Le da dos meses para revisar la investigación y señalar a los autores del soplo
Dentro de dos meses, la Audiencia Nacional tendrá un nuevo informe general sobre el caso Faisán, y esta vez será de la Guardia Civil. Lo acordó ayer el juez Pablo Ruz en un extenso auto que da respuesta a la decisión del Pleno de la Sala de lo Penal de revocar los procesamientos que había dictado el instructor.
El Pleno expuso sus dudas sobre la idoneidad del equipo policial al que se le encomendó la investigación, al considerar que sus miembros estaban a priori en la lista de sospechosos. Eso lleva a Ruz a considerar «obligado e inevitable» encomendar a la Guardia Civil «un informe de análisis a la vista de todo el material recopilado en la instrucción con el fin de identificar a los presuntos responsables de los hechos».
La orden de Ruz plantea dos posibles escenarios. El primero, que abocaría la causa al archivo o a reorientar las pesquisas, es que llegue un informe divergente con el de la Policía o que reproduzca al menos las dudas del Pleno. El segundo, que pondría a los imputados ante la perspectiva de un nuevo procesamiento, pasa por que la Guardia Civil llegue a las mismas conclusiones que la Policía y el instructor (y la Fiscalía en parte). Es decir, que diga que fue el inspector José María Ballesteros quien el 4 de mayo de 2006, a las 11.23 horas, pasó un móvil al dueño del bar Faisán. Y que al otro lado de la línea estaba el entonces jefe superior del País Vasco Enrique Pamies, que alertó a Joseba Elosua de la operación Urogallo contra la red de extorsión etarra. Un soplo que Pamies habría concertado la víspera con el director de la Policía en esas fechas, Víctor García Hidalgo.
En todo caso, es posible que no sea Ruz el encargado de dictar el siguiente auto clave del Faisán. La plaza que ocupa -la de Baltasar Garzón- saldrá en breve a concurso y en dos meses él ya podría estar fuera.
La incorporación de la Guardia Civil había sido reclamada por Dignidad y Justicia y la AVT, y respaldada por la Fiscalía. El juez nunca ha dudado de los investigadores, e incluso resalta que acuerda la diligencia «sin que ello implique la sustitución del equipo investigador».
De hecho, el equipo dirigido por Carlos Germán deberá presentar también nuevos informes que el juez encarga simultáneamente a la Policía y a la Guardia Civil, relativos a las supuestas «contradicciones o incongruencias» que el auto del Pleno reprocha al relato de hechos de Ruz.
El instructor subraya que esas dudas de la Sala nacen, en realidad, de haberse equivocado en datos cruciales como la hora exacta del supuesto soplo o el momento en el que se ve a Ballesteros pasando frente al Faisán. Aun así, y para «despejar» dudas, pide informes a las Fuerzas de Seguridad que también deberán llegar en dos meses.
El Pleno sugirió que no se podía afirmar tajantemente que el autor del soplo fuera policía, lo que lleva a Ruz a pedir a la Guardia Civil y la Ertzaina que le informen de si alguno de sus miembros sabía de la operación contra el bar Faisán.
Varias diligencias afectan al análisis de llamadas, clave en la investigación del caso Faisán. Ruz pide datos sobre teléfonos satélite, así como intensificar la investigación de llamadas entrantes. Lo que no acepta es ampliar el rango temporal de llamadas en el que se centró el equipo investigador. Se trataba de una diligencia que parecía desprenderse del auto del Pleno y en la que insistían las defensas, que sitúan fuera del periodo acotado la que a su juicio es la llamada del soplo.
En cuanto a las testificales, cita a declarar a los dos policías que escucharon en vivo la conversación en la que Elosua revela a su yerno -también convocado- el soplo que acababa de recibir. Igualmente comparecerán mandos asignados a la operación desbaratada que nunca han declarado. Las citaciones podrían ampliarse, ya que Ruz reclama a la Policía la lista completa -tiene una parcial- de agentes asignados al operativo de la operación Urogallo.
El auto de Ruz también incluye negativas. Rechaza, por ejemplo, interrogar como testigo a Antonio Camacho, secretario de Estado de Seguridad en el momento del soplo y, por tanto, superior de García Hidalgo. Tampoco acepta un careo entre Germán y otro mando que le acusó de querer tapar el chivatazo. Y, por supuesto, rechaza el archivo de la causa reclamado por Ballesteros.
El juez también dirige una petición expresa a la Fiscalía de la Audiencia: que le diga si va a plantear una cuestión de competencia por considerar que los hechos sólo serían un delito de revelación de secretos, y no de colaboración terrorista. El Pleno se limitó a considerar insuficientes los indicios para procesar y no se pronunció sobre si la causa carecía de un componente terrorista y, por tanto, debía enviarse al juez de Irún, donde se produjo el soplo.
ETA pide a Francia un «diálogo directo»
ETA emitió un comunicado anoche, a través de la agencia France Presse, en el que pide al Estado francés un «diálogo directo» sobre lo que denomina las «consecuencias del conflicto», expresión con la que la banda terrorista se suele referir preferiblemente a la situación de sus presos.
«Los ciudadanos vascos esperan que el Gobierno francés responda positivamente a la oportunidad de poner fin definitivamente a las consecuencias del conflicto, iniciando conversaciones directas con ETA», dice el comunicado, que afirma que Francia está «directamente implicada» en las citadas «consecuencias».
Las llamadas a los Estados francés y español a iniciar un diálogo directo han sido una constante de ETA desde que, el pasado 20 de octubre, anunciara el cese definitivo de su actividad armada. Hasta ahora, sin embargo, tanto Francia como España han rechazado sentarse a hablar con la banda terrorista.
Para ETA, la colaboración entre París y Madrid es uno de sus mayores problemas y una de las claves de su derrota. Según sus propios términos, formulados en comunicados anteriores, París «mantiene la política de venganza contra los prisioneros vascos, poniéndolos en manos del Estado español».
En la actualidad hay más de un centenar de miembros de ETA encarcelados en Francia, donde además se siguen produciendo detenciones de terroristas.
El PP impide que el Parlamento vasco se abra a Batasuna
Rompe la posibilidad de consenso al desconfiar de las garantías de López
Al final no hubo acuerdo. Ninguna ponencia en el Parlamento vasco intentará gestionar el fin de ETA, ni correrá el riesgo de convertirse en un foro que dé entrada en la Cámara vasca a la izquierda abertzale y a su entorno. La propuesta de Patxi López, encaminada a materializarse a través de una moción de Aralar, no salió adelante y el partido abertzale pospuso su iniciativa a la búsqueda de un consenso mayoritario capaz de albergar también al Partido Popular. Sus dirigentes desconfiaron de las garantías que les ofrecía el lehendakari para que el foro parlamentario no se convirtiera en un «coladero» de Batasuna, y ahí se acabó el debate.
El rechazo de los populares a avalar la ponencia frustró su votación. El resultado hubiera dibujado una Cámara fragmentada, incapaz de ponerse de acuerdo, y aunque PSE, Aralar y PNV contaban con la mayoría necesaria, ninguno de estos grupos quiso forzar un pronunciamiento con un acuerdo inferior al alcanzado el pasado 21 de febrero en el Congreso de los Diputados. El lehendakari, tras el consenso en las Cortes alcanzado por PP, PSOE, PNV, CiU y otros grupos minoritarios, había anunciado su intención de trasladarlo al Parlamento vasco, profundizando en su hoja de ruta el decálogo presentado el pasado septiembre, en el que incluye la legalización de Sortu y el acercamiento de presos de ETA, junto a múltiples medidas en favor de las víctimas de la banda y una «política de concordia» entre los vascos que ayer detalló.
El PP pretendía ceñirse al acuerdo del Congreso, pero se avino a negociar una enmienda e incluso alcanzó en la tarde del jueves un principio de acuerdo con el PSE, en el que Aralar delegó las negociaciones. Los populares pusieron como condición que la ponencia no abriera las puertas del Parlamento a Batasuna y que los socialistas se comprometieran de forma expresa a evitar sus comparecencias.
Antonio Basagoiti, presidente del PP vasco, anunció desde la primera intervención su temor a que dicho foro se acabara convirtiendo en la «mesa de partidos» exigida por ETA. «¿Garantiza usted pública y oficialmente que no va a ser invitado ningún colectivo que no condene a ETA?», preguntó Basagoiti al lehendakari.
La respuesta evasiva de López de que la ponencia no serviría «para traer permanentemente al mundo de Batasuna» no satisfizo al líder del PP, que trató de arrancar en el turno de réplica un contundente compromiso del lehendakari. «¿Garantiza usted, señor López, que no van a llamar, ni a aprobar, ni a dejar que vayan miembros de la izquierda abertzale? ¿Asegura que su partido votará siempre contra la presencia en ponencia de esos miembros? ¿Sí o no? Es fundamental que conteste», insistió. «Llegados a este punto tiene que elegir, o Batasuna o el PP», le espetó luego.
El lehendakari eludió un emplazamiento tan directo. La respuesta vino de José Antonio Pastor, portavoz del PSE: «Los socialistas no van a propiciar la presencia de organización o partido ilegal alguno». Un matiz que excluye de forma implícita a Bildu o Amaiur, donde está presente la izquierda abertzale, y, según precisó, a otras asociaciones cuyo «color político no se puede limitar».
La posibilidad de pactar una enmienda con un texto tan general como ambiguo que contentara a todos quedó definitivamente eliminada por los populares en una improvisada reunión de grupo, nada más concluir la intervención de López, ante el rechazo que ésta suscitó en las filas del PP.
No en su primera parte, en la que el lehendakari pidió la disolución de la banda terrorista, exigió a la izquierda abertzale que asuma su responsabilidad por haberla apoyado y fue muy contundente al reivindicar una memoria basada en la «verdad esencial» de que ha habido «víctimas y asesinos».
Los reparos del PP, que discrepa de su hoja de ruta, se afianzaron cuando López se atribuyó «la intención de desarrollar una nueva política penitenciaria». El lehendakari utilizó la primera persona a pesar de no tener competencias en la materia y abogó por procurar la reinserción individual de los presos, defendiendo su acercamiento «paulatino», el regreso de los «huidos» y la excarcelación de los enfermos. Una nueva figura, un comisionado nombrado por su Gobierno, perseguirá esos objetivos y actuará de interlocutor con el Ejecutivo central y con todas las fuerzas políticas. «Ejecutará la política del Gobierno en materia de convivencia y superación de las consecuencias del terrorismo en Euskadi», resumió López.
Los 'abertzales', contra EL MUNDO
La ilegalizada Batasuna se coló ayer en el Parlamento vasco para pronunciarse sobre el fin de ETA. Su delegación, encabezada por la portavoz Maribi Ugarteburu y secundada por el ex miembro de la Mesa Nacional de Batasuna Asier Arraiz, accedió como invitada de EA y se apropió de la sala de prensa como si se tratara de un grupo político más. Ugarteburu tomó la palabra mientras en el Hemiciclo intervenía el 'lehendakari' y eludió, a preguntas de este informador, pedir la disolución de ETA. Asier Arraiz intentó amedrentar al periodista de EL MUNDO por
preguntar «por qué la izquierda 'abertzale' no reclamaba a ETA su disolución incondicional». El dirigente se acercó a este periodista y le recriminó al oído: «Estás faltándonos al respeto».
Diversos temas de los batasunos, que no paran como véis. Estos, hasta que no consigan lo que se han propuesto, por órdenes directas de los asesinos, no pararán.
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