Vitoria podrá excarcelar etarras enfermos

FERNANDO LÁZARO MADRID

30/04/2012 ESPAÑA/El Mundo

El País Vasco tiene en exclusiva la competencia en sanidad penitenciaria desde 2011

.El pasado 24 de junio, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero cedió al País Vasco las competencias en materia de sanidad penitenciara. En aquel momento, la responsable de Prisiones, Mercedes Gallizo, aprobó esta cesión en el marco de un proyecto más amplio encaminado a que el resto de comunidades asumieran la sanidad penitenciaria.

Las decisión del entonces Ministerio del Interior del PSOE no tenía visos de estar vinculada con la política antiterrorista o con los presos de ETA. Pero han pasado los meses, casi un año, y la cesión de estas competencias no se ha ampliado a otras comunidades autónomas. Las llaves para posibles maniobras con internos en aras de su salud quedan así en manos del Ejecutivo vasco.

Los informes médicos internos de las prisiones han sido, son y serán claves de cara a la evolución de la condición penitenciaria y del cumplimiento de las penas.

Así, ahora, con el nuevo plan integral de reinserción de presos de ETA anunciado por el ministro del Interior, esta cesión de competencias cobra mucha más relevancia. Porque la propia evolución está demostrando que con el resto de comunidades no se ha suscrito a esta cesión sanitaria. Es decir, desde el Ejecutivo de Zapatero se cedió las competencias sanitarias al País Vasco en una clara maniobra política de largo alcance.

Como explican fuentes penitenciarias, las opiniones médicas sobre los internos suelen ser «palabra sagrada». Es decir, los centros penitenciarios suelen atender los criterios de los especialistas y sus recomendaciones sobre los presos.

Recuerdan que esos médicos dependen del Gobierno vasco y que, aunque la decisión que se adopte sobre la situación penitenciaria de un interno enfermo debe contar con el visto bueno del Ministerio, que sigue teniendo las competencias generales, no pasa casi nunca que una gestión médica se rectifique por parte de la autoridad gubernativa.

El nuevo plan encaminado a la reinserción de presos terroristas desvelado por el ministro Jorge Fernández facilita a los reclusos de ETA que se desmarquen de la organización un camino que, vía cursillos de educación cívica, les permita acercarse a cárceles vascas para, posteriormente, optar a la reinserción.

Si se produce un importante cauce de apoyo a esta iniciativa del Ejecutivo, la llegada a prisiones del País Vasco durante los próximos meses puede ser importante. Y este flujo de internos de ETA tendrá que acceder al sistema interno sanitario de los recintos carcelarios, que ya estará en manos del Gobierno vasco, cuyo lehendakari se ha mostrado partidario, por activa y por pasiva, de un acercamiento masivo de presos de ETA a las cárceles vascas. Patxi López, durante las últimas semanas, ha reclamado al Ejecutivo de Rajoy un movimiento claro, en política penitenciaria, que permita «consolidar» el mal llamado proceso de paz.

Se da la circunstancia, también, que desde la izquierda abertzale también se ha presionado al Ejecutivo para que excarcele a cerca de una veintena de presos enfermos. Las asociaciones cercanas a ETA han insistido en esta petición.

Si se avanza en este nuevo plan integral de reinserción y se produce el previsible acercamiento de presos etarras a cárceles vascas, esa excarcelación por motivos de salud podría estar más cercana.

Las reacciones tanto del Gobierno vasco como del PNV aplaudiendo este nuevo plan integral del Ejecutivo llevan a la conclusión de que este movimiento era el gesto que se estaba esperando por parte del Gobierno, un movimiento que no sorprendió ni al PSOE ni al PNV.

Especialistas en política vasca contextualizaron este movimiento del Ejecutivo con la cesión de competencias sanitarias en prisiones llevado ya a cabo hace casi un año por el Gobierno socialista. A esta cesión y su proyección futura ante un previsible acercamiento importante de presos de ETA tampoco fue ajena ni el PP ni el PNV.

Estos analistas entienden que estos movimientos estratégicos responden a un proyecto más amplio en el ámbito carcelario llevado a cabo ya a finales de la legislatura pasada. Recuerdan cómo el PP, en la última etapa del Gobierno de Zapatero, levantó la presión en sus críticas por la negociación con ETA. De hecho, no preguntó ni una sola vez en el Congreso, ni por escrito ni de forma oral, por los movimientos penitenciarios con los presos de ETA.

Tras el cambio electoral, la política se centró en la «generosidad y la inteligencia», palabras utilizadas por el ministro del Interior para definir los parámetros con los que actuaría en la lucha antiterrorista, en su política penitenciaria.

EL MUNDO desveló el encuentro entre el ministro y el presidente del Gobierno saliente, José Luis Rodríguez Zapatero, en la propia sede del Ministerio del Interior. En aquel encuentro, el ministro tomó nota a mano en no menos de una docena de folios de los datos que le aportaba el saliente inquilino de La Moncloa.

Durante ese peculiar y discreto encuentro, sobre la mesa, la política antiterrorista contra ETA. Tras develarse el encuentro, el ministro aseguró que su Departamento no tenía ninguna hipoteca y que no tenía líneas de actuación marcadas, descartando así que Zapatero le estuviera entregando datos sobre su hoja de ruta con ETA.

Ahora, desde mediados de la anterior legislatura, la cercanía entre el PSOE y el PP en la política penitenciaria era clara y la comunicación intensa. Estas voces recuerdan la primera reacción de Rajoy cuando ETA hizo público su comunicado en el que anunciaba el cese definitivo de la violencia: se había logrado esta situación «sin concesiones políticas»

JUANFER F. CALDERÍN VITORIA

30/04/2012 ESPAÑA

.Covite cree que el Gobierno central promueve ya los puntos que contempla el acuerdo de Guernica, firmado entre otros por la ilegalizada Batasuna. Así lo evidenció ayer el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco. En un comunicado, acusó al Ejecutivo de Mariano Rajoy de «asumir» la hoja de ruta diseñada por la banda terrorista con el nuevo plan de reinserción esbozado desde Madrid.

«No es éste el camino. No se puede estar hablando de que hemos derrotado a ETA y asumir, al mismo tiempo, la hoja de ruta que dicha banda ha diseñado a través del denominado acuerdo de Guernica», argumentó.

A juicio de Covite, el Gobierno «está cediendo» en todos los apartados del acuerdo. Entre ellos, la no aplicación de la Ley de Partidos; la legalización de formaciones políticas «proetarras»; el impulso de la participación de agentes internacionales «en el denominado conflicto con la conferencia de Aiete»; el reconocimiento de la violencia del Estado y la flexibilización de la política penitenciaria

ÁNGELES ESCRIVÁ MADRID

30/04/2012ESPAÑA

PSE y Batasuna negociaron en 2011 la política penitenciaria

.Covite cree que el Gobierno central promueve ya los puntos que contempla el acuerdo de Guernica, firmado entre otros por la ilegalizada Batasuna. Así lo evidenció ayer el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco. En un comunicado, acusó al Ejecutivo de Mariano Rajoy de «asumir» la hoja de ruta diseñada por la banda terrorista con el nuevo plan de reinserción esbozado desde Madrid. «No es éste el camino. No se puede estar hablando de que hemos derrotado a ETA y asumir, al mismo tiempo, la hoja de ruta que dicha banda ha diseñado a través del denominado acuerdo de Guernica», argumentó. A juicio de Covite, el Gobierno «está cediendo» en todos los apartados del acuerdo. Entre ellos, la no aplicación de la Ley de Partidos; la legalización de formaciones políticas «proetarras»; el impulso de la participación de agentes internacionales «en el denominado conflicto con la conferencia de Aiete»; el reconocimiento de la violencia del Estado y la flexibilización de la política penitenciaria

ÁNGELES ESCRIVÁ MADRID

30/04/2012 ESPAÑA

PSE y Batasuna negociaron en 2011 la política penitenciaria

Pactaron antes de las elecciones generales del 20-N un plan escalonado de acercamientos y excarcelaciones de etarras

. Los socialistas vascos y los dirigentes de la izquierda abertzale negociaron en el verano de 2011 el cambio de la política penitenciaria del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Se trataba de una suerte de plan escalonado de acercamientos de los presos de ETA a las cárceles vascas y de salidas en diferentes fases de una cantidad que podía rondar el centenar. La celebración anticipada de las elecciones generales impidió que los compromisos que se habían alcanzado se llevasen a la práctica, pero el Gobierno vasco y los dirigentes del PSE han seguido defendiendo ante el Ejecutivo de Rajoy las medidas entonces pactadas.

Los socialistas y los dirigentes de Batasuna pusieron encima de la mesa una flexibilización general de la política penitenciaria basada en tres puntos fundamentales: el acercamiento progresivo de los reclusos de la organización a las cárceles vascas, la puesta en libertad de los presos enfermos y una interpretación flexible de las condiciones para acceder a la libertad condicional.

A pesar de que la organización terrorista en sus comunicados y algunos de los dirigentes de la izquierda abertzale sostienen que la única salida que conciben para el colectivo de reclusos es la amnistía, los dirigentes de Batasuna no realizaron esa exigencia.

El primer punto, y que consideraron que debía ser tratado de un modo más urgente, fue el de la excarcelación de los presos que la izquierda abertzale asegura que están enfermos. En aquellos momentos, en el listado presentado había unos nueve, de los que ahora quedan unos siete: Jesús Mari Hernando, Gotzone López, Inmaculada Berriozabal, José Ángel Biguri Camino, Iñaki Etxeberria, Jesús Mendinueta Flores y José Arizkuren Ruiz Kantauri.

La solicitud de la libertad de los presos enfermos es una exigencia recurrente en la izquierda abertzale y en ETA. En el proceso de negociación iniciado en 2005, los dirigentes de la organización pusieron encima de la mesa la excarcelación de varios reclusos, entre los que se encontraba Uribetxeberria Bolinaga. Cuando el enviado del Gobierno preguntó con aprensión si ese era el secuestrador de Ortega Lara, el representante de ETA le respondió: «Dirás el que tiene cáncer, ¿no?».

La cuestión es considerada tan importante por los radicales que, cuando el Gobierno hizo público el llamado plan integral de reinserción, una parte de la izquierda abertzale lo consideró una demostración de que el Ejecutivo se movía, pero no suficiente. «Pensábamos que lo primero que iba a ocurrir es que iban a ser excarcelados tres presos enfermos», aseguraron en alusión a las conversaciones que habían mantenido con los socialistas.

Cuando se abordó el asunto del acercamiento progresivo de penados a las cárceles vascas, los abertzales aceptaron la posibilidad de que éste se produjese por fases y de que, en la primera de ellas, no todos los presos fueran instalados en los centros de Vitoria, Bilbao o San Sebastián, sino que se les permitiera estar en otras instalaciones cercanas. Los negociadores de la izquierda abertzale aceptaron asimismo que los presos que estuvieran en situación de reclusión preventiva se quedaran en los centros de Madrid, para facilitar su traslado a los juicios que tuvieran pendientes en la Audiencia Nacional. Aceptaron así que fuera modificándose de forma progresiva el mapa de la dispersión.

El tercer punto abordaba una flexibilización de la aplicación de la ley similar a las posibilidades que ofrece el plan integral de reinserción, pero que iba mucho más allá. Se estuvo abordando la posibilidad de aplicar de un modo menos riguroso la ley, para que pudieran salir de prisión quienes habían cumplido las tres cuartas partes de la condena. La izquierda abertzale calcula que unos 125 presos podrían encontrarse en esa situación.

Entre los asuntos abordados también se trató la doctrina Parot. Los abertzales daban prácticamente por hecha su desactivación y no era la primera vez. También en las negociaciones con ETA, los enviados del Gobierno aseguraron que se estaba hablando con los miembros del Alto Tribunal para intentar arreglar la situación. Esta expectativa, no obstante, se ha visto defraudada, porque el Constitucional ha confirmado la doctrina establecida en una decisión que ha provocado el enfado de un grupo numeroso de reclusos. Algunas fuentes señalan que el anuncio del plan de reinserción del Ejecutivo cuando todavía no estaba finalizado ha tenido que ver con esta situación.

Convocadas y perdidas las elecciones por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, el Ejecutivo de Vitoria ha venido defendiendo la continuidad de los planteamientos que se realizaron en esas reuniones. Sus protagonistas no han trascendido, aunque, en reuniones previas a esa fecha, estuvo presente el portavoz socialista en la Cámara vasca, José Antonio Pastor. Después de las pasadas Navidades, el consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, y Jesús Loza, comisionado para la Convivencia y la Memoria del Gobierno vasco, han venido manteniendo reuniones con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para consensuar el plan integral de reinserción anunciado por el Gobierno. Los socialistas vascos lo acogieron manifestando que era un primer paso del Ejecutivo en la buena dirección.