La mayoría no ve aclarada ni la autoría ni el explosivo del 11-M

MANUEL MARRACO MADRID

11/03/2012 PORTADA/El Mundo

Rotundo apoyo a que la Fiscalía investigue los restos de los trenes (74%) y a que se averigüe si hubo manipulación de pruebas (71%) o falso testimonio (60%)

Ni los autores, ni los inductores, ni el arma empleada están claros. Ocho años después de los atentados, la sentencia no es lo único firme en el 11-M: la mayoría de los españoles continúa, como ha venido haciendo año tras año, mostrando sus dudas sobre aspectos clave de la investigación.

Así lo refleja la encuesta elaborada por Sigma Dos para EL MUNDO en la que la mitad de los españoles responde con una negativa a la pregunta de si ha quedado «suficientemente aclarado» quiénes fueron «los autores», quiénes fueron «los organizadores», y cuál fue «el explosivo que estalló». Con todas esas dudas, parece lógico que los entrevistados se pronuncien a favor de abrir nuevas investigaciones sobre la posible manipulación de pruebas o los testimonios contra Zougam. O que respalden de manera abrumadora la decisión del fiscal general del Estado de indagar la aparición de nuevos restos de los focos.

La mayoría de los españoles cree que no se ha aclarado «suficientemente» la primera pregunta que surge tras un atentado: ¿quién ha sido? El 48% considera que es un aspecto todavía no resuelto. Tal vez porque, aun admitiendo que la línea de investigación fue la acertada, sólo hay un autor material en prisión -sobre el que ahora surgen dudas-, además de los siete suicidas de Leganés, para un atentado en el que se colocaron 12 bombas. Frente a la mayoría de encuestados que se sienten insatisfechos con lo descubierto, un 41% sí cree que los autores han quedado suficientemente identificados.

Las dudas se mantienen cuando la cuestión planteada es si «está suficientemente aclarado quiénes fueron los organizadores de la masacre». El 49% responde que no, frente al 40% que da una respuesta afirmativa. Sin duda pesa en la respuesta de la mayoría el hecho de que ninguno de los tres acusados a los que la Fiscalía sentó en el banquillo como cerebros de la masacre fue condenado como tal. Y que un cuarto islamista, extraditado como inspirador de la masacre, fue recientemente absuelto. Es decir, que a fecha de hoy nadie cumple condena por lo que el Código Penal señalaría como inductor de la masacre.

Un tercer aspecto, el de la determinación del explosivo empleado, vuelve a arrojar una mayoría de encuestados que afirma que aún no se ha aclarado. Esta vez la distancia es más ajustada frente a quienes sí lo dan por resuelto: el 44% frente al 40%. Aquí la cifra de quienes optan por no pronunciarse -que en las anteriores preguntas no alcazaba el 10%- sube hasta el 15%, sin duda por la complejidad del asunto.

El parecer sobre las carencias en la investigación es homogéneo entre hombres y mujeres, pero varía conforme lo hace la orientación política. Quienes votaron al PP en las últimas elecciones muestran sus dudas con rotundidad, mientras que los partidarios del PSOE dan por aclarados los tres puntos. Eso sí, incluso un tercio de estos últimos coincide con la postura mayoritaria entre los populares. Por su parte, casi tres de cada cuatro de los votantes de IU dan por zanjados estos aspectos, mientras que los de UPyD llegan a superar incluso a los del PP en sus dudas sobre las pesquisas.

El escepticismo que se desprende de las respuestas sobre autores, organizadores y explosivos explica claramente el resultado de la segunda parte de la encuesta, la que indaga sobre lo que debe hacerse de ahora en adelante.

El mejor ejemplo es el abrumador apoyo que concita la decisión del nuevo fiscal general del Estado de abrir diligencias para averiguar lo sucedido con los restos del tren que estalló en Santa Eugenia, localizados hace unos días y con los que los expertos no pudieron contar para los análisis químicos. Tres de cada cuatro españoles (74%) respaldan la medida adoptada por Eduardo Torres-Dulce y consideran que ha hecho «bien» o «muy bien». El resto se divide casi a partes iguales entre aquellos a los que les parece «regular», «mala» o «muy mala» la decisión, o simplemente no tiene opinión formada.

Resulta llamativo que el apoyo a la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía de Madrid no varíe apenas con las afinidades políticas. La opinión de que el fiscal general ha hecho «bien» o «muy bien» es la primera o la segunda opción entre los encuestados del PP, PSOE, IU, UPyD y el resto de partidos.

Tras ese rotundo respaldo a la intervención del Ministerio Público, los encuestados exigen una actuación equivalente a los jueces. Casi tres de cada cuatro (71%) reclaman que los tribunales indaguen si a lo largo de las investigaciones se ha producido alguna «manipulación de pruebas». Lo hacen mayoritariamente hombres, mujeres, votantes del PP, del PSOE y de UPyD. Incluso los votantes de IU se dividen casi a partes iguales en este asunto.

La pregunta remite claramente a la causa abierta contra el jefe de los Tedax en el momento de los atentados, Juan Jesús Sánchez Manzano, por su actuación en la recogida y custodia de restos de los focos. Las diligencias acaban de ser archivadas por razones técnicas -cosa juzgada- pese a que incluso la Fiscalía reclamaba seguir adelante. La Justicia aún no ha dicho la última palabra: las víctimas han recurrido para lograr la reapertura de la causa.

También hay una petición clara (60%) a que los tribunales investiguen otro aspecto de los atentados sobre el que este diario ha arrojado luz: si las dos testigos protegidas cuya declaración resultó clave para condenar a Jamal Zougam por poner una de las mochilas bomba mintieron ante el tribunal del 11-M.

Tampoco esta vez la respuesta de los españoles puede tomarse como una mera solicitud genérica a la Justicia. Tras las recientes revelaciones de este diario, que recogió multitud de circunstancias sospechosas en la actuación de las dos mujeres rumanas, la defensa del marroquí presentó una querella contra ambas por falso testimonio. La juez Belén Sánchez Hernández, después de varios intentos de librarse del asunto sin tener que pronunciarse, acabó negándose a indagar lo sucedido. Pero la decisión ha sido recurrida, así que será un tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid el que decida si confirma el archivo o, por el contrario, la Justicia confluye con el deseo mayoritario de los encuestados.

Los ciudadanos no sólo tienen en mente a jueces y fiscales cuando piensan en cómo aclarar los vacíos del 11-M. Seis de cada 10 entrevistados mantienen que la prensa «debe seguir investigando» los atentados. Y aquí también coinciden hombres mujeres, populares (tres de cada cuatro) y socialistas (la mitad). Sólo los votantes de IU y UPyD muestran su deseo, de improbable cumplimiento, de que la prensa abandone la investigación.

Que los españoles no consideraron la sentencia firme del Supremo como el final de todo quedó claro en el verano de 2008. La encuesta ofrecida por este diario en agosto de ese año, apenas unos días después de la resolución del Alto Tribunal, mostraba que tres de cada cuatro encuestados consideraban que no se sabía toda la verdad y que la investigación debía proseguir. Habían pasado ya cuatro años de la masacre. Hoy han transcurrido otros cuatro y las dudas siguen acompañando a la mayoría de los españoles.