La 'operación Galgo' se queda en nada

PABLO DE LA CALLE LUIS F. LÓPEZ MADRID

23/03/2012 DEPORTES/El Mundo

La Audiencia Provincial declara nulas las escuchas telefónicas y los registros domiciliarios y bancarios / «El rumor, el chismorreo o la habladuría no pueden considerarse como indicios de delito», señala el auto

La Audiencia Provincial de Madrid ha declarado nula la casi totalidad de las actuaciones realizadas dentro de la Operación Galgo porque considera que no había motivos suficientes para solicitar las escuchas telefónicas a los investigados. «Resultan ilegítimas por ser desproporcionadas», añade el auto, contra el que no cabe recurso. Por tanto, las pruebas derivadas de las intervenciones telefónicas también lo son. El caso no está cerrado, porque la juez aún debe decidir el archivo final de la causa, pero la de ayer fue una buena noticia, casi definitiva, para César Pérez, Manuel Pascua y Eufemiano Fuentes, los imputados más célebres. También para la atleta y senadora Marta Domínguez, aunque ella ya había sido absuelta por ausencia de pruebas. El auto conocido ayer reafirma que nunca hubo datos que justificasen su persecución, lo que abunda en la idea de que tras las actuaciones pudo haber intereses políticos, por la coincidencia de la redada con el conflicto de los controladores y por la adscripción ideológica de implicados como Marta Domínguez.

Los magistrados de la sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid consideran que no se respetaron los derechos de los investigados, de donde emanan seis nulidades: «a) Del auto inicial de intervenciones telefónicas. b) Los autos de prórrogas y nuevas intervenciones. c) Los autos y diligencias de entradas y registros domiciliarios. d) Las informaciones obtenidas con las vigilancias policiales. e) Los autos autorizando la obtención de información patrimonial y bancaria. f) Las declaraciones de los imputados».

Casi nada, sólo las declaraciones que los imputados hicieron después del levantamiento del secreto del sumario (16 de diciembre de 2010). Antes de esa fecha, la Audiencia entiende que se dio una «notable limitación del derecho de defensa». Ahora, la juez Mercedes Pérez Barrios, la que ha instruido la causa salvo en la autorización inicial de las escuchas, tendrá que determinar qué parte de la investigación es nula y cuál es legal. Diversas fuentes consultadas por este periódico entienden que «no quedarán datos para sostener el procedimiento», porque las declaraciones posteriores al levantamiento del secreto del sumario son «irrelevantes». Así, pronto, la juez podría dictar un auto de sobreseimiento.

«El rumor, el chismorreo o la habladuría no pueden considerarse como indicios de delito», se puede leer en el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, una frase lanzada contra los investigadores, una enorme mancha para los agentes de la UCO, la unidad de la Guardia Civil encargada de las pesquisas. Ellos son señalados por la Justicia como los causantes del fracaso de la operación. Porque fueron ellos quienes solicitaron realizar escuchas telefónicas sin «ningún indicio objetivo o sospecha fundada de la comisión de un delito de dopaje deportivo». El oficio original de la UCO, además, pecaba por intencionado, según los magistrados. Así, en el caso de Marta Domínguez, por ejemplo, la Guardia Civil señalaba que su «rendimiento deportivo está fuera de lo normal». La Audiencia corrige que, sin embargo, «no se toma en consideración por la UCO que no ha dado positivo en ningún control antidopaje». Aunque sin citarlo, el auto deja otra víctima notable, Santiago Torres, titular del Juzgado de instrucción número 32 de Madrid. Fue él quien, estando de guardia, accedió a autorizar unas escuchas, señalan ahora los magistrados, «sin que existiese una previa investigación mínimamente consistente, sino en base a meras conjeturas y especulaciones centradas en generalidades, sin el más mínimo rigor indiciario de la comisión de un delito de dopaje deportivo, por lo que hay que concluir que el auto de 26/06/2010, origen de las presentes actuaciones, incumplía los requisitos de la necesidad y de la proporcionalidad de la medida cercenadora del derecho fundamental [constitucional al secreto de las comunicaciones]». No importa lo que los implicados reconociesen; carecen de relevancia los hallazgos en los registros... Por grave o inofensivo que fuese qué dijesen o qué tuviesen en sus domicilios, las pruebas estaban invalidadas por aquel oficio de la UCO, el origen, armado a partir de opiniones de foreros en internet, de fuentes no identificadas, con recortes de wikipedia y tras meses de seguimientos que no arrojaron resultados que justificasen avanzar en las pesquisas con escuchas telefónicas.

César Pérez, Eufemiano Fuentes o Manuel Pascua seguirán imputados hasta que la juez, previsiblemente, les indulte. «Pero la operación Galgo no se habrá cerrado, porque quedarán dos agentes imputados por detención ilegal de mis defendidos», apunta José María de Pablo, abogado de Pascua y su mujer. «Habrá que investigar si se falsificaron pruebas para inculpar a Marta Domínguez», aporta su abogado, José Rodríguez. Ambos se refieren a causas abiertas como consecuencia de la mala praxis de la Guardia Civil. El resto de imputados también podría pedir daños y perjuicios a la administración, por vulneración de sus derechos.

Es previsible una nueva oleada de críticas contra España por una supuesta laxitud con el dopaje. «Será así, y es una pena, porque no es que no se luche contra el dopaje, sino que se hace mal, por culpa de malas actuaciones como la actual», comenta José Rodríguez. Y su colega, también feliz ayer, sintetiza: «De la operación Galgo, como del casoGürtel, los jueces y los investigadores deben aprender algo fundamental: en un Estado de derecho, el fin no está por encima de los medios. Hay que respetar las leyes para que la persecución de supuestos delitos no quede después invalidada».