La Ley de Ciudadanía

24 de Marzo de 2012 - 11:48:46 - Luis del Pino/Libertad digital

Editorial del programa Sin Complejos del sábado 24/3/2012

Pericles es una figura controvertida dentro de la Historia griega. Mientras que algunos lo ven como un reformador que llevó a Atenas a la cumbre del poderío militar y de la gloria artística, otros lo consideran un demagogo, que arruinó las instituciones y la democracia atenienses al aplicar copiosas raciones del más descarado populismo y del más inmoderado oportunismo.

Algunos de los comportamientos de Pericles parecen confirmar que, lejos de ser un ardoroso defensor de los principios democráticos, el estadista griego no era sino alguien dispuesto a utilizar la Ley y las instituciones según su conveniencia personal le dictara.

Quizá el caso más claro sea la Ley de Ciudadanía promulgada por Pericles en el año 451 a.C. Dicha ley establecía que sólo tendrían la consideración de ciudadanos atenienses aquellos cuyos dos progenitores fueran también ciudadanos.

No existe consenso entre los historiadores en cuanto a las razones que llevaron a Pericles a dictar esa ley. Algunos ven en ello un comportamiento reaccionario, destinado a quitar a los hijos de padre o madre extranjeros el derecho de intervenir en la política ateniense, o destinado a proteger a la elite gobernante frente al creciente número de metecos, es decir, de habitantes de Atenas de origen extranjero.

Otros historiadores ven en dicha ley, por el contrario, un ambicioso y progresista proyecto de reforma, por cuanto era la primera vez que a las mujeres atenienses se les otorgaba la consideración de ciudadanas, aunque esa consideración no llevara aparejado derecho alguno, puesto que las mujeres siguieron teniendo vedada la intervención en la política.

Finalmente, otro grupo de historiadores ve en aquella ley una medida dictada por el interés partidista, por el deseo de Pericles de limitar aún más el poder de sus rivales del partido aristocrático. Según esos analistas, al impedir los matrimonios con personas no atenienses, Pericles evitaba la posibilidad de que los aristócratas de Atenas establecieran alianzas matrimoniales con familias poderosas de otras ciudades griegas.

Pero no quiero entrar en el debate sobre si se trataba de una ley reaccionaria o progresista, ni sobre cuáles podían ser las intenciones reales de Pericles, sino fijarme en cuál fue el destino final de esa ley y lo que ello nos dice acerca del auténtico carácter del estadista griego.

Pocos años después de promulgada la Ley de Ciudadanía, Pericles se divorció de su mujer y se fue a vivir con Aspasia de Mileto, una mujer de dudosa reputación. Algunos dirían que se trataba de una cortesana de lujo. Los historiadores describen a Aspasia de Mileto como la mujer más atractiva e inteligente de su época, con una educación exquisita y unas maneras enormemente liberales en una Atenas que trataba a las mujeres poco más que como floreros. Aquella relación entre Percicles y Aspasia escandalizó profundamente a la buena sociedad ateniense, pero el gobernante griego hizo caso omiso de las críticas y llegó a tener con Aspasia un hijo, Pericles el Joven.

Y hete aquí que en el año 430 se desata la peste en Atenas, provocando la muerte de decenas de miles de personas, entre ellas los dos hijos que Pericles había tenido con su legítima esposa. El propio estadista quedó muy maltrecho a causa de la enfermedad, muriendo al año siguiente. Aunque antes de morir tuvo tiempo para conseguir que se cambiara la Ley de Ciudadanía que él mismo había promulgado, con el fin de que se reconociera la condición de ciudadano ateniense al hijo que había tenido con Aspasia, su amante, que como originaria de Mileto no era ciudadana.

Quien así actúa, quien es capaz de saltarse sus propias leyes para beneficiar a su hijo, no es un reformador, ni un campeón de la democracia. Me inclino, por ello, a pensar que la idealizada figura de Pericles que existe en muchos libros de Historia tiene poco que ver con la realidad.

Viene esto a cuento de que el Gobierno acaba de aprobar ayer una cacareada Ley de Transparencia, en la que se amenaza a los gestores públicos que falseen las cuentas o que oculten información con la terrible pena... de una multa y diez años de inhabilitación.

Me parece una tomadura de pelo que el Gobierno anuncie que se va simplemente a inhabilitar al gestor que falsee las cuentas. Sobre todo, porque la maraña de intereses que la clase política ha ido tejiendo en estos años hace que la inhabilitación para cargo público sea cualquier cosa menos un castigo. No hay nada que impida que a los corruptos inhabilitados se los aparque, como recompensa por los servicios prestados, en patronatos de fundaciones o en consejos de administración de empresas privadas que contratan con organismos dependientes del Estado.

Pero lo que me parece más escandaloso es que el anuncio de esa Ley de Transparencia se produce exactamente quince días después de que el mismo gobierno del PP indulte a dos personas vinculadas a Convergencia y Unión que habían sido condenadas por malversación, indulto otorgado en contra del criterio de la sala y de la fiscalía.

¿Y nos dicen que van a tratar de acabar con las corruptelas aprobando una nueva ley?

Antes de que el PP llegara al gobierno ya había leyes para castigar ciertos delitos y esos dos malversadores de CiU fueron condenados de acuerdo con esas leyes. Y el gobierno del PP, a pesar de lo que determinan esas leyes ya existentes, los ha indultado.

¿Me quieren ustedes decir de qué sirve que aprueben nuevas leyes, si desprecian las que ya hay?

¿De qué sirve introducir teóricos castigos para los corruptos, si luego los políticos se indultan unos a otros?

¿De qué sirve promulgar nuevas leyes, cuando lo que no existe es respeto por la Ley, con mayúsculas?

Permítame que se lo diga, doña Soraya: su Ley de Transparencia, como la Ley de Ciudadanía de Pericles, no me parece otra cosa que pura demagogia. Puro humo destinado a conseguir unos fines inmediatos, que probablemente no sean otros, en este caso, que tratar de aplacar a una ciudadanía ya muy soliviantada, aparentando que se hace algo contra la corrupción.

Pero sus hechos, que cuentan más que las palabras grandilocuentes, apuntan a que ustedes harán con esa ley lo mismo que vienen haciendo con las otras leyes ya existentes: retorcerla en cada momento del modo que más les convenga.