Guerrero declara ante la juez: «Nadie de la Junta puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas» / Cada consejero se interesaba por las ayudas que recibía su provincia: Zarrías por las de Jaén, Viera por las de Sevilla...
El ex alto cargo que reveló la existencia de un fondo de reptiles en la Junta de Andalucía para financiar los ERE fraudulentos implicó ayer en la trama a los presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, al asegurar ante la juez que «nadie del Gobierno de la Junta puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas». Javier Guerrero señaló a Chaves por haberle urgido a solucionar uno de los ERE falsos, y a Griñán por haber visado las transferencias supuestamente ilegales de los fondos desde la Consejería de Empleo a la Agencia Idea.
Guerrero, director general de Trabajo y Seguridad Social entre 1999 y 2008, declaró durante seis horas y media ante la juez Mercedes Alaya. Fue especialmente ilustrativo al señalar a la Presidencia de Chaves: «Me dijeron que solucionara sí o sí lo de Bilore [un conflicto laboral], porque al día siguiente Chaves iba a un acto político» a Lucena (Córdoba), donde estaba la fábrica de detergentes, según ha podido conocer EL MUNDO en fuentes del caso. A la empresa acabó concediéndosele una de las ayudas que la juez ve ilícitas para prejubilar a trabajadores con cargo al fondo de reptiles.Guerrero implicó de forma genérica a todos los miembros del Gobierno andaluz entre el 17 de julio de 2001, cuando la juez sitúa el origen de la trama, y el 28 abril de 2008, cuando fue destituido como director general de Trabajo. Pero sólo mencionó directamente al «presidente Chaves»; a los ex consejeros Gaspar Zarrías, Isaías Pérez Saldaña, José Antonio Viera y Antonio Fernández; a la «consejera o el consejero de Economía de turno» [Magdalena Álvarez y José Antonio Griñán]; al consejero y al viceconsejero de Empleo actuales, a los que atribuyó una posible destrucción de documentos; al ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, y a los delegados de Empleo en las ocho provincias.
«Cada consejero se interesaba por los ERE de su provincia», aseguró Guerrero, que apuntó que el ex vicepresidente Zarrías se preocupaba por los de Santana y Gres de Vilches, en Jaén, ambos investigados; Isaías Pérez Saldaña, titular de Asuntos Sociales, primero, y Agricultura, después, mostró interés por el de la Faja Pirítica de Huelva, con numerosos intrusos; a José Antonio Viera, ex consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, atribuyó gestiones para las ayudas a empresas de la comarca de la Sierra Norte de Sevilla (en total, unos 29 millones de euros) y para la empresa TGA Aeroestructuras, que recibió un millón de euros del fondo de reptiles.
Guerrero explicó ante la juez que sobre él se ejercían tres niveles de influencia en la toma de decisiones en la gestión del fondo de reptiles: imposiciones, indicaciones y sugerencias. Según declaró, las imposiciones se las hacían «los consejeros y viceconsejeros» de Empleo, que en su etapa fueron Viera, Fernández y Barberá. Las indicaciones las recibía de «cualquier otro cargo superior en jerarquía» a él. Las sugerencias se las trasladaban los delegados provinciales de Empleo.
Guerrero se detuvo al explicar la intervención del gabinete de Chaves en el uso del fondo de reptiles para solucionar un conflicto laboral en la fábrica de Bilore. Se produjo en vísperas de las elecciones generales y autonómicas del 14 de marzo de 2004. El 11 de febrero de ese año, el presidente andaluz visitó Osuna (Sevilla), donde fue abordado por un grupo de trabajadores de Bilore que le entregó una carta en la que se dirigían a él como «nuestro presidente Manolo Chaves». «Porque creemos en Andalucía y en su Gobierno actual le pedimos que interceda por nosotros y, aprovechando la visita a nuestra ciudad [Lucena] el próximo día 14 de febrero, día de amor y cariño, nos traiga trabajo y dignidad», concluía el escrito.
El 12 de febrero, al día siguiente de que los trabajadores entregaran la carta a Chaves, Presidencia trasladó el documento al consejero de Empleo: «En fecha próxima se visitará la ciudad de Lucena, por lo que sería conveniente haber encauzado la problemática planteada, para evitar encontrarnos ante la situación de ayer». El 13 de febrero, es decir, la víspera de la visita de Chaves a Lucena, el gabinete del consejero de Empleo remitió al director general de Trabajo el escrito de Presidencia y la carta de los trabajadores. Según Guerrero, le ordenaron resolver el problema «sí o sí» y, para ello, tiró del fondo de reptiles, que financió las prejubilaciones de los trabajadores que se iban a quedar en la calle por el cierre de la fábrica.
Insistió en que el programa presupuestario 31L, que él mismo definió como «fondo de reptiles para empresas en crisis», era en realidad «un instrumento» para garantizar la «paz social» en Andalucía y que recibió el mandato de lograrla. Así, señaló que el 31L era un programa «blindado» en el presupuesto y que por ello estaban al corriente de él todos los miembros del Gobierno, especialmente «la consejera o el consejero de Economía de turno», en alusión a Magdalena Álvarez y Griñán.
Las fuentes explicaron que la estrategia de defensa de Guerrero conlleva la implicación de Griñán y Álvarez, ya que asegura que a ellos se les enviaban las memorias de su Dirección General previas a la elaboración del presupuesto, donde se relacionaban todos los compromisos del fondo de reptiles. Además, ellos validaban, según señaló, las transferencias supuestamente ilícitas, que se incluían en el Plan Anual de Inversiones y Financiación (PAIF) de la Agencia Idea.
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el videoanálisis de Francisco Rosell.
Una hora leyendo los cargos
La juez Mercedes Alaya necesitó ayer una hora para leer los cargos que imputa al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Javier Guerrero. La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla le atribuye delitos continuados de prevaricación, malversación de fondos públicos, cohecho, falsedad en documento mercantil y otros dos delitos continuados de falsedad en documento oficial.La comparecencia de Guerrero ante la juez Alaya comenzó a las 10.30 horas de ayer, pero no empezó a declarar hasta las 11.30 horas, tras la lectura de los cargos. El ex director general de Trabajo y Seguridad Social gesticuló negando con la cabeza cuando la juez relató que, «al terminar su jornada laboral, se iba con su conductor a bares de copas a consumir alcohol y cocaína» pagados con fondos públicos.
La declaración se prolongó hasta las 15.00 horas, cuando se hizo un receso de hora y media. Se reanudó a las 16.30 horas y se suspendió a las 19.25 horas, a petición de Guerrero, que aludió al cansancio para pedir el aplazamiento.
La declaración continuará hoy y, previsiblemente, también mañana viernes.
La Fiscalía ya investigaba el 'caso Invercaria'
El ex presidente gastó 25.000 euros en comidas a cuenta de la empresa en 2009
Fuentes de la Fiscalía Superior indicaron ayer a EL MUNDO que la unidad de Policía Judicial adscrita a la misma está analizando en estos momentos el informe de la Cámara de Cuentas y pidiendo datos al órgano fiscalizador.
La investigación se abrió de oficio tras ver publicado en prensa, el pasado 2 de febrero, el contenido del informe de la Cámara de Cuentas. En el documento se advierte de que algunas de las empresas por las que apostó Invercaria -sin que existiera ningún criterio que lo justificara- cerraron al poco tiempo de recibir los fondos públicos.
Otro dato llamativo es que, en 2009, el entonces presidente de la sociedad pública Invercaria, Tomás Pérez Sauquillo, gastó en restaurantes 25.101,09 euros con una tarjeta de crédito de la empresa.
«Prácticamente la totalidad de los gastos pagados con la tarjeta Visa se corresponden con facturas de restaurantes. Aunque Invercaria ha aportado la mayoría de las facturas soporte de estos gastos, no ha podido justificar debidamente la relación de estos gastos con la actividad de la empresa», dice textualmente el documento.
En una grabación de sonido, Gómiz se refiere a Pérez Sauquillo, presidente de Invercaria desde la constitución de la empresa pública en abril de 2005 hasta marzo de 2010, y dice que «ha dado el dinero muy alegremente» a las empresas.
Los auditores de la Cámara de Cuentas incluyeron el dato del sueldo bruto del presidente de la sociedad pública en el año 2009, que ascendió a 117.042,48 euros, muy superior al del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.
Estos datos son los que analiza ahora la unidad de Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior. En un escrito del 6 de marzo, los investigadores dicen que «continúan con las gestiones sobre los hechos» relatados en el informe de la Cámara de Cuentas.
Las fuentes de la Fiscalía precisaron que, en cuanto esté concluida esta investigación, será remitida al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, encargado del caso de las grabaciones de sonido. Inicialmente, el ex directivo despedido tras negarse a falsear expedientes presentó el audio ante la juez Alaya, que investiga el fraude de los ERE, pero ésta se inhibió.
Cada día que pasa, más apesta el gobierno de andalucía. Si todo esto es así, menuda cuadrilla de cuatreros. Y familias que no tienen ni para llegar a final de mes, que ya es decir.
ResponderEliminarEspero que se haga justicia.