Lideran una concentración frente al Ayuntamiento de Bildu en San Sebastián
Las víctimas de ETA reconquistaron ayer su difuminada presencia en las calles del País Vasco con una simbólica concentración ante el Ayuntamiento de San Sebastián que cumplió con un triple objetivo: denunciar la presencia de Bildu en las instituciones frente a su principal bastión, reclamar al Gobierno que aplique la ley con «ortodoxia» y exigir al lehendakari que cese en su actitud agasajadora hacia los presos de ETA, en unos tiempos donde las víctimas ven cómo ciertos dirigentes se esfuerzan en hacer borrón y cuenta nueva.La Fundación Miguel Ángel Blanco escogió el núcleo de poder más simbólico de Bildu para comenzar una campaña que devuelva, 15 años después de la eclosión cívica contra el asesinato del edil popular, la voz de las víctimas a las calles vascas que «ahora están tomadas por ETA y Batasuna con la complicidad de una mayoría de la sociedad vasca», según señaló la directora de la Fundación, Cristina Cuesta.
Casi un centenar de víctimas desafió al miedo que todavía imprime la parte vieja donostiarra y se congregó ante el Consistorio estrella de Bildu bajo el lema La paz sin justicia es un espejismo. ¡No a la impunipaz!». Antes, las víctimas habían protagonizado una mesa de redonda en la que diferentes voces -como la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza- alertaron de la posible llegada de «una paz sin justicia y sin memoria», después de observar cómo determinados dirigentes políticos se esfuerzan en pasar página.
«Tengo el temor de que, estando a punto de ganar, vayamos a perder y de que sean los terroristas quienes se acaben saliendo con la suya», explicó Pedraza, quien recordó, a modo de aviso al Gobierno, que «un final del terrorismo basado en la impunidad solo será un falso final, una trampa que nos pasará factura».
Pedraza reprochó al lehendakari Patxi López sus iniciativas de crear una ponencia parlamentaria que «incluirá a Batasuna», y de nombrar a un Comisionado para la Convivencia. «La paz no vendrá de ponencias ni de comisionados, sino de la aplicación de la Justicia», dijo Pedraza, que abogó por un final en el que los terroristas «no tengan un altavoz en las instituciones», ni «le salgan gratis sus asesinatos» o «se les tenga a sus cómplices como sujetos políticos válidos».
El más explícito fue el líder de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, que manifestó su «miedo» a que el Ejecutivo no solucione «la herencia envenenada en materia penitenciaria que ha recibido de Zapatero». Portero instó al Gobierno a aplicar la ley «con ortodoxia» y a no conceder beneficios a aquellos presos que no colaboren con la Justicia.
Me parece estupendo, hay que darle en los morros a estos malnacidos.
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