Familiares de dos vascos asesinados por la organización asumen en el aniversario de sus muertes que la izquierda 'abertzale' jamás condenará el terrorismo etarra
Tal día como hoy, un 13 de marzo, Ángel Jesús Mota llevaba a su hijo de seis meses en brazos cuando Francisco Javier Balerdi le descerrajó un tiro a bocajarro en la cabeza y otro en el cuello. En la calle Matía, en San Sebastián, Ángel Jesús y el pequeño Iñigo cayeron al suelo. El primero quedó en coma y tardó un día en morir; el segundo, que tuvo que ser recogido del frío asfalto por una señora que pasaba por allí, no podía entender entonces que ETA había recurrido a su padre para convertir a todos los funcionarios de prisiones en «objetivo militar».Jorge Mota, hermano del asesinado, se lo cuenta a través de la prensa 22 años después, pues la madre del pequeño, cuya hermana es del entorno de Herri Batasuna, no permite que la familia de Ángel Jesús vea al chaval.
Jorge cuenta que le gustaría que el joven supiera que quien disparó contra Ángel Jesús trabajaba «en el seno del grupo municipal de HB en el Ayuntamiento de San Sebastián»; que advirtiese que hoy, 22 años después, aquellos que «brindaron con champán» por la muerte de su padre y que hicieron oídos sordos al estruendo de las bombas durante años gobiernan muchos de los municipios vascos.
La palabra «condena» resbala por la boca de Jorge continuamente. Y es que es incapaz de entender cómo dentro de las siglas de la coalición Bildu pueda haber líderes políticos que, aun al mando de instituciones como la Diputación Foral de Guipúzcoa, se niegan a posicionarse en contra del horror que el terrorismo ha grabado a fuego en el País Vasco. Y zanja: «ETA ha ganado la batalla».
¿Por qué? Dice que los que antaño callaban cómplices cuando ETA rompía a matar ahora «se convierten en los portavoces de la reconciliación». Ya ha asumido que los que evitan condenar el terrorismo no lo harán jamás. Argumenta que ello instaurará una «lectura adulterada de la historia de este país». Insiste en que los «acercamientos, permisos y terceros grados» son concedidos con una «alegría sorprendente», bajo «un falso arrepentimiento» y en un momento en que ETA aún está armada.
- ¿Merece la pena que gente que no condena los asesinatos de la organización esté en las instituciones a cambio de la paz en el País Vasco?
- Quiero creer que todo esto se ha hecho por la paz. Pero una democracia, para que realmente triunfe, no debe permitir este tipo de cosas. La paz a cualquier precio no vale.
Las palabras de Jorge resuenan de forma inconsciente en la boca de Cristian Matías. A su abuelo, guipuzcoano, también lo mataron. Pero él, a diferencia de Jorge, no sabe quién apretó aquel gatillo.
No había nacido cuando ETA descargó «un cargador entero» en el cuerpo de Manuel Albizu, taxista, entre Guetaria y Zumaya (Guipúzcoa), allá por 1976. «Algo habrá hecho», cuenta que le decían a su familia.
El crimen de Manuel fue vivir cerca de un cuartel de la Guardia Civil. Los agentes solían recurrir a él cuando necesitaban un taxi y eso, en la Zumaya del 76, era suficiente para que la banda le señalase con el dedo.
Así fue. Lo explica su nieto de forma atropellada: «Un terrorista se subió en su taxi en Zumaya y le pidió que le llevase a Guetaria. Le dijeron que cogiese un desvío a la derecha. Se adentraron en el monte. Encontraron el coche con el motor en marcha...». Y a Manuel con dos impactos de bala en la cabeza.
Está acostumbrado a vivir en un entorno hostil en el que, hace poco más de un año, el que aún hoy es alcalde de la localidad, Iñaki Aguirrezabalaga (EA), obvió mencionar a ETA en la inauguración de una placa-homenaje dedicada a las víctimas del terrorismo. A lo que no se habitúa es a que el Gobierno dé «la razón a ETA» otorgando beneficios penitenciarios a presos de una banda activa. «ETA sólo ha dicho que nos va a perdonar la vida», asegura.
Cristian expone que los reos «están orgullosos de lo que ha sucedido aquí» y que, si éstos piden perdón, «es porque hay una recompensa detrás». Y añade: «Si deben colaborar con la Justicia para acogerse a beneficios penitenciarios, ¿por qué ni un solo preso de ETA sabe quién mató a mi abuelo?».
Cristian y Jorge hablan en San Sebastián 36 y 22 años después de dos asesinatos. Recalcan que «ha merecido la pena» luchar por la memoria de sus familiares, pero también asumen que ETA, a día de hoy, «ha ganado la batalla».
Interior abre la vía a la libertad condicional para asesinos de ETA
De Luis Astarloa, condenado a 100 años tras matar a dos personas, será el primer arrepentido de los etarras de Nanclares en lograr esta situación
La propuesta proviene de la Junta de Tratamiento de Nanclares de la Oca, la prisión alavesa donde Interior agrupa a quienes han abandonado la banda. Tras lograr el visto bueno de Instituciones Penitenciarias, el expediente llegó hace unos días a la Audiencia Nacional. La concesión está en manos del juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro.
Astarloa, uno de los etarras afectados por la doctrina Parot, fue detenido en Francia en 1987 y entregado a España, donde acumuló condenas que sumaban 100 años por dos asesinatos y varios atentados con explosivos. En 1990 fue condenado a 29 años de prisión por el asesinato en 1985 en Portugalete (Vizcaya) del peluquero Agapito Sánchez Angulo. Dos años después, se le impuso una segunda pena de 29 años por el asesinato del taxista Juan José Uriarte, perpetrado en la localidad vizcaína de Bermeo, también en 1985.
En enero de 2010, junto a otros cinco presos de Nanclares, Astarloa suscribió una carta en la que hacía público que, «por voluntad propia», se desvinculaba de la banda terrorista.
Al margen de algún caso esporádico por motivos de salud, ésta es la primera vez que Interior hace una propuesta de libertad condicional desde que en 2003 se centralizó en la Audiencia Nacional el control de los presos etarras, que antes correspondía a los jueces de cada provincia.
A diferencia de otros instrumentos empleados en la vía Nanclares como la concesión del régimen de semilibertad que permite el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario o el tercer grado, Instituciones Penitenciarias no tiene potestad para ejecutar inmediatamente su propuesta, sin esperar a la decisión del magistrado.
Según indicaron fuentes jurídicas, el juzgado ya ha ordenado cumplir un trámite obligatorio que hasta ahora no se había puesto en marcha al no existir precedentes. Ha pedido a la Oficina de Asistencia a Víctimas del Terrorismo, dependiente de la Audiencia Nacional, que localice a las víctimas de Astarloa con dos objetivos: comunicarles la apertura del expediente de libertad condicional y citarles para escuchar su parecer.
Así pues, y sólo si lo desean, las víctimas podrán acudir al juzgado, aunque su conformidad no es vinculante para la concesión de la libertad condicional. Antes de la previsible aprobación de la medida, el juzgado también deberá recabar la opinión de la Fiscalía.
La concesión de la libertad condicional exige el cumplimiento de requisitos como encontrarse ya en tercer grado, haber cumplido tres cuartas partes de la condena y tener un pronóstico favorable de reinserción tras mostrar signos inequívocos de haber abandonado los medios de la actividad terrorista.
En los últimos años, Astarloa ya había disfrutado de permisos ordinarios. Además, durante año y medio estuvo en el régimen mixto del 100.2 que le permitió salidas diarias de prisión. El pasado 20 de octubre dio otro paso imprescindible y, coincidiendo con el comunicado de ETA de cese definitivo de actividad armada, logró el tercer grado penitenciario. Eso suponía que sólo debía regresar a dormir a prisión entre semana y le abría la vía a la libertad condicional.
Para lograr esos beneficios, el interno tuvo que renegar públicamente de ETA, pedir perdón por escrito a sus víctimas y mostrarse dispuesto a afrontar las responsabilidades económicas que le correspondieran, además de haber cumplido buena parte de su condena.
Según indicaron fuentes jurídicas, Instituciones Penitenciarias tiene previsto solicitar en breve la misma medida para otro etarra arrepentido. Se trata de José Manuel González Pérez de Nanclares, al que Interior concedió el tercer grado hace un mes, según informó entonces el propio ministro, Jorge Fernández Díaz. Interior explicó en una nota que Pérez de Nanclares, que también firmó en 2010 el escrito renegando de ETA, «lleva en prisión desde el año 1992, habiendo dado muestras de una evolución positiva, cumpliendo las exigencias legales establecidas en la legislación penitenciaria». Pérez de Nanclares cumple 41 años de condena, 18 de ellos por el asesinato del guardia civil José San Martín Bretón.
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt en análisis de Manuel Marraco
La Audiencia dice que «un error» del Código Penal obliga a bajar penas de 'kale borroka'
Revisa una condena de 2009 porque estima que el máximo por daños pasa de 5 a 3 años
Con la reforma, resaltan los magistrados, se aplican penas más graves para los delitos de daños informáticos con incendio que para los daños terroristas. En concreto, con la reforma se castiga el delito de daños terroristas con uno a tres años de prisión y tan sólo se aplica una pena de hasta cinco años para los daños informáticos con incendio.
«No es descartable, sino casi seguro, que este efecto favorable al reo sea producto de un descuido del legislador», señala la resolución de la Audiencia Nacional antes de indicar que «desde luego no parece que, por muy ambiciosa que haya querido ser la reforma, fuera la voluntad del legislador sancionar más gravemente los daños informáticos que los comunes». Los magistrados de la Sección Segunda de lo Penal explican además que los daños informáticos «habitualmente no se causan mediante incendio o explosión, sino por otros medios más sofisticados».
En base a esta argumentación, el tribunal ha decidido rebajar de cinco a tres años de cárcel la pena impuesta en noviembre de 2009 a Aliande Hernáez Borinaga como autor de un delito de daños terroristas. «Este posible error padecido por el legislador nos obliga a revisar la presente sentencia», explica la Sala Segunda. La representación procesal de Hernáez Borinaga pidió en febrero pasado a la Audiencia Nacional la revisión de las penas a raíz de la sentencia Ekaitz de Ibero, la primera en la que se aplicó la reforma y en la que se le condenó por la quema de un autobús.
López y los 'obstáculos' a Batasuna
El 'lehendakari', Patxi López, afirmó ayer que hay que mantener la exigencia a Batasuna para que siga su recorrido de integración en la democracia; sin embargo, resaltó que en ese tránsito «hay que ayudar y no poner obstáculos». «A Batasuna le corresponde dar los pasos, pero teniendo claro que estamos en un nuevo tiempo en Euskadi, pese a que algunos parecen negarlo y ponen obstáculos en forma de exigencias que van más allá de la propia ley y de la Constitución», dijo, en una entrevista en Radio Euskadi.
El presidente vasco se refirió así a la posición del Gobierno español respecto a la política penitenciaria que debe aplicarse a los presos de ETA y mostró su convencimiento de que «algo se moverá» porque, según indicó, el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy «tendrá visión de Estado en este asunto» ya que «entiende que es una pieza que ayuda a consolidar el nuevo tiempo». Una afirmación, precisó, que surge de sus «conversaciones» con el Gobierno central.
Sobre la exigencia a los reclusos de que pidan perdón a sus víctimas para obtener los beneficios incluidos en la ley, el 'lehendakari' advirtió de que el perdón es «un concepto cristiano que igual no es necesario», pero destacó que sí debe darse «un reconocimiento de la responsabilidad de cada uno en un relato de la verdad de lo sucedido».
«Aquí ha habido gente que asesinaba y gente que daba cobertura a esos asesinatos. Reconocer la responsabilidad de cada uno es una condición imprescindible para abrir una nueva fase», recordó. A su juicio, además, la exigencia de disolución de ETA debe ser «permanente y prioritaria», informa Efe.
Bueno, poes la cabecera ya dice bastante como para seguir diciendo nada. Un gobierno que pacta con los asesinos, y otro que no tiene el suficiente coraje de no hacerlo, pues nos lleva a esta sinrazón.
ResponderEliminarEspaña no se merece un gobierno que nos mienta, ni un gobierno que se baja los calzones por falta de valor.