La Audiencia de Palma le culpa de la prevaricación, malversación, falsedad y fraude ejecutados 'en cadena' por sus subordinados / Antonio Alemany, autor de sus discursos, condenado a 3 años y 9 meses como beneficiario de la trama
Fiel a la contundente línea que ha seguido en este tipo de casos, la Audiencia de Palma emitió ayer una severa sentencia en la que, de momento, es la primera causa resuelta de las impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción contra el ex presidente popular de Baleares y ex ministro de Medio Ambiente en el segundo Gobierno de Aznar, Jaume Matas.Tres jueces, encabezados por la ponente de la sentencia, la juez Margarita Beltrán, hacían público a mediodía el fallo y la condena: cinco años, tres meses y un día por fraude a la Administración y falsedad en documentación oficial, falsedad en documento mercantil, prevaricación en concurso medial con malversación, más otros nueve meses y un día por tráfico de influencias.
Los tribunales de las Islas están repletos de causas de corrupción política, por lo que la resolución judicial contra el escalafón político más alto de esta comunidad es sólo el principio.
El resultado, que pilló a los integrantes de la Fiscalía Anticorrupción balear en mitad de un registro policial por una estafa, dinamitó todas las cábalas. Incluidas las más pesimistas del entorno de un Matas que, tras recibir la noticia por teléfono, descartó su plan inicial de realizar una comparecencia pública y se limitó a emitir un escueto comunicado a través de su abogado proclamando su «inocencia» y anunciando que recurrirá al Tribunal Supremo. Alega, además, que «conforme a la sentencia no hubo ningún enriquecimiento».
La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, tiene previsto decidir a lo largo del día de hoy si solicita su ingreso en prisión preventiva por un hipotético riesgo de fuga hasta que el caso se dirima en el Supremo. Un escenario que, sin embargo, parece en estos momentos poco probable debido a que Matas ya sufre medidas cautelares personales como una fianza de 2,5 millones de euros y la retirada del pasaporte.
Concretamente, la Audiencia condena al ex presidente autonómico por fraude a la Administración, falsedad en documentos mercantiles y oficiales, prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Salvo el último, único atribuido al expolítico en calidad de autor directo, la Audiencia considera que Matas perpetró el resto de delitos como «autor por inducción» al «idear una estratagema» encaminada a pagar, a razón de 4.361 euros mensuales, sus discursos presidenciales al «insigne» periodista «afín al PP» Antonio Alemany -condenado a tres años y nueve meses de cárcel- mediante una adjudicación fraudulenta.
Un contrato pantalla otorgado bajo otro concepto, que fue triangulado a través de una agencia de comunicación próxima al PP que cobraba por la intermediación un 5% de las sumas, y para cuya adjudicación, en términos del pronunciamiento judicial, se «pulverizaron todos los requisitos de la contratación administrativa». Según el veredicto, el contrato fue utilizado como «disfraz» para poder así «garantizar el anonimato de Alemany» y propiciar que éste «pudiera seguir dedicándose a su actividad privada», entre ellas y «de forma singular» la crónica político-social.
Aquella relación económica con cargo al erario público que, según la Audiencia y «por afinidad ideológica al PP, iba a comportar naturalmente un beneficio, sea al partido o al presidente», posteriormente se iba a ver complementada con el pago de subvenciones para los proyectos periodísticos de Alemany, en los que la magistrada ha apreciado tráfico de influencias, pero no el fraude de las subvenciones que denunció la Fiscalía. Principalmente, los jueces consideran probado que el periodista hizo valer su «ascendente moral sobre Matas» para percibir 272.000 euros en subvenciones encaminadas a sufragar un proyecto de agencia de noticias regional que «escondía también la idea de financiar en parte el diario digital que paralelamente proyectaba».
En una interpretación que arrumba la defensa jurídica de Matas, basada en sostener que él únicamente eligió a su discursista y asesor y descargó en sus subordinados la tarea de dar forma a la contratación, la Audiencia considera que Matas «prevaliéndose del cargo institucional que ostentaba» proyectó esa inducción sobre su director general de Comunicación, Joan Martorell. Logrando que «por razones de mal entendida lealtad y jerarquía» llevase a cabo «cuantos actos fueran precisos para ejecutar» su idea. «Fue Matas, en calidad de inductor, quien, al haber diseñado el plan que otros, en cadena, ejecutaron, posibilitó la aplicación de caudales públicos a un fin meramente particular», refleja la sentencia.
En consecuencia, los jueces han absuelto de todos los cargos a las dos jefas de gabinete que tramitaron los contratos, a la ex alta asesora de Matas María Umbert y a su sucesora en ese desempeño, Dulce Linares. Junto a Matas y Alemany, y como ya estaba previsto después de que alcanzasen un pacto con la Fiscalía, Martorell y el dueño de Nimbus, Miguel Romero, han sido condenados a un año y medio y un año y un mes de prisión, respectivamente.
En esta línea, la juez sostiene en referencia a Matas que «quien ostenta la máxima autoridad administrativa en la comunidad autónoma ostenta a su vez el máximo deber respecto de ella, lo que se traduce en el máximo plus de reprochabilidad cuando se hace un uso torticero de la Administración». Y apostilla: «Debe pues servir a la Administración, nunca servirse de ella».
El Tribunal no ha apreciado malversación de caudales públicos en el precio pagado por los discursos de Matas, que asciende a un total de 201.000 euros y que la propia magistrada asevera que se ajusta al sueldo que cobraría un asesor presidencial. Sí considera en cambio que hubo malversación en la comisión del 5% que cobró la agencia de publicidad Nimbus -algo más de 8.000 euros- por hacer simplemente de puente en aquella contratación «torticera» e impulsada «al socaire de una causa falsa».
Además, añade a la condena un tercer pago de 11.550 euros públicos del Gobierno balear al propio Alemany a cambio de una serie de «reportajes y entrevistas deportivas» que, como postulaba la Fiscalía y como la Audiencia considera probado, nunca llegaron a realizarse.
>Vea el análisis de Agustín Pery.
Golpe a la estrategia general de Matas y amenaza en ciernes para Urdangarin
La condena al ex presidente por «inductor» erosiona su defensa en todo el caso
La primera sentencia del caso Palma Arena, una macrocausa judicial dividida en 25 piezas derivadas de la investigación por el sobrecoste del velódromo construido por el Gobierno del PP de Jaume Matas hace dos legislaturas, supone el primer golpe al ex presidente balear y a su estrategia general de defensa. A la vez que constituye un espaldarazo a la actuación de la Fiscalía Anticorrupción de Baleares y del juez José Castro, instructor de todo el caso, que obtienen así el primer triunfo en su investigación a Matas.
El fallo puede marcar el futuro del que fuera líder del PP balear en el resto de piezas en que está imputado -al menos en 16 según su defensa-, de acuerdo a la opinión generalizada de juristas y analistas. También se convierte en una amenaza para el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, imputado en el caso Nóos, cuya figura guarda ciertos paralelismos a la del periodista Antonio Alemany en la pieza juzgada.
Ambos fueron beneficiados por la Administración a partir de encuentros personales con Matas, después desviaron dinero a otros proyectos -el periodista a su diario digital, el duque a empresas privadas- y están acusados de los mismos delitos: prevaricación, fraude, falsedad documental y malversación.
El golpe a Matas parte principalmente del reconocimiento por parte de la Audiencia de Palma de su papel de «inductor» de esos mismos delitos, cuando Matas ha basado su defensa tanto en esta pieza como en otras asumiendo únicamente una responsabilidad por la toma de una decisión política, pero descargando la administrativa en sus subordinados. El famoso «hágase» de Matas ante Castro, que describía las órdenes a cargos inferiores y que el juez le recriminaba por ser «rayano a la divinidad», se ha revelado como algo más que una orden política según esta primera sentencia. En uno de sus puntos, «descarta» que se limitase al plano político puesto que al ordenar que se le beneficiase con una subvención lo supera «para incidir en el ámbito penal». La Audiencia recuerda además que, en una inducción «en cadena», la acción no se hubiera podido producir sin la influencia del inductor. En el caso juzgado, la orden de Matas, «prevaliéndose de su cargo», sobre su director de Comunicación, Joan Martorell, y el publicista y contratista del Govern, Miguel Romero. Trasladado al caso Nóos, podría equipararse a la orden del ex presidente al ex director de Deportes, José Luis Pepote Ballester, para la contratación de Urdangarin, tras haber iniciado las negociaciones el yerno del Rey con Matas en el Palacio de Marivent, en principio para el patrocinio de un equipo ciclista.
La sentencia también debilita la estrategia de Matas al indicar que «reconocidamente poseía conocimientos de la contratación administrativa», debido a sus anteriores cargos, y que era la «máxima autoridad administrativa», lo cual es aplicable igualmente a otras piezas. Así como la conclusión de que no es «concebible» que si Matas estaba interesado en unos servicios «personalísimos», «dejara de preocuparse por la parte económica y su articulación», y que tuviera también interés en «remover los obstáculos».
Otro punto resulta fundamental en ambos casos: el papel de los imputados que pactaron con la Fiscalía. En la pieza ya juzgada, han sido dos, Martorell y Romero, cuyas confesiones han sido «corroboradas con datos externos»; en el caso Nóos, ese rol lo desempeñan Ballester, antiguo amigo del duque, y está por ver si también el socio de Urdangarin, Diego Torres, a quien el yerno del Rey culpó de la trama.
Bauzá: «Nosotros ya hemos hecho la renovación»
El presidente del Gobierno balear, José Ramón Bauzá (PP), compareció ante la prensa en el Parlament tras conocer la sentencia. Insistió, una y otra vez, en su «absoluto respeto» a la decisión judicial. Bauzá no salió de ahí cuando le preguntaron si la considera una condena a una forma de hacer política, pero afirmó que los servicios jurídicos del Govern decidirán si reclaman el dinero defraudado en esta causa. «En función de ese análisis, se tomarán las medidas adecuadas», señaló.
Como presidente del PP, ¿ha llegado el momento de pedir perdón? Bauzá esquivó esta cuestión y se limitó a afirmar: «Nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer, la renovación del partido».
Desde la oposición, tanto los socialistas del PSIB como los nacionalistas del PSM arremetieron contra el PP por los casos de corrupción y exigieron al presidente Bauzá que pida perdón a los ciudadanos
El PP «respeta» la condena a su «ex militante»
El PSOE barre para Andalucía y recuerda que Matas fue ministro con Arenas
Apenas una escueta frase al uso: «El PP respeta las decisiones de los tribunales». Ésta fue la única reacción política -recogida en fuentes autorizadas- de la dirección del partido del Gobierno a la condena de Jaume Matas.
El ya cercano ingreso en prisión del que fuera uno de sus más renombrados barones, hasta la penúltima legislatura, ni siquiera mereció un breve comunicado del PP, que puso buen cuidado en desmarcarse de él y de los hechos recogidos en la sentencia, a través de su portavoz en el Congreso.
Alfonso Alonso -que fue a quien tocó en suerte la rueda de prensa de la jornada- comenzó por decir que Matas «no es militante» del partido «desde 2010». Un argumento al que el PP ha venido acudiendo de manera recurrente cada vez que el caso Palma Arena ha deparado noticias comprometedoras para la antigua gestión del PP en las islas.
Un argumento al que, también como siempre, los populares han acompañado de su genérica determinación de alinearse siempre en contra de la corrupción. «El Partido Popular será siempre beligerante en el castigo de las conductas irregulares en la gestión del dinero público», aseveró ayer el portavoz.
En todo caso, y en lo que se refiere a Matas, Alonso se mostró cauto. Primero, vino a reconocer que había sido el propio Matas, y no el partido, quien tuvo la iniciativa de pedir la suspensión voluntaria de militancia. El ya entonces ex presidente del Gobierno balear -ganó las elecciones autonómicas, pero la izquierda formó coalición- lo hizo una vez implicado en el caso Palma Arena, antes de que Mariano Rajoy se viera obligado a actuar. Alonso dijo ayer que Matas actuó de acuerdo con el Código de Buenas Prácticas del partido, pese a no ser ya alto cargo.
Además, pidió «cautela» y «prudencia» hacia una sentencia que -según subrayó- si bien «la respeta», «no es firme». «Vamos a ver cómo acaba este asunto», llegó a advertir.
Todo lo contrario que Izquierda Unida, cuyo coordinador general, Cayo Lara, llamó «chorizo» a Matas: « Es bueno que algún chorizo que otro vaya entrando donde tenía que haber entrado hace ya mucho tiempo», fueron sus palabras.
El propio PSOE se apresuró a barrer para la campaña andaluza y recordar que el condenado había sido varios años «compañero de banco azul» con el candidato popular, Javier Arenas, en el Gobierno de José María Aznar.
Así lo recordó la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, quien pidió un pronunciamiento político sobre la sentencia no sólo a Arenas, sino también al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Le reclamó que explique si sigue pensando que Matas es un ejemplo. Recordó que fue el propio Rajoy quien, desde la oposición, dijo que quería presidir un Gobierno para España igual al de Matas en Baleares, y consideró necesario que aclare si sigue pensando lo mismo, teniendo en cuenta que quedan «importantes acusaciones y procesos abiertos».
La portavoz socialista se mostró «absolutamente respetuosa» con el procedimiento judicial, en el que el PSOE no está personado, y dio a entender con ello que no hará petición alguna a la Fiscalía para que solicite a su vez la ejecución de la sentencia; es decir, que Matas ingrese de forma inmediata en prisión antes de recurrir a otra instancia judicial.
No hay pan para tanto chorizo. Con esto queda dicho todo. Son iguales estos del bipartidismo, y se creen que están por encima de la ley, por eso pasa lo que está pasando.
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