Aunque los informes médicos sobre enfermos etarras competen al Gobierno vasco
.El Ministerio del Interior emitió ayer una nota para salir al paso de
la información publicada por este periodico sobre el papel que tendrá el
Gobierno vasco en las excarcelaciones de presos de ETA.El Departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz niega que el Ejecutivo de Vitoria sea el que vaya a tener la última palabra en estas excarcelaciones. Asegura que la excarcelación de etarras enfermos solo corresponde al juez de Vigilancia Penitenciaria a propuesta suya. Pero para que esto se produzca, son fundamentales los informes medicos, que, una vez cedidas las competencias al País Vasco, estarán en manos del Ejecutivo de Vitoria.
EL MUNDO informó ayer de que el Ejecutivo vasco tendrá un papel destacado en la evolución de estos internos enfermos de ETA ya que, desde junio del pasado año, bajo el Gobierno de Rodríguez Zapatero, las competencias en materia sanitaria en prisiones les fueron cedidas. El aspecto médico, pues, será clave a la hora de resolver la situación de presos enfermos de la banda. Y ese papel será aún más relevante si se empieza a producir un acercamiento de presos etarras a cárceles vascas después del inicio del nuevo Plan Integral de Reinserción.
Las propuestas médicas serán elevadas por cada centro y, como informaba ayer este periodico, deberán ser aprobadas por el Ministerio del Interior, que es quien tiene la última palabra sobre las excarcelaciones, siempre con el visto bueno del juez de Vigilancia Penitenciaria. Pero las propuestas médicas, salvo disparates abismales, no son cuestionadas apenas, por los jueces de Vigilancia.
En la nota difundida, Interior asegura que «la excarcelación anticipada por enfermedad requiere previamente la clasificación en 3º grado que está prevista en el art. 104.4 del Reglamento Penitenciario. En dicha clasificación es fundamental el informe médico, pero dicho informe no es vinculante. Por lo tanto, la propuesta que formule el centro penitenciario al respecto deberá ser conformada por el centro directivo, desde donde la Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria podrá discrepar y solicitar otros informes para complementar la información».
Añade que la enfermedad «permite anticipar la salida del interno en libertad condicional, aunque éste no haya cumplido las 3/4 partes de la condena, aunque esta salida requiere de la autorización del juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. Es posible que el interno esté en situación de preventivo, en ese caso, no estaríamos hablando de libertad condicional, sino de libertad provisional, que deberá autorizar el juez o tribunal del que dependa».
La nota de Interior concluye que las posibilidades de que el Gobierno vasco «pueda interferir en las libertades anticipadas por enfermedad, o incluso en el Programa integral de reinserción diseñado es inviable por motivos de estricta legalidad. La legislación penitenciaria es meridianamente clara respecto de las competencias que la Administración Central tiene en la forma de la ejecución penal». Lo cual no es óbice para que los informes médicos vayan a realizarse en cárceles vascas, cuyas competencias sanitarias están en manos del Gobierno vasco..
El plan combate el victimismo radical, según Interior
El etarra que pida perdón a la víctima deberá ser el «autor material» del delito
El Ministerio del Interior sostiene que el Plan de Reinserción Integral para presos de ETA persigue varios objetivos operativos, pero también uno político o táctico, como es el de combatir el victimismo que está alimentando la izquierda abertzale. Los radicales acusan al Gobierno de inmovilismo y rentabilizan esa argumentación que ha venido prendiendo desde hace décadas en la opinión pública vasca, y el Ejecutivo quiere cambiar esa imagen dejando claro que hay salidas para quienes quieran aprovecharlas.
Interior insiste en que su intención no es convertirse en el albacea de los planes socialistas, sino provocar contradicciones en el seno de ETA, entre el sector más duro y el más partidario de la reinserción, e impulsar la política de reinserción individual en el marco de la Ley que se había visto cegada tras el anuncio del cese definitivo del alto el fuego, debido a las promesas falsas realizadas por ETA a sus presos. Estas promesas consistían en acercamientos masivos y excarcelaciones fruto de una negociación que según el Gobierno nunca va a producirse.
La falsedad de estas afirmaciones no impidió que algunos de los presos que se habían acogido a la víaNanclares dudasen de si su apuesta había sidoo la correcta, y el Ejecutivo consideró conveniente aclararles a los reclusos las opciones reales que tenían. El tercer grado concedido a uno de los acogidos al proyecto de la cárcel de Vitoria fue la demostración de que determinadas salidas, en determinadas condiciones, son posibles.
El Plan Integral fue concebido estrictamente por los responsables de la Administración de Prisiones para corregir los defectos de la vía Nanclares abierta por los socialistas, y sistematizarla.
La vía era un caos en el que intervenían agentes ajenos al ámbito penitenciario (intermediarios o miembros del Gobierno vasco) y en el que los etarras podían reunirse con cualquier víctima aunque no tuviera nada que ver con su ingreso en prisión. Pero estas modificaciones de carácter técnico implicaron también un ineludible planteamiento político cuya pretensión, según el Gobierno, es socavar los argumentos de los radicales enfrentándoles a sus propias contradicciones.
El plan, que se aplicará «preferentemente» en las prisiones vascas y en las próximas a Madrid, no exige a los presos que pidan perdón para su acercamiento -como hasta ahora-, pero sí para obtener beneficios penitenciarios. Sigue contemplando los encuentros entre los presos de ETA y sus víctimas, pero los reclusos han de ser los autores materiales de los hechos infligidos a la persona con la que se reúnan. Este punto es denominado Encuentros de reparación a las víctimas: «La aceptación del encuentro partirá siempre de la víctima, que tendrá que ser la directamente perjudicada por el delito o sus allegados más cercanos. De la misma forma, el penado que solicita el perdón tiene que ser el autor material o cooperador del hecho delictivo que ha causado el daño».
Interior precisa que los encuentros irán precedidos por un periodo de preparación para que esta actividad, «en ningún caso, pueda suponer un incremento del estado de aflicción de la víctima».
La reparación a la víctima ha de ser, además de material, moral; y ha de estar enmarcada, según Interior, dentro de un programa de tratamiento en el que se encuentran los famosos talleres de formación cívica en el que se concienciará a los presos de «la magnitud y la trascendencia del daño ocasionado» y se les formará en «principios y valores de convivencia propios de un Estado democrático». Para este aspecto, «se podrá solicitar la participación de quienes, desde la pluralidad, hayan obtenido reconocimiento social en la defensa de los valores para la erradicación de la violencia y que hayan apoyado el reconocimiento del dolor de las víctimas». El programa pretende «comprobar la autenticidad de la evolución del recluso» y es reversible. El Equipo de Tratamiento propondrá la exclusión del recluso que manifieste una actitud contraria a los objetivos del plan.
El Ministerio del Interior sostiene que el Plan de Reinserción Integral para presos de ETA persigue varios objetivos operativos, pero también uno político o táctico, como es el de combatir el victimismo que está alimentando la izquierda abertzale. Los radicales acusan al Gobierno de inmovilismo y rentabilizan esa argumentación que ha venido prendiendo desde hace décadas en la opinión pública vasca, y el Ejecutivo quiere cambiar esa imagen dejando claro que hay salidas para quienes quieran aprovecharlas.
Interior insiste en que su intención no es convertirse en el albacea de los planes socialistas, sino provocar contradicciones en el seno de ETA, entre el sector más duro y el más partidario de la reinserción, e impulsar la política de reinserción individual en el marco de la Ley que se había visto cegada tras el anuncio del cese definitivo del alto el fuego, debido a las promesas falsas realizadas por ETA a sus presos. Estas promesas consistían en acercamientos masivos y excarcelaciones fruto de una negociación que según el Gobierno nunca va a producirse.
La falsedad de estas afirmaciones no impidió que algunos de los presos que se habían acogido a la víaNanclares dudasen de si su apuesta había sidoo la correcta, y el Ejecutivo consideró conveniente aclararles a los reclusos las opciones reales que tenían. El tercer grado concedido a uno de los acogidos al proyecto de la cárcel de Vitoria fue la demostración de que determinadas salidas, en determinadas condiciones, son posibles.
El Plan Integral fue concebido estrictamente por los responsables de la Administración de Prisiones para corregir los defectos de la vía Nanclares abierta por los socialistas, y sistematizarla.
La vía era un caos en el que intervenían agentes ajenos al ámbito penitenciario (intermediarios o miembros del Gobierno vasco) y en el que los etarras podían reunirse con cualquier víctima aunque no tuviera nada que ver con su ingreso en prisión. Pero estas modificaciones de carácter técnico implicaron también un ineludible planteamiento político cuya pretensión, según el Gobierno, es socavar los argumentos de los radicales enfrentándoles a sus propias contradicciones.
El plan, que se aplicará «preferentemente» en las prisiones vascas y en las próximas a Madrid, no exige a los presos que pidan perdón para su acercamiento -como hasta ahora-, pero sí para obtener beneficios penitenciarios. Sigue contemplando los encuentros entre los presos de ETA y sus víctimas, pero los reclusos han de ser los autores materiales de los hechos infligidos a la persona con la que se reúnan. Este punto es denominado Encuentros de reparación a las víctimas: «La aceptación del encuentro partirá siempre de la víctima, que tendrá que ser la directamente perjudicada por el delito o sus allegados más cercanos. De la misma forma, el penado que solicita el perdón tiene que ser el autor material o cooperador del hecho delictivo que ha causado el daño».
Interior precisa que los encuentros irán precedidos por un periodo de preparación para que esta actividad, «en ningún caso, pueda suponer un incremento del estado de aflicción de la víctima».
La reparación a la víctima ha de ser, además de material, moral; y ha de estar enmarcada, según Interior, dentro de un programa de tratamiento en el que se encuentran los famosos talleres de formación cívica en el que se concienciará a los presos de «la magnitud y la trascendencia del daño ocasionado» y se les formará en «principios y valores de convivencia propios de un Estado democrático». Para este aspecto, «se podrá solicitar la participación de quienes, desde la pluralidad, hayan obtenido reconocimiento social en la defensa de los valores para la erradicación de la violencia y que hayan apoyado el reconocimiento del dolor de las víctimas». El programa pretende «comprobar la autenticidad de la evolución del recluso» y es reversible. El Equipo de Tratamiento propondrá la exclusión del recluso que manifieste una actitud contraria a los objetivos del plan.
Siempre que se dice algo del tema, sale el ministro a la palestra a desmentirlo, lo cuál es sinónimo de que es verdad lo que se dice.
ResponderEliminarComo siempre hacen, con el engaño, soltarán a los asesinos, y esa es la verdad, tiempo al tiempo, tod@s lo vamos a ver.