suizo y de tres altos cargos de Oslo: Wegger Strommen, Johan Vibe y Tore Hatrem.
La implicación de los titulares de Exteriores noruegos en este asunto fue tan intensa durante algún tiempo, que uno de ellos no tuvo inconveniente en viajar hasta Portugal para reunirse con alguno de los interlocutores del Gobierno que suele pasar algún tiempo en Extremadura, con el fin de desatascar los problemas que pudieran haber surgido durante el proceso.
Tras el atentado de la T-4 del aeropuerto de Barajas, el Gobierno volvió a mantener reuniones con Batasuna y con ETA a dos bandas en Ginebra, después de que los representantes del Sinn Féin insistiesen en ello, y en esos encuentros también estuvo presente un dirigente noruego que, fracasado el intento, ofreció su país como sede futura de cualquier tipo de solución.
A petición de Batasuna, tomó el testigo el abogado sudafricano Brian Currin, que acabó formando el grupo internacional de contacto y el grupo de verificadores, empeñados en sacar del apuro del mejor modo posible a una izquierda abertzale lastrada por la ineficacia operativa de ETA.
A través de los mensajes que éstos mandaban al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y de otras vías, quedó diseñada una hoja de ruta en la que estaba presente la Declaración de Ayete en San Sebastián. El propio Currin coordinó en el palacio donostiarra la presencia -naturalmente permitida por el Gobierno socialista y conocida por el entonces líder de la oposición- de un grupo de seis personajes internacionales, entre los que estaba Gro Harlem Brundtland, política del partido laborista noruego y ex primera ministra de este país.
En el primer punto se llamaba a ETA a «hacer una declaración pública de cese definitivo de la actividad armada»; en el segundo, se instaba a los gobiernos de España y Francia a, acto seguido, «darle la bienvenida al anuncio y aceptar iniciar conversaciones para tratar exclusivamente de las consecuencias del conflicto».
El siguiente paso debía ser por tanto una negociación sobre la situación de los presos, que debían esperar una salida escalonada. Los abertzales entendieron que también quedaba comprendido en aquel acuerdo, obtenido por vías indirectas, la legalización de Sortu.
Tras las elecciones, los etarras se desplazaron a Oslo para mantener esa vía de contacto con el Ejecutivo de Mariano Rajoy, en un intento que, según las fuentes consultadas, ha resultado infructuoso.
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La dirección etarra busca el respaldo de sus miembros
Informes de Interior indican que quieren cambiar su estructura y que no atentarán a corto y medio plazo, pero que podrían hacerlo
.El Ministerio del Interior dispone de informes que indican que ETA mantiene vigente el cese definitivo y que no es previsible que atente, al menos antes de las elecciones vascas; pero precisan también que, aunque la banda está muy perjudicada, tiene capacidad suficiente para volver a cometer atentados si lo considera de su conveniencia.Los informes recogen parte de los documentos de la izquierda abertzale y de ETA y, por tanto, aquéllos en los que ésta aseguraba que no iba a disolverse, sino que a transformarse -tras las negociaciones técnicas y políticas- en una corriente política dentro del conglomerado abertzale.
Según la información de la que dispone Interior, los miembros de ETA se encuentran en un proceso de debate asambleario desde hace meses -más virtual que real, dada su descomposición- que está previsto que acabe a finales de 2012. No se trata de votar sobre la decisión del cese definitivo, sino de intentar reagrupar los consensos en torno a la actual dirección. Las fuerzas de seguridad sostienen que la decisión del cese es firme (al menos por ahora, no hay corrientes críticas y no se prevén grandes enfrentamientos), pero recuerdan que no se tomó de forma consensuada sino que hubo algunos sectores, no excesivamente representativos, que mostraron su oposición a la actual estrategia.
Por ese motivo, su objetivo es aglutinar el respaldo de todos los militantes con el fin de emprender una reestructuración interna: se paralizaría el departamento dedicado a los atentados y se reforzarían los aparatos político y logístico.
En realidad, en estos momentos, según los citados informes, la prioridad son las elecciones autonómicas y, por lo tanto, la estrategia con la que pretenden alcanzar el poder y poner en marcha sus objetivos por la vía de los hechos, usando una coalición soberanista formada por la izquierda abertzale, EA, Alternatiba y Aralar. Los dirigentes de Batasuna, según los citados informes, son quienes lo controlan todo. La formación ilegalizada, incluso, tiene reorganizada su Mesa Nacional, que trata de rentabilizar el anuncio del cese y cuyo protagonismo público y mediático está generando problemas internos con los otros miembros de su coalición.
Batasuna trabaja en la sustitución de las organizaciones que fueron ilegalizadas para reforzar todos sus frentes. El Movimiento Pro Amnistía ha sido sustituido por Egin Dezagun; han creado la asociación de víctimas de los aparatos del Estado; han sustituido a las juventudes de Segi por la llamada Marasma, y tienen planeado que Udabiltza esté en activo para fin de año.
Se calcula que el número de miembros de la banda es de 70, 50 de ellos en las estructuras operativas y apenas 10 con experiencia. No hay comandos en el interior de España. Continúan en Francia las labores de mantenimiento de las estructuras. Algunos militantes podrían ser desplazados a otros países europeos distintos de Francia y, por primera vez, a los países escandinavos. Y tienen dinero para aguantar dos años.
Respecto a los presos, Batasuna sigue trabajando para conseguir su control y es el sector que le causa una mayor preocupación. Ni ETA ni Batasuna quieren salidas individualizadas, pero están estudiando si pueden acogerse a alguna fórmula individual que haya sido acordada previa y colectivamente por el resto de los internos
Entre sociatas anda el juego, poca vergüenza, gobierno europeo que hace la vista gorda a los asesinos. Otros que se creerán que están sitiados en las vascongadas, a pan y agua. Manda cojones..
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